Certificación ESG en el Mundo
Los términos ‘inversión socialmente responsable’ (SRI), ‘inversión de impacto’ (II) o ‘inversión con criterios ambientales, sociales y de gobernanza’ (ESG) –conocidos conjuntamente como ‘inversión responsable’ – ya forman parte del vocabulario normal de los inversores públicos y privados. El mercado de inversiones sostenibles a nivel global ha logrado varios billones de dólares con un crecimiento anual del 15%. En todas las regiones del mundo las inversiones responsables representan una parte importante de los fondos gestionados de manera profesional: del 18% en el Japón al 63% en Australia/Nueva Zelanda. Las inversiones sostenibles o responsables son una tendencia creciente en los mercados financieros mundiales. Orientar adecuadamente estas inversiones es de una importancia crucial para el bienestar de los trabajadores y las comunidades. El Plan de Acción para las Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, los Principios Operativos para la Gestión con Impacto de International Finance Corporation del Banco Mundial y el Estudio Europeo sobre ISR 2018 de Eurosif son algunos de los ejemplos más destacados de la tendencia institucional hacia la integración de la responsabilidad en la esfera financiera. En el siguiente enlace se puede descargar un dossier con la información más relevante sobre el estado de la Certificación ESG en el mundo.
Modelo de gestión de los Espacios de Gran Afluencia
Habitualmente, las zonas donde se concentran más turistas en sus visitas se asocian a lugares concretos que tienen cierto atractivo turístico, tales como monumentos, sitios históricos o emblemáticos, espacios de recreo, etc. A estos espacios se les denomina Espacios de Gran Afluencia (EGA), tanto de turistas como de población local. En algunos lugares su gestión supone un problema muy importante para el gobierno municipal, llegando a reunir conflictos relacionados con la seguridad, la convivencia, la movilidad, los residuos, y el comercio, entre otros. Bases de un modelo de gestiónSi el punto de partida considerado es un lugar definido como Espacio de Gran Afluencia (EGA), el modelo de gestión de dicha zona tendría como propósito establecer objetivos anuales de reducción de la carga a la cual se somete al espacio. Dado el vínculo existente en los EGA entre el número de personas y los recursos que utilizan así como los residuos que generan, la carga a reducir estaría vinculada a los flujos y los fondos de materiales (mercancías y residuos) y flujos de personas, hasta conseguir su sostenibilidad. La definición de los objetivos anuales de reducción de carga tendrá que seguir un doble criterio para evitar incoherencias y disfuncionalidades.1. Establecimiento del objetivo (cuantitativo y cualitativo) con el respaldo político correspondiente.2. Puesta en marcha de mecanismos eficaces de gestión asociados a los ámbitos de los que dependen los objetivos. Tabla. Resumen y condiciones de los indicadores de carga Descargar informe
La capacidad de carga ante la presión turística
La fase actual de globalización económica y de terciarización de una parte importante del mundo occidental está convirtiendo algunos espacios de las grandes ciudades en “lugares libres de población local” debidos a la presión turística. Este fenómeno, además de reducir el interés objetivo de la visita y homogeneizar los originales sitios con peculiaridades dignas de conocer hasta convertirlos todos en parte de un mismo circuito sin grandes diferencias, supone un problema para el equilibrio no solamente ecológico sino incluso también urbano. En esa supuesta carrera por la pérdida total de su personalidad hay ciudades que, como Venecia, se encuentran en una fase tan avanzada que podrían considerarse ya un parque temático. Esto sucede en buena parte porque se obvia la capacidad de carga de los espacios. Este concepto, que proviene de la ecología, para el entorno urbano se define como la cantidad máxima de afluencia y uso del espacio que permite su sostenibilidad y su uso adecuado. Al igual que en los ecosistemas naturales, las ciudades están compuestas por complejos sistemas socioeconómicos que evolucionan dinámicamente en busca de equilibrio. En algunos casos el equilibrio al que llegan en un periodo determinado permite que el entorno urbano tenga una vida vecinal rica y compleja, y en los casos en los que la presión de la actividad turística no encuentra mucha oposición, el equilibrio tiende a producir vaciamiento de vida vecinal. El poder de hegemonización que ha conseguido esta actividad a través de la aceleración y de la intensificación de la cadena de producción turística convierte estos espacios urbanos en monocultivos económicos y sociales. Terminan actuando como centros de gravedad que atraen atención, capital, conflicto, concentración y velocidad. Actúan también como si el proceso pudiera considerarse lineal, ajeno a la complejidad, al funcionamiento de los equilibrios y, fundamentalmente, a los límites físicos, económicos y sociales. Sin embargo, esos condicionantes existen, con lo que la supuesta carrera por la pérdida total de personalidad urbana tiene un final. En algunos casos la carrera termina por la eutrofización del espacio, que es el fenómeno según el cual el propio crecimiento de la actividad termina matándola por falta de espacio vital y condiciones para desarrollarse. En otros casos la carrera podría revertirse mediante fórmulas de reorganización consciente del espacio. El hecho de que los espacios urbanos estén compuestos por sistemas complejos permite analizarlos como a los metabolismos, con sus flujos (entradas y salidas) de energía y materiales (y residuos), y sus fondos (producción y almacenes). En los entornos que sufren la presión de la actividad turística los flujos de mercancías y de personas, por una parte, y los fondos de mercancías, por otra, se encuentran por encima del umbral que permite que el equilibrio favorezca la existencia de comunidades vecinales ricas y complejas. La velocidad de movimientos de mercancías, transacciones, personas y relaciones en estos entornos turistificados impide la consolidación de relaciones urbanas con las peculiaridades de cada lugar. La capacidad de carga puede actuar en estos casos como señal, y objetivo del equilibrio que es deseable alcanzar para preservar o recuperar entornos urbanos con vida vecinal rica y compleja. Estos entornos tienden a la no saturación de los espacios públicos, tanto de paso como de estancia, por lo que la reducción de la densidad debería tener como objetivo las 8 personas por minuto y metro en los espacios de paso, y de entre 3 y 5 personas por minuto y metro en los de estancia. Los barrios también se caracterizan por un porcentaje muy