Reapropiación social de la energía hoy
Si acaso hay un solo elemento redentor del crash de 2008 este sería una paulatina «toma de consciencia» de una de las consecuencias del proyecto neoliberal: la profunda pérdida de soberanía popular sobre las diferentes esferas de la vida social. El debilitamiento de los sistemas públicos garantes de derechos sociales sumado al alcance de los procesos de mercantilización han socavado significativamente la capacidad de las personas para decidir de manera autónoma la organización de su actividad productiva y reproductiva. En general, la coyuntura actual nos confirma el escaso poder social de control y disposición de los diferentes recursos esenciales que garantizan una existencia humana en condiciones de dignidad. Y entre ellos está la energía: ese recurso que tiene la particularidad de ser eje vertebrador de toda la organización social, el engranaje básico que posibilita tanto el sustento material como el desarrollo normal del quehacer cotidiano de las personas (sus formas de relacionarse y de dotarse de sentido), y sin el cual la vida social se hace añicos.
La crisis ecológica de nuestros días añade elementos de reflexión a esta situación. Esta crisis nos enfrenta a la necesidad de cambiar la actual base energética, a favor de las fuentes renovables y no contaminantes (el sol, el agua, el viento, la biomasa), así como articular un nueva relación metabólica entre los humanos y la naturaleza que sea sensata con los límites del planeta. Esto último supone asimismo la aceptación de unos usos frugales y eficientes de los recursos minerales y energéticos. Este momento histórico de transición abarca decisivos aspectos técnico-científicos y financieros, pero también plantea cuestiones políticas y culturales igualmente importantes. En este sentido, a nuestro entender, estamos ante una encrucijada que tiene el potencial de abrir vías favorables a una apropiación social de la energía. La simultánea crisis económica y ecológica puede ser una oportunidad para quebrantar las distintas formas de desposesión –propiciadas por la dinámica capitalista– que hoy impiden que la energía esté sometida a control popular democrático y su modelo de provisión esté sujeto a criterios de equidad y sostenibilidad.
En los últimos años este planteamiento viene tratándose en el debate en torno a la «democracia energética», la «justicia energética» o la «soberanía energética» (Cotarelo et al., 2014; Global Justice Now, 2014; Sweeney, 2014). Son diferentes términos que van utilizándose para enmarcar la reivindicación política de una transición energética emancipadora. Fundamentalmente, evocan un futuro modelo energético renovable, articulado a partir de procesos de participación democrática y formas de propiedad y regulación colectivas, fundado en el principio de justicia social, orientado al interés general y en contraposición a la cultura dominante neoliberal de la mercantilización y privatización. Obviamente, las estrategias para tal democracia energética pueden ser varias y difieren, además, en función de cuál sea el contexto espaciotemporal en el que tomen forma (Kunze & Becker, 2014). Por lo general –y de manera más extendida– se relaciona este horizonte de cambio con la acción que llevan a cabo las cooperativas ciudadanas de energías renovables que se articulan normalmente en el ámbito comunitario o local (Vansintjan, 2015). Pero con el tiempo también se viene señalando a la Administración pública –en todos sus niveles– como un agente motor válido y necesario de democracia energética (Angel, 2016; Cumbers, 2016; Sweeney, 2014).
Por lo que concierne al contexto español, los primeros pasos se han hecho desde propuestas cooperativas que recientemente han emergido –desde abajo– con la vocación de hacer partícipe y empoderar a la ciudadanía en el campo de la energía y en la transición a un modelo 100 por cien renovable. Pero, por otro lado, desde algunos ámbitos de la política municipal se están empezando ya a plantear propuestas que vislumbran un futuro papel activo de los ayuntamientos en la transición a la soberanía energética.
