Desarrollo de las comunidades energéticas en España
Generalmente, en el desarrollo de nuevos modelos económico-empresariales los primeros proyectos son impulsados por aquellos actores que concentran una cantidad suficiente de elementos que les conceden cierta ventaja frente al resto. Estos elementos ventajosos suelen agruparse en capital económico, conocimiento técnico e infraestructuras públicas.En términos territoriales, este fenómeno concede más posibilidades de desarrollo a unas zonas respecto a otras en la medida en que unas tienen más facilidad de acceso a la combinación suficiente de esos elementos ventajosos. El capital social es la suma de los recursos reales y potenciales, materiales o inmateriales, de una comunidad determinada, que pueden movilizarse entre los diferentes actores que la conforman, ya sean estos individuales o colectivos, públicos o privados. El desarrollo de las comunidades energéticas dependerá en buena medida del resultado de la combinación que se dé entre la intensidad de capital social y la accesibilidad a recursos energéticos renovables en cada caso. Categorías de territorios en función de la intensidad de capital social El resultado de la caracterización del territorio en función de la intensidad de capital social ofrece la posibilidad de clasificar las comunidades energéticas de un modo más complejo. Tipos de comunidades energéticas Descargar informe
Derechos más allá del humano
Durante siglos, el concepto “derechos” se ha reservado a las personas. Sin embargo, el siglo XXI está ampliando ese horizonte y la naturaleza empieza a ser reconocida como sujeto de derechos. Este cambio, que puede parecer simbólico, supone una verdadera revolución jurídica, ética y política. Significa pasar de proteger el medio ambiente “por utilidad” a reconocerle valor propio y capacidad de existencia. El punto de partida es un caso pionero: la Ley 19/2022, que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca. A partir de esta experiencia, se abre un debate más amplio: ¿qué significa reconocer derechos a un ecosistema?, ¿qué cambia en la gestión ambiental cuando el territorio deja de ser un objeto y se convierte en un sujeto? El precedente del Mar Menor: cuando la naturaleza habla en primera persona La Ley 19/2022, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2022, convirtió al Mar Menor en el primer ecosistema europeo reconocido como sujeto de derechos. Este paso histórico se inspiró en modelos internacionales –como los ríos Whanganui en Nueva Zelanda o Atrato en Colombia–, donde comunidades y juristas habían defendido que los ecosistemas debían contar con mecanismos legales propios de defensa. Según la ley española, el Mar Menor tiene reconocidos cuatro derechos fundamentales: 1. Derecho a existir y evolucionar naturalmente Implica respetar las leyes ecológicas que sustentan su equilibrio. No se trata solo de “conservar” la laguna, sino de permitirle regenerarse y evolucionar según sus dinámicas naturales, libres de presiones humanas desmedidas. 2. Derecho a la protección Supone detener o no autorizar actividades que representen un riesgo para su integridad, como vertidos, construcciones o sobreexplotaciones. 3. Derecho a la conservación Exige acciones activas para preservar especies, hábitats y espacios protegidos asociados a la laguna y su cuenca. 4. Derecho a la restauración Obliga a reparar los daños causados, devolviendo al ecosistema su funcionalidad y los servicios naturales que ofrece a la sociedad. Para hacer efectivos estos derechos, la ley creó un sistema de representación institucional: un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento y un Comité Científico. En conjunto, actúan como la “voz” del Mar Menor ante las administraciones y los tribunales. Con esta estructura, la laguna deja de ser un mero espacio natural gestionado por políticas sectoriales y se convierte en una entidad política y jurídica con legitimidad propia. De la protección a la convivencia: hacia una nueva cultura jurídica El reconocimiento de derechos a entidades más que humanas marca un giro radical en la forma de entender la relación entre sociedad y naturaleza. Hasta ahora, la legislación ambiental se ha centrado en regular el uso de los recursos: cuánto se puede extraer, verter, ocupar o transformar. Pero en un contexto de crisis climática y colapso ecológico, ese modelo ha mostrado sus límites. Reconocer a un ecosistema como sujeto de derechos significa superar la visión instrumental —la naturaleza como “propiedad” o “recurso”— para situarla como parte de la comunidad de la vida, con dignidad y voz propia. Este cambio tiene consecuencias profundas: • Introduce nuevos criterios éticos en la toma de decisiones públicas. • Refuerza la responsabilidad ecológica de las instituciones y empresas. • Permite acciones legales en nombre del ecosistema, incluso cuando no haya afectación directa a personas. • Amplía la noción de justicia hacia un plano ecológico y colectivo. El concepto de “entidades más que humanas” abarca no solo ríos o lagunas, sino también bosques, montañas, suelos, humedales o especies clave que sostienen la vida en una región. Cada una podría, en determinadas condiciones, ser reconocida como sujeto de derecho ecológico, especialmente