mayoritario de habitantes de viviendas de uso habitual o principal (población local), por lo que la cantidad y el tipo de residuos que se generan deberían ser coherentes con este hecho y con un tipo de actividad comercial dirigida a satisfacer las necesidades de esa población. El caso de las mercancías está muy vinculado a esto anterior, ya que el tipo y la cantidad de mercancías que entra o se almacena en un entorno depende del tipo de actividad y población asociada que haya en ese lugar. De esta manera, encontramos que los barrios deben contar con un tipo de mercancías que alimenten la vida vecinal, que no suele requerir grandes cantidades de productos envasados, ni recreativos, ni de un solo uso, y por lo tanto, no necesita numerosos espacios amplios de almacenaje. Si los ayuntamientos que se encuentran con este fenómeno de la presión turística deciden considerar que los espacios tienen una capacidad de carga que respetar, deberían plantearse fijar unos objetivos de carga anuales con reducciones sucesivas para lograr entornos vecinales ricos y complejos. Aunque los objetivos de reducción de mercancías, residuos y personas tienen que ser coherentes entre sí para conformar un objetivo general de reducción de la carga finalmente sostenible, la aplicación y los mecanismos de control deberán ser independientes. Dicho de otro modo, se tiene que actuar sobre la oferta (cantidad y tipo de mercancías y almacenes) y sobre la demanda (cantidad y tipo de personas), además de sobre los subproductos (residuos), por separado, de forma que se minimicen los efectos de las posibles tensiones entre oferta y demanda. Si las reducciones de cada uno de los ámbitos se producen en paralelo las tensiones serán menores. Se evitará que, por ejemplo, haya más producto en venta para visitantes que el número de visitantes que debe pasar por un espacio. Las actuaciones y mecanismos que se pueden poner en marcha para hacer efectivos los objetivos de carga pueden tener carácter diverso, y no se debería descartar ninguna a priori. Pueden ser actuaciones normativas, relacionadas con las condiciones de las licencias, relacionadas con las concesiones públicas, de planificación, relacionadas con subvenciones y otros incentivos, e incluso de tipo expropiatorio. Todo depende de la fase en la que se encuentre el entorno que recibe la presión turística, la velocidad a la que se necesite realizar el reequilibrio y las capacidades con las que se cuente.
Presupuestos para reducir la factura eléctrica
Hace tres años tuve la oportunidad de dirigir en el Observatorio de la Deuda en la Globalización (www.odg.cat) un estudio sobre el coste de la electricidad en España tras la liberalización del año 1998 (Ley 54/1997 y Ley 24/2013) (se puede consultar aquí)[1]. Al realizarlo nos permitió señalar el marco del debate sobre los efectos de los procesos llamados liberalizadores en algo tan concreto y problemático como la electricidad, en un momento en el que se sufrían las consecuencias del proceso de manera intensa. Uno de los objetivos del estudio era estimar la cantidad de dinero que había sido transferido de la sociedad al sector eléctrico de manera innecesaria, o ilegítima, según estándares de carácter social. El resultado de dicha estimación para el periodo 1998-2013 ascendía a 80.000 millones de euros (después de traducir todas las cantidades al valor del dinero de 2013). Hace unas semanas se hizo pública la firma de un Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno y Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea[2], que incluye el apartado 10.3, que dice: “Realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente…”. Gracias al estudio de hace tres años podemos saber que, hasta 2013, las instalaciones nucleares y las hidroeléctricas recibieron 22.190 millones de euros más de lo que habrían recibido de haber seguido vigente el sistema de cálculo anterior a 1998 [3]. Todavía se está a la espera de que dicho acuerdo sea apoyado mayoritariamente en el Congreso de los Diputados para hacerse efectivo, pero ya ha tenido algunos efectos significativos, que han preocupado en algunos foros. Las acciones de las empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy) bajaron durante la jornada del anuncio del acuerdo[4]. Quizás conviene recordar a los accionistas mayoritarios de estas empresas para poder interpretar el carácter de dicha preocupación. Endesa es ampliamente controlada por Enel (70,4%)[5], empresa italiana a su vez controlada por el Ministerio de Economía de Italia[6]. Iberdrola tiene un único “accionista significativo”, que es Qatar Investment Authority, representante del estado de Qatar. Naturgy Energy Group, antigua Gas Natural Fenosa hasta junio de 2018, está controlada por la Caixa[7]. En resumen, depositarios de intereses no esenciales para la sociedad española, que sólo entre 2006 y 2016 ha sufrido un aumento del 70% de la factura eléctrica, en buena parte por un ineficiente sistema de fijación de los precios en el mercado mayorista. La solución a este problema, apuntada en el acuerdo, de fijar un límite máximo al precio que pueden cobrar las instalaciones nucleares e hidroeléctricas, y dedicar la diferencia entre el precio de mercado y ese límite a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores, será efectiva si el límite máximo es acertado. La elección del método de cálculo del límite máximo será clave para determinar si se detiene uno de los principales mecanismos mediante los cuales la población lleva siendo perjudicada por el sector eléctrico y su liberalización. Quedaría todavía pendiente, sin embargo, tomar una decisión en la misma línea respecto al dinero ya transferido desde la sociedad a estas empresas, esos “beneficios caídos del cielo” de más 22.190 millones de euros. En el documento del acuerdo también se pone el foco en otros de los contenidos del citado estudio de 2015, como los pagos por capacidad y el peso del término de potencia en la factura eléctrica como corrector de eficiencia energética. Parece que por fin desde instancias gubernamentales se acercan a afrontar algunos de los problemas fundamentales que tenemos como país con la factura de la electricidad. Si como resultado del proceso de cambios normativos necesarios para subsanar las irregularidades relativas a los “beneficios caídos del cielo”, se emprenden las modificaciones en el propio sistema de fijación de precios que permitan que comencemos a pagar un precio justo por la electricidad, las clases populares de este país y la economía española lo agradecerán enormemente. Si además se afronta un proceso de compensación por los “beneficios” pasados y una verdadera reforma normativa a favor de los derechos fundamentales, el resultado para la