Ekona

La necesidad de una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

08 Sep 2025

En un contexto marcado por el cambio climático y por una creciente exposición social, económica y ambiental al riesgo, la reducción del riesgo de desastres (RRD) se ha convertido en una prioridad estratégica. Ya no hablamos solo de emergencias puntuales, sino de un fenómeno estructural que condiciona la seguridad humana, la estabilidad económica y la sostenibilidad. Los desastres, cada vez más frecuentes y complejos, son el síntoma visible de un sistema que necesita anticipación, cooperación y conocimiento compartido.

En este sentido, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado por los Estados Miembros de la ONU el 18 de marzo de 2015 en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en la ciudad japonesa de Sendai, Prefectura de Miyagi. Este marco tiene como objetivo general lograr la reducción sustancial del riesgo y de las pérdidas por desastres en vidas, medios de vida y salud, así como en los activos económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de personas, empresas, comunidades y países durante los próximos años.

Sus Metas específicas son las siguientes:

  • Meta A. Reducir sustancialmente la mortalidad mundial por desastres para 2030, con el objetivo de reducir el promedio por cada 100.000 habitantes de la mortalidad mundial entre 2020 y 2030 en comparación con 2005-2015.
  • Meta B. Reducir sustancialmente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030, con el objetivo de reducir la cifra media mundial por 100.000 entre 2020 y 2030 en comparación con 2005-2015.
  • Meta C. Reducir la pérdida económica directa por desastre en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030.
  • Meta D. Reducir sustancialmente el daño por desastres a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos, entre ellos los servicios de salud y educación, incluso mediante el desarrollo de su resiliencia para 2030.
  • Meta E. Aumentar sustancialmente el número de países con estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para 2020.
  • Meta F. Mejorar sustancialmente la cooperación internacional con los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible para complementar sus acciones nacionales para la implementación de este marco para 2030.
  • Meta G. Aumentar sustancialmente la disponibilidad y el acceso a sistemas de alerta temprana de múltiples peligros y la información y evaluaciones de riesgos de desastres a las personas para 2030.

Plataformas para la Reducción de Riesgos de Desastres

La Plataforma Global es un foro para el intercambio de información, la realización de debates sobre los últimos acontecimientos, la socialización de conocimiento y el establecimiento de alianzas entre los distintos sectores, con el propósito de aumentar la implementación de la reducción del riesgo de desastres mediante una mejor comunicación y coordinación entre los distintos grupos interesados. Esta plataforma permite que los gobiernos, las ONG, los científicos, los profesionales en distintos campos y las organizaciones de las Naciones Unidas compartan experiencias y acuerden lineamientos estratégicos para la aplicación del Marco de Sendai.

Las Plataformas Regionales son foros multisectoriales que reflejan el compromiso de los gobiernos para mejorar la coordinación y la realización de actividades para la reducción del riesgo de desastres, mientras establece nexos con iniciativas nacionales e internacionales.

Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) fomenta el establecimiento de mecanismos de coordinación multisectorial para la RRD, tales como las Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres, a fin de destacar la relevancia, el valor agregado y la rentabilidad de un enfoque coherente y coordinado para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional.

En España, la creación de esta Plataforma Nacional no partiría de cero ya que existe el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Este plan, que forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, ya establece la arquitectura estratégica necesaria para, o bien utilizarla directamente como el espacio desde el que dirigir las investigaciones y acciones en materia de RRD, o bien como un modelo inspirador para crear un órgano ad hoc específicamente dedicado a esta misión.

La urgencia de crear esta Plataforma

Anticipar el riesgo es hoy una cuestión de responsabilidad pública y colectiva. La creciente frecuencia de fenómenos extremos, la exposición de infraestructuras críticas y la desigualdad en la capacidad de respuesta exigen una estructura estable de coordinación que funcione de manera permanente y transversal. Solo una visión integrada, que combine ciencia, planificación territorial y cooperación institucional, puede ofrecer una respuesta coherente a los desafíos de esta nueva realidad.