aquellas esenciales para la adaptación climática.Este cambio también se apoya en una comprensión más profunda de la propia naturaleza. Los ecosistemas no son simples agregados de elementos biológicos o geográficos, sino sistemas complejos con propiedades emergentes (como la autorregulación, la resiliencia o la capacidad de adaptación) que les permiten mantener su equilibrio y sostener la vida. Estas propiedades surgen de la interacción entre sus componentes, y no pueden entenderse a partir de la suma de las partes. Así, estos nuevos derechos no solo amplían el marco legal, sino que reflejan una evolución en la comprensión científica y ética del planeta: reconocer a la naturaleza como un conjunto de seres interdependientes, dotados de capacidad de respuesta y valor intrínseco. Adaptación climática con derechos La inclusión del reconocimiento formal de derechos de las entidades más que humanas en las políticas de adaptación al cambio climático podía garantizar una adaptación más justa, duradera y coherente con los límites biofísicos. Por ejemplo, otorgar derechos a ecosistemas estratégicos —como humedales, ríos o bosques— permitiría: • Establecer mecanismos de defensa legal automáticos frente a amenazas. • Asegurar la prioridad ecológica en los procesos de planificación. • Fomentar la cogestión entre instituciones y comunidades locales. • Impulsar una visión territorial integrada que trascienda la división administrativa. De esta manera, la adaptación al cambio climático dejaría de ser solo una política técnica y pasaría a ser una cuestión de justicia ecológica. Una corriente global en expansión El reconocimiento de derechos a la naturaleza no es una rareza aislada. En los últimos años, esta corriente se ha extendido por todo el mundo: • Ecuador fue el primer país en consagrar en su Constitución (2008) los “derechos de la naturaleza” (Pachamama). • Bolivia aprobó la Ley de la Madre Tierra (2010), reconociendo su valor intrínseco. • En Colombia, la Corte Constitucional declaró al río Atrato sujeto de derechos. • En Nueva Zelanda, el río Whanganui y el Monte Taranaki cuentan con personalidad jurídica y guardianes designados. • En India, los ríos Ganges y Yamuna recibieron estatus similar (aunque con controversias judiciales posteriores). Hacia una democracia más que humana En última instancia, explorar y reconocer nuevos derechos para las entidades más que humanas es una forma de democratizar la relación con los ecosistemas, que dejan de ser simples escenarios donde ocurre la vida humana, convirtiéndose en actores con agencia y vulnerabilidad propias. Reconocer la complejidad de los ecosistemas implica aceptar su capacidad de respuesta y su papel en los equilibrios del
Hacia el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano
Vivimos tiempos de transformación profunda. Mientras los efectos del cambio climático se hacen cada vez más palpables en nuestro día a día – desde olas de calor más intensas hasta fenómenos meteorológicos extremos –, una transformación silenciosa está teniendo lugar en el ámbito del derecho que busca responder a la pregunta fundamental sobre si tenemos derecho a un medio ambiente sano. La respuesta afirmativa a esta cuestión ha puesto en marcha un movimiento jurídico y político internacional que está redefiniendo las obligaciones de los Estados y los derechos de la ciudadanía. La emergencia climática como cuestión de Derechos Humanos Tradicionalmente, se ha conceptualizado el cambio climático como un problema ambiental, energético o económico. Sin embargo, esta perspectiva se está quedando corta. La crisis climática es, ante todo, una crisis de derechos humanos, y la percepción social sobre ella se acerca progresivamente a esta interpretación. Porque un entorno y un clima estables constituyen la base sobre la que se sostienen todos los demás derechos. Sin ello, el derecho a la salud se ve comprometido por las enfermedades propagadas por el calor o la contaminación; el derecho a la vivienda, amenazado por los desalojos forzosos tras una inundación; el derecho a la vida, en riesgo por la violencia de los fenómenos meteorológicos extremos; el derecho a la alimentación, asediado por las sequías que arrasan los cultivos; y el derecho a la igualdad, en estado crítico porque son los más vulnerables – las personas empobrecidas, las personas mayores, los pueblos indígenas – quienes sufren de manera desproporcionada los efectos de un clima inestable. La comunidad científica lleva tiempo señalando que la degradación de los ecosistemas, la deforestación y la pérdida de biodiversidad tienen consecuencias directas sobre la salud humana, al alterar los equilibrios ecológicos que nos sostienen. No se trata solo de evitar los daños que recaen sobre nosotros, sino de comprender que formamos parte del mismo sistema vivo. Esta comprensión desafía el paradigma antropocéntrico tradicional, que ha situado históricamente a la humanidad por encima del resto de la naturaleza. Esta visión integral, respaldada por el enfoque de Una Sola Salud, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la comunidad científica, nos recuerda que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas están íntimamente interrelacionadas, y refuerza la necesidad