En los últimos meses, los movimientos vecinales de diferentes puntos del país han traído al debate público la necesidad de replantear de forma estructural el sector turístico en sus zonas. Advierten de que en estos lugares (y quizás en otros también) se ha superado la capacidad de carga debido al incesante crecimiento de la actividad turística y sus consecuencias. Entre ellas se encuentran el deterioro ambiental y el aumento de la contaminación, las aglomeraciones frecuentes y en algunos casos peligrosas, el empeoramiento de servicios públicos como el transporte, el encarecimiento de la vida común, el desplazamiento de la población local, las dificultades que las personas trabajadoras encuentran para vivir relativamente cerca de su lugar de trabajo cotidiano, la especulación con la vivienda, y la pérdida de la identidad cultural local.
La inercia del monocultivo turístico
Aunque quizás para el gran público se trata de una novedad, se lleva alertando de este problema desde diferentes colectivos y agentes sociales desde hace años gracias a los datos recogidos en otros emplazamientos donde el proceso de turistificación ha avanzado con anterioridad. Debido a estos datos y a las reflexiones, análisis y publicaciones desde las ciencias sociales, algunos responsables políticos han intentado aportar soluciones desde el ámbito de la política pública para evitar los efectos más graves del monocultivo turístico y, en algunos casos, para intentar revertirlo, con resultados dispares.
Es necesario reconocer en primer lugar, que los incentivos que tienen los y las responsables políticos no son especialmente favorables para llevar a cabo esta tarea. Pues, a pesar del mandato institucional que deben cumplir en cuanto a representar los intereses de su población, y a pesar de las protestas sociales habidas en sus diferentes formas, parecen tener más peso los factores significativos que incentivan en sentido contrario. Como resultado vemos que la tendencia general es permanecer de la misma manera que hasta el momento, es decir, no hacer nada que altere el mecanismo turistificador.
Se podría decir que el mayor incentivo para que nada cambie es que los cambios en general, y este en particular, conllevan un gran desgaste y son complejos. Esto es debido a las inercias, a las dificultades técnicas y a las relaciones de poder establecidas. Entre las dificultades técnicas se podría destacar una que, pese a su importancia, a menudo se obvia, que es la imposibilidad de sustituir el monocultivo turístico por otra actividad (o actividades) manteniendo los principales indicadores en términos similares.
Al igual que cualquier otra actividad depredadora el turismo extrae “activos” (playas y otros espacios naturales, monumentos, clima, arquitectura, población formada y cuidada, infraestructuras públicas, etc.) de manera gratuita y los procesa generando retorno económico (que en muchos casos no revierte en la zona, ni siquiera a su clase capitalista) y externalidades generalmente negativas (como las enumeradas al principio del texto: deterioro ambiental y aumento de la contaminación, aglomeraciones, empeoramiento de servicios públicos, encarecimiento de la vida común, desplazamiento de la población local, dificultades que las personas trabajadoras encuentran para vivir cerca de su lugar de trabajo cotidiano, especulación con la vivienda, pérdida de la identidad cultural local).
Además, cuando se llega a la fase en la que se ha consolidado el monocultivo de una actividad como ésta, se han dinamitado demasiados puentes para volver a considerarla una actividad más dentro de un abanico de actividades económicas que desarrollar. El proceso turistificador avanza alcanzando la fase de monocultivo socioeconómico y, una vez allí, sigue avanzando en su depredación del entorno y la sociedad sobre los que se asienta.
Entre los indicadores que tienden a señalar de manera inequívoca que el monocultivo turístico se ha establecido se encuentran los siguientes: la población censada disminuye; la renta familiar disponible aumenta debido a la expulsión de las clases menos pudientes por la subida de precios generalizada y de la vivienda en particular; la superficie dedicada al turismo y a la hostelería aumenta en relación a otras actividades económicas, como la industria y la educación; la saturación de este tipo de actividad avanza colonizando cada vez más zonas de la ciudad; la proliferación de viviendas para uso turístico se extiende exponencialmente ante la ausencia de mecanismos de control efectivos; los comercios comúnmente dirigidos a la población local, como los de alimentación, viran su oferta hacia el turista, desapareciendo los de productos frescos como pescaderías, carnicerías y fruterías.
Además, se comienzan a detectar fenómenos incomprensibles a simple vista, como el cierre de comercios (bajada de persiana) en las zonas más masificadas o sus alrededores porque se utilizan como almacén de otros locales (de hostelería, fundamentalmente) cuya actividad no puede desarrollarse de la manera deseada debido a la gran demanda a la que se les somete y sus necesidades de rotación de producto. Esto conlleva también el crecimiento de la sensación de inseguridad y/o riesgo en dichas zonas.
