Ekona

El rompecabezas italiano: ¿a quién beneficia la crisis bancaria?

11 Dic 2017

Tras el Brexit todas las miradas están puestas en Italia. El presidente del Consejo italiano, Matteo Renzi, se encuentra en una encrucijada de difícil solución. Las élites europeas lo presionan por la situación de los bancos italianos, mientras a nivel interno un fortalecido frente anti-Renzi quiere tumbar el gobierno aprovechando la celebración del referéndum constitucional del próximo otoño. Los resultados de los estrés test de la banca europea que se publicarán el próximo viernes 29 de julio serán cruciales.

Desde hace unos meses Italia ha copado las primeras páginas de los periódicos europeos. The Economist le ha dedicado una llamativa portada el pasado 9 de julio, “The Italian Job”, donde se retrata el actual presidente del Consejo Matteo Renzi en un autobús a punto de precipitarse por un barranco, mientras que el Financial Times no deja de recordar que el Belpaese es actualmente el eslabón más débil de la Eurozona. La crisis de los bancos italianos, según el rotativo británico, podría ser más explosiva que el Brexit y dar el golpe de gracia a la moneda única.

Si bien es cierto que la situación de la economía y las finanzas italianas no es buena, ésta tampoco es nueva. Los bancos italianos arrastran desde hace años niveles muy altos de préstamos morosos, ya que la entrada de Italia en el euro dañó la competitividad de la economía, borrando cualquier rastro de crecimiento económico en l’última década y media. Actualmente el PIB crece a un ritmo del 1% y las previsiones de crecimiento económico del FMI afirman que Italia no recuperará el nivel del PIB anterior a la crisis hasta 2025. La ausencia de crecimiento redujo los incentivos a invertir, los beneficios y los salarios, así como la calidad de los empleos, lo cual no ha dejado de deteriorar la solvencia de los deudores italianos. Además el país sigue con una deuda pública muy elevada del 133% respecto al PIB aunque su déficit público es solo del 2%. No todo es negativo, ya que se estima que la tasa de paro es del 12%, muy lejos del 21% español o del 27% griego, además el ahorro y el patrimonio familiares se mantienen en niveles elevados, y su endeudamiento en relación a la renta disponible es de los menores entre los países de la OCDE, lo cual puede explicar la resistencia de la economía italiana durante la actual crisis.

Sin embargo, parece que algo está cambiando. Los mercados financieros se han fijado en la banca italiana justo después del voto británico a favor del Brexit. Su banco más emblemático y a la vez el más antiguo del mundo, el Monte dei Paschi, se situó al borde de la quiebra al caer sus acciones a menos de la mitad de su valor inmediatamente después del referéndum británico. El presidente Matteo Renzi ha esquivado desde hace más de un año, con maniobras dignas de la mejor tradición italiana en el malabarismo político, el probable rescate europeo a la banca, el cual obligaría a aplicar la nueva directiva europea del ‘bail-in’, o rescate interno, que atribuiría pérdidas a los inversores/ahorradores italianos. Esto podría dañar peligrosamente la popularidad del presidente antes del reférendum de octubre sobre la constitución, en el que Renzi se juega la presidencia y su carrera política. Sin embargo, en las próximas semanas, dependiendo de los resultados de los estrés test del viernes 29 de julio, Italia podría convertirse en el blanco de presiones que hagan el rescate ineludible, sacudiendo más si cabe la frágil estabilidad política que el país mediterráneo había conseguido en los últimos tiempos.

Renzi, ante una partida compleja

La partida que debe jugar Matteo Renzi en las próximas semanas deberá enfocarse a conseguir el equilibrio entre las dos vertientes de la actual crisis, la europea y la doméstica.