de políticas que reconozcan la continuidad entre la salud humana, la salud de los ecosistemas y el derecho a un entorno sano. La investigación y la ciencia han trabajado las últimas décadas para comprobar esta conexión entre el cambio climático y la vulneración de derechos a través de sus impactos. El siguiente paso para la protección de dichos derechos corresponde al ámbito jurídico, que deberá traducir este reto en derechos exigibles y obligaciones concretas. Es en este punto donde la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) marca un antes y un después. El dictamen de la Corte IDH: un nuevo paradigma legal En mayo de 2025, a petición de Chile y Colombia, la Corte IDH se pronunció sobre las obligaciones de los Estados en el marco de la Emergencia Climática. Su opinión no es una mera recomendación; es una hoja de ruta jurídica detallada y vinculante para los países que forman parte del sistema interamericano. La Corte desglosa las obligaciones de los Estados en cuatro pilares fundamentales: 1. Obligaciones generales en el marco de la emergencia climática La Corte deja claro que los Estados tienen el deber de prevenir los efectos catastróficos del cambio climático. Esto ya no es una opción política, sino una obligación legal. Los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias –legislativas, administrativas, judiciales– para garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen un daño transfronterizo significativo. La inacción, o la acción insuficiente, puede constituir una violación de los derechos humanos. 2. Obligaciones derivadas de los derechos sustantivos La Corte vincula explícitamente la emergencia climática con derechos ya consagrados, como el derecho a la vida y a la integridad personal. Un medio ambiente sano es una condición esencial para su disfrute. En la práctica, esto podría significar que una persona o una comunidad podría demandar al Estado si, por ejemplo, la contaminación del aire de una central térmica cercana está afectando gravemente su salud, argumentando una violación de su derecho a la integridad personal por la inacción del Estado en regular adecuadamente esa fuente de emisiones. 3. Obligaciones de procedimiento: transparencia y participación Los Estados no solo deben actuar, sino que deben hacerlo de una manera determinada. Esto incluye: a. Acceso a la información: garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información clara, oportuna y comprensible sobre los impactos climáticos y las políticas para enfrentarlos. b. Participación pública: permitir que las personas intervengan de manera significativa en la toma de decisiones ambientales, como la aprobación de un proyecto con elevada huella de carbono c. Acceso a la justicia: asegurar que existan mecanismos judiciales o administrativos accesibles para impugnar acciones u omisiones que afecten el medio ambiente. 4. El Principio de igualdad y no discriminación La Corte es contundente ante el hecho de que la crisis climática es una crisis de desigualdad. Las obligaciones estatales deben aplicarse con una perspectiva de equidad, priorizando la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad que se ven afectados de manera desproporcionada. Las políticas climáticas deben ser diseñadas para protegerles específicamente, evitando que la carga del cambio climático recaiga sobre quienes menos han contribuido a causarlo. Hacia un nuevo contrato social La exploración para incluir estos derechos implica un cambio profundo en la relación entre la ciudadanía, el Estado y el entorno. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano no solo protege a las generaciones presentes, sino que extiende la justicia hacia quienes aún no han nacido. Este nuevo paradigma jurídico reconoce que la salud del planeta es, en sí misma, un bien jurídico que sostiene el resto de los derechos fundamentales. Siguiendo el liderazgo de la Corte Interamericana, los Estados tienen la oportunidad de evolucionar, de pasar
Observatorio universitario de las transiciones
Según la Ley que regula las universidades (LOSU), tanto las universidades públicas como las privadas deben garantizar el servicio público de la educación universitaria así como desarrollar sus funciones y tener como referentes, entre otros, la lucha contra el cambio climático y los valores que se desprenden de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el contexto actual de múltiples crisis, la universidad necesita un Observatorio que realice el seguimiento del desempeño de la universidad en el diseño, desarrollo, ejecución y transferencia de planes de transiciones ecosociales para lograr la sostenibilidad. Uno de los dispositivos a desarrollar por este Observatorio es un sistema de indicadores objetivos enfocado en obtener una calificación de la evaluación del desempeño de la universidad en la aplicación de los criterios de transición ecosocial. Una trayectoria exponencial de los esfuerzos entre 2024 y 2030 tiene una pendiente menor al inicio del proceso, lo cual puede facilitar la realización de los cambios estructurales que debe emprender la universidad para cumplir los criterios ecosociales. Con el tiempo la pendiente crece, de modo que se deban acelerar los cambios y mejoras, posibilitados por aquellos, más rápidamente en los últimos años cercanos a 2030. La trayectoria exponencial de los esfuerzos se traduce al tamaño de los intervalos de calificación del desempeño universitario en la aplicación de criterios ecosociales. Descargar informe