En estas condiciones, un retorno económico de las mismas características sin incurrir en graves externalidades no es posible. Es decir, sustituir esta actividad de monocultivo por otra solamente se podría hacer asumiendo la misma (o mayor) cantidad de externalidades negativas. Las externalidades negativas podrían encontrarse en dos grandes grupos: las que quedan fuera de la legalidad, o aquellas que pusieran en riesgo grave la propia supervivencia del negocio en el corto plazo (como las de carácter ambiental o social que interrumpiesen considerablemente el flujo de capital).
De hecho, en buena parte la expansión de este monocultivo procede de la percepción de que éste tiene mayor rentabilidad que el resto de actividades y es legítimo ofrecer facilidades a su desarrollo. Los mecanismos que facilitan su desarrollo por encima de otras opciones socioeconómicas también forman parte de la propia estructura institucional (pública y privada) del monocultivo turístico, lo cual aumenta la percepción de su gran rentabilidad y de la no necesidad de otras actividades no relacionadas con él.
Por lo tanto, cuanto más avanza el proceso de profundización del monocultivo, más crece la imposibilidad de sustituirlo por otra actividad sostenible en términos económicos, ambientales y sociales. Por una parte, el imaginario colectivo e institucional se aleja cada vez más de esa posibilidad. Y por otra parte, en términos materiales, la inclusión creciente de elementos que atentan contra el medio ambiente y los derechos y las condiciones sociales, consustancial al monocultivo turístico, convierte en imposible que exista otra actividad que, cumpliendo las reglas socioambientales, pueda generar rentabilidades monetarias similares. Dicha opción queda descartada de la acción política.
Además, un incentivo tremendamente perverso que tienen los responsables políticos para no promover cambios al respecto. La perversión radica en que la población local vulnerable a la expulsión de su barrio, y de la ciudad, en última instancia, puede desaparecer del censo electoral y, por tanto, del ejercicio de la crítica de dichas actuaciones a través del voto. En consecuencia, su expulsión supone también la desaparición de una parte de la oposición a este tipo de políticas de monocultivo turístico. De esta manera, en el instante en el que esa población local vulnerable deje de formar parte del censo porque es expulsada no tendrán la posibilidad de hacerlo y los responsables políticos solamente tendrán que rendir cuentas ante una población minoritaria (que ejerza el voto) a la que ha favorecido en el proceso.
Pero no es el único incentivo perverso que favorece la inacción de los responsables políticos. Otro de ellos consiste en que algunos de los indicadores socioeconómicos de la ciudad podrían mostrar una evolución no favorable según los estándares convencionales. Ya se ha mencionado previamente que la renta familiar disponible aumenta con la expansión del monocultivo turístico debido a la expulsión de la población con menos recursos y su sustitución (en algunos casos) por población con más recursos. Los datos de inversión externa en la ciudad también suelen aumentar con la expansión del monocultivo turístico (junto con la especulación y la extracción de recursos). En algunos casos incluso puede aumentar la recaudación de algunos impuestos y tasas municipales vinculados a actividades específicas del monocultivo turístico.
En lo que respecta a los puentes que se han dinamitado para dejar paso al monocultivo turístico, se detecta otro gran incentivo para la inacción institucional. Los diferentes elementos que constituían (o podían constituir) una estructura socioeconómica diferente, no dependiente de monocultivos de ningún tipo, están ausentes. La formación, el personal, la financiación, la cultura y el concepto de una rentabilidad adecuada han desaparecido. Por una parte, las instituciones, los mecanismos y los dispositivos de formación en otras disciplinas distintas al turismo se han visto significativamente mermadas, cuando no desaparecidas. Esto se complementa con la falta de demanda de este tipo de actividades de formación.
Todo ello da lugar a una cultura en la que el imaginario ha ido desechando visiones alternativas de futuro en el que quepan actividades diferentes al turismo. En el caso de que se optase por poner en marcha otras actividades no turísticas sería necesario “importar” personal suficientemente cualificado para desarrollarlas. Las instituciones y los mecanismos financieros están especializados en el turismo y no dejan espacio a otras actividades más “productivas”, como la industria.
Por otra parte, en el ámbito de los efectos estructurales, un fenómeno especialmente grave asociado a la expansión del monocultivo turístico es la interrupción de los circuitos de redistribución de la riqueza al disminuir las clases populares y comenzar a “perder el sentido” el concepto de redistribución en sí mismo debido a la desaparición del sujeto (de derechos) al que se dirige este mecanismo. Esto no solamente afecta a la población de la ciudad en cuestión sino también a las comunidades adyacentes, tanto a las Comunidades Autónomas como al propio Estado. La desaparición del concepto de redistribución de la riqueza en los lugares percibidos socialmente con mayor rentabilidad económica puede conducir a un debilitamiento de las bases de la sociedad, en términos políticos y también económicos. El espejismo de identificar la mayor rentabilidad económica con la ausencia de redistribución puede llegar a salir muy caro.
