Confrontando la crisis del coronavirus: por una Renta Básica de Pandemia, con el ejemplo de España
La crisis del coronavirus es de una escala similar, y posiblemente aún mayor, a la gran crisis de 2007-9. Su impacto podría ser decisivo en el desarrollo a largo plazo de la economía mundial por dos razones. En primer lugar, el capitalismo neoliberal financiero entró en la crisis en un estado de debilidad estructural, especialmente en los Estados Unidos. Si la ponemos en contexto, en la crisis financiera de 2008, los principales Estados nacionales tomaron medidas para rescatar las finanzas, prevenir amenazas estructurales a la financiarización y la globalización; además de cargar los costes de los ajustes a las personas trabajadoras y pobres. No es de extrañar, entonces, que los años desde 2009 a 2019 lleven los signos de un sistema social en declive, atrapado en conflictos de intereses ingestionables. Durante este período, la inversión, la producción y la acumulación de capital fueron históricamente débiles, particularmente en Europa. Aún más notable fue la debilidad del crecimiento de la productividad, a pesar de la retórica constante sobre una nueva «revolución industrial» a través de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, se mantuvieron las profundas desigualdades de la financiarización neoliberal e incluso empeoraron, ya que los ricos estaban protegidos por la maquinaria estatal. Finalmente, se hizo evidente, incluso para algunos economistas obstinadamente pro-sistémicos, que el núcleo del capitalismo global estaba estancado. En segundo lugar, los estados se han visto obligados a aplicar políticas extraordinarias debido a la diferente naturaleza de la crisis. De hecho, nunca ha habido una crisis similar en la historia del capitalismo. En este contexto extraordinario, como en otros momentos similares de la historia, hay luchas entre intereses conflictivos que implican cambios significativos en las sociedades, incluso en algunos casos, cambios de paradigma. En los últimos meses, se han mostrado signos que indicaban que los representantes del capital internacional y de los oligarcas nacionales están intentando conducir la crisis hacia sus intereses, en contra de los medios de vida de los trabajadores. La manera de evitarlo y de obtener un nuevo contrato social basado en los intereses de las mayorías social y laboral es saber qué nuevas limitaciones nos impone esta crisis y ser valientes a la hora de proponer nuevas estructuras socioeconómicas y mecanismos de convivencia. El carácter diferenciado de la crisis del coronavirus En primer lugar, los confinamientos afectaron inmediatamente al lado de la producción y a la circulación de bienes y servicios. Se produjo un impacto importante en la manufactura que interrumpió las cadenas de suministro interconectadas y el comercio internacional, reduciendo la disponibilidad de insumos. El choque fue manifiestamente más grave en el campo de la prestación de servicios, especialmente en viajes, turismo, entretenimiento, restaurantes, hoteles, pubs, etc. En segundo lugar, los confinamientos también afectaron inmediatamente al lado de la demanda mundial, al restringir el contacto social y obligar a las personas a permanecer en casa. El consumo disminuyó apresuradamente, causando un salto en el ahorro; tal vez también como respuesta a la profunda incertidumbre creada por la enfermedad y las respuestas sin precedentes de los estados. La inversión se ha desmoronado por igual, ya que las empresas dejaron de lado sus planes de inversión ante la extrema incertidumbre. En tercer lugar, los confinamientos también afectaron a las finanzas, desinflando inmediatamente las burbujas de los mercados bursátiles de todo el mundo, pero también restringiendo los flujos de capital a los países en desarrollo y aumentando la perspectiva de una crisis financiera mundial en su expresión final. Ante el desastre económico producido por el parón en la actividad, los estados nación tuvieron que responder con urgencia. El gobierno de los Estados Unidos fortaleció su hegemonía mundial mediante el suministro de dólares, pero el resto de sus intervenciones fueron mucho menos seguras. Así, suministró enormes cantidades de liquidez a la economía nacional a través de su banco central, la Reserva Federal (Fed), llevando las tasas de interés prácticamente a cero y animando a las empresas privadas a endeudarse. Dada la escasez de liquidez internacional, a medida que los flujos de capital se secaban y el comercio se veía afectado, la Reserva Federal volvió a intervenir y contribuyó con dólares a través de canjes en los bancos centrales con los que también había negociado en la crisis anterior. No sólo eso, sino que la Fed también permitió a las instituciones obtener dólares cambiando bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Además, parece que la necesidad más apremiante de dólares esta vez no se originó en los bancos europeos involucrados en transacciones especulativas con bancos estadounidenses, sino con instituciones japonesas que anteriormente habían proporcionado fondos en el mercado de pasivos titulizados de préstamos entre empresas estadounidenses. Las acciones del gobierno de los Estados Unidos indicaron que se pretendía evitar cualquier amenaza al papel del dólar como moneda mundial. El dólar se volvería aún más dominante después de la crisis. El contraste con China es notable. Las políticas económicas adoptadas por China reflejan la estructura de su economía, mucho menos financiarizada, así como su diferente equilibrio interno de poder. En lugar de depender principalmente de incentivos a las empresas privadas, el estado chino impulsó el empleo directamente a través de la movilización de empresas operadas por el estado, que siguen siendo cruciales para el núcleo de su economía. También lanzó un amplio programa de inversión pública en nuevas tecnologías, incluyendo el 5G. Aun así, el estado chino ha decidido no centrar sus esfuerzos en apoyar los ingresos personales, transfiriendo gran parte de la carga a los pobres, y se ha inclinado proporcionalmente menos en el suministro de crédito a través del banco central. La crisis económica es, sin duda, grave en China, pero el resultado es más leve en términos de desempleo y acumulación de capital. El contraste con la UE es igualmente fuerte. En la UE, la crisis fue afrontada, en gran medida, de forma independiente por cada estado nación, sin coordinación alguna. Para los estados de la UE que forman parte del euro, la respuesta monetaria fue dictada por el Banco Central Europeo (BCE), que inicialmente fue reacio a proporcionar liquidez barata y abundante, pero finalmente introdujo su Programa de Pandemia, que la ofreció de manera abundante. Es esencial tener en cuenta que el programa contraviene los
Criterios ESG para condicionar la recuperación de la UE