La creación de esta Plataforma es una necesidad estratégica. La justificación se basa en dos pilares interconectados:

1.  La nueva realidad de los desastres: la complejidad, intensidad y frecuencia de algunos desastres están aumentando debido, con mucha frecuencia, al cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más vinculados a este fenómeno, no entienden de fronteras administrativas ni de competencias sectoriales. Los desastres actuales no son eventos aislados, sino crisis encadenadas e interconectadas. Un incendio forestal no es solo un problema para los bomberos; afecta a la biodiversidad, a la calidad del aire, a la salud pública, a la economía local y a las infraestructuras. Entender esta red de interdependencias es la clave para anticipar y reducir los impactos antes de que se transformen en catástrofes. Gestionarlo de forma efectiva requiere de una visión integral que solo puede lograrse con una coordinación multisectorial permanente.

2.  La coherencia y la eficiencia: actuar de forma aislada y fragmentada es ineficiente y costoso. Una Plataforma Nacional permite un enfoque coherente y coordinado. Esto significa:

– Evitar duplicidades entre diferentes administraciones.

– Compartir información: crear un flujo de datos e inteligencia sobre riesgos que beneficie a todos los actores implicados.

– Optimizar recursos: invertir de forma más inteligente en prevención, preparación y respuesta, obteniendo un mayor retorno en seguridad para la ciudadanía.

– Dar relevancia: elevar la reducción del riesgo de desastres a la máxima prioridad política, reconociendo su valor crucial para el desarrollo sostenible del país.

Hacia una Cultura de la Prevención

El verdadero valor de una Plataforma Nacional para la RRD va más allá de la gestión de la emergencia cuando el desastre ya ha ocurrido. Su misión más importante es fomentar una cultura de la prevención.

En lugar de limitarnos a ser reactivos —a esperar a que ocurra lo peor para actuar—, esta Plataforma permitiría un trabajo proactivo que permitiría identificar los riesgos antes de que se materialicen, de fortalecer las infraestructuras críticas, de educar a la población, de planificar el uso del territorio de forma más segura y de asegurar que nuestros sistemas de alerta temprana sean lo más robustos posibles.

Fomentar la cultura de la prevención es también fomentar la equidad. Los desastres afectan con mayor dureza a las comunidades más vulnerables (quienes viven en viviendas precarias, en zonas de riesgo o con menos acceso a la información). Una Plataforma Nacional puede convertirse en un instrumento para fortalecer la justicia territorial y social, garantizando que nadie quede atrás ante los impactos climáticos y ambientales.

Al estar anclada en estructuras ya existentes como las derivadas del Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, y con el respaldo del Consejo Nacional de Protección Civil, la Plataforma tendría la autoridad y la capacidad para impulsar este cambio de mentalidad, trasladando la reducción del riesgo del ámbito técnico al corazón de la planificación estratégica del país.

