La digitalización implica riesgos y oportunidades para la economía. Saber aprovechar las oportunidades que implica ésta para mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras es un reto importante para todos los agentes sociales y las instituciones.
Las economías de plataforma han ganado una importancia capital en los últimos 10 años. Éstas están sustituyendo gradualmente a las grandes empresas creadas a mediados del siglo XX. Del mismo modo que grandes empresas como General Motors contribuyeron a definir el contrato social de postguerra a través de los beneficios sociales pactados con los sindicatos para sus trabajadores y su contribución al Estado con impuestos, hoy estas empresas están redefiniendo el contrato social para muchos trabajadores.
A diferencia de experiencias pasadas, la mayoría de las economías de plataforma nacen con el objetivo de ejercer a largo plazo el monopolio en un determinado sector a través del uso de la información. Esto lo hacen a partir de inversiones muy agresivas financiadas por grandes inversores con disposición de asumir muchos riesgos. Por otro lado, las economías de plataforma, y la digitalización más generalmente, son herramientas muy útiles para el incremento de productividad en la economía; y, en consecuencia, una potencial herramienta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
De este modo, la digitalización presenta dos caras de la misma moneda aparentemente contradictorias. Por un lado, erosiona el contrato social tal y como lo habíamos conocido. Por otro lado, representa una oportunidad de modernización de la economía en beneficio de los trabajadores. Asimismo, compatibilizar la digitalización de la economía con la mejora de los estándares sociales de los trabajadores representa un reto importante de política pública.
La experiencia internacional que se ha acumulado los últimos años ha proporcionado herramientas para minimizar los impactos negativos de las economías de plataforma. En este sentido, una de las claves para evitar las externalidades negativas producidas por las economías de plataforma es, preferentemente, el desarrollo de estrategias de anticipación en la regulación.
No obstante, más allá de las estrategias de defensa del contrato social, una salida socialmente inclusiva al reto de la digitalización pasa por encontrar mecanismos institucionales que permitan el aprovechamiento del incremento de productividad de la economía gracias a la digitalización en beneficio de la calidad de vida de los trabajadores.
Éste ha sido un reto para otros muchos países antes, que han buscado sus propios caminos a través de los distintos equilibrios sociales para acomodar la digitalización a su mercado laboral y Estado del Bienestar. La evidencia internacional que tenemos al respecto es amplia. Por ejemplo, por un lado, la digitalización que ha desarrollado Alemania ha impulsado la digitalización en sus sectores productivos más punteros con el objetivo de promover la competitividad de sus exportaciones ha fortalecido el contrato social en el terreno de la industria manufacturera. Por otro lado, Suecia impulsó una digitalización mucho más transversal de su economía, no tanto enfocada en exclusiva a sus exportaciones. Esta estrategia acabó incrementando la productividad general de la economía y aupó el crecimiento del sector de las telecomunicaciones.
La digitalización en nuestro caso debe tener en cuenta dos elementos: el trabajo y la democracia. Para el primero, debe incluir instrumentos para que la introducción de la digitalización se traduzca en el mantenimiento del empleo, la reducción de la jornada laboral o el incremento de los salarios.
En este sentido, la economía española se encuentra en una encrucijada importante. Por un lado, tiene un modelo de relaciones laborales que en un futuro deberá ser reformado por tres razones. La primera, porque existe una creciente presión de los agentes políticos y sociales para que se modifiquen elementos sustanciales de la actual legislación laboral. La segunda, por el condicionante de la limitación de la inflación que conlleva la pertenencia a la Eurozona. Y, en tercer lugar, porque los empleos generados por la llamada “nueva economía” deben ganar presencia en las relaciones laborales y sus instituciones.
Siguiendo esta línea, la digitalización debe incluir propuestas de cambios en las relaciones laborales en el Estado español para poder mejorar el reparto económico de la digitalización de manera compatible con el resto de la agenda política de los sindicatos y agentes sociales. En esta línea, se debería promover un modelo de relaciones laborales con tres características:
1) Repartir más adecuadamente los ingresos por productividad entre capital y trabajo
2) Promover la solidaridad entre trabajadores
3) Cumplir los criterios de convergencia económica europea
Estas tres líneas de trabajo integran adecuadamente las necesidades laborales del sector de la digitalización.
Para el segundo elemento, la democracia, es necesario impulsar un modelo de copropiedad de datos (entre sindicatos, empresas, clientes y administraciones públicas) con el objetivo de promover una gestión transparente de los datos en beneficio del cliente (su protección) y el reparto de beneficios de éstos. En este sentido, el cambio ha de ser integral: una digitalización socialmente inclusiva para el trabajo será posible a través de la democracia de los datos, y ésta será posible con una presencia fuerte del mundo del trabajo en la digitalización.