La productividad contra los cuidados, una historia mal contada
La baja productividad en España genera preocupación desde hace tiempo por sus efectos sobre la economía. Según los datos de Eurostat, en la última década (2013-2023) España se encuentra a la cola de los países de la UE en lo que se refiere a crecimiento del PIB por persona ocupada, lejos de la media de la UE y muy lejos de los países líderes (Irlanda y Rumanía). Fuente: Instituto de Estudios Económicos a partir de Eurostat Asimismo, la productividad (PIB por hora trabajada) en 2023 presenta unos resultados similares (aunque en este caso la posición respecto al resto de países de la UE no sea tan retrasada). Considerando con el varo 100 la media de la UE, España presenta un 96,3 en productividad (PIB por hora trabajada). Fuente: Instituto de Estudios Económicos a partir de Eurostat El primer paso para realizar un análisis de la productividad comparada es reflexionar sobre la utilidad de un indicador de esas características y estudiar si realmente es útil para comparar la eficiencia de las economías nacionales. Si la productividad se define como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida, su utilidad debería restringirse a sistemas productivos comparables o similares. Por tanto, comparar países con matrices productivas muy diferentes, como ocurre incluso en el caso de los miembros de la UE, podría carecer de sentido o de utilidad real en el proceso de toma de decisiones de carácter político o estratégico. Y todo ello sin profundizar demasiado en la división internacional del trabajo, que influye también dentro de la UE, y que condiciona (y casi determina) las características de las matrices productivas de los diferentes países. Considerando lo anterior, que en la mayoría de las ocasiones en las que se debate sobre productividad se ponga el foco en el lado del trabajo es muy inadecuado. Ya sea la actitud de las personas frente a su trabajo, ya sea el sistema de protección de los derechos laborales, parece que la responsabilidad recae en las personas trabajadoras. Este tipo de análisis no tiene en cuenta dos grandes variables de carácter estructural, además de las debilidades metodológicas comentadas. En primer lugar, la configuración sectorial de la economía de un país determina los límites o los parámetros entre los cuales puede desarrollarse su productividad. La mayor dependencia de sectores que pueden desarrollar bajas productividades por sus características intrínsecas conduce a bajas productividades como país. Normalmente corresponde a ciertas actividades industriales y a los servicios financieros las productividades más elevadas, actividades que no predominan en la economía española. Este tipo de factor ayuda a comprender mejor algunas de las causas de las cifras de productividad españolas a lo largo de la historia reciente, y porqué sin un cambio significativo en la estructura sectorial de nuestra economía su productividad no tiene la posibilidad de variar cualitativamente. Por otro lado, llama la atención que entre los factores que se suelen seleccionar como influyentes en la productividad se incluye el capital humano (así como el capital físico, el capital tecnológico, el capital empresarial, y el marco regulatorio e institucional), pero sin embargo en él sólo se incorpora el grado de educación superior de las personas trabajadoras, y no otros elementos que se pueden considerar en dicha categoría. Cabe preguntarse entonces si las competencias de las personas en el trabajo sólo dependen de su titulación académica, cuando la experiencia nos sugiere toda una serie de otros factores igual o más importantes que la titulación. La motivación, el estrés, el estado de salud, la alimentación y el entorno afectivo serían algunos de los factores a considerar en el análisis de la productividad, si se pretende realizar un análisis riguroso. Fuente: Instituto de Estudios Económicos a partir de Eurostat En algunos estudios, no obstante, se considera la salud de las personas trabajadoras como un factor a tener en cuenta al analizar la productividad, y esto debería servir de guía para introducir los otros factores mencionados previamente. Las personas empleadas que están sanas se presentan a trabajar físicamente capaces de hacer su trabajo con concentración y resistencia. Si el personal se siente bien, podrán participar mejor y realizar las tareas. Invertir en la salud y el bienestar de las personas empleadas agrega costos a corto plazo, pero es más probable que la empresa (y la sociedad) obtenga los beneficios de estos gastos con una mayor productividad y una mejor calidad del trabajo. El deterioro de la salud, trabajar en condiciones de enfermedad (aguda y/o crónica), dedicar tiempo vital de más a preocuparse de la gestión de la propia salud (y de la de las personas cercanas) son cargas que empeoran el desempeño en el trabajo. Por lo tanto, el “encarecimiento” del acceso a la sanidad (por reducción de recursos públicos, listas de espera indefinidas, falta