En los últimos años la Unión Europea ha estado negociando dos tratados de comercio e inversión con países norteamericanos: el CETA con Canadá, y el TTIP con Estados Unidos. A pesar de que en ciertos círculos del activismo es bastante conocido el efecto que tendrían estos tratados en la sociedad europea, la mayoría de la población no sabe cómo podrían influir en su vida cotidiana, y concretamente en su trabajo (en caso de que se tenga). Los partidarios de estos tratados afirman que toda interferencia en el comercio internacional es perjudicial e ineficiente, y que los países están obligados a competir produciendo las mercancías en las cuales tienen ventaja comparativa. También consideran que la remuneración de los trabajadores y trabajadoras refleja la disponibilidad de los recursos capital y trabajo, o que las empresas no obtendrán ningún beneficio extraordinario de su poder de mercado cuando lleven la producción, por ejemplo, en China.
Pero todo esto es muy cuestionable, si no directamente falso. La economía que tenga una ventaja absoluta en la producción de alguna mercancía tendría que producirla hasta agotar la capacidad, puesto que las economías se encuentran sistemáticamente infrautilizadas. Tampoco es verdad que los niveles salariales hoy en día reflejen la disponibilidad de capital y trabajo, debido a la especulación con las divisas. Asimismo, la tecnología no se adapta a la combinación capital-trabajo del país receptor de la inversión directa, sino que las grandes corporaciones usan las tecnologías de alta productividad también en países con gran cantidad de trabajo disponible a bajo precio. Esto los permite disfrutar de rentas monopolísticas, como se puede comprobar constantemente en el caso de China. Finalmente, cuando uno presta atención más allá del discurso dominante, ve que en realidad todos los estados defensores de la apertura comercial ejercen el proteccionismo en algunos ámbitos de su economía. En definitiva: quieren que los otros países se abren a sus exportaciones, pero no al revés.
¿Estamos preparados por los tratados de libre comercio?
¿En este contexto, en qué posición se encuentra nuestra economía? ¿Está preparada para la competencia de empresas norteamericanas? ¿Cómo afectará nuestros trabajos la implementación de estos tratados? En cuanto a los riesgos a afrontar, la realidad de Cataluña no es muy diferente de la del resto de Europa. De cara a evaluar el impacto que pueden tener sobre el tejido productivo, hay una serie de factores relacionados con la medida de las empresas que son muy relevantes: la productividad, la necesidad de protección, el acceso al crédito y la tendencia innovadora.
Si tenemos en cuenta que la economía catalana (y la española) está compuesta fundamentalmente por empresas de pequeñas dimensiones (que concentran la mayor parte de los puestos de trabajo), podemos deducir que el impacto será muy importante. Lo podemos deducir de los siguientes gráficos: las empresas pequeñas y medianas, por sus características, no se enfocan a la exportación (figura 1), son menos productivas (figura 2), necesitan más protección (figura 3) y presentan una tendencia innovadora negativa. En resumen, una estructura muy vulnerable ante los tratados de comercio e inversión.
En un contexto de concentración de la ocupación en empresas pequeñas, la reducción generalizada de los salarios que implicaría la implementación de los tratados de libre comercio afectaría de pleno a las PYMES, las cuales dependen en mayor medida que las grandes empresas de la demanda interna. Al mismo tiempo, al ser menos productivas, la apertura del mercado facilitaría la extinción de un gran número de empresas que, con el nuevo marco legislativo y el nuevo contexto financiero y económico surgido de los acuerdos, probablemente no podrían continuar con su actividad. Además, debido a las características de las PYMES y a su grado de innovación, la mayor parte de ellas no será propensa al crecimiento si hay una apertura repentina a los mercados, como tampoco será propensa a la exportación. Por lo tanto, los puestos de trabajo actuales se verían en riesgo de reducción de salarios o directamente de desaparición, y no se prevé la creación de nuevas ocupaciones de calidad que pudieran compensar este hecho.
La realidad de las PYMES catalanas
Pero, ¿habría tiempos para adaptar la estructura empresarial a los tratados? El ejemplo de las PYMES alemanas (las llamadas Mittlestand) nos ofrece algunas pistas. Las PYMES alemanas buscan la sostenibilidad y hacen compromisos implícitos para toda la vida con sus empleados, a los cuales reclutan y capacitan cuidadosamente. También confían en las redes locales, de las cuales depende fundamentalmente su financiación, alejándose del control financiero externo y volátil. Dado que los fabricantes saben que la sostenibilidad exige mantenerse al día respecto a la tecnología, las empresas invierten el 5% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Esta lógica es opuesta a la que nos proponen los tratados de comercio e inversión, que buscan la maximización de beneficios a través de estrategias financieras, la subordinación de los intereses de los accionistas a los de sus directivos (buscando beneficios a corto plazo), y la dependencia de los mercados de capital.
Volviendo a casa, la realidad es que durante la crisis el acceso a la financiación fue un problema importante para un porcentaje importante (35% ) de PYMES, y que sectores como el de los servicios administrativos, el de la hostelería, la construcción y el sector inmobiliario, predominantes en nuestra economía, dependen más que otros sectores de la financiación bancaria. Un cambio en la estructura financiera que dificulte la extensión de crédito bancario los afectará negativamente: las empresas que dependen del crédito se verían forzadas a buscar nuevas vías de financiación basadas en el mercado, y en caso de no conseguirlas, tendrían que reducir costes a través de despidos, disminuyendo de las inversiones y, en algunos casos, cesando la actividad. Los tratados, al profundizar en un modelo de financiación basada en mercados y no en bancos, suponen una amenaza a nivel de ocupación laboral.
Pero es que ni siquiera es deseable intentar adaptar las condiciones laborales a los tratados de comercio e inversión. Si consideramos que las gestiones empresariales y los modelos de financiación alejados de la financiarización son más exitosos para las economías locales y la protección de la ocupación, las PYMES tendrían que protegerse manteniendo una cultura empresarial más enfocada a aportar valor a la comunidad, contribuyendo así a aumentar el regreso social, y no sólo sus beneficios económicos a corto plazo.