El exalcalde de Florencia, que se convirtió en presidente del Consejo sin pasar por las urnas, ha procedido con extrema rapidez a una radical transformación del sistema político italiano, abriendo grietas dentro de su mismo partido y enemistándose aún más con la oposición. Tras la sonada derrota en las elecciones municipales del mes de junio, en las que el Movimiento 5 Estrellas, que en el pasado había defendido un reférendum sobre la salida del euro, ha conquistado las alcaldías de Roma y Turín y el alcalde “rebelde” Luigi de Magistris ha arrasado en Nápoles, en el Partido Democrático (PD) han saltado ya todas las alarmas. La preocupación no es tanto por las próximas elecciones generales que deberían celebrarse en 2018, sino por lo que pueda acaecer en otoño que se anuncia muy caliente ya que se celebrará el referéndum constitucional en que Renzi se la juega: una derrota significaría la posible muerte política del mediático líder italiano y la convocatoria de nuevas elecciones.

El frente anti-Renzi ha ido fortaleciéndose en los últimos tiempos y va desde la izquierda de Sinistra Italiana, los sindicatos y de los nuevos movimientos municipalistas hasta la extrema derecha de la Liga Norte, pasando por los Cinco Estrellas de Beppe Grillo. Por un lado, el proyecto de Renzi de convertir el PD, hijo de las transformaciones del glorioso Partido Comunista Italiano (PCI) en el “Partido de la Nación”, una especie de catch-all-party poco definido ideológicamente que incluye a católicos, berlusconianos, centristas y todos los que quieran sumarse, está encontrando cada vez más resistencias. Por otro lado, la criticada reforma de la Constitución de 1948, fruto del consenso antifascista, que pretende poner fin al sistema bicameral perfecto italiano para fortalecer así el poder ejecutivo respecto al legislativo, se suma a una serie de reformas (de la educación, la justicia, el trabajo, etc.) que ni Berlusconi se había atrevido a hacer y que han levantado una polvareda notable. Renzi se ha propuesto cambiar los cimientos del sistema político italiano, tildado de inestable, lento y farragoso, y por esto ha impuesto también una nueva ley electoral, el Italicum, que cierra la etapa del enrevesado sistema bautizado como Porcellum en vigor desde 2006 y considerado inconstitucional en 2013. El Italicum, que se propone como solución a la ingobernabilidad vivida en el pasado por Italia y que debería entrar en vigor este verano, se inspira en el sistema electoral español, pero lo modifica en algunas cuestiones cruciales: un proporcional sobre base nacional –y no provincial– con un premio para la lista que supera el 40% de los votos. Si nadie llega al 40%, hay una segunda vuelta para establecer la lista que se lleva el 55% de los escaños de la cámara baja. El Italicum viene a ser una especie de mezcla entre el sistema francés, el griego y el español. Si la propuesta de Renzi fracasara en el referéndum de octubre abriría una crisis política en Italia que podría llevar al partido de Beppe Grillo a la presidencia, lo cual podría abrir una nueva crisis del euro.

La banca italiana y la desunión europea

La actual crisis sucede a la espera de la publicación por parte de la Asociación Bancaria Europea, el próximo viernes 29 de julio, de los resultados de los tests de estrés a la banca europea, que previsiblemente anunciarán que el sistema bancario italiano necesita reformas importantes para reducir sus niveles de deuda morosa, aumentar su capital y reducir su costosa estructura, presionando así por el cierre de sucursales, la realización de fusiones y la resolución de entidades pequeñas e/o insolventes. El sistema bancario italiano continúa teniendo una estructura bancaria tradicional parecida a la de las cajas, basada en las relaciones de cercanía, redes con numerosas sucursales, y un control y gestión ligados a las estructuras de poder político y ecónomico nacionales. La actual situación podría ser una oportunidad para la burocracia europea, tutelada por las élites financieras internacionales, para forzar una reforma bancaria parecida a la llevada a cabo en el Estado español en 2012, que abriera el sistema bancario al capital extranjero y diluyera la estrecha relación entre las estructura de poder político y financiero a nivel nacional. El objetivo de estas reformas sería facilitar la europeización del sistema bancario, transitando hacia la unión bancaria europea.