de profesionales, etc.) supone un empeoramiento de las condiciones en las que las personas llegan y desempeñan su trabajo. Esto sucede tanto en términos individuales como en términos agregados, y supone un problema estructural para la economía. Para una determinada estructura económica, como la de un país, la pérdida de productividad relativa respecto a su óptimo socava sus posibilidades de progreso socioeconómico. Cuantos más recursos dedica una sociedad a proporcionar personas trabajadoras en buenas condiciones a los procesos productivos, tanto en términos económicos (monetarios) como en términos de esfuerzo, menos eficiente es en la generación de bienes y servicios. Esta situación empeora en la medida en la que se pierden o desaprovechan recursos en el proceso de mantener la salud de las personas trabajadoras. En el caso de la educación y la formación ocurre algo similar. Cuanto mejor y menos costosa sea la educación y la formación de las personas de una sociedad, mejor puede llegar a ser su productividad. Y esto depende de dos ámbitos interconectados: el bienestar familiar y las condiciones del sistema educativo y formativo. Del bienestar de la familia, o del entorno más cercano, que realiza las labores de crianza y cuidados en las primeras etapas de
Hacia la institucionalización de la colaboración público-comunitaria en el ámbito energético
De la energía dependen los complejos procesos económicos contemporáneos que permiten el sostenimiento material y simbólico de las personas. Es un recurso de primera necesidad y esto hace que esté fuertemente relacionado con el poder y el conflicto. El acceso a la energía y su control ha sido históricamente una cuestión política fundamental. El desarrollo de nuestras economías fósiles ha dado lugar a la preponderancia de esquemas de propiedad de la energía (públicos y privados) coherentes con la visión liberal de la propiedad (exclusiva y excluyente) y con la dinámica de desposesión propia del capitalismo. Pero la transición energética hacia las renovables contribuye a experimentar formas alternativas a las tradicionales: propiedad pública (estatal) y privada de la energía. Esto es gracias al hecho de que en este punto muerto toma relevancia la energía eléctrica renovable, que permite la implicación de una amplia diversidad de actores: desde grandes grupos financieros pasando por PYMES de diferente naturaleza jurídica (incluyendo empresas de la economía social y solidaria), organismos públicos de ámbito local o regional, hasta el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, el hecho de que la energía sea un elemento tan absolutamente estratégico para un país hace que esté altamente intervenida por los Estados y por organismos supraestatales como la Unión Europea, fundamentalmente para garantizar la seguridad de suministro en un marco de competitividad económica internacional y de crisis energética y climática global. La intervención pasa principalmente por un elevadísimo grado de regulación y por la participación en titularidades en el sector energético global, ya sea a través de la adquisición de activos o a través de empresas de propiedad estatal, especialmente en el sector eléctrico. Según el informe State-Owned Enterprises and the Low-Carbon Transition publicado por la OCDE (2018), 31 de las 51 eléctricas más grandes del mundo tienen una participación pública mayoritaria, siendo la mayoría chinas y rusas. En cuanto al entorno europeo, el llamado «consenso neoliberal» del último cuarto de siglo XX hizo retroceder el peso estatal en el empresariado eléctrico y por eso hoy solo destacan la sueca Vattenfall, totalmente pública, la francesa EDF (85% propiedad del Estado francés) y, en segundo término, la francesa ENGIE y la italiana ENEL, con una participación minoritaria de sus Estados (del 33% y el 24%, respectivamente). Por otro lado, también es cierto que por la propia naturaleza de la energía se hace indispensable la intervención pública. Si nos centramos en la electricidad, hay que subrayar que, a diferencia de los hidrocarburos, una vez generada circula por las redes sin -o con escasísima- posibilidad de ser almacenada. Este detalle clave condiciona su gestión porque requiere una coordinación precisa para equiparar en cada momento oferta y demanda. Para hacerlo hace falta además tener en cuenta los condicionantes que imponen las diferentes tecnologías o procesos de generación: desde su capacidad para regular la producción (por ejemplo, una central nuclear no puede pararse de golpe o la producción de un aerogenerador varía en función del viento que sople) hasta su ubicación geográfica (la distancia entre el punto de generación y el punto de uso). Tampoco hay que olvidar la gestión de la conectividad internacional de la red con países vecinos. En resumen, estas cuestiones no pueden obviarse a la hora de discutir modelos posibles -y deseables- de propiedad de la energía. El energético, es un recurso difícilmente equiparable a cualquier otro y la no intervención pública es inexcusable para adaptarse a sus peculiaridades. La propiedad de la energía en el Estado español Antes de continuar, hay que remarcar que, según cómo se mire, poner en relación propiedad y energía no significa únicamente abordar