P. Cotarelo y O. Mayoral

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Petrodólar 2.0

Henry Kissinger viajó a Riad (Arabia Saudí) en 1974 para presentar a la familia real saudí una propuesta que pudiera aliviar los problemas financieros derivados de la crisis del petróleo, la guerra de Vietnam y el abandono del patrón oro, con el fin de evitar una pérdida significativa de su poder económico e influencia a nivel mundial. El acuerdo con la Casa de Saud fue el siguiente: a cambio de equipamiento militar avanzado y formación, junto con garantías de seguridad, Arabia Saudí utilizaría exclusivamente dólares estadounidenses para la fijación de precios y la venta de petróleo[1]. Otros países de la OPEP siguieron su ejemplo en 1975, aunque no obtuvieron el mismo acuerdo que Arabia Saudí. Dado que prácticamente todo el mundo importaba petróleo de la OPEP, todo el mundo necesitaba ahora dólares. Esto restableció la demanda del dólar en los mercados de divisas. Esto reforzó el dominio del dólar como moneda de reserva mundial. El dólar ya no estaba respaldado por el oro, sino por el «patrón oro negro». A partir de ese momento, el mundo tuvo que hacerse con dólares para poder comprar petróleo. La forma más fácil de tener dólares era comprar deuda pública estadounidense. Esto posibilitó en las siguientes décadas la creación de un sistema financiero global dependiente de los intereses estadounidenses. Un mundo en transformación Gracias al petrodólar, Estados Unidos ha creado un sistema de control geopolítico sin precedentes en la historia. Aunque actualmente los dólares se crean principalmente en el seno del sistema financiero privado y no a través de la Reserva Federal, el sistema que vincula el dólar al comercio del petróleo mantiene un marco de control geopolítico. El mundo ha demandado dólares durante décadas porque los necesita para comprar petróleo, lo que otorga al sistema financiero estadounidense una influencia muy importante, ya sea a través de sanciones cuando las transacciones pasen por bancos corresponsales de Nueva York (el sistema de compensación CHIPS) o mediante otros mecanismos del sector privado. Este ha sido el marco principal del sistema durante 50 años, pero recientemente algo ha cambiado. El cambio comenzó con el auge del llamado Sur Global en la escena geopolítica, al mismo tiempo que los mecanismos de control vinculados al dólar se estaban convirtiendo en una camisa de fuerza excesivamente opresiva para sus soberanías nacionales. En este sentido, observamos dos tendencias clave hacia la liberación: el comercio de petróleo en monedas distintas del dólar y la retirada del sistema de pagos SWIFT. No fue la primera medida, pero sin duda fue una de las más significativas: Arabia Saudí decidió no renovar este acuerdo del petrodólar cuando expirara el 9 de junio de 2024. Esto permitió a Arabia Saudí empezar a vender petróleo en monedas distintas del dólar estadounidense, lo que podría debilitar el dominio del dólar si esto supone el primer paso de la creación de un sistema que sustituya al mercado que ha estado sosteniendo el dólar. La creación del BRICS como foro de colaboración entre los países del Sur Global representa un contrapeso simbólico y práctico al dominio estadounidense, tal y como demuestra su nuevo sistema de pagos. Al intentar eludir el sistema de pagos SWIFT, controlado por Estados Unidos, estos países también evitan las crecientes sanciones económicas impuestas a las naciones que no se alinean con los intereses estadounidenses. Aunque BRICS Pay sigue en fase de desarrollo y aún no es plenamente operativo, forma parte de un esfuerzo estratégico más amplio para reducir la dependencia del dólar estadounidense, reforzar la soberanía financiera y crear una infraestructura de pagos global alternativa al margen de los sistemas controlados por Occidente[2]. La geopolítica a toda velocidad En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, EE. UU. ha llevado a cabo una serie de medidas que pueden interpretarse como un intento de mantener su dominio sobre el mercado energético, al tiempo que preserva el papel internacional del dólar y reduce los riesgos de su pérdida gradual del estatus de moneda de reserva. Esta estrategia se basa en una triple forma de control:     Control sobre los yacimientos petrolíferos.     Control sobre las rutas de los flujos físicos.     Control sobre los flujos financieros generados por la industria de los combustibles fósiles. En realidad, el enfoque actual de EE. 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La posterior creación en 1981 del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) entre los países del Golfo Pérsico —Arabia Saudí, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Omán— reforzó aún más la influencia estadounidense en la región, que cuenta con la mayor concentración de recursos de combustibles fósiles. Aquí, la administración estadounidense ha intervenido repetidamente: ha librado dos guerras en Irak en las últimas décadas; en Irán, instaló al Sha a mediados del siglo XX, instigó la guerra liderada por el Irak de Sadam Husein contra Irán en la década de 1980 tras la Revolución Islámica, ha impuesto sanciones económicas al país durante años y recientemente lo ha atacado junto con Israel con el permiso de la mayoría de los miembros del CCG. El año pasado, Estados Unidos inició un bloqueo contra Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo. A principios
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¿Se puede realizar una investigación integral en España? El caso de la DANA de Valencia de 2024