Todo este cóctel de factores constituye una barrera importante a la acción institucional. Los responsables políticos se enfrentan a un entramado de incentivos que condenan a la inacción, a permitir que la inercia turistificadora siga su curso. En el caso excepcional de que decidan modificar ese curso, el proceso que deben desarrollar implica cambio (y sus resistencias asociadas), acción y trabajo.
Una vez vencida la ilusión de la sustitución del monocultivo turístico por otra actividad, comienza el ejercicio de la política pública real, la que vela por los intereses de la sociedad a la que representa (y de sus generaciones venideras) a través del contrato institucional general y de los programas de gobierno concretos. A grandes rasgos, se podría decir que la generación de una alternativa al monocultivo turístico en las ciudades engloba diferentes dimensiones relacionadas con la acción de la política pública, entre las que se encuentran, al menos, las siguientes:
Garantizar derechos
El objetivo de las actuaciones vinculadas a la garantía de derechos es sostener las condiciones de vida de las personas que viven en la ciudad dentro de los márgenes de la dignidad como condición de posibilidad de supervivencia de su integridad social y económica. La capacidad de ejercer la libertad depende en buena medida de esta garantía.
Nuevos motores de actividad con retorno social
Cada lugar tiene sus realidades y peculiaridades, con lo cual para escapar del monocultivo turístico es necesario identificar los posibles motores de la actividad socioeconómica que pueden contribuir a la sostenibilidad de la vida, incidiendo en el impulso de los valores y los potenciales locales.
Las líneas estratégicas se deben definir en torno a generar nuevas oportunidades y actividades que contribuyan a promover los valores y potenciales locales como manera de garantizar la resiliencia y la diversificación, asegurar trabajo de calidad y generar un ecosistema social más equilibrado que pueda convivir saludablemente.
El nuevo modelo de desarrollo propuesto, además de ser un cambio de tipo de actividad y de introducir una presencia más grande de otras actividades pertenecientes incluso a diferentes sectores económicos, también implica una modificación de las estructuras socioeconómicas y de la manera que se mide su contribución al desarrollo local.
En este sentido, las novedades del nuevo modelo están relacionadas con el carácter local del desarrollo y con su retorno social. Esto implica que el sistema de medida utilizado convencionalmente (PIB) debe sustituirse por otro, ya que no considera ni qué parte de la riqueza revierte en la población local ni qué tipo de retorno llega a la población y de qué manera. El nuevo sistema de medida de impacto de las estructuras socioeconómicas basado en el retorno social permite no solo medir el impacto socioeconómico de las novedades ex-post sino, fundamentalmente, ex-ante. Un sistema que pueda medir el impacto ex-ante, en las dimensiones ambiental, social y de gobernanza, no solo es un sistema de evaluación sino que también es un sistema de incentivación.
Herramientas de consolidación de los cambios
La sostenibilidad en el tiempo del nuevo modelo depende de la detección de aquellas herramientas que permitan consolidar las mejoras realizadas en el sistema socioeconómico como consecuencia de las propuestas elaboradas en cada caso, evitando de este modo el retorno a dinámicas y procesos perniciosos que hipotequen el futuro de la convivencia y la sostenibilidad de las condiciones de vida en la ciudad.
Con el objetivo de crear las condiciones más adecuadas para el desarrollo de los cambios y de las medidas que impidan la vuelta atrás se pueden distinguir dos vías:
§ Fortalecer la convivencia
§ Aplicar mecanismos normativos
Comunicación y participación
A partir de una reflexión sobre la necesidad de evolucionar la imagen y el relato que se explica la ciudad a sí misma, en diálogo con vecinos y vecinas, se debe generar un tipo de comunicación que incluya también el relato que se explica hacia el exterior para hacerlo coherente con las necesidades de sostenibilidad a partir de los nuevos planes de desarrollo y convivencia.
Redefinición del espacio público
El deterioro provocado por el monocultivo turístico en la definición y uso del espacio público obliga a un nuevo modelo a promover e impulsar las medidas necesarias para favorecer un uso del espacio público que permita la convivencia de la diversidad y la consolidación de las nuevas herramientas de desarrollo (entre las cuales deben incluirse mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones), así como el fortalecimiento de las relaciones sociales que conforman el tejido de la ciudad.
Detener procesos ilegítimos
Para evitar obstáculos relacionados con la coacción y otros mecanismos antidemocráticos es necesario resaltar la necesidad de desarrollar y aplicar con rigor las herramientas y medidas que permitan a la sociedad vivir en armonía y seguridad. La estrategia para parar los procesos ilegítimos se basa en dos grandes líneas de acción:
§ Reforzar las medidas que fomentan la convivencia
§ Aumentar los recursos para combatir las actividades ilícitas.
Procesos de concertación
La consolidación y sostenibilidad del nuevo modelo depende también de la promoción de los procesos, las dinámicas y los actores de la ciudad que pueden contribuir a concertar las soluciones y respuestas a los retos que plantea la crisis actual.
P. Cotarelo