la cuestión de la posesión de títulos jurídicamente sellados en el sector energético. Desde una perspectiva republicana, hablar de propiedad es hablar del acceso al conjunto de recursos materiales e inmateriales considerados relevantes -de naturaleza y cantidad contingentes a cada contexto espacio-temporal- para garantizar a las personas un sostén digno. La función social de la propiedad tiene que ver con permitir a las personas vivir una vida con una independencia socioeconómica. Se asume también que las únicas interdependencias con los otros sean las que estén ausentes de interferencias arbitrarias. Así, la propiedad también viene definida por el derecho de controlar estos recursos básicos. Nadie duda de que la energía -y más la electricidad en la actual transición- está dentro de esta categoría de recursos básicos y se necesitan los poderes públicos para garantizar el derecho a acceder a ellos. Ahora bien, la ciudadanía tiene que disponer de los mecanismos para controlar estos poderes públicos. Por una parte, para que no permitan que determinados actores privados interfieran arbitrariamente sobre otros, dando lugar a relaciones de dependencia; y por la otra, para que no alimenten prácticas amiguistas o clientelares que desemboquen en lógicas oligárquicas y despóticas. Haciendo un repaso al caso español, podemos concluir que el modelo de propiedad de la energía está lejos de cumplir su función social: por un lado, la regulación no confiere a la electricidad la definición de bien esencial bajo una visión de accesibilidad universal, y por el otro, la estructura de derechos de propiedad sobre las infraestructuras energéticas está controlada por un reducido y poderoso bloque de empresas privadas. Como la accesibilidad a la electricidad no está garantizada de forma ex-ante, lo que sí encontramos en España son medidas correctoras ex-post cuyo nivel de efectividad para universalizar el acceso razonable es discutible: el bono social, la Ley 24/2015 contra cortes de suministro, las ayudas de emergencia, los servicios de asesoramiento sobre derechos, la generación y optimización de consumos, los incentivos fiscales o subvenciones a las renovables, o la comercialización municipal. Estas medidas no atacan un problema que es estructural y está relacionado con el ordenamiento jurídico. Más allá de la intervención pública ex-post, es justo recordar que hay iniciativas privadas cuya acción no está orientada a lucro y que ofrecen un servicio de comercialización con ciertos tintes de servicio público puesto que anteponen la cobertura de necesidades energéticas de sus asociados o clientes a la obtención de
El tortuoso camino de la desturistificación
En los últimos meses, los movimientos vecinales de diferentes puntos del país han traído al debate público la necesidad de replantear de forma estructural el sector turístico en sus zonas. Advierten de que en estos lugares (y quizás en otros también) se ha superado la capacidad de carga debido al incesante crecimiento de la actividad turística y sus consecuencias. Entre ellas se encuentran el deterioro ambiental y el aumento de la contaminación, las aglomeraciones frecuentes y en algunos casos peligrosas, el empeoramiento de servicios públicos como el transporte, el encarecimiento de la vida común, el desplazamiento de la población local, las dificultades que las personas trabajadoras encuentran para vivir relativamente cerca de su lugar de trabajo cotidiano, la especulación con la vivienda, y la pérdida de la identidad cultural local. La inercia del monocultivo turístico Aunque quizás para el gran público se trata de una novedad, se lleva alertando de este problema desde diferentes colectivos y agentes sociales desde hace años gracias a los datos recogidos en otros emplazamientos donde el proceso de turistificación ha avanzado con anterioridad. Debido a estos datos y a las reflexiones, análisis y publicaciones desde las ciencias sociales, algunos responsables políticos han intentado aportar soluciones desde el ámbito de la política pública para evitar los efectos más graves del monocultivo turístico y, en algunos casos, para intentar revertirlo, con resultados dispares. Es necesario reconocer en primer lugar, que los incentivos que tienen los y las responsables políticos no son especialmente favorables para llevar a cabo esta tarea. Pues, a pesar del mandato institucional que deben cumplir en cuanto a representar los intereses de su población, y a pesar de las protestas sociales habidas en sus diferentes formas, parecen tener más peso los factores significativos que incentivan en sentido contrario. Como resultado vemos que la tendencia general es permanecer de la misma manera que hasta el momento, es decir, no hacer nada que altere el mecanismo turistificador. Se podría decir que el mayor incentivo para que nada cambie es que los cambios en general, y este en particular, conllevan un gran desgaste y son complejos. Esto es debido a las inercias, a las dificultades técnicas y a las relaciones de poder establecidas. Entre las dificultades técnicas se podría destacar una que, pese a su importancia, a menudo se obvia, que es la imposibilidad de sustituir el monocultivo turístico por otra actividad (o actividades) manteniendo los