Sin embargo, la unión bancaria nació con numerosos problemas, por lo que en realidad se parece más a una desunión bancaria. El más importante de ellos es la falta de un sistema común de cobertura de depósitos, dado que Alemania se ha opuesto a dotar significativamente un fondo que podría acabar compensando a depositantes no alemanes. En segundo lugar, el mecanismo creado para la supervisión bancaria común, que forma parte del BCE, aun tiene muchos aspectos por definir, y no incluye la supervisión de las entidades más pequeñas, lo que puede suponer un riesgo. Esto  también tiene como principal causa la oposicón del gobierno de Merkel, el cual peleó para dejar fuera del control del BCE las cajas alemanas, que suponen el 20% de los activos bancarios del país. Finalmente, el mecanismo de resolución bancaria que entró en vigor en enero de este año, y que debe proporcionar el marco legal y los fondos en caso de quiebra y liquidación de un banco europeo, se sustenta en el dinero que los estados ponen en el nuevo Fondo Único de Resolución. En este acuerdo se acordó dotar el Fondo con 55.000 millones (solo un rídiculo 1% del total de los depósitos) con contribuciones de los bancos durante 8 años. Al final de estos 8 años habría una mutualización plena, pero de momento ésta sería solo del 40% en el primer año, el 60% en el segundo y del 70% en 2018. En estos momentos el Fondo solo tiene 4.000 millones de euros, de los cuales según el acuerdo menos de la mitad serían mútuos. Esta cantidad es irrisoria si contemplamos por ejemplo las estimaciones optimistas de que el sistema bancario italiano, con 360.000 millones de deuda de dudosa viabilidad, necesita aproximadamente 40.000 millones de euros para ser recapitalizado.

Ha habido intensas pugnas entre los estados respecto a cuáles deberían ser los mecanismos de resolución transitorios hasta que el Fondo esté suficientemente dotado. El Fondo se puso en marcha mediante un Acuerdo Intergubernamental al margen de los Tratados, el cual no suscribieron ni Suecia ni el Reino Unido. La falta de compromiso de estos últimos y la reticencia a cambiar los Tratados, principalmente Alemania, indica la poca voluntad de los estados de ceder poder a las estructuras supranacionales de Bruselas. Además, en la actualidad no existe ningún mecanismo transitorio alternativo al Fondo Único ni tampoco un mecanismo de respaldo público europeo al que recurrir ante una crisis sistémica en la que los fondos existentes no sean suficientes.

Esta falta de compromiso con la Unión de los distintos estados se ha compensado añadiendo la cláusula bail-in o mecanismo de recapitalización interna en caso de resolución o quiebra, que implica que los accionistas y los acreedores deben asumir parte de los costes de resolución por al menos un 8% del valor de los pasivos. Cada entidad solo podrá recurrir al Fondo después de aplicar el bail-in para solicitar un máximo del 5% de sus pasivos. El hipotético rescate a la banca italiana sería un caso en el que el bail-in afectaría de forma especialmente intensa a los acreedores, ya que según indica el Staff Report de julio del FMI sobre la situación financiera del país, en Italia el 30% de los 650.000 millones de euros en instrumentos de deuda bancaria están en posesión de los hogares italianos, los cuales asumirían pérdidas de forma segura y significativa si se rescatara a cualquier de los 15 mayores bancos italianos.

Matteo Renzi ha intentado negociar que se haga una excepción con Italia y se permita facilitar fondos del Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) a los bancos italianos sin aplicar el bail-in que aplicaría pérdidas a accionistas y acreedores de los bancos, y llegó a a amenazar con proveer los fondos públicos a nivel nacional si la UE no le permitía saltarse el bail-in. Merkel ya ha dejado claro que esto no es posible, ya que si se hiciera esa excepción con Italia la credibilidad de la ya poco creíble Unión Bancaria quedaría tocada de muerte pocos meses después de su puesta en marcha. Sin embargo, la cancillera ha afirmado que la banca italiana no es un problema, y que seguramente se podrá llegar a un acuerdo que no sea traumático ni para los ahorradores ni para el gobierno italiano, intentando transmitir tranquilidad a los inversores/ahorradores italianos así como su apoyo al presidente italiano.

