Operador energético local

Herramienta principal de una política energética integral activa, realizada desde las entidades públicas locales, para tratar la energía como un servicio público. Agrupa, integra y coordina todos los aspectos de la política energética para que trabajen alineados y exploten todo su potencial.

Al igual que en otras latitudes, trabajamos para Recuperar el sistema energético para ponerlo al servicio del interés público general: recuperar el control público de aquellos sectores energéticos que han padecido procesos de privatización y mercantilización; imponer nuevos criterios de servicio público para alejarlo de la lógica economicista; y hacer realidad el derecho a desarrollar un sistema energético de propiedad comunitaria y sindicalizado basado en las renovables. Esto implica reorientar las empresas públicas, redefinir la economía política de la energía en torno a principios verdaderamente sostenibles y establecer nuevas prioridades.

El Operador energético local permite desarrollar al máximo las capacidades de la política pública en el adverso contexto energético actual, ofreciendo a las ciudades por fin una política energética digna de dicho nombre. El principal objetivo es que la energía se trate como servicio público de facto con las siguientes características:

Sea prestado como un servicio esencial para la comunidad

Sea accesible con carácter universal a la población

Tenga un coste adaptado al nivel de renta de los diferentes estratos de la población

Genere un bajo impacto socio-ambiental, tanto local como global

Los elementos que definen una política energética local basada en un Operador son:

Integración de políticas: garantía de suministro, compra-venta, reducción de la demanda, rehabilitación, generación, cultura, observatorio, participación, redistribución, creación de empleo

Política energética de ciudad en equilibrio metabólico: para trascender las políticas de corto alcance dirigidas únicamente a las instalaciones municipales, y teniendo en cuenta las condiciones de sostenibilidad ambiental y social que impone el metabolismo social

Liderazgo público mediante la planificación estratégica: se deben aprovechar los elementos más valiosos del sector público, como su capacidad de planificación, financiera y de gestión administrativa, para generar una nueva institucionalidad para la soberanía energética.

Co-producción público-comunitaria: tanto en la generación renovable y local como en el suministro mediante la participación directa de la población en los procesos de toma de decisiones de los actores económicos del sector energético

Democracia económica y redistribución de la riqueza: mediante las rehabilitaciones energéticas (e integrales) de edificios, las medidas de reducción de la demanda energética (en general) mediante asesoramiento gratuito, las instalaciones de autogeneración (renovable) a costes muy reducidos (o nulos), e incluso, la venta de energía con tarifas soio-ambientales

Relocalización económica y creación de empleos de calidad: aprovechando el liderazgo público que permite generar los escenarios propicios para que los beneficios de la política energética recaigan en la economía local