principales indicadores en términos similares. Al igual que cualquier otra actividad depredadora el turismo extrae “activos” (playas y otros espacios naturales, monumentos, clima, arquitectura, población formada y cuidada, infraestructuras públicas, etc.) de manera gratuita y los procesa generando retorno económico (que en muchos casos no revierte en la zona, ni siquiera a su clase capitalista) y externalidades generalmente negativas (como las enumeradas al principio del texto: deterioro ambiental y aumento de la contaminación, aglomeraciones, empeoramiento de servicios públicos, encarecimiento de la vida común, desplazamiento de la población local, dificultades que las personas trabajadoras encuentran para vivir cerca de su lugar de trabajo cotidiano, especulación con la vivienda, pérdida de la identidad cultural local). Además, cuando se llega a la fase en la que se ha consolidado el monocultivo de una actividad como ésta, se han dinamitado demasiados puentes para volver a considerarla una actividad más dentro de un abanico de actividades económicas que desarrollar. El proceso turistificador avanza alcanzando la fase de monocultivo socioeconómico y, una vez allí, sigue avanzando en su depredación del entorno y la sociedad sobre los que se asienta. Entre los indicadores que tienden a señalar de manera inequívoca que el monocultivo turístico se ha establecido se encuentran los siguientes: la población censada disminuye; la renta familiar disponible aumenta debido a la expulsión de las clases menos pudientes por la subida de precios generalizada y de la vivienda en particular; la superficie dedicada al turismo y a la hostelería aumenta en relación a otras actividades económicas, como la industria y la educación; la saturación de este tipo de actividad avanza colonizando cada vez más zonas de la ciudad; la proliferación de viviendas para uso turístico se extiende exponencialmente ante la ausencia de mecanismos de control efectivos; los comercios comúnmente dirigidos a la población local, como los de alimentación, viran su oferta hacia el turista, desapareciendo los de productos frescos como pescaderías, carnicerías y fruterías. Además, se comienzan a detectar fenómenos incomprensibles a simple vista, como el cierre de comercios (bajada de persiana) en las zonas más masificadas o sus alrededores porque se utilizan como almacén de otros locales (de hostelería, fundamentalmente) cuya actividad no puede desarrollarse de la manera deseada debido a la gran demanda a la que se les somete y sus necesidades de rotación de producto. Esto conlleva también el crecimiento de la sensación de inseguridad y/o riesgo en dichas zonas. En estas condiciones, un retorno económico de las mismas características sin incurrir en graves externalidades no es posible. Es decir, sustituir esta actividad de monocultivo por otra solamente se podría hacer asumiendo la misma (o mayor) cantidad de externalidades negativas. Las externalidades negativas podrían encontrarse en dos grandes grupos: las que quedan fuera de la legalidad, o aquellas que pusieran en riesgo grave la propia supervivencia del negocio en el corto plazo (como las de carácter ambiental o social que interrumpiesen considerablemente el flujo de capital). De hecho, en buena parte la expansión de este monocultivo procede de la percepción de que éste tiene mayor rentabilidad que el resto de actividades y es legítimo ofrecer facilidades a su desarrollo. Los mecanismos que facilitan su desarrollo por encima de otras opciones socioeconómicas también forman parte de la propia estructura institucional (pública y privada) del monocultivo turístico, lo cual aumenta la percepción de su gran rentabilidad y de la no necesidad de otras actividades no relacionadas con él. Por lo tanto, cuanto más avanza el proceso de profundización del monocultivo, más crece la imposibilidad de sustituirlo por otra actividad sostenible en términos económicos, ambientales y sociales. Por una parte, el imaginario colectivo e institucional se aleja cada vez
Políticas de sostenibilidad para Europa en un mundo multipolar
Una de las cuestiones más importantes de nuestra generación es si estamos viviendo un proceso de descentralización del poder a nivel global, pasando de un mundo unipolar controlado por EE.UU. hasta niveles nunca experimentados en la historia, hacia un mundo multipolar, o con diferentes focos de poder. En los últimos meses hemos podido observar que el creciente poder económico de actores no pertenecientes al oeste se está convirtiendo en poder político, debido a una confluencia de diversos motivos y actuaciones. El centro de gravedad del poder global se está desplazando desde el Atlántico Norte hacia Eurasia, dirige sus pasos hacia el Este. El creciente poder económico emergente se puede constatar mediante los datos de crecimiento del PIB en las últimas dos décadas. Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB entre 2000 y 2020 fue: China: 5,72 (veces mayor); India: 3,25; Indonesia: 2,73; Turquía: 2,62; Corea del Sur: 2,22; Rusia: 2; Arabia Saudí: 1,88; Australia: 1,77; Sudáfrica: 1,58; Brasil: 1,54; USA: 1,47; Canadá: 1,45; Argentina: 1,29; Reino Unido: 1,27; Alemania: 1,26; Francia: 1,23; Japón: 1,12; Italia: 0,98. Según las previsiones del IMF, la tendencia será parecida en 2023: India: 5.9%, China: 5.2% , Arabia Saudí: 3.1%, USA: 1.6%, Canadá: 1.5%, Japón: 1.3%, Brasil: 0.9%, Rusia: 0.7%, Francia: 0.7% Italia: 0.7%, Sudáfrica: 0.1%, Alemania -0.1%, Reino Unido: -0.3%. En lo que respecta al nuevo poder político internacional, se expresa de diferentes formas, incluso en el ámbito económico. El antiguo poder está dejando espacio para el nuevo poder. Una muestra muy significativa de ello es el proceso de desdolarización que se está produciendo. Incredible fall of the US dollar. Su participación en las reservas mundiales de divisas ha caído 7 puntos el año pasado y 22 puntos desde 2008. Según el exanalista de Morgan Stanley, Steven Jen, la participación del dólar pasó del 73% en 2001 al 55% en 2020, al 47% en 2021. Un creciente número de transacciones comerciales se está comenzando a producir en monedas diferentes al dólar, principalmente en una de las monedas de los países que intervienen en el intercambio. Compras de petróleo en monedas bilaterales, incluso de uno de los socios más importantes para el mantenimiento del sistema de dominio del dólar (petrodólar), Arabia Saudí. De hecho, China es ahora un socio más importante que Estados Unidos para el desarrollo de Arabia Saudi. Las exportaciones chinas de metales, maquinaria y equipos de transporte han desplazado a las exportaciones estadounidenses. El proceso de transición de poder es tan importante y profundo que se está institucionalizando a través de nuevos organismos. Por ejemplo, el Nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) ahora ofrece préstamos en monedas locales en lugar de dólares estadounidenses. La lista de movimientos en este sentido va creciendo semana tras semana. Si seguimos fijándonos en este banco, el cambio del poder político global también incluye el multilateralismo dentro del propio grupo de los BRICS, a pesar del mayor peso económico de China. A diferencia de organismos como el Banco Mundial, el Nuevo Banco de Desarrollo distribuye el reparto de responsabilidades en su consejo de dirección de una manera más equitativa entre sus miembros fundadores. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen todos un 19.42% de participación. Este tipo de decisiones está resultando atractivas a otros países del Sur global, que están solicitando ser aceptados en este grupo. De hecho, en los últimos tiempos hasta 19 países, incluyendo a Indonesia, Irán and Arabia Saudí están pendientes de ser aceptados en la próxima reunión del grupo. Por otra parte, algunos de los últimos movimientos estadounidenses se podrían interpretar como un reconocimiento de que algunas de sus decisiones recientes han ido claramente en contra de su dominio monetario. Parece que Estados Unidos está listo para volver a conectar los bancos rusos a SWIFT. La ONU dijo que habían comenzado las negociaciones entre Rusia y Occidente sobre la reconexión de los bancos rusos al sistema global SWIFT. Asimismo, la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha declarado recientemente «No buscamos desvincular nuestra economía de la de China. Una separación total de las economías sería desastrosa para ambos países», tratando quizás de realizar un control de daños de las últimas decisiones gubernamentales. La Reserva Federal es consciente de las ingentes cantidades de dinero que han emitido en los últimos años y del problema interno que tiene, por ejemplo, con el control de la inflación, por lo que intenta evitar por todos los medios una devaluación mayor del dólar que pueda provenir del exterior. Además, esto ocurre en un contexto en el que China está realizando ventas enormes de deuda de EEUU. En ese caso, las consecuencias económicas y sociales para el emisor de la moneda que ha sido utilizada como herramienta de control internacional y de amortiguación de desequilibrios internos, pueden ser muy graves. En relación a esta transformación del poder económico creciente de los países emergentes en poder político global, una de las esferas donde puede tener una gran influencia es en la de las políticas de sostenibilidad europeas. Este es un asunto de gran interés para el futuro debido a que la dimensión ambiental es de importancia existencial para Europa, esta define las condiciones generales que limitan y determinan la toma de decisiones del desarrollo socio-económico del continente. Comencemos por el paradigma de las políticas ambientales: la Cumbre de Río de 1992 y uno de sus resultados, la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMUNCC). El objetivo de esta institución internacional era afrontar el reto del cambio climático de manera conjunta, basada en una serie de principios muy ambiciosos: responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países – incluyendo las emisiones históricas de gases de efecto invernadero -; acuerdos legalmente vinculantes de reducción de emisiones, transferencia de capacidades, tecnología y dinero de los países primeramente industrializados a los más empobrecidos; y la utilización de sanciones en caso de incumplimientos. Todo ello basado en los más recientes conocimientos científicos ampliamente consensuados internacionalmente en una institución
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