Las diferentes estrategias posibles

A juzgar por los elementos sobre la mesa Renzi tendría tres salidas a la actual crisis. La primera sería saltarse las normas de la UE y poner en marcha un rescate público a nivel nacional que no aplique pérdidas a los inversores/ahorradores en deuda subordinada. Esto parece casi imposible, ya que tal desafío a la Unión Bancaria y a las normas de la Eurozona forzaría al resto de estados miembros a tomar serias represalias contra Italia, que probablemente debieran pasar por su expulsión de la Eurozona. La segunda opción sería solicitar el rescate y aplicar el bail-in de forma suave, ofreciendo compensaciones a los inversores que sufran pérdidas. Renzi cuenta con el apoyo de Merkel para llevar a cabo la opción de rescate suave, pero tal opción aunque suavizada no deja de ser arriesgada ya que es difícil evaluar cuál será la reacción de aquellos que pierdan parte de sus ahorros, y cuál sería el impacto de esta estrategia sobre su popularidad antes del referéndum de octubre. Finalmente, la última opción y la preferida por Renzi sería la de alargar la situación posponiendo las reformas, a base de dilatar las negociaciones para intentar llegar a octubre sin hacer nada. La viabilidad de esta opción dependerá del dictámen de los tests de estrés de la Asociación Bancaria Europea que se publicarán el viernes, así como del nivel de apoyo recibido por parte de Merkel después de la publicación de los resultados.

La elección de la estrategia para salir de la crisis marcará también el futuro de Renzi y de la situación política italiana. Es indudable que una aplicación del bail-in, aunque de forma suave, se interpretaría como una derrota del presidente del Consejo italiano y fortalecería aún más el frente anti-Renzi de cara al referéndum constitucional del mes de octubre. Sin embargo, como es sabido, la política italiana no deja de sorprender por su capacidad de resolver los rompecabezas más complicados. Y Renzi puede que tenga aún un par de ases en la manga. Por un lado, podría jugar la carta de presentarse ante las élites europeas como el único político que garantice la estabilidad política en la tercera economía de la UE: en caso de elecciones anticipadas, las alternativas al PD serían los 5 Estrellas o un renacido, aunque improbable a día de hoy, frente de derechas con un decadente Berlusconi que no quiere aún jubilarse, los centristas del actual ministro Angelino Alfano, la derecha de Fratelli d’Italia y la Liga Norte de Matteo Salvini, claramente ubicada en la línea del Frente Nacional de Marine Le Pen. No hay duda de que para Bruselas y Frankfurt un europeísta muy poco crítico con las políticas impuestas por las élites europeas en los últimos siete años como Renzi resulta la única solución si no se quiere abrir otro frente de inestabilidad en el sur de Europa.

Por otro lado, a nivel doméstico, el presidente del Consejo italiano podría jugar la carta de ser uno de los pocos políticos europeos que desafía el ordoliberismo alemán con el objetivo de intentar recuperar consenso en Italia, mostrando su capacidad de liderazgo en la nueva fase de la UE post-Brexit. No es casualidad que a finales de agosto Renzi haya convocado un encuentro con Merkel y Hollande en la isla de Ventotene, donde Altiero Spinelli redactó su manifiesto europeísta en 1941. Además, a Renzi puede jugar unas cuantas cartas más en el complejo tablero italiano. Por ejemplo, puede ceder sobre algunas cuestiones de política doméstica para obtener un cambio de posición de algunas formaciones políticas de cara al referéndum constitucional de octubre, que, para más inri, podría postergar al mes de noviembre para ganar tiempo. Una modificación de la ley electoral –con un premio a la coalición y no a la lista– podría contentar a la oposición de izquierdas dentro del PD y al mismo centro-derecha, protagonista de numerosas mini-escisiones hacia la mayoría de gobierno, y encontraría la rotunda oposición de los 5 Estrellas que se considerarían perjudicados en este nuevo escenario. De momento, Berlusconi ha reafirmado su “no” la reforma constitucional, pero, como se sabe, las vías del señor son infinitas, sobre todo en los pasillos del Parlamento de Roma.