La dana ha puesto de relieve la necesidad y la conveniencia de disponer de una estructura muy organizada de investigación integral e interdisciplinaria que permita extraer aprendizajes de fenómenos complejos para adaptarnos como sociedad,reduciendo riesgos y daños potenciales asociados, de forma que también se puedan aplicar a situaciones parecidas en otros territorios.Un estudio de estas características, además de su indudable utilidad científica, tendría una relevancia sociopolítica sin precedentes, puesto que permitiría crear las estructuras y establecer mecanismos y procesos que posibilitaran emprender investigaciones integrales en relación con otros fenómenos y en otros lugares.En consecuencia, proponemos impulsar un estudio integral, sostenido y coordinado entre los tres niveles de gobierno del Estado, con datos abiertos, métricas comunes y un bucle de evaluación-aprendizaje; articular el conocimiento en red para su traslado a políticas públicas; construir una red coordinada de conocimiento alrededor de la dana, y vincular de manera sistemática investigación y políticas públicas para avanzar en resiliencia. Este enfoque permitiría capitalizar los aprendizajes de la dana de 2024 en la Comunidad Valenciana y fortalecer la preparación ante acontecimientos futuros en todo el territorio. Este extracto forma parte del capítulo elaborado por Ekona y la profesora Olga Mayoral para el informe Aquello que tenemos que aprender de la dana de València, que se presentó el 9 de junio de 2026 en octubre Centro de Cultura Contemporánea (OCCC), corresponde al Informe Transversal del Instituto de Estudios Catalanes (IEC) de 2025, coeditado con Publicaciones de la Universitat de València (PUV). Recoge las voces y reflexiones de Ekona y de 21 expertos y expertas más sobre la catástrofe de la dana que afectó el País Valenciano en octubre de 2024. El informe Aquello que tenemos que aprender de la dana de València se puede encontrar en el siguiente enlace (en catalán): https://puv.uv.es/documents/get/document/id/7857/allo_que_hem_aprendre_dana_valencia_mostra.pdf
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La DANA como factor integrador de la investigación en el Parc Natural de l´Albufera

La DANA del 29 de octubre de 2024 no solo alteró el territorio del Parc Natural de l’Albufera (PNA), sino que transformó su ecosistema investigador. El aumento de estudios, la ampliación de enfoques y la aparición de nuevas colaboraciones revelan un impulso hacia formas de investigación más integradas. En un contexto donde la Comisión Científica ya articula el conocimiento del PNA, se evidencia el valor de avanzar hacia una visión multidimensional para mejorar la comprensión y la gestión del territorio. La DANA ha actuado como factor integrador del ecosistema investigador vinculado al PNA. Ha impulsado una evolución en la comunidad científica, motivando que grupos tradicionalmente centrados en áreas específicas amplíen o redefinan sus objetos de estudio para incorporar dimensiones que previamente quedaban fuera de su foco. Paralelamente, ha incrementado la visibilidad social e institucional de la actividad investigadora, reforzando el reconocimiento de su valor público. Este proceso se ha concretado en nuevas contrataciones, colaboraciones interdisciplinares y espacios de encuentro entre equipos y actores que anteriormente operaban de manera fragmentada. Esta dinámica emergente sugiere la posibilidad de un cambio de paradigma: pasar de una producción de conocimiento fragmentada a una investigación más integral, coordinada y orientada a la gestión del territorio. Sin embargo, persiste la duda de si esta tendencia responde únicamente a una reacción temporal ante la gravedad del evento o si constituye el inicio de una transformación más estructural en la organización de la investigación en el PNA. En un escenario donde la evolución fuera pasajera, los efectos se limitarían a resolver problemas concretos derivados del episodio, sin implicaciones duraderas. En cambio, si se trata del inicio de una fase de cambio profundo, los beneficios de avanzar hacia una mayor integración serían más amplios y sostenidos. Estos beneficios, coherentes con los marcos conceptuales sobre investigación integral e interdisciplinaria revisados, destacando las ventajas de un enfoque coordinado frente a los estudios parciales realizados hasta la fecha. A partir de la nueva tendencia emergente descrita se abren dos retos: 1.Continuar recopilando información que permita determinar si se trata de un cambio estructural y duradero o de una reacción temporal ante la gravedad del evento. 2.Promover que tanto las instituciones de gestión como las de investigación consoliden este enfoque, incorporando los estudios integrales de manera estable en sus agendas científicas y de planificación territorial. Avanzar en esta dirección permitiría construir una infraestructura robusta de conocimiento aplicado, reforzar la resiliencia del Parque Natural y aportar un modelo replicable en otros territorios expuestos a riesgos climáticos complejos. Para consolidar esta transición hacia una investigación más integrada, resultaría clave el papel coordinador de estructuras ya existentes, como la Comisión Científica del Parc Natural de l’Albufera y la Estación Biológica de l’Albufera (EBA), que actúen como plataformas estables para articular, dar continuidad y facilitar la transferencia del conocimiento científico hacia la gestión del territorio. O. Mayoral y P. Cotarelo Resumen de un póster presentado en las II Jornadas de la Comisión Científica de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera “L’Albufera. I ara què?” celebradas en el Jardí Botànic de la Universitat de València los días 26 y 27 de noviembre de 2025.
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El cambio climático como indicador de calidad de la formación del profesorado