sociedad será doblemente positivo. El acuerdo también dedica unas líneas a la necesidad de “acordar con los ayuntamientos medidas concretas para potenciar las comercializadoras municipales”, interesante tema que requeriría otro artículo. [1] El dinero correspondiente a cada apartado de estudio tiene el valor del momento al que se refiere cada uno de los conceptos. Es decir, no se ha homogeneizado al valor del dinero constante de un año, como podría ser el último del periodo, 2013. [2] https://es.scribd.com/document/390655759/Acuerdo-Presupuestario-para-los-Presupuestos-Generales-del-Estado-de-2019 [3] En este documento, sin embargo, sí se tradujeron todas las cantidades al valor del dinero en 2013. [4] https://www.lavanguardia.com/economia/20181013/452313085353/energia-nuclear-hidraulica-gobierno-limite-precios.html [5] https://www.enel.com/es/investors/a/2016/08/endesa0 [6] https://www.enel.com/content/dam/enel-com/investors/shareholdersmeeting/2018/report-on-corporate-governance_2017.pdf [7] https://www.naturgy.com/accionistas_e_inversores/la_sociedad/estructura_accionarial
Las crisis (de deuda) por venir
Cada día se escuchan más voces que alertan de una inminente nueva crisis financiera. Cuando se cumple una década desde la caída de Lehman Brothers, la inestabilidad en el sistema financiero está lejos de haber sido superada. Lejos quedan las promesas de reformar el capitalismo que líderes occidentales lanzaron al viento en pomposas cumbres tras el estallido de la crisis en 2008. Y lo cierto es que en muchos casos el crecimiento conseguido en algunos países se ha dado a partir de la profundización de las estrategias que nos llevaron a la crisis financiera de 2008-2009. El proceso insaciable de financiarización de la economía, la especulación financiera, la evasión fiscal, las burbujas inmobiliarias, y el endeudamiento sin límites, siguen estando a la orden del día, en nuestro país y en buena parte del mundo. El polémico y multimillonario inversor George Soros dijo hace unos meses en un seminario en Paris “podríamos estar ante otra gran crisis financiera”, haciéndose eco de la fuga de capitales desde economías emergentes como la argentina, la turca o la indonesia, refugiándose en la fortaleza del dólar. Otros apuntan al impacto del fin de la política monetaria expansiva del BCE y la posible subida de tipos de interés como la chispa que haga encender una crisis en Europa que se pueda contagiar a otros países, especialmente países emergentes. Dos dirigentes jubilados del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés, conocido por ser el banco de los bancos centrales), conocido por ser una institución altamente conservadora, han publicado recientemente un libro en el que avisan de la bomba de relojería que supone el sistema financiero global, debido a las políticas erróneas y temerarias en los países occidentales. Peter Dittus y Hervé Hannoun avisan precisamente de la acumulación de deudas, facilitadas por la política monetaria y los bancos centrales del G7 y la UE (BCE). Según un artículo de Martin Kohr, de South Center en Suiza, el libro denuncia que las políticas monetarias extremas del G7 han socavado los cimientos de la economía de mercado, al manipular los tipos de interés a largo plazo, distorsionar el valor de activos de todo tipo y devaluar los riesgos de la deuda soberana en países occidentales. Consideran también que se ha ido demasiado lejos con la política expansiva del BCE, conocido como quantitative easing, y, tal y como se advertía en un artículo de Manuel Gabarre en El Salto, la alternativa ahora puede ser desastrosa. El FMI, como en crisis anteriores, no reconoce la inminencia de una nueva crisis financiera, pero no niega esa posibilidad, y sí ha advertido que los niveles de endeudamiento de los países están subiendo de forma alarmante en algunos casos. El período prolongado de tipos de interés bajos ha supuesto un incremento de la deuda global hasta el 225% del PIB mundial en 2016, 12 puntos por encima del último récord, en 2009. Ante ello, recomienda que los países aprovechen los ciclos económicos positivos para “acumular reservas fiscales para los tiempos tempestuosos que eventualmente llegaran”. El propio FMI advierte que la principal economía emergente (aunque dudo que se le deba seguir llamando así), China, es responsable del 40% del incremento de la deuda, aunque otros países del norte, economías emergentes e incluso países empobrecidos, se encuentran en situaciones vulnerables y de riesgo de crisis de deuda. En el caso de China hace años que se va advirtiendo de los elevados niveles de deuda tanto pública como privada, y el efecto dominó de una crisis de deuda en China puede ser impredecible, siendo este país uno de los principales importadores de materias primeras de los países del Sur. Precisamente la ralentización del crecimiento en China ha afectado fuertemente a países en América Latina y África Subsahariana, que en las últimas décadas habían crecido a fuerza de exportaciones a y créditos del gigante asiático. Países como Argentina, que ha acabado acudiendo de nuevo al crédito del FMI, Brasil, Ecuador o Venezuela, pero también Chile, Colombia y Perú, hace algunos años que notan el descenso del volumen y precio de las materias primas que hasta hace poco exportaban sin problema a China. El fin del llamado “superciclo de las materias primas” está afectando particularmente a los exportadores sur-americanos de minerales, petróleo o soja. En el caso de México y Centroamérica, hasta ahora la fortalelza del dólar y de la economía estadounidense actuaban como amortiguador, pero la política comercial de Trump puede acabar con ello. Esta situación afecta también a numerosos países africanos. Hace ya algunos años que activistas contra la deuda advierten de una nueva crisis de deuda especialmente en países de África Sur-sahariana. Este año el propio FMI ha reconocido que la situación es preocupante, pero la tendencia hace años que se vislumbra. Según Jubilee Debt Campaign, uno de los grupos que, desde el Reino Unido, hace años que advierten que la crisis de deuda en los países del Sur no se ha acabado, los pagos de deuda en los países empobrecidos se ha incrementado un 60% entre 2014 y 2017, y se encuentran a su nivel más alto desde 2004. Los tipos de interés bajos, y el crecimiento de algunas economías especialmente en África, han llevado una lluvia de crédito y operaciones público privadas (con deuda en la recámara). Los créditos a gobiernos de países empobrecidos casi se ha doblado, pasando de 200 mil millones de dólares en 2008 a 390 mil millones de dólares en 2014, situándose entre 300 y 350 mil millones en el período 2015 a 2017. La caída de los precios de materias primas desde mediados de 2014 ha supuesto dificultades para muchos gobiernos, que han visto reducidos sus ingresos y devaluadas sus monedas, por lo que el peso del pago de la deuda aumenta, al estar ésta denominada mayoritariamente en dólares. Países como Mozambique (que afronta una particular crisis de la deuda), Ghana, Angola, Chad, Gabón, Gambia en áfrica sur-sahariana, Laos y Sri Lanka en el Sur Este asiático, Granada o Jamaica en el Caribe, y Túnez o