Europa necesita cambios profundos y no remiendos

Más allá del sinvivir del día a día dedicado a ir sorteando una a una de forma precaria las actuales crisis europeas, un análisis calmado y con cierta perspectiva debería permitirnos ver la relación entre la camisa de fuerza política que supone el euro con la situación de insolvencia de la banca en la periferia europea, así como con las medidas neoliberales de austeridad aplicadas bajo el pretexto del incremento de la competitividad. Esto debería permitirnos ver que sortear la siguiente crisis con un remiendo más y a base de malabarismos no cambia la dinámica histórica material que está haciendo que las gentes europeas se harten y expresen su malestar a la primera oportunidad que se les presenta en contra de lo que entienden que es una Unión Europea carente de democracia. Los líderes europeos siguen sin presentar propuestas que ofrezcan un futuro viable y esperanzador para Europa, por lo que los nuevos partidos de izquierdas con valores humanistas y pacifistas, nacidos de la actual crisis de la Unión, deberían trabajar en dibujar los horizontes pacifistas y solidarios que la actual Unión Europea nos niega.

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Creación de un indicador compuesto para medir el desempeño universitario en la aplicación de la Agenda 2030

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La necesidad de una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

En un contexto marcado por el cambio climático y por una creciente exposición social, económica y ambiental al riesgo, la reducción del riesgo de desastres (RRD) se ha convertido en una prioridad estratégica. Ya no hablamos solo de emergencias puntuales, sino de un fenómeno estructural que condiciona la seguridad humana, la estabilidad económica y la sostenibilidad. Los desastres, cada vez más frecuentes y complejos, son el síntoma visible de un sistema que necesita anticipación, cooperación y conocimiento compartido. En este sentido, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado por los Estados Miembros de la ONU el 18 de marzo de 2015 en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en la ciudad japonesa de Sendai, Prefectura de Miyagi. Este marco tiene como objetivo general lograr la reducción sustancial del riesgo y de las pérdidas por desastres en vidas, medios de vida y salud, así como en los activos económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de personas, empresas, comunidades y países durante los próximos años. Sus Metas específicas son las siguientes: Plataformas para la Reducción de Riesgos de Desastres La Plataforma Global es un foro para el intercambio de información, la realización de debates sobre los últimos acontecimientos, la socialización de conocimiento y el establecimiento de alianzas entre los distintos sectores, con el propósito de aumentar la implementación de la reducción del riesgo de desastres mediante una mejor comunicación y coordinación entre los distintos grupos interesados. Esta plataforma permite que los gobiernos, las ONG, los científicos, los profesionales en distintos campos y las organizaciones de las Naciones Unidas compartan experiencias y acuerden lineamientos estratégicos para la aplicación del Marco de Sendai. Las Plataformas Regionales son foros multisectoriales que reflejan el compromiso de los gobiernos para mejorar la coordinación y la realización de actividades para la reducción del riesgo de desastres, mientras establece nexos con iniciativas nacionales e internacionales. Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) fomenta el establecimiento de mecanismos de coordinación multisectorial para la RRD, tales como las Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres, a fin de destacar la relevancia, el valor agregado y la rentabilidad de un enfoque coherente y coordinado para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional. En España, la creación de esta Plataforma Nacional no partiría de cero ya que existe el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Este plan, que forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, ya establece la arquitectura estratégica necesaria para, o bien utilizarla directamente como el espacio desde el que dirigir las investigaciones y acciones en materia de RRD, o bien como un modelo inspirador para crear un órgano ad hoc específicamente dedicado a esta misión. La urgencia de crear esta Plataforma Anticipar el riesgo es hoy una cuestión de responsabilidad pública y colectiva. La creciente frecuencia de fenómenos extremos, la exposición de infraestructuras críticas y la desigualdad en la capacidad de respuesta exigen una estructura estable de coordinación que funcione de manera permanente y transversal. Solo una visión integrada, que combine ciencia, planificación territorial y cooperación institucional, puede ofrecer una respuesta coherente a los desafíos de esta nueva realidad. La creación de esta Plataforma es una necesidad estratégica. La justificación se basa en dos pilares interconectados: 1.  La nueva realidad de los desastres: la complejidad, intensidad y frecuencia de algunos desastres están aumentando debido, con mucha frecuencia, al cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más vinculados a este fenómeno, no entienden de fronteras administrativas ni de competencias sectoriales. Los desastres actuales no son eventos aislados, sino crisis encadenadas e interconectadas. Un incendio forestal no es solo un problema para los bomberos; afecta a la biodiversidad, a la calidad del aire, a la salud pública, a la economía local y a las infraestructuras. Entender esta red de interdependencias es la clave para anticipar y reducir los impactos antes de que se transformen en catástrofes. Gestionarlo de forma efectiva requiere de una visión integral que solo puede lograrse con una coordinación multisectorial permanente. 2.  La coherencia y la eficiencia: actuar de forma aislada y fragmentada es ineficiente y costoso. Una Plataforma Nacional permite un enfoque coherente y coordinado. Esto significa: – Evitar duplicidades entre diferentes administraciones. – Compartir información: crear un flujo de datos e inteligencia sobre riesgos que beneficie a todos los actores implicados. – Optimizar recursos: invertir de forma más inteligente en prevención, preparación y respuesta, obteniendo un mayor retorno en seguridad para la ciudadanía. – Dar relevancia: elevar la reducción del riesgo de desastres a la máxima prioridad política, reconociendo su valor crucial para el desarrollo sostenible del país. Hacia una Cultura de la Prevención El verdadero valor de una Plataforma Nacional para la RRD va más allá de la gestión de la emergencia cuando el desastre ya ha ocurrido. Su misión más importante es fomentar una cultura de la prevención. En lugar de limitarnos a ser reactivos —a esperar a que ocurra lo peor para actuar—, esta Plataforma permitiría un trabajo proactivo que permitiría identificar los riesgos antes de que se materialicen, de fortalecer las infraestructuras críticas, de educar a la población, de planificar el uso del territorio de forma más segura y de asegurar que nuestros sistemas de alerta temprana sean lo más robustos posibles. Fomentar la cultura de la prevención es también fomentar la equidad. Los desastres afectan con mayor dureza a las comunidades más vulnerables (quienes viven en viviendas precarias, en zonas de riesgo o con menos acceso a la información). Una Plataforma Nacional puede convertirse en un instrumento para fortalecer la justicia territorial y social, garantizando que nadie quede atrás ante los impactos climáticos y ambientales. Al estar anclada en estructuras ya existentes como las derivadas del Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, y con el respaldo del Consejo Nacional de Protección Civil, la Plataforma tendría la autoridad y la capacidad para impulsar este cambio de mentalidad,
Opinión