La crisis climática representa uno de los desafíos más urgentes y complejos denuestro tiempo, con implicaciones ambientales, sociales, políticas y éticas. Estecapítulo plantea que el cambio climático no debe abordarse únicamente comoun contenido curricular, sino que, debido a sus particularidades, se puedeutilizar como un indicador multidimensional y transversal para evaluar lacalidad de la formación docente. Para ello, se centra la atención en el propósito que persigue el procesoformativo, cómo se construye y de qué maneras se persigue en el contexto dela realidad del mundo actual. En particular, se analiza la noción de agenciapolítica como propósito de la competencia climática, todavía poco presenteen la formación inicial del profesorado. Se propone que dicha competenciano se limite a transmitir información científica o fomentar conductasindividuales, sino que incluya el desarrollo de capacidades para intervenir enlos procesos de toma de decisiones y en el diseño de respuestas públicasfrente a la crisis climática. El texto se estructura en torno a tres objetivos principales: examinar lascarencias actuales de los programas formativos en relación con laalfabetización climática; argumentar por qué la agencia política debefundamentar el propósito y formar parte del núcleo de competenciasdocentes; y proponer herramientas conceptuales y metodológicas parasu integración curricular. A lo largo del capítulo, se presentan marcosanalíticos, mapas de necesidades formativas y metodologías activas quepermiten avanzar hacia una alfabetización crítica y situada. Finalmente, sedelinean posibles líneas de investigación orientadas a diagnosticar y mejorarla incorporación de esta competencia en los distintos niveles y ámbitos delsistema educativo. El texto anterior forma parte del resumen de un artículo publicado en el siguiente enlace: https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/investigacion/XVIII%20Seminario%20Investigaci%C3%B3n%20Educacion%20Ambiental%20y%20Educaci%C3%B3n%20para%20el%20Desarrollo%20Sostenible.pdf.pdf P. Cotarelo y O. Mayoral
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Creación de un indicador compuesto para medir el desempeño universitario en la aplicación de la Agenda 2030

