El modelo ESG puede jugar un papel muy importante al encontrar respuestas en los grandes dilemas ambientales de nuestra época. La movilización de las estructuras socioeconómicas para una transición ecológica responsable requiere instrumentos financieros que lo agilicen y permitan que la transición llegue a los lugares que más lo necesitan.
El enfoque ESG surgió como un sistema de evaluación de prácticas empresariales en los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) promovido por inversores activistas preocupados por el impacto de sus inversiones. Ahora evoluciona rápidamente, puesto que el cambio climático genera presión pública porque actúen la administración pública y el sector privado. De hecho, las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están pasando rápidamente del campo de la inversión de impacto a la práctica convencional de inversiones, puesto que los riesgos climáticos se hacen cada vez más evidentes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a menudo se argumenta en el entorno de la inversión institucional, podrían proporcionar un marco ESG general para las inversiones sostenibles.
La proliferación de proveedores ESG refleja la importancia creciente de los riesgos ambientales para los inversores institucionales. En efecto, la E (de Environmental, ambiental en inglés) es la protagonista en la estructura de incentivos. Los inversores se enfrentan ahora a amenazas de acciones legales por no haberse protegido contra el riesgo climático, tanto el riesgo físico que los acontecimientos climáticos afectaran el rendimiento de su actividad, como los riesgos de la transición relacionados con que la regulación climática pueda reducir la rentabilidad o aumentar la exposición a problemas de estabilidad financiera. Por otro lado, se estima que los planes nacionales para enfrentar la transición ecológica pueden generar de manera colectiva oportunidades valoradas en decenas de billones de dólares en inversiones inteligentes en todo el mundo.
Inicialmente, los datos de ESG se utilizaban solo para recopilar las valoraciones de empresas y para animarlas a implicarse más sistemáticamente en la aplicación de ESG. Más recientemente, varias agencias de evaluación han empezado a proporcionar calificaciones ESG en los países, de forma que se pueden aplicar a las obligaciones gubernamentales. Las clasificaciones ESG por administraciones públicas implican el control de las reglas, las leyes y las políticas que promueven o impiden la sostenibilidad, proporcionando una escala de calificación equivalente a la ofrecida por la Agencia Aequum ESG que va desde A + (muy buen rendimiento a la mayoría de las novedades de ESG) hasta D (bajo rendimiento).
La Agencia Aequum ESG ofrece sistemas de calificación, no solo para empresas, sino también para la administración pública en el Estado, de cara a prestar un servicio que le sirva para afrontar con garantías el reto de la transición verde.