El proyecto de los Estados Unidos de Europa en la crisis de la Eurozona
La construcción Europa: modelo intergubernamental vs supranacional El principal sentido político del Tratado de Maastricht (1991-92), que prolonga y supera el Acta Única (1985) es que las burguesías imperialistas alemana, francesa e inglesa se pusieron de acuerdo en hacer una transferencia (limitada) de la soberanía nacional para poner en marcha estructuras embrionarias para crear un estado europeo supranacional. La introducción de la moneda única puso la cuestión del poder estatal en el centro de la UE: la moneda es un atributo clave de cualquier aparato estatal, por lo que el euro conllevó una renuncia de soberanía nacional y su transferencia a instituciones supranacionales estatales (principalmente el Banco Central Europeo). A partir de ese momento la moneda única inevitablemente tendría una influencia decisiva en las políticas de los gobierno nacionales-estatales, por lo que su introducción supuso el salto cualitativo hacia un estado supranacional verdaderamente central. Un verdadero paso adelante y una victoria política del capitalismo europeo, que sin embargo, dados los antagonismos entre las burguesías estatales-nacionales, acentuados en el contexto de la actual crisis, no ha conseguido consolidar totalmente el proyecto a través de una unión fiscal y política que garantice la culminación del estado supranacional europeo. Estos antagonismos amenazan el proceso de integración y la supervivencia misma de la Unión Monetaria, y quizás de la Unión Europea. Las élites europeas y anglosajonas (incluyendo a las de EEUU), se encuentran divididas en cuanto al modelo de integración: parte de estas élites europeas (p.e. burguesía alemana) pretenden mantener el modelo intergubernamental, mientras que otras impulsan el modelo comunitario-supranacional, (p.e. burguesías de Francia, Italia, de EEUU), referido generalmente como modelo federal por parte de sus promotores, dadas las connotaciones positivas de la palabra en los entornos progresistas. El modelo ‘federal’ supone que los estados deben abandonar las palancas de control directo de las instituciones supranacionales europeas. La ideología supranacionalista de la UE, se ha atribuido a Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la UE, quien predicaba que los estados-nación deben ser subsumidos en una administración post-nacional tecnocrática para que haya paz en Europa. La idea defendida por Monnet era, según sus propias palabras «una unión entre los pueblos, no de una cooperación entre los estados». Esto reflejaba su intención de ayudar a la creación de una Unión Europea que se moviera en la dirección de los Estados Unidos de América, un proto-estado federal con gran poder a nivel federal y un poder cada vez más pequeño a nivel estatal y regional. Por esta razón fue acusado de ser un ‘agente americano’, que pretendía eliminar la soberanía nacional en Europa para crear una Europa federal que debilitara los poderes de las naciones europeas. El modelo supranacional de la Unión Europea puede identificarse también con la figura del excanciller alemán, Helmut Kohl, quien presidió Alemania durante la unificación del país y la concepción del proyecto de la moneda única europea en Maastricht. Debe tenerse en cuenta que uno de las principales motivaciones para firmar Maastricht de este excanciller fue recabar los apoyos de las otras potencias europeas para unificar Alemania. Kohl, a lo largo de su extensa carrera muy a menudo habló de la necesidad de abandonar «el pensamiento del estado-nación». Un ejemplo de ello es su discurso ante el Bundestag después de la cumbre de Maastricht en 1991, en el que Kohl dijo que «no es posible dar marcha atrás a la entrada en la Unión Europea. Los estados miembros de la Comunidad Europea están unidos de tal manera que hace que cualquier brote o recaída en el pensamiento anterior del estado-nación sea imposible». El expresidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy expresó en 2012 esta misma hoja de ruta en su ponencia «Hacia una Unión Económica y Monetaria genuina», llamada coloquialmente informe de los cuatro presidentes, ya que lo realizó en estrecha colaboración de los entonces Presidentes de la Comisión, del Eurogrupo y del Banco Central Europeo Barroso, Juncker y Draghi respectivamente. Sus puntos principales fueron que la integración federal tiene que ser lograda a través de un marco financiero integrado (es decir, una unión bancaria); con un marco de política económica integrada (es decir, una unión fiscal); con el fortalecimiento de la legitimidad democrática y la rendición de cuentas; y con un marco presupuestario integrado (que abarca la emisión de deuda común, es decir, los eurobonos). El rechazo del gobierno alemán a implementar los eurobonos en 2012 enterró el informe de Van Rompuy temporalmente y erosionó su figura política. A pesar de ello, esta corriente ideológica no ha abandonado su objetivo y en junio de 2015 fue publicado el informe “Realizar la Unión Económica y Monetaria europea” llamado ‘informe de los cinco presidentes’, el cual supone una reedición actualizada del informe de Van Rompuy. Es por lo menos paradójico que este mismo proyecto supranacionalista, como decíamos apodada federalista, también sea defendido por parte del centro-izquierda político de la UE, desde el partido socialista hasta parte de los grupos que se incluyen en el grupo de izquierda europeo (GUE). Por el contrario, la ideología intergubernamental de la UE puede ser representada con las figuras de los políticos conservadores Charles de Gaulle y Konrad Adenauer, que defendían que la UE debía ser construida sobre las alianzas clásicas entre los estados, especialmente entre Francia y Alemania, al estilo de lo que Winston Churchill célebremente pidió en su discurso de Zúrich en 1946. Esta posición reflejaba la nula motivación de las élites políticas y económicas nacionales del momento a renunciar a su poder en favor de fuerzas extranjeras. Situándonos en la actualidad, a pesar de los discursos en pro de una integración supranacional de los dirigentes alemanes, a lo largo de esta crisis hemos visto como las decisiones políticas de la canciller alemana Angela Merkel y de su poderoso ministro de finanzas Wolfgang Schäuble han ido encaminándose cada vez más a favorecer casi exclusivamente los intereses de la burguesía estatal-nacional alemana. Merkel, por ejemplo, declaraba en el Bundestag el 2 de diciembre de 2011 que los líderes europeos habían «iniciado una nueva fase en