La semilla de las cooperativas ciudadanas de energías renovables
En Europa, el cooperativismo energético para un futuro renovable es un fenómeno que data de las décadas de 1970-1980. Son años que coinciden con la introducción del debate sobre el cambio climático y los límites del crecimiento, el incipiente desarrollo de las tecnologías renovables, la catástrofe nuclear de Chernóbil así como el surgimiento del ecologismo como movimiento social. Pero ha sido más recientemente, a partir de los primeros años del presente siglo XXI, que este tipo de cooperativismo se ha extendido con fuerza. Nos referimos, en realidad, a las llamadas REScoop: iniciativas ciudadanas de propiedad colectiva, fundamentadas en los principios y procedimientos cooperativos 1, que se involucran en actividades de producción, distribución o comercialización de energía renovable y en el fomento de su uso responsable.
Enraizadas en sus territorios de proximidad, la singularidad de las REScoop radica principalmente en dos cuestiones interrelacionadas. Por un lado, desplazan el rol de cliente-consumidor como la opción central y única posible de implicación de los ciudadanos en el sistema de provisión energética. En su lugar, las REScoop nacen con la voluntad de empoderar a las personas en el proceso de toma democrática de decisiones que conciernen lo energético (por ejemplo: en la realización de proyectos colectivos de generación de electricidad renovable y eficiencia o en el diseño de su sistema de tarifas) y en el acceso a los posibles beneficios que se deriven. Por otro lado, la actividad económica que llevan a cabo tiende a estar orientada a la satisfacción de necesidades humanas –en coherencia con el enfoque de la sostenibilidad– y no a la búsqueda del lucro.
Hoy se cuentan en Europa más de 2.300 REScoop 2 esparcidas de manera desigual por el continente y con elementos organizacionales y definitorios particulares. En el contexto español el desarrollo de este tipo de iniciativas ha sido tardío. Podemos afirmar que no es hasta la irrupción de Som Energia (creada en Cataluña a finales de 2010), que encontramos por primera vez un claro ejemplo de este tipo de cooperativismo alineado con el horizonte de una transición caracterizada por una apropiación popular de la energía. Paulatinamente, otras REScoop han ido creándose en diferentes regiones del Estado español. Sin embargo, estas otras experiencias no han conseguido –por el momento– desarrollarse de manera tan notoria como la primera (Tabla 1). Som Energia presenta significativamente un mayor número de socios (en su caso, distribuidos por todo el Estado español), gestiona un volumen mayor de contractos de electricidad, combina su actividad de comercialización de electricidad certificada de origen renovables con la puesta en marcha de proyectos propios de generación de energía renovable y, además, tiene un modelo organizacional –en continua construcción– basado en nuevos espacios de participación, de anclaje territorial y aprendizaje colectivo, que hacen de la iniciativa un laboratorio social para la democracia energética (Riutort Isern, 2016).
Tabla 1. Principales REScoop en el Estado español y sus características básicas 3
| Rescoop | Año y lugar de creación | Nº de socios | Nº de contratos de electricidad |
|---|---|---|---|
| Som Energia | 2010, Cataluña | 29.420 | 41.261 |
| Zencer | 2011, Andalucía | (*) | (*) |
| Goiener | 2012, Euskadi | 5.164 | 5.821 |
| Solabria Renovables | 2013, Cantabria | 103 | (*) |
| Nosa Enerxía | 2014, Galicia | 232 | 176 |
| Seneo | 2014, País Valenciano | 1.248 | 1.785 |
| EnergÉtica | 2015, Castilla y León | 545 | 462 |
El conocimiento en profundidad que ya tenemos de Som Energia permite poner en valor el gran potencial de las REScoop para contribuir a una transición energética democrática en el Estado español. Pero, asimismo, permite apuntar sus límites. Como enseña el caso de Som Energia, las REScoop pueden ser espacios de empoderamiento socioeconómico, de sociabilidad y creación de comunidad, de divulgación de información y de creación colectiva de conocimiento. Pero difícilmente estos logros pueden trascender su dimensión organizacional e incluir al conjunto de la ciudadanía. Es por esta razón que parece idóneo interrogarse sobre la necesaria intervención de los actores públicos para una transformación de cariz estructural.