En el contexto de la crisis de Covid-19, es muy previsible que los estados miembros europeos gasten e inviertan grandes sumas de dinero público. Parte de ese dinero se destinará a fortalecer los sistemas de salud y protección social, y la otra parte se empleará para apoyar la recuperación social y económica. De hecho, tanto la UE como sus países miembros han comenzado a elaborar sus planes de recuperación, que se aplicarán por fases a medida que se relaje el bloqueo. El uso de la condicionalidad en la crisis de Covid-19 En relación con la protección social de los grupos más vulnerables afectados por el confinamiento y que podrían verse afectados por la reducción previsible de la actividad en etapas posteriores, en algunos países (por ejemplo, España) se están considerando ingresos básicos temporales. Dicha provisión de ingresos tendrá un triple objetivo: primero, garantizar condiciones materiales de vida; segundo, evitar la propagación de la pandemia al reducir la presión para salir de casa buscando medios de subsistencia; y tercero, sostener el consumo interno. El acceso a este ingreso básico está sujeto a una serie de condiciones como: ser parte de la población activa, el nivel y el período de pérdida de ingresos, la riqueza personal, la estructura familiar y otras variables sociales.La condicionalidad también se vincula a la ayuda a las empresas que se enfrentan a una reducción de su actividad. En Canadá[1], Dinamarca, Francia y Polonia[2], por ejemplo, a las empresas registradas en paraísos fiscales no se les permitirá acceder a la ayuda pública que se otorga para proteger el suministro de bienes y servicios a nivel nacional, proteger empleos y mantener ingresos fiscales. En Portugal, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna medida concreta, tanto el gobierno como la oposición han argumentado públicamente que los bancos no deberían obtener ganancias durante los años 2020 y 2021, y que deberían aumentar la provisión de crédito para apoyar a la economía a cambio de los rescates que recibieron después de 2008.Este último caso apunta al sesgo principal de las políticas de recuperación después de 2008, que fue el de omitir la condicionalidad en la transferencia de dinero público a agentes «demasiado grandes para quebrar» (corporaciones financieras, de seguros e inmobiliarias, FIRE en sus siglas en inglés). Los precios de los activos del sector FIRE se tranquilizaron a través del nuevo endeudamiento asumido por los estados y los hogares, que impuso pocas o ninguna restricción relacionada con la responsabilidad social, ambiental o de gobierno. Esto ha tenido un gran impacto negativo en forma de desigualdad, crisis ambientales, corrupción, falta de transparencia y control público, y a su vez, un gran daño a la legitimidad democrática. Condicionalidad basada en criterios ESG En un escenario de -3.8% del PIB en la UE en el primer trimestre de 2020, los gobiernos deberían intentar reactivar el suministro de bienes y servicios, evitar la destrucción del tejido productivo y sentar las bases para un nuevo modelo de producción más resistente. Las consecuencias de esta crisis favorecerán una relocalización y reindustrialización de las economías europeas para reducir la dependencia de las cadenas de suministro mundiales, especialmente en los sectores más sensibles para la seguridad interna (salud, alimentos, energía, etc.).Como se mencionó anteriormente, en general, los estados-nación comenzarán a aplicar la condicionalidad a la concesión o el uso de dinero público de manera generalizada dentro de sus fronteras, ya sea en la provisión de ingresos directos a la población u otros tipos diferentes de ayuda a empresas y bancos. Las sumas de este gasto serán muy altas, por lo que debe ser alto el grado de responsabilidad exigido a los agentes que reciben este dinero, especialmente los más poderosos. La responsabilidad no solo debe exigirse como una condición a corto plazo hasta que se haya superado la crisis, sino como un conjunto permanente de condiciones que permitan la generación de modelos de producción-consumo más resilientes y sostenibles. En los últimos años, los criterios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) se han convertido en parte del vocabulario habitual de los inversores institucionales, tanto públicos como privados. El enfoque ESG es un sistema de evaluación del impacto de las prácticas empresariales desde una perspectiva ambiental, social y de gobernanza (ESG).Ekona, en base a estas premisas generales, ha desarrollado un sistema de Certificación ESG que apunta a la economía real, incluido el sistema de las PYMEs. Su objetivo es evaluar el compromiso con la responsabilidad de las empresas. La certificación proporciona una medición objetiva de un conjunto representativo de variables asociadas a las áreas ambiental, social y de gobierno de las empresas, que produce un indicador compuesto. Este modelo permite, por un lado, medir el desempeño actual en responsabilidad ESG, y por otro lado, la detección de posibilidades de desarrollo estratégico con respecto a la responsabilidad ESG. La ventaja de este modelo en comparación con los informes autodeclarativos de responsabilidad social corporativa (RSC) radica en su medición objetiva y la ausencia de conflictos de intereses. Como se muestra en la Figura, este modelo permite a los proveedores de fondos públicos y privados identificar empresas responsables a través de la calificación obtenida en el proceso de certificación. Con esta información, las administraciones públicas pueden dirigir su esfuerzo a través de la contratación pública u otra ayuda, lo que los coloca en una posición de influencia muy ventajosa para mejorar la responsabilidad de la economía[3]. Figura. Modelo de Certificación ESG Fuente: elaboración propia Precisamente en el período anterior a la crisis de Covid-19, el uso de los criterios ESG estaba creciendo rápidamente, ya que el cambio climático estaba generando presión pública para que las administraciones públicas y el sector privado actuaran en consecuencia. De hecho, las cuestiones ESG están pasando rápidamente del campo de la inversión de impacto a la práctica convencional de inversión, a medida que los riesgos climáticos se vuelven cada vez más evidentes. Actualmente, el mercado de inversión responsable global tiene un tamaño de varios miles de millones de euros, y está creciendo a una tasa anual de dos dígitos,
Sobre fortaleza y debilidad, sobre arrogancia e ignorancia