Efectos de los Tratados de Comercio Internacional sobre el mundo laboral
En los últimos años la Unión Europea ha estado negociando dos tratados de comercio e inversión con países norteamericanos: el CETA con Canadá, y el TTIP con Estados Unidos. A pesar de que en ciertos círculos del activismo es bastante conocido el efecto que tendrían estos tratados en la sociedad europea, la mayoría de la población no sabe cómo podrían influir en su vida cotidiana, y concretamente en su trabajo (en caso de que se tenga). Los partidarios de estos tratados afirman que toda interferencia en el comercio internacional es perjudicial e ineficiente, y que los países están obligados a competir produciendo las mercancías en las cuales tienen ventaja comparativa. También consideran que la remuneración de los trabajadores y trabajadoras refleja la disponibilidad de los recursos capital y trabajo, o que las empresas no obtendrán ningún beneficio extraordinario de su poder de mercado cuando lleven la producción, por ejemplo, en China. Pero todo esto es muy cuestionable, si no directamente falso. La economía que tenga una ventaja absoluta en la producción de alguna mercancía tendría que producirla hasta agotar la capacidad, puesto que las economías se encuentran sistemáticamente infrautilizadas. Tampoco es verdad que los niveles salariales hoy en día reflejen la disponibilidad de capital y trabajo, debido a la especulación con las divisas. Asimismo, la tecnología no se adapta a la combinación capital-trabajo del país receptor de la inversión directa, sino que las grandes corporaciones usan las tecnologías de alta productividad también en países con gran cantidad de trabajo disponible a bajo precio. Esto los permite disfrutar de rentas monopolísticas, como se puede comprobar constantemente en el caso de China. Finalmente, cuando uno presta atención más allá del discurso dominante, ve que en realidad todos los estados defensores de la apertura comercial ejercen el proteccionismo en algunos ámbitos de su economía. En definitiva: quieren que los otros países se abren a sus exportaciones, pero no al revés. ¿Estamos preparados por los tratados de libre comercio? ¿En este contexto, en qué posición se encuentra nuestra economía? ¿Está preparada para la competencia de empresas norteamericanas? ¿Cómo afectará nuestros trabajos la implementación de estos tratados? En cuanto a los riesgos a afrontar, la realidad de Cataluña no es muy diferente de la del resto de Europa. De cara a evaluar el impacto que pueden tener sobre el tejido productivo, hay una serie de factores relacionados con la medida de las empresas que son muy relevantes: la productividad, la necesidad de protección, el acceso al crédito y la tendencia innovadora.Si tenemos en cuenta que la economía catalana (y la española) está compuesta fundamentalmente por empresas de pequeñas dimensiones (que concentran la mayor parte de los puestos de trabajo), podemos deducir que el impacto será muy importante. Lo podemos deducir de los siguientes gráficos: las empresas pequeñas y medianas, por sus características, no se enfocan a la exportación (figura 1), son menos productivas (figura 2), necesitan más protección (figura 3) y presentan una tendencia innovadora negativa. En resumen, una estructura muy vulnerable ante los tratados de comercio e inversión. Productividad (en euros) en la industria manufacturera por tamaño de la empresa. Año 2015 En un contexto de concentración de la ocupación en empresas pequeñas, la reducción generalizada de los salarios que implicaría la implementación de los tratados de libre comercio afectaría de pleno a las PYMES, las cuales dependen en mayor medida que las grandes empresas de la demanda interna. Al mismo tiempo, al ser menos productivas, la apertura del mercado facilitaría la extinción de un gran número de empresas que, con el nuevo marco legislativo y el nuevo contexto financiero y económico surgido de los acuerdos, probablemente no podrían continuar con su actividad. Además, debido a las características de las PYMES y a su grado de innovación, la mayor parte de ellas no será propensa al crecimiento si hay una apertura repentina a los mercados, como tampoco será propensa a la exportación. Por lo tanto, los puestos de trabajo actuales se verían en riesgo de reducción de salarios o directamente de desaparición, y no se prevé la creación de nuevas ocupaciones de calidad que pudieran compensar este hecho. La realidad de las PYMES catalanas Pero, ¿habría tiempos para adaptar la estructura empresarial a los tratados? El ejemplo de las PYMES alemanas (las llamadas Mittlestand) nos ofrece algunas pistas. Las PYMES alemanas buscan la sostenibilidad y hacen compromisos implícitos para toda la vida con sus empleados, a los cuales reclutan y capacitan cuidadosamente. También confían en las redes locales, de las cuales depende fundamentalmente su financiación, alejándose del control financiero externo y volátil. Dado que los fabricantes saben que la sostenibilidad exige mantenerse al día respecto a la tecnología, las empresas invierten el 5% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Esta lógica es opuesta a la que nos proponen los tratados de comercio e inversión, que buscan la maximización de beneficios a través de estrategias financieras, la subordinación de los intereses de los accionistas a los de sus directivos (buscando beneficios a corto plazo), y la dependencia de los mercados de capital. Volviendo a casa, la realidad es que durante la crisis el acceso a la financiación fue un problema importante para un porcentaje importante (35% ) de PYMES, y que sectores como el de los servicios administrativos, el de la hostelería, la construcción y el sector inmobiliario, predominantes en nuestra economía, dependen más que otros sectores de la financiación bancaria. Un cambio en la estructura financiera que dificulte la extensión de crédito bancario los afectará negativamente: las empresas que dependen del crédito se verían forzadas a buscar nuevas vías de financiación basadas en el mercado, y en caso de no conseguirlas, tendrían que reducir costes a través de despidos, disminuyendo de las inversiones y, en algunos casos, cesando la actividad. Los tratados, al profundizar en un modelo de financiación basada en mercados y no en bancos, suponen una amenaza a nivel de ocupación laboral. Pero es que ni siquiera es deseable intentar adaptar las condiciones laborales a los tratados de comercio e
¿Qué tiene que ver la deuda con el hambre?
