En un marco ideal los criterios de selección para acceder a las escuelas infantiles no serían necesarios puesto que todas las personas que quisieran que sus hijas e hijos acudiesen a ellas lo tendrían garantizado, sin proceso de selección. Mientras tanto, en el camino que hay que hacer hasta llegar a esa situación es importante que se tenga en cuenta, de manera central y prioritaria, cómo y quién desarrolla las tareas de sostenimiento de la vida de la infancia y cuál es el nivel de carga de trabajo productivo y reproductivo que está asumiendo esa persona o ese grupo de personas. Para ello conviene debatir y analizar en profundidad las implicaciones de la regulación de los precios públicos de las escuelas infantiles desde una mirada feminista.
Las regulaciones económicas se basan, a menudo por inercia, en un modelo familiar nuclear y heteronormativo que contempla la figura del hombre como proveedor y de la mujer como cuidadora. La hegemonía de este modelo ha quedado obsoleta dado que actualmente se reconoce que la arquitectura social es diversa y se defiende la existencia de diferentes modelos de familias y/o núcleos de convivencia.
El modelo patriarcal de reparto de tareas entre hombres y mujeres se basa en la idea binaria y prescriptiva que dicta que tenemos capacidades diferentes y complementarias determinadas por nuestro sexo. Así, la división sexual del trabajo atribuye a las mujeres aquellas tareas relacionadas con el sostenimiento de la vida de las personas y la reproducción: cuidados, afectos, alimentación, higiene, salud, aprendizaje, crianza, atención completa a las situaciones de dependencia, el mantenimiento del funcionamiento del hogar, el acompañamiento y la gestión emocional de la familia y su entorno, entre otras. Mientras, encomienda a los hombres la realización de trabajo productivo y remunerado fuera del hogar y la misión de mantener económicamente la familia, lo que se tradujo en la asignación exclusiva de la esfera pública a los hombres.
Esta configuración social heredada y basada en estereotipos de género, provoca una clara desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, privilegiando a los primeros en tanto que les exime de responsabilidades afectivas, de cuidados y de sostenimiento de la vida mientras que les otorga el acceso a la vida social y política que se le viene negando a las mujeres. Los trabajos llamados reproductivos y de cuidados normalmente no son remunerados o lo son en condiciones de extrema precariedad. Tampoco son valorados socialmente y se mantienen en el espacio de la esfera privada, que permanece invisibilizada en el interior de los hogares por lo que tampoco se concreta la carga que implican dichas tareas.
Este hecho dificulta la autonomía de las mujeres, reduce su poder adquisitivo y las prescribe como dependientes durante toda su vida. Así pues, podemos decir que acabar con el sexismo que encierra la división sexual del trabajo es uno de los ejes críticos de análisis para observar la distribución de la riqueza entre la población desde una perspectiva que promueva la igualdad de género. En este contexto se enmarca el análisis de las implicaciones de la regulación de los precios públicos de las escuelas infantiles.
En primer lugar es necesario señalar que desde los diferentes movimientos feministas se demanda que hay que trabajar para ir más allá de las políticas de conciliación familiar. Estas están pensadas para la reducción de la jornada laboral de las personas que se encargan de la atención y del cuidado de sus hijas e hijos durante el horario laborable, y ha quedado demostrado que no bastan para desestabilizar la división sexual del trabajo y así acabar con las desigualdades que genera. Por lo que, además, es necesario avanzar hacia un modelo de corresponsabilización del cuidado más amplio y que implique a toda la población incluidas las instituciones públicas.
Poner la vida de las personas en el centro de las políticas públicas contribuye a romper la división estricta, excluyente y sexista entre las esferas pública y privada, trabajo productivo y reproductivo, crianza y vida laboral, y demás roles de complementariedad atribuidos por sexo y que, en la práctica, suponen una de las principales fuentes de desigualdad.
El objetivo es que toda persona pueda desarrollar los diferentes ámbitos de su vida sin tener que renunciar a unos u otros en función de la ordenación sexista de las tareas necesarias para el sostenimiento y cuidado de la vida. Para lograrlo, hay que abrir espacio a modelos de organización de la vida completos y multidimensionales que puedan incluir los cuidados, la crianza, el trabajo remunerado, la vida social, el ocio, y el resto de dimensiones de una forma integral y compatible, rompiendo con las lógicas productivistas y de reproducción social que a menudo regulan la política pública en general y los precios públicos en este caso particular.
Teniendo en cuenta que existe una gran diversidad de tipos de familias y de enfoques de los cuidados en las primeras etapas de la vida, una vez que se toma la decisión, más o menos voluntaria, de acceder a las escuelas infantiles nos encontramos con una realidad que dista de ser la ideal en tanto que continúa reproduciendo desigualdades.
Reconociendo la diversidad de casos entre los diferentes municipios, en términos generales, la actual regulación de los precios públicos de las escuelas infantiles tiene carencias y limitaciones que nos plantean la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo de corresponsabilización de la administración pública en el trabajo de cuidados a la infancia.
