Trabajamos para establecer unos presupuestos y una fiscalidad, progresiva, equitativa, transparente y que ponga a la ciudadanía en el centro de la gestión económica, de modo que las políticas establecidas, tengan en cuenta las diferentes necesidades sociales  y del medio ambiente y garanticen el acceso a la población a bienes y servicios públicos.

Los impuestos y el gasto público son las herramientas que dotan a las entidades públicas de capacidad para garantizar el cumplimiento de los derechos básicos. El análisis sobre el impacto de género, social y medio ambiental es básico para poder establecer las bases de la justicia económica que se quiere llevar a cabo desde las entidades públicas para fomentar una gestión económica financiera equitativa y transparente. Es indispensable pensar cómo estas herramientas afectan a mujeres y a hombres y de qué manera pueden contribuir a generar mayor bienestar y reducir las desigualdades sociales, económicas, medio ambientales y/o de género. A corto plazo, nos permite entender las políticas que se han llevado a cabo y conocer quién se beneficia de los recursos asignados, quien está soportando los costes (en quien recae la carga de financiar los bienes y servicios) y si los presupuestos aumentan o disminuyen la desigualdad entre mujeres y hombres y entre la sociedad.  Además nos permite poder valorar el impacto que dichas medidas han tenido entre la sociedad y con el medio ambiente y si esté ha sido el esperado. A largo plazo, nos permite establecer nuevas medidas que nos hagan avanzar hacia un modelo social y económico más sostenible,  justo y neutro al género.