Los recursos de los países empobrecidos se destinan ahora a pagar a los acreedores y no se pueden invertir en hacer frente al empobrecimiento de la población, a los impactos del cambio climático o a una sequía prolongada Hace tiempo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó del aumento de la deuda global en los últimos años. 152 billones de dólares. El 225% del PIB mundial. Una enorme bomba de relojería que afecta no sólo países de la periferia europea o emergentes, sino también a buena parte de los países más empobrecidos del planeta. Desde la crisis de 2008, una parte de los capitales que huyeron de Europa buscaron rentabilidad en los países emergentes, pero también en los estados con rentas más bajas que estaban creciendo a buen ritmo. Mozambique, Etiopia, Ghana o Senegal, entre otros, atrajeron al crédito internacional, público y privado. La ayuda ofrecida en forma de crédito, la emergencia de nuevos acreedores como China o créditos de la banca internacional huyendo de los bajos intereses en Europa, encontraron clientes en África, América Latina y Asia. El nivel de crédito a los países del sur se ha multiplicado desde 2008. Algunos de estos países, que habían recibido cancelaciones de deuda, ahora vuelven al punto de partida: están en situación de sobreendeudamiento. Pareciera que nadie ha aprendido la lección. Las crisis de la deuda, los ajustes y el hambre En los años 80 estalló una crisis de la deuda que dejó empobrecimiento y desigualdades en América Latina, África y Asia. Entonces la situación se afrontó desde los organismos internacionales de la misma forma que han afrontado la actual crisis en la periferia europea: con austeridad y más deuda. El resultado fue la llamada “década perdida”, años de ajustes que hicieron retroceder buena parte de los indicadores en el ámbito social en los países del Sur. La década de los 90 supuso seguir con las políticas neoliberales que habían constituido la receta contra la crisis de la deuda. El Consenso de Washington se generalizó y el neoliberalismo se convirtió en dogma. Cada nuevo crédito del FMI, cada proyecto del Banco Mundial, incluso las reestructuraciones y cancelaciones de deuda que han recibido algunos de los países más empobrecidos, han estado condicionados, hasta hoy, a la aplicación de más ajustes, de más privatizaciones, eliminación de subsidios, desregulación de mercados laborales, liberalización de mercados financieros, reducción de aranceles, eliminación de barreras al libre comercio…En definitiva, políticas que tras décadas de aplicación y han ido dejando a los países indefensos ante uno de los mayores problemas que pueden afrontar: el hambre. En Zambia, en 1991, los créditos del FMI para refinanciar la deuda llegaron condicionados a la eliminación de los subsidios sobre los alimentos y fertilizantes, o los créditos públicos agrícolas. Años más tarde una evaluación del propio Banco Mundial reconoció que retirar los subsidios a los fertilizantes llevó a un estancamiento económico del sector agrícola, con lo que ello supone de impacto a la seguridad alimentaria de las familias campesinas. Un caso paradigmático es el de Haití. En los años 70, el país más empobrecido del hemisferio occidental tenía un 98% de autosuficiencia de cereales. En 2009 importaba el 82% de los cereales que consumía. En 1995 el FMI forzó al retornado presidente Aristide a reducir los aranceles sobre el comercio del arroz de un 35% a un 3%. Entonces el crédito del FMI fue una condición que el gobierno de Estados Unidos impuso a Aristide para poder volver al país después del golpe de Estado de 1991. La medida supuso un incremento de un 150% de la importación de arroz entre 1994 y 2003. La mayor parte de ese arroz proveniente de Estados Unidos, subvencionado por su gobierno y vendido en Haití a precio inferior del precio de producción del arroz haitiano. Aún hoy es más fácil y más barato comprar arroz estadounidense en los mercados haitianos que el producido en el país.En las zonas de producción de arroz en Haití se concentran los mayores porcentajes de malnutrición del país. La medida supuso el empobrecimiento de miles de familias campesinas, que abandonaron el campo para vivir en los arrabales de las ciudades. Los mismos arrabales que en 2010 fueron derrumbados por el terremoto y hace unos días arrasados por el huracán Matthew. (Captura de pantalla de la web http://www.jubileedebt.org.uk en la que se muestra la deuda mundial por países) Mali recibió en 2006 una importante cancelación de deuda por parte de sus acreedores bilaterales y multilaterales. Más de 1.600 millones de deuda cancelada. El acuerdo estuvo condicionado a la adopción de medidas de ajuste (o de “modernización y crecimiento económico”, como eufemísticamente las llaman a menudo en Washington). Entre ellas se obligó a acabar con el precio subsidiado del algodón, del que vivían unos 3,5 millones de personas en el país. El algodón no subsidiado maliense tuvo que competir en los mercados internacionales con el algodón subsidiado y producido en Estados Unidos o la Unión Europea. En pocos años la deuda ha vuelto a crecer, y los campesinos de Mali han seguido empobrecidos y sin posibilidad de competir con los gigantes del Norte. Malawi, también en una operación de “alivio de la deuda” siguió las indicaciones del FMI y acabó privatizando el sistema público de comercialización agrícola (que permitía mantener stocks de grano para hacer frente a períodos de sequía u otros imprevistos), eliminando también los subsidios a los fertilizantes. Entre 2001 y 2005, cuando el país tuvo que afrontar situaciones de crisis alimentaria, no disponía de herramientas para hacerlo. De hecho, en 2002 el ministro de Agricultura de Malawi, Aleke Banda, declaró que el FMI estimuló al gobierno a vender al menos parte de la reserva de alimentos en el año 2000 para reducir la deuda. El FMI negó la mayor, argumentando que en realidad tan sólo aprobó una recomendación de la Comisión Europea para que Malawi redujera su excedente de granos. Nada de presiones, argumentó el FMI. Pero claro, ¿quien es el ministro de agricultura africano que, teniendo una cancelación de deuda pendiente por parte del FMI, no hace
Energía local, democracia real: una reflexión sobre la democracia energética