Un modelo energético público-comunitario
Estamos de acuerdo con el enfoque de Sean Sweeney (2014: 323) cuando defiende el protagonismo del sector público en el planteamiento de una democracia energética, entendida ésta como una hoja de ruta política que se fundamenta en, al menos, tres objetivos amplios y estratégicos:
- Resistir a la agenda energética dominante caracterizada por la hegemonía de los combustibles fósiles, un proceso de privatización y mercantilización del sector energético y un compromiso político aún insuficiente contra el cambio climático. Esta resistencia puede darse desde la reformulación política, la creación de consciencia, la construcción de amplias alianzas, el lugar de trabajo y la esfera doméstica.
- Recuperar el sistema energético para ponerlo al servicio del interés público general: recuperar el control público de aquellos sectores energéticos que fueron originalmente públicos y que han padecido procesos de privatización y mercantilización (Cumbers, 2016); imponer nuevos criterios de servicio público para alejarlo de la lógica economicista; y reivindicar el derecho a desarrollar un sistema energético de propiedad comunitaria y sindicalizado basado en las renovables (sin reducir, así, el desarrollo de un sistema energético democrático y sostenible a una cuestión de propiedad pública versus propiedad privada). Esto implica reorientar las empresas públicas, redefinir la economía política de la energía en torno a principios verdaderamente sostenibles y establecer nuevas prioridades.
- Reestructurar el sector energético en aras de un modelo distribuido con mayor probabilidad de favorecer el control local, crear más empleo y redefinir el papel y finalidad de la energía en relación a la cobertura de necesidades ambientales y sociales. Es cierto que las tecnologías renovables abren posibilidades de acceso a la energía si se modulan de manera distribuida, aunque solamente mediante autoridades publicas comprometidas se puede garantizar el acceso universal asequible. Asimismo, la articulación de sistemas locales de generación, uso y gestión de la energía puede traer consigo la activación de una economía productiva y de servicios ad hoc (actividades de producción de tecnología, trabajos de instalación, motorización y mantenimiento –favorables a un uso ahorrador y eficiente–, de investigación y formación, etc.).
Es en este punto donde conviene analizar, por una parte el papel actual de las administraciones locales en el Estado español en este ámbito, y por otra parte, observar qué tipo de relación se puede establecer entre éstas y las potencialidades que ofrecen las REScoop. Hoy vemos que algunos ayuntamientos –como por ejemplo Barcelona, Pamplona, Cádiz, Zaragoza, Córdoba, Rivas o Valencia– con una cierta sensibilidad social, y quizás también acuciados por la emergencia derivada de la mercantilización de la energía (como ha ocurrido con otros bienes), están emprendiendo actuaciones que pretenden tratarla, de manera más o menos explícita, como un servicio público. Con servicio público nos referimos aquí al servicio que:
- Es prestado como un servicio esencial para la comunidad
- Es accesible con carácter universal a la población
- Tiene un coste adaptado al nivel de renta de los diferentes estratos de la población
- Genera un bajo impacto socio-ambiental, tanto a nivel local como global
En este sentido, la integración de políticas a través de la coordinación entre las distintas áreas de intervención y gestión municipal se revela como una de las más potentes herramientas para afrontar este reto. Así, ya no nos encontraríamos ante una separación temática de actividades (eficiencia, compra para suministro municipal, impulso a la generación renovable, etc.) sin una estrategia que les dotase de coherencia entre ellas y dificultando sobremanera la prestación de un servicio público. En su lugar, se avanzaría hacia un plan integral para garantizar el suministro energético para la ciudad en las condiciones descritas más arriba. De avanzar en este camino, esto supondría otra de las grandes novedades de esta época, pues el ámbito municipal de la política energética daría un salto importante al atreverse a planificar el suministro de la ciudad en el marco de la transición energética.