Naciones Unidas ha destacado el papel de la Universidad en la promoción e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030. La educación e investigación universitarias, su capacidad de innovar, liderazgo social y posición privilegiada para trenzar alianzas intersectoriales, la sitúan como un actor esencial de la transición ecosocial. En el contexto de un proyecto de creación y desarrollo de un Observatorio universitario de seguimiento de la aplicación de los ODS de la Agenda 2030 en la UCM, se realiza la creación de un sistema de medición del desempeño de la universidad en dicha aplicación de la Agenda 2030, en coherencia con las inquietudes sociales, las preocupaciones de la comunidad universitaria y las declaraciones institucionales de las personas representantes de la propia entidad. La metodología empleada se basó en el “Handbook on Constructing Composite Indicators” de la OECD y el JRC para crear un indicador compuesto que permitiera resumir fenómenos complejos de manera simple, comparar entre actores similares con facilidad, y ofrecer información representativa. Las fuentes de los datos empleadas fueron diversas: fuentes online; consultas directas mediante los canales ofrecidos por la Universidad; entrevistas a actores relevantes de la Universidad con diferentes perfiles, experiencias y aproximaciones a la temática; obtención directa de datos mediante la observación in situ; y una encuesta dirigida mediante el Observatorio del Estudiante de la Universidad. Para la definición de los indicadores, un grupo de 30 investigadores e investigadoras de diferentes facultades utilizaron tres niveles de análisis de la actividad universitaria: campus, docencia e investigación, discursos y prácticas institucionales. Como resultado de ello se establecieron indicadores para cada uno de estos tres niveles de análisis referidos a todos los ODS. Tras el proceso de normalización, ponderación y agregación se consolidó un indicador compuesto de más de 400 indicadores, divididos equitativamente en los tres niveles de análisis. Únicamente para una tercera parte de estos indicadores se obtuvieron datos fiables en el primer año de aplicación (2024). El resultado del indicador compuesto en estas condiciones concedió a la Universidad un grado de desempeño medio-bajo. Si bien el número de indicadores utilizados para la construcción del indicador compuesto es suficiente para dar valor a la calificación media-baja de la universidad, estos resultados deben ser corroborados en años sucesivos con el trabajo de recopilación de datos para alcanzar grados de representatividad más cercanos al 100%. Por otra parte, es necesario señalar que, tanto el número de indicadores que conforman el indicador compuesto como sus estándares, también forman parte de un proceso vivo que se alimentará cada año a partir de los resultados iniciales. La revisión de los estándares de los indicadores del sistema establecerá objetivos progresivamente más ambiciosos hasta alcanzar el óptimo para cada uno de ellos y en conjunto en 2030. P. Cotarelo El texto anterior forma parte del resumen de un artículo publicado en el siguiente enlace (págs. 349-358): https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/investigacion/XVIII%20Seminario%20Investigaci%C3%B3n%20Educacion%20Ambiental%20y%2
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Reconocimiento por la labor sobre la DANA

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reconocido el papel que ha jugado Ekona en colaboración con Olga Mayoral, subdirectora del Jardín Botánico y profesora de la Universidad de Valencia, al organizar espacios de diálogo y encuentro entre investigadoras e investigadores de disciplinas muy diversas que trabajan en territorios afectados por la DANA. Esta labor incluye múltiples entrevistas y espacios de trabajo con más de 80 personas del ámbito de la investigación, de la gestión, así como de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de extraer aprendizajes sólidos sobre las causas, los impactos y los procesos de gestión de un fenómeno tan multidimensional como la DANA de 2024. Estas sesiones han permitido construir una lectura compleja y diversa de la DANA, combinando diferentes aproximaciones y marcos analíticos que enriquecen la comprensión profunda del fenómeno y sus efectos en el territorio. Más información: https://www.jardibotanic.org/?apid=cultura_i_comunicacio&id=721&idioma=_spa P. Cotarelo y O. Mayoral
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Gobernar la ciudad más allá de la ciudad