Reapropiación social de la energía hoy Si acaso hay un solo elemento redentor del crash de 2008 este sería una paulatina «toma de consciencia» de una de las consecuencias del proyecto neoliberal: la profunda pérdida de soberanía popular sobre las diferentes esferas de la vida social. El debilitamiento de los sistemas públicos garantes de derechos sociales sumado al alcance de los procesos de mercantilización han socavado significativamente la capacidad de las personas para decidir de manera autónoma la organización de su actividad productiva y reproductiva. En general, la coyuntura actual nos confirma el escaso poder social de control y disposición de los diferentes recursos esenciales que garantizan una existencia humana en condiciones de dignidad. Y entre ellos está la energía: ese recurso que tiene la particularidad de ser eje vertebrador de toda la organización social, el engranaje básico que posibilita tanto el sustento material como el desarrollo normal del quehacer cotidiano de las personas (sus formas de relacionarse y de dotarse de sentido), y sin el cual la vida social se hace añicos. La crisis ecológica de nuestros días añade elementos de reflexión a esta situación. Esta crisis nos enfrenta a la necesidad de cambiar la actual base energética, a favor de las fuentes renovables y no contaminantes (el sol, el agua, el viento, la biomasa), así como articular un nueva relación metabólica entre los humanos y la naturaleza que sea sensata con los límites del planeta. Esto último supone asimismo la aceptación de unos usos frugales y eficientes de los recursos minerales y energéticos. Este momento histórico de transición abarca decisivos aspectos técnico-científicos y financieros, pero también plantea cuestiones políticas y culturales igualmente importantes. En este sentido, a nuestro entender, estamos ante una encrucijada que tiene el potencial de abrir vías favorables a una apropiación social de la energía. La simultánea crisis económica y ecológica puede ser una oportunidad para quebrantar las distintas formas de desposesión –propiciadas por la dinámica capitalista– que hoy impiden que la energía esté sometida a control popular democrático y su modelo de provisión esté sujeto a criterios de equidad y sostenibilidad. En los últimos años este planteamiento viene tratándose en el debate en torno a la «democracia energética», la «justicia energética» o la «soberanía energética» (Cotarelo et al., 2014; Global Justice Now, 2014; Sweeney, 2014). Son diferentes términos que van utilizándose para enmarcar la reivindicación política de una transición energética emancipadora. Fundamentalmente, evocan un futuro modelo energético renovable, articulado a partir de procesos de participación democrática y formas de propiedad y regulación colectivas, fundado en el principio de justicia social, orientado al interés general y en contraposición a la cultura dominante neoliberal de la mercantilización y privatización. Obviamente, las estrategias para tal democracia energética pueden ser varias y difieren, además, en función de cuál sea el contexto espaciotemporal en el que tomen forma (Kunze & Becker, 2014). Por lo general –y de manera más extendida– se relaciona este horizonte de cambio con la acción que llevan a cabo las cooperativas ciudadanas de energías renovables que se articulan normalmente en el ámbito comunitario o local (Vansintjan, 2015). Pero con el tiempo también se viene señalando a la Administración pública –en todos sus niveles– como un agente motor válido y necesario de democracia energética (Angel, 2016; Cumbers, 2016; Sweeney, 2014). Por lo que concierne al contexto español, los primeros pasos se han hecho desde propuestas cooperativas que recientemente han emergido –desde abajo– con la vocación de hacer partícipe y empoderar a la ciudadanía en el campo de la energía y en la transición a un modelo 100 por cien renovable. Pero, por otro lado, desde algunos ámbitos de la política municipal se están empezando ya a plantear propuestas que vislumbran un futuro papel activo de los ayuntamientos en la transición a la soberanía energética. La semilla de las cooperativas ciudadanas de energías renovables En Europa, el cooperativismo energético para un futuro renovable es un fenómeno que data de las décadas de 1970-1980. Son años que coinciden con la introducción del debate sobre el cambio climático y los límites del crecimiento, el incipiente desarrollo de las tecnologías renovables, la catástrofe nuclear de Chernóbil así como el surgimiento del ecologismo como movimiento social. Pero ha sido más recientemente, a partir de los primeros años del presente siglo XXI, que este tipo de cooperativismo se ha extendido con fuerza. Nos referimos, en realidad, a las llamadas REScoop: iniciativas ciudadanas de propiedad colectiva, fundamentadas en los principios y procedimientos cooperativos 1, que se involucran en actividades de producción, distribución o comercialización de energía renovable y en el fomento de su uso responsable. Enraizadas en sus territorios de proximidad, la singularidad de las REScoop radica principalmente en dos cuestiones interrelacionadas. Por un lado, desplazan el rol de cliente-consumidor como la opción central y única posible de implicación de los ciudadanos en el sistema de provisión energética. En su lugar, las REScoop nacen con la voluntad de empoderar a las personas en el proceso de toma democrática de decisiones que conciernen lo energético (por ejemplo: en la realización de proyectos colectivos de generación de electricidad renovable y eficiencia o en el diseño de su sistema de tarifas) y en el acceso a los posibles beneficios que se deriven. Por otro lado, la actividad económica que llevan a cabo tiende a estar orientada a la satisfacción de necesidades humanas –en coherencia con el enfoque de la sostenibilidad– y no a la búsqueda del lucro. Hoy se cuentan en Europa más de 2.300 REScoop 2 esparcidas de manera desigual por el continente y con elementos organizacionales y definitorios particulares. En el contexto español el desarrollo de este tipo de iniciativas ha sido tardío. Podemos afirmar que no es hasta la irrupción de Som Energia (creada en Cataluña a finales de 2010), que encontramos por primera vez un claro ejemplo de este tipo de cooperativismo alineado con el horizonte de una transición caracterizada por una apropiación popular de la energía. Paulatinamente, otras REScoop han ido creándose en diferentes regiones del Estado español. Sin embargo,