Expliquemos el mito de que una economía excedentaria es buena y una economía deficitaria es mala. La zona euro funcionará sólo si los países con déficit (Sur) pueden pedir prestado para mantener el comercio de los países con excedentes (Norte). Es estúpido y arrogante pensar lo contrario. Somos los fuertes, los otros son los débiles. El mantra holandés-alemán no solo es arrogante, además es estúpido. Quien lo pronuncia sólo muestra que no tiene la más mínima idea de cooperación entre las naciones. «Donde hay necesidad, la insensatez se convierte en sabiduría», dijo una vez Niccolò Machiavelli, y tenía razón. En tiempos de necesidad, muestra quién es el hijo de con buen corazón, en quién se puede confiar y en quién no se puede confiar. También muestra quién tiene la capacidad intelectual de saltar sobre su propia sombra y cuestionar sus propios dogmas. Alemania, los Países Bajos y Austria sólo están demostrando que no tienen esa tontería que se convierte en sabiduría. Y esto tendrá consecuencias nefastas. Para saber exactamente de qué hablamos, sólo tiene que escuchar la entrevista que el Ministro Federal de Economía, Peter Altmaier, le dio a Deutschlandfunk el jueves 9 de abril. En ella deja claro nuevamente que sólo aquellos en Europa «que realmente han hecho un esfuerzo en los últimos años” ahora pueden tener la oportunidad de pedir prestado el dinero que necesitan para combatir la crisis del Covid-19 sin ningún problema y sin ningún recargo de intereses. Altmaier dijo literalmente: “El estado … todos somos parte de él. Pero juntos, al adherirnos al freno de la deuda, al consolidar las finanzas públicas en los últimos años, hemos creado las condiciones para poder tener dinero a nuestra disposición ahora, para que podamos aumentar temporalmente el gasto gubernamental de manera significativa a fin de salvar empresas, para salvar empleos, para salvar la prosperidad de este país”. Lo que, por el contrario, sólo puede significar que «los otros», que no han hecho exactamente eso, no pueden disponer de dinero porque no lo tienen. No han creado las condiciones para salvar su economía. Y los medios alemanes, como no podía ser de otra manera, se han subido a este carro del gobierno. En un programa especial de la cadena de televisión estatal alemana ZDF esta semana pasada, se habló repetidamente de los países «más débiles» del Sur y los «económicamente fuertes» del Norte, que se supone que son responsables de los débiles. ntv tuvo el descaro de hablar sobre los «adictos al crédito» del sur. Pero también DIE ZEIT dijo que los países mantenidos a flote por el BCE podrían «caer en bancarrota» si las tasas de interés no permanecen permanentemente bajas. La lógica débil de lo «fuerte» «Débil» y «fuerte» parecen ser categorías casi naturales. Los países débiles son aquellos que no han logrado consolidar sus presupuestos nacionales y reducir su deuda pública desde la crisis financiera de 2008/2009. Y esto a pesar del hecho de que un país como Italia ha hecho mayores esfuerzos para ahorrar dinero que cualquier otro país europeo. «Fuertes» son aquellos que, como Austria, los Países Bajos y Alemania, han aprovechado los «buenos tiempos» para prepararse para una emergencia como la actual. Todo esto, para decirlo sin rodeos, es la visión alemana, que se reduce a una visión de túnel, que no tiene absolutamente nada que ver con la lógica macroeconómica y, por lo tanto, nada que ver con la realidad de la Unión Monetaria Europea (UEM). Al mismo tiempo, es un testimonio impresionante de pobreza intelectual. El error subyacente son los años de rechazo por parte de los responsables políticos alemanes, y gran cantidad de medios alemanes, para reconocer la importancia y las consecuencias de los excedentes de cuenta corriente de Alemania. Después de todo, si es posible o no reducir el déficit público depende casi exclusivamente de si es posible o no acumular superávit en cuenta corriente en las actuales circunstancias económicas mundiales. Es precisamente en este punto que existe una restricción lógica en la forma de un juego de suma cero, porque no todos los países del mundo pueden registrar excedentes de cuenta corriente al mismo tiempo. Tampoco puede la UEM en su conjunto acumular enormes superávits en cuenta corriente, ya que provocaría reacciones en el resto del mundo, especialmente en los Estados Unidos. El Euro apreciaría su valor y evitaría una estrategia de superávit en cuenta corriente en la escala que Alemania y los Países Bajos lo han estado aplicando durante años. El hecho mismo de que cada país excedente necesariamente necesite países deficitarios es una razón por la cual la arrogancia de los países excedentes está completamente fuera de lugar. La clasificación de fuerte y débil es estúpida desde el principio. La misma lógica se aplica al argumento sobre la competitividad. La gente dice que los países del Sur han perdido competitividad y fingen que todo es culpa suya. Cualquiera que haya entendido que la UEM no puede tener excedentes persistentes por cuenta corriente con respecto al resto del mundo también comprende cuán vacía es la idea de que dentro de la UEM todos los países podrían y deberían haber mejorado su competitividad. Esta idea no se ha vuelto más lógica a lo largo de los años, a pesar de que la mayoría de los políticos alemanes la ha repetido como un mantra, sobre todo Angela Merkel, y pese a que fue y sigue siendo considerada seriamente una estrategia económica para Europa. Es precisamente porque, por razones lógicas, no todos los miembros de la UEM pueden ser más competitivos conjuntamente que los miembros del norte de la UEM necesitaban la pérdida de competitividad de los miembros del sur; de lo contrario nunca habrían podido aumentar su propia competitividad tan enormemente. ¿Y cómo fue eso posible? Contrariamente a las reglas económicas de la UEM, los países del norte no aumentaron sus salarios tanto como hubiera sido apropiado en vista del objetivo de inflación acordado conjuntamente. Si todos los países hubieran intentado seguir la misma política de restricción salarial
Esta crisis ha expuesto los absurdos del neoliberalismo. Eso no significa que lo destruirá
El shock del coronavirus ha sacudido los mercados bursátiles del mundo, imponiendo la necesidad de rescates masivos estatales. Pero las medidas para hacer frente a la crisis corren el riesgo de estimular un capitalismo controlado por el autoritarismo, uno que proteja los intereses corporativos mientras descarga los costos al resto de nosotros. La emergencia de salud pública de COVID-19 se ha convertido rápidamente en una crisis en el núcleo de la economía mundial, que también amenaza a los países en desarrollo en la periferia. Ha cambiado el equilibrio entre el estado y el mercado, exponiendo una vez más el vacío de la ideología neoliberal. Esta crisis económica arroja una luz dura sobre el capitalismo contemporáneo, y es probable que resulte aún más importante que el golpe a la salud pública. De hecho, esta crisis tiene raíces más profundas, en el funcionamiento enfermo del capitalismo financiero y globalizado durante la última década. La Gran Crisis de 2007–9 puso fin a la «era dorada» de las finanzas de los años 1990 