Gobernar la ciudad más allá de la ciudad

Las grandes áreas urbanas del siglo XXI ya no caben dentro de los límites de sus municipios. La expansión de las ciudades, la movilidad diaria entre localidades y los retos compartidos —desde la vivienda hasta el cambio climático— exigen una gobernanza metropolitana, capaz de coordinar decisiones que afectan a millones de personas y a territorios interconectados. Pensar en una escala metropolitana Las ciudades actuales funcionan como redes vivas. Las personas residen en un municipio, trabajan en otro, consumen recursos que vienen de un tercero y generan impactos ambientales que se extienden mucho más allá de sus fronteras administrativas. En este contexto, los problemas urbanos —movilidad, contaminación, vivienda, gestión del agua o residuos— ya no pueden resolverse de forma aislada. Por otro lado, el cambio climático agrava esta situación. Las emergencias asociadas a fenómenos extremos, como las DANA (depresiones aisladas en niveles altos) que afectan recurrentemente al Mediterráneo, o los incendios, revelan las limitaciones de la gestión fragmentada. Cuando cada ayuntamiento actúa por su cuenta, se ralentiza la respuesta y se pierden recursos valiosos. La gestión de riesgos climáticos, como inundaciones, olas de calor o incendios forestales, exige una visión que trascienda los límites municipales y aborde los fenómenos a escala territorial. Las decisiones sobre urbanización, infraestructuras o usos del suelo en un municipio pueden tener efectos directos sobre los territorios vecinos. Una planificación metropolitana permite delimitar los usos del suelo con una visión amplia, garantizar una proporción adecuada de superficies permeables e infraestructuras capaces de absorber y retener el agua, asegurar espacios de laminación y drenaje, y revisar infraestructuras supramunicipales que pueden actuar como barreras o trampas de avenidas. Al mismo tiempo, esta escala de gestión facilita coordinar la disponibilidad de refugios climáticos de distinta tipología, organizar redes de centros sanitarios y logísticos para atender a población desplazada, y prever espacios de acopio y distribución de ayuda en emergencias de gran escala. Esta mirada integral amplía el foco de la gestión del territorio y permite responder con mayor eficacia y equidad ante la complejidad de los riesgos contemporáneos. Un órgano metropolitano ofrece un marco institucional común para coordinar políticas, compartir infraestructuras, optimizar servicios y anticipar riesgos climáticos, orientado a gobernar el territorio real, y no solo el nivel administrativo. Barcelona como referencia: una gestión integrada El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es el ejemplo más avanzado de este tipo de gobernanza en España. Agrupa a 36 municipios y gestiona competencias amplias que van desde el urbanismo hasta la movilidad, la vivienda, el medio ambiente o el desarrollo económico. Algunas de sus áreas clave son las siguientes: • Ordenación del territorio y urbanismo: planifica el crecimiento urbano con criterios de sostenibilidad, equilibrio social y eficiencia territorial. • Transporte y movilidad: coordina autobuses, metro y redes metropolitanas, fomentando la intermodalidad y la reducción de emisiones. • Medio ambiente y sostenibilidad: gestiona el ciclo del agua, los residuos y programas de protección ambiental y biodiversidad, incluyendo un plan metropolitano de lucha contra el cambio climático. • Energías renovables: impulsa instalaciones sostenibles y apoya la transición energética de los municipios. • Vivienda y cohesión social: actúa por delegación de los ayuntamientos para garantizar una política de suelo solidaria entre municipios. • Desarrollo económico y empleo: fomenta la innovación, la creación de empresas y la competitividad regional. Este modelo demuestra que la cooperación institucional amplía la capacidad de acción frente a desafíos que ningún municipio puede resolver por sí solo, aunque la capital sea tan importante como Barcelona. Una oportunidad por aprovechar frente a los desafíos actuales El contraste entre AMB y las mancomunidades de municipios que existen muestra cómo un órgano metropolitano integra la planificación estratégica y coordina los recursos, mientras que las mancomunidades actuales se limitan a la gestión de servicios puntuales, lo cual no alcanza la escala estratégica necesaria para abordar los grandes retos urbanos y ambientales de la región que abarcan. Ciudades como Valencia y su entorno forman una de las áreas metropolitanas más dinámicas del Mediterráneo, con un metabolismo social integrado: los flujos de personas, recursos, energía y residuos circulan diariamente entre municipios. Pero carece de un órgano político capaz de coordinar ese metabolismo y transformarlo hacia la sostenibilidad. Algo similar sucede en otras áreas metropolitanas, que existen en la realidad socioeconómica pero no en la administrativa. Crear un ente metropolitano de gestión —con competencias claras en movilidad, vivienda, planificación territorial y adaptación climática— permitiría mejorar la eficiencia institucional, reducir duplicidades y anticipar riesgos ambientales como los derivados del cambio climático. Adaptación al cambio climático: una visión integrada La creación de órganos metropolitanos no es solo una cuestión de gobernanza, sino una estrategia de adaptación climática. Las aglomeraciones urbanas concentran población, infraestructuras críticas y emisiones, pero también concentran capacidad de innovación y de acción colectiva. Un sistema metropolitano bien diseñado puede: • Coordinar planes de emergencia y protección civil ante fenómenos extremos, integrando la gestión de riesgos climáticos (inundaciones, olas de calor e incendios…) mediante infraestructuras de refugio, sistemas de alerta temprana y redes supramunicipales de asistencia y apoyo. • Gestionar el ciclo del agua y los residuos de forma integrada. • Reducir las emisiones mediante transporte público y energía limpia. • Planificar la expansión urbana evitando zonas de riesgo climático. • Impulsar la resiliencia económica y social, garantizando igualdad territorial. En definitiva, permite pasar de la reacción a la prevención estratégica, con decisiones basadas en datos y cooperación, y a la cultura de la resiliencia, con estructuras y mecanismos diseñados para garantizar la capacidad de resistir. P. Cotarelo y O. Mayoral