El impago feminista de la deuda
Hablamos de deudocracia cuando pagar deudas es más prioritario que cubrir las necesidades básicas de la población, cuando cumplir con los requisitos y las expectativas de los mercados es más importante que cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Esa deudocracia se ha convertido en una clara herramienta de despojo de la soberanía política, económica, social, territorial y reproductiva de los pueblos. Una desposesión que resulta que no es neutra desde el punto de vista de género. Sin ir más lejos, la aplicación de medidas de austeridad impuestas a través de esta deudocracia no sólo significa una pérdida de derechos sociales, un aumento de la precariedad laboral y del empobrecimiento, con mayor intensidad entre las mujeres, y una intensificación de las desigualdades (también las de género), sino también una intensificación de la carga del trabajo de cuidados y reproducción que asumen, fundamentalmente, las mujeres. Ante recortes y privatizaciones, son las cuidadoras las que asumen aquellas responsabilidades que antes asumía el Estado. Mientras en el inicio de la crisis se dió una destrucción de puestos de trabajo en sectores masculinizados como el de la construcción, la austeridad ha llevado a un mayor impacto en sectores feminizados como el de servicios básicos (salud, educación, servicios sociales, servicios de cuidados, …). El incumplimiento de la Ley de Dependencia, la congelación del salario mínimo, la reforma del IRPF y el aumento del IVA, el aplazamiento de las mejoras de pensiones de viudedad o la congelación de pensiones no contributivas, dejan también a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que se ve de forma clara en el caso de las pensiones contributivas. En promedio, las pensiones contributivas que reciben las mujeres son un 40% inferiores a las de los hombres. Pero la crisis de la deuda no tiene sólo una dimensión de género en cuanto a sus impactos, sino también en relación a las posibles “salidas” de la misma. Si la «salida» que construimos va encaminada a reforzar un sistema económico basado en la rentabilidad, la productividad, la competitividad y el crecimiento económico, y no en la centralidad de la sostenibilidad de la vida, ésta supondrá una profundización del sistema patriarcal. Si la «salida» de la crisis es «ciega» a las desigualdades de género, en realidad estará profundizando estas desigualdades y perpetuando el patriarcado. Salidas de la crisis ¿Con o sin deuda? Cuando planteamos alternativas para salir de la crisis, debemos hacerlo en la dirección de construir un nuevo modelo económico y social, que se base en un sistema financiero al servicio de las personas. Un modelo de producción que «no nos cueste el planeta» y que tenga en cuenta las aportaciones de las tareas de cuidado y reproducción. Que se base en relaciones sociales y laborales justas y de igualdad, que permitan garantizar la vida digna que valga la pena ser vivida. No cuestionar la deuda pública, garantizar su pago y, por tanto, desarrollar políticas de crecimiento económico para poder pagarla, nos mantiene esclavas al sistema, lo perpetúa. Es además una propuesta inviable, en tanto que supone “cargarnos el planeta”, pero también porque no es posible sin la aportación de las mujeres a la economía a través del trabajo no remunerado de cuidados y reproducción. Por otra parte, planteamientos como la necesidad de renegociar o refinanciar la deuda, o conseguir reducciones, quitas, sin abordar su ilegitimidad, permiten en realidad regenerar y reforzar el capitalismo financiero. Una «salida» que permita reducir el peso de la deuda, para volver a poner el contador a cero o a un nivel suficientemente bajo que la haga «sostenible», y permitir que los mercados finanzas sigan dominando las finanzas y políticas públicas, es una «salida» que perpetúa la actual correlación de fuerzas y, por tanto, las desigualdades sociales, económicas y de género. En las antípodas de seguir manteniendo la rueda del capitalismo financiero, estaría la propuesta de impago de la deuda. Impago para generar una situación de ruptura con el sistema financiero y la actual correlación de poderes, que permita efectivamente darle la vuelta al conflicto capital-vida. Un impago que nos permita definir y decidir qué modelo productivo, financiero, monetario, energético, alimentario, fiscal, laboral o reproductivo necesitamos y queremos, para así construir un futuro desconectadas del dominio de los mercados financieros. No pagar la deuda para abordar el conflicto capital-vida y construir esta vida digna de ser vivida, es lo que podríamos llamar un «impago feminista de la deuda». Situándonos pues en el plano del conflicto capital-vida que plantea el sistema capitalista, las respuestas a la crisis pueden suponer una regeneración del sistema, reforzando los intereses del capital, y que por tanto refuerce el patriarcado. O podemos abordar la necesaria deconstrucción del capitalismo para construir un futuro que nos permita “ganar” dicho conflicto en favor de la sostenibilidad de la vida. Un impago de la deuda que no se plantee como herramienta para abordar el conflicto capital-vida, no podrá ser feminista. Como decíamos, un impago para volver a poner el contador a cero y reanudar las dinámicas de crecimiento económico, competencia, expolio de recursos y explotación laboral, que siga invisibilizando el trabajo no remunerado de cuidados y reproducción, no será nunca feminista. Un futuro que no aborde la ruptura con el dominio de los acreedores, de los mercados financieros, no podrá nunca poner la vida y los cuidados en el centro. Conseguir el impago feminista de la deuda En definitiva, resulta imposible romper con el capitalismo y el patriarcado bajo la deudocracia. Pero conseguir la correlación de fuerzas necesarias para hacer viable este impago feminista de la deuda no es cosa fácil. La propuesta de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda va en esta dirección. Se propone un proceso de aprendizaje colectivo, de empoderamiento, de conocimiento compartido sobre cómo hemos llegado hasta aquí para poder definir y decidir, desde abajo, cuáles deben ser las vías de salida y las alternativas. Es un proceso que necesariamente tenemos que hacer desde una perspectiva feminista y antipatriarcal, de análisis integral del problema: el capitalismo.