y 2000, y los años que siguieron estuvieron marcados por un pobre crecimiento en el núcleo de la economía mundial. La rentabilidad fue débil, el crecimiento de la productividad fue bajo y la inversión no mostró dinamismo en absoluto. Las finanzas también estaban en problemas, exhibiendo una rentabilidad más baja y ninguno de los dinamismos extraordinarios de la década anterior. Donde la crisis históricamente sin precedentes de 2007–9 marcó el pico de la financiarización, la igualmente novedosa crisis del coronavirus cristaliza su deterioro. Por supuesto, el estímulo inmediato de la crisis se debe a las acciones de los estados-nación frente a la epidemia. Al haber ignorado inicialmente la emergencia médica, varios estados bloquearon frenéticamente países enteros y áreas geográficas, restringiendo los viajes, cerrando escuelas y universidades, etc. Esto golpeó duramente a las economías centrales ya debilitadas al inducir un colapso total de la demanda, interrupción de las cadenas de suministro, caída de la producción, millones de despidos de trabajadores y pérdida de ingresos corporativos. Todo esto provocó una caída en picado sin precedentes de los principales mercados de valores y las condiciones de pánico en los mercados monetarios. Es como si la Peste Negra del siglo XIV hubiera protagonizado un regreso, y las sociedades del siglo XXI respondieran con una mezcla similar de miedo ciego y aislamiento de las comunidades. Sin embargo, la peste mató a un tercio de la población de Europa cuando sus estados eran pobres y atroces monarquías feudales. En contraste, el coronavirus parece tener una baja tasa de mortalidad y ha golpeado a los estados capitalistas avanzados de logros tecnológicos incomparables. Ya existe un intenso debate entre los epidemiólogos sobre si el bloqueo total fue una respuesta adecuada y sostenible, o si los estados deberían haberse centrado en pruebas intensivas de la población. No corresponde a los economistas políticos evaluar las políticas epidemiológicas. Pero hay pocas dudas de que las reacciones de varios estados y el consiguiente colapso de la actividad económica son de una pieza con la naturaleza fundamentalmente defectuosa del capitalismo financiero neoliberal. Un sistema económico basado en la competencia y en la búsqueda de beneficios, ambos garantizados por un estado poderoso, demostró ser incapaz de lidiar con calma y eficacia con un shock de salud pública de gravedad desconocida. Varios países avanzados carecían de la infraestructura básica de salud para tratar a quienes se enfermaron gravemente, a la vez que carecían de equipos para evaluar a la población a gran escala y proteger a los que tenían más probabilidades de contraer la enfermedad. Además, el bloqueo y el aislamiento generalizado de grandes sectores de la sociedad tienen implicaciones muy graves para los trabajadores asalariados, así como para los sectores más pobres, más débiles y más marginales. Las repercusiones mentales y psicológicas también serán devastadoras. La organización social del capitalismo contemporáneo demostró ser disfuncional incluso desde el punto de vista de la ingeniería.Sin embargo, igualmente sorprendentes han sido las acciones de los estados poderosos después de que la magnitud del colapso económico en desarrollo se hizo evidente. En marzo, los bancos centrales de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón realizaron inyecciones masivas de liquidez y redujeron las tasas de interés a cero, intentando estabilizar los mercados bursátiles y mitigar la escasez de liquidez. La Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, anunció que compraría volúmenes ilimitados de bonos del gobierno e incluso bonos corporativos privados recién emitidos. Mientras tanto, los gobiernos de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros lugares planearon expansiones fiscales masivas, tomando la forma de préstamos y garantías de crédito para empresas, subsidios de ingresos para los trabajadores afectados, aplazamientos de impuestos, aplazamientos o subsidios de la seguridad social, vacaciones de reembolso de la deuda, y así. En un movimiento extraordinario, la administración Trump anunció planes para proporcionar $ 1,200 por adulto, o $ 2,400 por pareja, con pagos adicionales para los niños, comenzando por las familias más pobres. Este desembolso fue parte de un paquete que podría exceder los $ 2 billones, aproximadamente el 10 por ciento del PIB de los EE. UU., Proporcionando además $ 500 mil millones en préstamos a empresas afectadas, $ 150 mil millones a hospitales y trabajadores de la salud, y $ 370 mil millones en préstamos y subvenciones. a pequeñas y medianas empresas. En un movimiento igualmente extraordinario, el gobierno Tory de Gran Bretaña declaró efectivamente su intención de convertirse en el empleador de último recurso al pagar hasta el 80 por ciento de los salarios de los trabajadores, si las empresas los mantuvieron en su nómina. Estos pagos valdrían hasta un máximo de £ 2,500 por mes, justo por encima del ingreso medio. No contento con esto, el gobierno británico también nacionalizó efectivamente los ferrocarriles durante seis meses y se habló de nacionalizar las aerolíneas. Solo unos días antes, incluso los académicos de izquierda habrían considerado estas medidas como radicales. Los shibboleths de la ideología neoliberal de las últimas cuatro décadas se hicieron a un lado rápidamente, y el
Coronabonos, de entrada, no
Nuevamente, la crisis del covid-19 ha hecho emerger las debilidades de la Eurozona. Ante el gasto extraordinario que los diferentes países tendrán que hacer para afrontar la crisis, la pregunta vuelve a ser, como en 2010: ¿esto como se paga? O más concretamente, ¿esto quién lo paga? Ante esta pregunta ya empiezan a salir diferentes propuestas con diversos mecanismos para compartir los costes en mayor o menor medida. Pese a que Peter Altmaier (ministro de economía alemán) ya los ha descartado, alrededor de estas propuestas vuelve a emerger el concepto de eurobonos, un significante vacío que para unos quiere decir una cosa y para otros, una muy diferente. Tradicionalmente, desde la izquierda europeísta, el concepto se considera progresista y ya se ha producido una recogida de firmas para pedirlos, con un texto tan poco concreto que no se pueden saber las implicaciones de lo que se firma, abriendo la puerta a propuestas que no harían más que profundizar en la crisis. A fecha de hoy, tres propuestas parecen imponerse en el debate, el resultado del cual marcará el futuro de la vida de decenas de millones de personas en Europa. La primera propuesta es que el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE, informalmente, el «fondo de rescate europeo») financie el esfuerzo de la crisis con el dinero que tiene disponible (410.000 millones de euros) a través de una línea