En algunos casos se ha añadido, asimismo, un principio más que rige la política energética municipal: la redistribución de la riqueza. De esta manera se dedican prioritariamente los esfuerzos a las familias y los barrios con más dificultades. El impulso redistributivo de la política energética puede concretarse –en algunos casos ya es así, en otros se está en una fase mucho más embrionaria– en torno a cuestiones como las rehabilitaciones energéticas (e integrales) de edificios, las medidas de reducción de la demanda energética mediante asesoramiento gratuito (a través de programas municipales de fomento del empleo), las instalaciones de autogeneración (renovable) a costes muy reducidos (o nulos), e incluso, la venta de energía con tarifas adaptadas.
En la transición que supone esta nueva mirada hacia la soberanía energética –venga de las REScoop o de los municipios–, debe resaltarse que, en esta fase, se produce bajo unas condiciones institucionales, normativas y económicas que no se pueden calificar de favorables. Es muy amplio el listado de dificultades, rigideces e inercias que así lo atestiguan. Todas ellas consagradas, desgraciadamente, al mantenimiento del statu quo del actual sector energético español, tanto en términos metabólicos (el predominio de energías no renovables e ineficientes) como políticos (la concentración de poder en pocas manos, la falta de control democrático y la subordinación de la energía a intereses privados lucrativos). Un sector que no es ni más ni menos que un ejemplo más de la herencia franquista.
Igualmente, no se debería pasar por alto el hecho de que hasta el momento las administraciones locales no hayan explorado los límites de sus capacidades de intervención en este ámbito para garantizar un servicio esencial a sus conciudadanos. Esto nos ofrece un elemento más para analizar la calidad del funcionamiento de las instituciones, y en última instancia, del pacto social de nuestra democracia.
En definitiva, es en este escenario donde veremos, en un futuro no muy lejano, cómo se resuelven las crecientes tensiones entre una tendencia recentralizadora del poder administrativo frente al nuevo impulso del municipalismo de acercarse a algún tipo de soberanía popular. Resulta indudable que la construcción de una nueva institucionalidad social vinculada al municipalismo y las enseñanzas extraídas del proceso de desarrollo de REScoop –además de la impugnación al paradigma TINA (There Is No Alternative)–, son dos caras de una misma moneda: en una observamos cómo de indispensable han sido estas nuevas experiencias cooperativas para plantear una transición energética que pone en su centro la cuestión de la soberanía popular, y en la otra, se lee la necesidad de aprovechar lo mejor que puede ofrecer el sector público para lograrlo. Son, en definitiva, dos estrategias indisociables.
Democracia, garantía de derechos y equilibrio metabólico
En el Estado español las REScoop están consiguiendo a día de hoy generar un entusiasmo entre la ciudadanía nada despreciable; de ahí que de manera gradual existan cada vez más iniciativas y que aumente el volumen de personas que son ya miembros o clientas de las mismas. El foco está puesto en ellas como alternativas al oligopolio. Sin embargo, se nos plantea el reto de lograr orientar dicho entusiasmo popular hacia la co-producción de una política pública de democracia energética que ponga conjuntamente en primer plano el derecho de acceso a la energía, su control socializado –más allá y ensanchando el que pueda alcanzarse mediante las cooperativas ciudadanas de energías renovables– y la transformación del actual metabolismo socionatural. La democracia energética se abre hoy ya a un amplio abanico de cuestiones conceptuales y estratégicas, que es necesario resolver más pronto que tarde.
La democratización de la energía conduce a su relocalización física (infraestructuras más pequeñas adaptadas a un modelo de gestión de la demanda basada en la generación renovable) y política (instituciones que permitan la participación directa en la toma de decisiones). El centro de gravedad de la política energética transita pues desde el ámbito estatal centralizado hacia el local que responde a criterios metabólicos.
En último término, la democratización de la energía conduce a la democratización de la economía, en lo que se refiere a cumplir con la satisfacción de las necesidades humanas de manera universal respetando el equilibrio metabólico, en lugar de a los principios que sirve actualmente. Y este modelo debería servir como base y espejo para el desarrollo de un nuevo pacto social en el que el conjunto de derechos sociales (inclusive el derecho de acceso a la energía) sean formalmente reconocidos y efectivamente garantizados.