Por un lado, no existen ayudas ni bonificaciones para las personas que no optan o que quedan excluidas de las escuelas infantiles, lo que limita las posibilidades de crianza a un solo modelo y desatiende a todas aquellas madres y padres que se quedan fuera de las listas. Hay que poner en valor que la etapa de crianza de 0 a 3 años comporta un elevadísimo grado de dependencia, la primera infancia requiere atención las 24 horas del día y, en cambio, las políticas públicas no garantizan la posibilidad de ofrecer un cuidado adecuado.
La educación primaria obligatoria empieza a los 6 años. Previamente se imparte la educación infantil, de 0 a 6 años, dividida en dos ciclos que no implican obligatoriedad. El primer ciclo infantil, de 0 a 3 años, es lo que denominamos escuelas infantiles. En concreto, está dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años que tengan al menos 4 meses en el momento de iniciar el curso en el mes de septiembre.
En términos legislativos, las competencias sobre las escuelas infantiles están repartidas entre los diferentes niveles de la administración. El Estado se reserva la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Educación Infantil (Real Decreto 95/2022), así como los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil (Real Decreto 132/2010). Las Comunidades Autónomas establecen las condiciones específicas de los centros en los que se imparte este ciclo educativo en su territorio, su modelo de financiación y aspectos educativos concretos. Y finalmente, a los municipios les corresponde establecer bonificaciones o reducciones de las cuotas que fija la Comunidad Autónoma correspondiente.
Históricamente ha habido ayuntamientos que han estado ofreciendo bonificaciones o reducciones por motivos de renta, monoparentalidad, familia numerosa, y otros factores de desigualdad social. Ha sido en los últimos años, en parte a raíz de la reducción de la renta de los hogares y en parte por el aumento de las cuotas, cuando se han acentuado en muchos municipios las medidas de tarificación y bonificaciones que tienen en cuenta la renta, lo cual permite acercarse a la garantía de acceso universal a las escuelas infantiles.
Esta garantía de acceso universal a las escuelas infantiles (que no obligatoriedad) podría ser uno de los pilares que permita construir el resto de las políticas públicas relacionadas con un modelo de corresponsabilización del cuidado.
Esto se torna necesario en el momento en el que constatamos que las políticas de conciliación familiar que se ofrecen actualmente siguen reproduciendo las desigualdades de género. Pues a pesar de estar pensadas para que las madres y los padres puedan reducir sus jornadas de trabajo asalariado para dedicarse al de cuidado de sus hijas e hijos durante los horarios laborales sin que ello repercuta negativamente en su poder adquisitivo, la realidad es que el trabajo no remunerado de cuidados y sostenimiento de la vida continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Son éstas quienes solicitan en mucha mayor medida su derecho a las medidas de conciliación, renunciando así al desarrollo de sus carreras profesionales y a su independencia económica, mientras que por lo general, los hombres continúan reivindicando el mayor valor económico de los trabajos que desempeñan, lo que les sirve de justificación para no renunciar a ellos.
Este hecho no sólo incrementa la brecha salarial entre mujeres y hombres sino que además contribuye a reforzar su rol privilegiado y de monopolio del poder en la toma de decisiones económicas y de organización familiar que afectan al conjunto de la unidad.
El camino hacia un modelo basado en la garantía de acceso universal a las escuelas infantiles se inicia priorizando el acceso del alumnado vulnerable y con necesidades educativas específicas a la educación infantil de primer ciclo, incrementando al mismo tiempo la oferta de plazas. Para ello, es imprescindible redefinir aquello que se consideran las características de una situación de vulnerabilidad, resignificando las necesidades básicas desde un enfoque interseccional que además incluya la perspectiva de género. Asimismo, se debe contemplar la continuidad coherente de estas políticas, garantizando el acceso gratuito de la infancia más atravesada por las desigualdades, menos privilegiada y/o socialmente desfavorecida a la educación infantil de segundo ciclo.
Al mismo tiempo, la construcción de un modelo de corresponsabilización del cuidado amplio e integral requiere también analizar las desigualdades de género latentes respecto a la ordenación práctica de la cotidianidad. Esto es, conocer y analizar quién se hace cargo de los niños y niñas que no acceden a la escuela infantil, cómo se distribuyen las tareas de cuidados, quiénes se acogen a la reducción de jornada, excedencia o renuncia al desarrollo de su carrera profesional, entre otras variables que podemos emplear para medir la desigualdad real entre hombres y mujeres.
Un enfoque de género en las políticas públicas pasará también por analizar los factores que operan en la decisión de las familias a la hora de optar o no a la solicitud de escuelas infantiles, considerando los motivos de su elección y promocionando medidas específicas y accesibles para aquellas personas que se hacen cargo de los niños y niñas que no acceden a las escuelas infantiles.
P. Cotarelo y M. Adell Bris