de crédito para aquellos países que lo soliciten y emita nuevos bonos en caso de necesitar más recursos, cosa probable. Esto implicaría que los países que lo necesiten deberán de solicitar un préstamo al MEDA, asociado a un MoU, documento de compromisos macroeconómicos, como los que han servido para imponer la austeridad hasta ahora. El Eurogrupo del marte llegó al acuerdo que esta sería la forma de financiar a los países que lo necesiten e Italia y España ya se preparan para pedir préstamos. Pese a que, desde el actual estado de ánimo solidario, se afirma que estos créditos se ofrecerían sin condiciones, el artículo 7 del reglamento 472/2013, que regula la supervisión económica de los estados miembros permite al Consejo Europeo cambiar las condiciones del préstamos sólo con una mayoría cualificada (55% de los países, 65% de la población) si considerara que els Estado que ha pedido el préstamo se está desviando de los objetivos macroeconómicos de reducción de deuda. No resulta difícil pensar que esto podría suceder cuando las cosas volvieran a una relativa normalidad, dado que los niveles de endeudamientos de Italia, España, Portugal o Grecia son muy elevados y cualquier pequeño desvío podría servir de excusa a los países más ortodoxos de la eurozona para imponer recetas drásticas de reducción de deuda. Hay que recordar que estos estados gozan de mayoría y podría tomar la decisión de intervenir los países que hubieran firmado estos MoU. En definitiva, esta propuesta equivale a un rescate como los practicados durante la crisis financiera de la cual aún nos estamos recuperando, con la única diferencia de la buena voluntad inicial de ofrecer buenas condiciones. Por esto, esta propuesta es un peligro enorme para países como el nuestro y absolutamente inaceptable. La segunda propuesta sería que los Estados miembros emitan bonos soberanos con vencimientos de 50 o 100 años o, incluso, perpetuos (sin vencimiento) a tipos de interés próximos a 0%, por ejemplo, del 0,5%. Estos bonos, pese a ser emitidos por los estados, estarían garantizados por la autoridad fiscal europea, o sea, por el presupuesto de la Eurozona, que tendría que ampliarse en un futuro próximo para dar credibilidad a estos bonos. Nueve Estados miembros de la Eurozona acaban de realizar una llamada para lanzar una iniciativa de este tipo. Tal propuesta es más interesante que la anterior, pero nos mantiene sin embargo dentro del marco monetarista neoliberal. La teoría monetarista, ya demostrada como falsa, es la teoría que hay detrás de la idea que los estados no deben de gastar demasiado, ni intervenir en la economía y mucho menos si lo hacen con sus propias monedas y sus propios bancos centrales, porque provocan aumentos de la inflación. Es la teoría que promovió los tratados que han impuesto l austeridad en Europa, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, han justificado el férreo control de los déficits y han forzado un retroceso del estado del bienestar en las últimas décadas. También es esta teoría la que ha fundamentado la doctrina anti-inflación de bancos centrales como el Bundesbank o el BCE que tienen prohibido financiar déficits públicos y ha servido para imponer la independencia de la mayoría de bancos centrales occidentales que han sido expropiados a los ministerios de Hacienda y Economía, poniéndolos al servicio del sector bancario privado. Así pues, esta propuesta, pese a ir asociada a menos ataduras de austeridad, admite que son los mercados los que deben de dar permiso a los estados para financiar el esfuerzo para salir de la crisis, dado que serían estos mercados los que comprarían la deuda emitida y permitirían al BCE no hacerse cargo de forma discrecional e indefinida del esfuerzo de la crisis. Equivaldría, en definitiva, a aumentar la deuda a través de mecanismos de mercado. Es cierto que estos «activos seguros» que serían los eurobonos podrían servir para romper la dependencia entre los bancos y el sector público de un mismo estado, permitiendo una mayor internacionalización bancária y así una mayor integración de los mercados europeos. Sin embargo, es muy discutibles que necesitemos mayor globalización financiera y más mecanismos de mercado para poder financiar este esfuerzo de crisis. Y también es muy peligroso utilizar las presiones de la crisis para asociar la suerte del proyecto de integración de la UE a la resolución exitosa de la crisis. Resumiendo, en nuestra opinión, la emisión de eurobonos en el mercado legitimaría este marco teórico neoliberal que deberíamos de enterrar para siempre. Esta propuesta, además, continúa alejando las herramientas económicas con las que cuentan los estados de su ciudadanía, cosa que ahondaría el déficit democrático que ya sufrimos en Europa. Finalmente, la tercera y
No es necesario emitir deuda para acabar con esta crisis
La expansión del Covid-19 está llevando a la mayoría de países desarrollados a una crisis similar a la de 2008. El primer reto al que nos enfrentamos es encontrar la manera de volver a los niveles de actividad económica habitual. Esto pasa inevitablemente por encontrar una solución a la crisis sanitaria y, por tanto, hace necesario que todos los Estados movilicen el máximo de recursos posibles para detenerla. Necesitamos, de manera urgente, dotar a los servicios de salud pública de recursos materiales, humanos, tecnológicos, etc., de forma masiva, sin pensar en la factura, solo en las necesidades, y adaptar nuestro sistema de salud para tratar a enfermos críticos en cantidades inimaginables hasta ahora. En paralelo, la parada de la actividad económica nos llevará a una bajada repentina de la demanda que reducirá enormemente los ingresos de los autónomos, las empresas, los trabajadores y que imposibilitará pagar nóminas, suministros, alquileres y deudas. En paralelo, el Estado sufrirá una disminución de ingresos fiscales y un incremento de los gastos: en sanidad, investigación y desarrollo, prestaciones de desempleo y otros estabilizadores automáticos y políticas discrecionales de compensación social a los colectivos y empresas más damnificados. Para evitar una espiral negativa mucho más devastadora que la crisis del 2008, y las políticas que ayudaron a agravarla, necesitamos actuar en muchos frentes: garantizar unos ingresos mínimos a la ciudadanía (una renta básica de pandemia); liquidez a las empresas y a las entidades financieras; decretar una moratoria de contratos (de alquiler, hipotecarios, préstamos…); bonificar gastos de suministros o contribuir a pagar los salarios para evitar despidos. Todo ello supone un gasto masivo, muy superior al rescate bancario que nos llevó al cambio del artículo 135 y el rescate europeo. Y para ello, necesitamos usar todas las herramientas de las que dispone la UE. Para financiar el masivo gasto necesario, hace falta que el BCE facilite a los Estados la posibilidad de hacer gasto anticrisis, por lo que debe transferir los recursos necesarios sin generar deuda ni imponer condiciones. Dicho de otro modo, esto equivale a que esta institución cree dinero de la nada y lo ponga, incondicionalmente, en manos de los Estados, sin contabilizarlo como déficit ni sumarlo a obligaciones futuras. Hacer un quantitative easing fiscal que gestionen los Estados es la manera de que se puedan repartir los costes de la crisis de manera equilibrada. En el contexto actual, esta creación incondicional de dinero es una de las pocas (y más potentes) herramientas de las que disponemos para evitar una devastación socioeconómica propia de tiempos de guerra. No es aceptable que, como insinuó Christine Lagarde, el BCE abandone el “whatever it takes” (el compromiso de Draghi de que el BCE haría “lo que sea necesario” para salvar el euro) y pase a afirmar que “el BCE no está aquí para reducir las primas de riesgo” de la deuda de los países –estas están subiendo en los países de la periferia de la eurozona, en especial la de Italia– y que “hay otros instrumentos para ello”, refiriéndose a la posibilidad de que el gobierno italiano pida un rescate al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), a cambio obviamente de las habituales reformas neoliberales. Esto ya se empezó a discutir el viernes pasado en una teleconferencia entre los ministros, según informa el Financial Times. Este cambio de posicionamiento político del BCE ha sido interpretado a la perfección por los inversores, que ya presionan al alza las primas de riesgo de los países periféricos al alza. No es extraño, pues, que encuestas recientes muestren que el 88% de los italianos considera que la UE no les ayuda en esta crisis y que casi un 67% crea que formar parte de ella es una desventaja. Si esto continúa, Italia se puede encontrar ante el riesgo de quiebra. Para evitarlo, ya está emergiendo el relato de que hay que emitir un bono comunitario de deuda para crear una fiscalidad comunitaria como salvación. Como ya se ha dicho, no hay que emitir deuda para salir de una situación tan grave como la actual, sino que las instituciones con capacidad de emisión de dinero sencillamente han de crear el dinero de la nada y transferirlo a los Estados. Si las élites europeístas intentan aprovechar esta situación de crisis para forzar más grados de integración europea mediante la creación de una fiscalidad común, corremos el riesgo de que una nueva crisis del euro se desencadene. Por lo tanto, para evitar una repetición de la crisis de deuda que sufrieron nuestros países en el período 2010-12, debemos tener claro que un bono de deuda no es necesario en estos momentos. Si la presión sube en Italia, el contagio de España será inmediato. De hecho, este lunes, en la reunión del Eurogrupo, Italia y España pidieron poder usar los 410 mil millones de euros disponibles en el MEDE de forma incondicional para afrontar la crisis, pero la propuesta fue rechazada. De momento, el acuerdo en la UE es destinar un exiguo 1% del PIB de gasto añadido y un 10% de garantías de crédito y aplazamientos de impuestos, siempre “dentro de las normas presupuestarias de la UE y respetando la sostenibilidad financiera a medio plazo”. Esta es la lógica de los paquetes anticrisis que han anunciado los gobiernos hasta el momento y que no serán suficientes. Si la UE no hace un giro de 180 grados y garantiza que los Estados tengan total libertad para afrontar la crisis, esta será su fin. Así pues, es altamente probable que, como ocurrió en 2008, la expansión de la crisis de Covid19 sirva de detonador de las debilidades institucionales del euro. Las palabras de Lagarde la semana pasada y la decisión del Eurogrupo del lunes nos dan razones para el pesimismo en el medio plazo. Algunos Estados miembros ya han tomado, y otros deberán prepararse para ello, decisiones excepcionales, lejos de la ortodoxia neoliberal que ha gobernado la UE las últimas décadas. En España, es conveniente que se active una mesa de diálogo social, con fuerzas políticas y
El impacto del coronavirus y las posibilidades transformadoras de la respuesta
En los últimos días muchas sociedades en todo el mundo se encuentran en estado de ‘shock’ por las medidas que se están tomando para combatir la propagación del virus Covid-19. La enfermedad amenaza con colapsar los sistemas de salud por la velocidad con la que se contagia, lo que podría provocar males mayores y poner en riesgo la población que necesitara ser atendida por otras causas. Las medidas de contención y mitigación del contagio van en la dirección de reducir a la mínima expresión nuestras interacciones personales, lo que supone detener la economía. Ya se ha declarado el estado de alarma y el paro general para confinar a la población. Sólo servicios básicos como los de la alimentación y la salud quedarán abiertos durante este periodo. La pregunta del millón es ‘¿qué consecuencias económicas puede tener este paro?’. La necesaria intervención del sector público ante la crisis Aunque ha habido interrupciones importantes en los suministros que vienen de China y se han parado algunas cadenas de valor globales, el problema principal lo puede causar la falta de demanda que provoque la pérdida de ingresos y la subida del paro que se producirá en este periodo de parada. ¿Por qué una falta de demanda temporal puede multiplicar sus efectos y provocar problemas mayores? Porque entramos en esta nueva crisis pisando sobre los cimientos que nos dejó la mala resolución de la anterior crisis: un mercado laboral devaluado y temporalizado; unos balances financieros frágiles tanto de las familias (a pesar de haberse reducido el endeudamiento hipotecario, éste sigue siendo muy alto), como de las empresas no financieras y de los bancos; una inversión extranjera en caída pronunciada desde finales de 2018; y una gran dependencia del turismo, un sector que quedará tocado durante meses o años. La única manera de evitar que el choque se convierta en una crisis económica más profunda es que el sector público intervenga con contundencia para que las pérdidas no se multipliquen. El principal riesgo de estas situaciones es que se tarde demasiado en actuar y que las medidas que se tomen sean demasiado graduales y generen poca confianza. Podríamos decir que, de alguna manera, la crisis económica que puede generarse tiene algunas semejanzas con la propagación del virus, en cuanto a evolución sistémica: comienza con un evento puntual y localizado, que se difunde y genera un efecto contagio o efecto dominó . Si se detiene en las primeras etapas, puede quedar en un impacto menor, pero si se deja crecer, como comprobamos en 2008 cuando se dejó caer Lehman Brothers, el problema se puede volver masivo. Ya hemos tenido los primeros ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas con las medidas que ha propuesto el gobierno español. El presidente Sánchez expresó al estilo de Draghi (en referencia a su histórica intervención del julio del 2012 en la que detuvo la especulación contra el euro afirmando que harían lo que fuera necesario para salvar el euro), que “haremos lo que haga falta, donde haga falta, cuando haga falta”. Pero esta afirmación vino acompañada de momento de medidas tímidas: una inyección de 3.800 millones de euros extras para Sanidad, y 14.000 millones de euros destinados a moratorias y aplazamientos de los pagos de impuestos y las cotizaciones por parte de empresas y autónomos, líneas de crédito para empresas, mayor cobertura de la baja por enfermedad y ayudas para los que dejen de trabajar para cuidar a sus hijos durante el cierre de escuelas. La razón subyacente de esta timidez, como siempre, es la razón de estado de la Unión Europea: el cumplimiento con los objetivos de déficit y la reducción de la deuda. Devolver la confianza en la gestión pública El sector de la Salud se enfrenta a un gran reto, que necesitará todos los medios disponibles, públicos y privados, para poder aumentar la capacidad de atender a la población. La situación se corresponde, de alguna manera, a la de estado de guerra. El gobierno debería invertir según las necesidades de cada momento y en exceso, y no según las restricciones presupuestarias o las limitaciones de déficit. La historia nos dice que el endeudamiento público (o monetización del déficit) en estos momentos críticos de la historia permite al sector público asumir el liderazgo para coordinar e impulsar la economía y evitar que la sociedad se degrade por el miedo y el impacto de la crisis en la salud y la economía. Para ello, los gobiernos deben transmitir que nadie quedará desamparado. Es normal que la gente no confíe en las autoridades públicas en el neoliberalismo, porque lo que se ha transmitido durante las últimas décadas es que estamos solos frente a nuestro éxito o nuestro fracaso. La digestión de la crisis del 2008 fue muy dura y la falta de confianza en el sistema y en la política no ha parado de crecer desde entonces. Esta falta de confianza es lo primero que se debe abordar. En cierto modo, esta es una oportunidad del Estado para recuperar la confianza de la población, perdida de forma acusada a partir de 2008. La confianza sólo se puede recuperar combatiendo el miedo con protección. Y ésta no puede ser de tipo retórico o posmoderno, que es lo que caracteriza la política en el neoliberalismo postcrisis. Debe ser material: garantizando con medidas económicas masivas que la población no estará sola ante lo que ocurra. Convertir el miedo en potencial transformador En paralelo al miedo generalizada de estos días, personalmente, he percibido muestras grandes de fraternidad, de necesidad de compañía y de formar parte del colectivo. Y no sólo de amigos y familiares, sino también de desconocidos con quienes hemos intercambiado sonrisas, palabras cariñosas y de apoyo en situaciones cotidianas. El miedo tiene estas cosas: por una parte nos puede aislar y separar, pero si conseguimos que no nos bloquee y nos damos cuenta de que todos lo estamos sufriendo al mismo tiempo, nos puede unir, y esto puede ser transformador. Los gobiernos deben entender esta fuerza social latente y
Comercio de Impacto Positivo
El pequeño comercio tiene externalidades positivas como: Tener un papel fundamental a nivel social y urbanístico, además de económico. No afectar negativamente el medio ambiente por no exigir el uso de coche privado para desplazarse a comprar y no contribuir a aumentar la polución. No incrementar los costes de la administración pública exigiendo la construcción de accesos y viales, y la intensificación de las tareas de mantenimiento de la red viaria a causa de su sobreutilización. Descargar informe
ESG: una estrategia para afrontar la transición industrial verde
El modelo ESG puede jugar un papel muy importante al encontrar respuestas en los grandes dilemas ambientales de nuestra época. La movilización de las estructuras socioeconómicas para una transición ecológica responsable requiere instrumentos financieros que lo agilicen y permitan que la transición llegue a los lugares que más lo necesitan. El enfoque ESG surgió como un sistema de evaluación de prácticas empresariales en los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) promovido por inversores activistas preocupados por el impacto de sus inversiones. Ahora evoluciona rápidamente, puesto que el cambio climático genera presión pública porque actúen la administración pública y el sector privado. De hecho, las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están pasando rápidamente del campo de la inversión de impacto a la práctica convencional de inversiones, puesto que los riesgos climáticos se hacen cada vez más evidentes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a menudo se argumenta en el entorno de la inversión institucional, podrían proporcionar un marco ESG general para las inversiones sostenibles. La proliferación de proveedores ESG refleja la importancia creciente de los riesgos ambientales para los inversores institucionales. En efecto, la E (de Environmental, ambiental en inglés) es la protagonista en la estructura de incentivos. Los inversores se enfrentan ahora a amenazas de acciones legales por no haberse protegido contra el riesgo climático, tanto el riesgo físico que los acontecimientos climáticos afectaran el rendimiento de su actividad, como los riesgos de la transición relacionados con que la regulación climática pueda reducir la rentabilidad o aumentar la exposición a problemas de estabilidad financiera. Por otro lado, se estima que los planes nacionales para enfrentar la transición ecológica pueden generar de manera colectiva oportunidades valoradas en decenas de billones de dólares en inversiones inteligentes en todo el mundo. Inicialmente, los datos de ESG se utilizaban solo para recopilar las valoraciones de empresas y para animarlas a implicarse más sistemáticamente en la aplicación de ESG. Más recientemente, varias agencias de evaluación han empezado a proporcionar calificaciones ESG en los países, de forma que se pueden aplicar a las obligaciones gubernamentales. Las clasificaciones ESG por administraciones públicas implican el control de las reglas, las leyes y las políticas que promueven o impiden la sostenibilidad, proporcionando una escala de calificación equivalente a la ofrecida por la Agencia Aequum ESG que va desde A + (muy buen rendimiento a la mayoría de las novedades de ESG) hasta D (bajo rendimiento). La Agencia Aequum ESG ofrece sistemas de calificación, no solo para empresas, sino también para la administración pública en el Estado, de cara a prestar un servicio que le sirva para afrontar con garantías el reto de la transición verde.
Digitalización socialmente inclusiva
La digitalización implica riesgos y oportunidades para la economía. Saber aprovechar estas últimas para mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras es un reto importante para el conjunto de los agentes sociales y las instituciones. Las economías de plataforma han ganado una importancia capital en los últimos 10 años. Éstas están sustituyendo gradualmente a las grandes empresas creadas a mediados del siglo XX. Del mismo modo que grandes empresas como General Motors contribuyeron a definir el contrato social de postguerra a través de los beneficios sociales pactados con los sindicatos para sus trabajadores y su contribución al Estado con impuestos, hoy estas empresas están redefiniendo el contrato social para muchos trabajadores. A diferencia de experiencias pasadas, la mayoría de las economías de plataforma nacen con el objetivo de ejercer a largo plazo el monopolio en un determinado sector a través del uso de la información. Esto lo hacen a partir de inversiones muy agresivas financiadas por grandes inversores con disposición de asumir muchos riesgos. Por otro lado, las economías de plataforma, y la digitalización más generalmente, son herramientas muy útiles para el incremento de productividad en la economía; y, en consecuencia, una potencial herramienta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. De este modo, la digitalización presenta dos caras de la misma moneda aparentemente contradictorias. Por un lado, erosiona el contrato social tal y como lo habíamos conocido. Por otro lado, representa una oportunidad de modernización de la economía en beneficio de los trabajadores. Asimismo, compatibilizar la digitalización de la economía con la mejora de los estándares sociales de los trabajadores representa un reto importante de política pública. La experiencia internacional que se ha acumulado los últimos años ha proporcionado herramientas para minimizar los impactos negativos de las economías de plataforma. En este sentido, una de las claves para evitar las externalidades negativas producidas por las economías de plataforma es, preferentemente, el desarrollo de estrategias de anticipación en la regulación. No obstante, más allá de las estrategias de defensa del contrato social, una salida socialmente inclusiva al reto de la digitalización pasa por encontrar mecanismos institucionales que permitan el aprovechamiento del incremento de productividad de la economía gracias a la digitalización en beneficio de la calidad de vida de los trabajadores. Éste ha sido un reto para otros muchos países antes, que han buscado sus propios caminos a través de los distintos equilibrios sociales para acomodar la digitalización a su mercado laboral y Estado del Bienestar. La evidencia internacional que tenemos al respecto es amplia. Por ejemplo, por un lado, la digitalización que ha desarrollado Alemania ha impulsado la digitalización en sus sectores productivos más punteros con el objetivo de promover la competitividad de sus exportaciones ha fortalecido el contrato social en el terreno de la industria manufacturera. Por otro lado, Suecia impulsó una digitalización mucho más transversal de su economía, no tanto enfocada en exclusiva a sus exportaciones. Esta estrategia acabó incrementando la productividad general de la economía y aupó el crecimiento del sector de las telecomunicaciones. La digitalización en nuestro caso debe tener en cuenta dos elementos: el trabajo y la democracia. Para el primero, debe incluir instrumentos para que la introducción de la digitalización se traduzca en el mantenimiento del empleo, la reducción de la jornada laboral o el incremento de los salarios. En este sentido, la economía española se encuentra en una encrucijada importante. Por un lado, tiene un modelo de relaciones laborales que en un futuro deberá ser reformado por tres razones. La primera, porque existe una creciente presión de los agentes políticos y sociales para que se modifiquen elementos sustanciales de la actual legislación laboral. La segunda, por el condicionante de la limitación de la inflación que conlleva la pertenencia a la Eurozona. Y, en tercer lugar, porque los empleos generados por la llamada “nueva economía” deben ganar presencia en las relaciones laborales y sus instituciones. Siguiendo esta línea, la digitalización debe incluir propuestas de cambios en las relaciones laborales en el Estado español para poder mejorar el reparto económico de la digitalización de manera compatible con el resto de la agenda política de los sindicatos y agentes sociales. En esta línea, se debería promover un modelo de relaciones laborales con tres características: Estas tres líneas de trabajo integran adecuadamente las necesidades laborales del sector de la digitalización. Para el segundo elemento, la democracia, es necesario impulsar un modelo de copropiedad de datos (entre sindicatos, empresas, clientes y administraciones públicas) con el objetivo de promover una gestión transparente de los datos en beneficio del cliente (su protección) y el reparto de beneficios de éstos. En este sentido, el cambio ha de ser integral: una digitalización socialmente inclusiva para el trabajo será posible a través de la democracia de los datos, y ésta será posible con una presencia fuerte del mundo del trabajo en la digitalización. S. Cutillas, P. Cotarelo, A. Medina