Las grandes áreas urbanas del siglo XXI ya no caben dentro de los límites de sus municipios. La expansión de las ciudades, la movilidad diaria entre localidades y los retos compartidos —desde la vivienda hasta el cambio climático— exigen una gobernanza metropolitana, capaz de coordinar decisiones que afectan a millones de personas y a territorios interconectados. Pensar en una escala metropolitana Las ciudades actuales funcionan como redes vivas. Las personas residen en un municipio, trabajan en otro, consumen recursos que vienen de un tercero y generan impactos ambientales que se extienden mucho más allá de sus fronteras administrativas. En este contexto, los problemas urbanos —movilidad, contaminación, vivienda, gestión del agua o residuos— ya no pueden resolverse de forma aislada. Por otro lado, el cambio climático agrava esta situación. Las emergencias asociadas a fenómenos extremos, como las DANA (depresiones aisladas en niveles altos) que afectan recurrentemente al Mediterráneo, o los incendios, revelan las limitaciones de la gestión fragmentada. Cuando cada ayuntamiento actúa por su cuenta, se ralentiza la respuesta y se pierden recursos valiosos. La gestión de riesgos climáticos, como inundaciones, olas de calor o incendios forestales, exige una visión que trascienda los límites municipales y aborde los fenómenos a escala territorial. Las decisiones sobre urbanización, infraestructuras o usos del suelo en un municipio pueden tener efectos directos sobre los territorios vecinos. Una planificación metropolitana permite delimitar los usos del suelo con una visión amplia, garantizar una proporción adecuada de superficies permeables e infraestructuras capaces de absorber y retener el agua, asegurar espacios de laminación y drenaje, y revisar infraestructuras supramunicipales que pueden actuar como barreras o trampas de avenidas. Al mismo tiempo, esta escala de gestión facilita coordinar la disponibilidad de refugios climáticos de distinta tipología, organizar redes de centros sanitarios y logísticos para atender a población desplazada, y prever espacios de acopio y distribución de ayuda en emergencias de gran escala. Esta mirada integral amplía el foco de la gestión del territorio y permite responder con mayor eficacia y equidad ante la complejidad de los riesgos contemporáneos. Un órgano metropolitano ofrece un marco institucional común para coordinar políticas, compartir infraestructuras, optimizar servicios y anticipar riesgos climáticos, orientado a gobernar el territorio real, y no solo el nivel administrativo. Barcelona como referencia: una gestión integrada El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es el ejemplo más avanzado de este tipo de gobernanza en España. Agrupa a 36 municipios y gestiona competencias amplias que van desde el urbanismo hasta la movilidad, la vivienda, el medio ambiente o el desarrollo económico. Algunas de sus áreas clave son las siguientes: • Ordenación del territorio y urbanismo: planifica el crecimiento urbano con criterios de sostenibilidad, equilibrio social y eficiencia territorial. • Transporte y movilidad: coordina autobuses, metro y redes metropolitanas, fomentando la intermodalidad y la reducción de emisiones. • Medio ambiente y sostenibilidad: gestiona el ciclo del agua, los residuos y programas de protección ambiental y biodiversidad, incluyendo un plan metropolitano de lucha contra el cambio climático. • Energías renovables: impulsa instalaciones sostenibles y apoya la transición energética de los municipios. • Vivienda y cohesión social: actúa por delegación de los ayuntamientos para garantizar una política de suelo solidaria entre municipios. • Desarrollo económico y empleo: fomenta la innovación, la creación de empresas y la competitividad regional. Este modelo demuestra que la cooperación institucional amplía la capacidad de acción frente a desafíos que ningún municipio puede resolver por sí solo, aunque la capital sea tan importante como Barcelona. Una oportunidad por aprovechar frente a los desafíos actuales El contraste entre AMB y las mancomunidades de municipios que existen muestra cómo un órgano metropolitano integra la planificación estratégica y coordina los recursos, mientras que las mancomunidades actuales se limitan a la gestión de servicios puntuales, lo cual no alcanza la escala estratégica necesaria para abordar los grandes retos urbanos y ambientales de la región que abarcan. Ciudades como Valencia y su entorno forman una de las áreas metropolitanas más dinámicas del Mediterráneo, con un metabolismo social integrado: los flujos de personas, recursos, energía y residuos circulan diariamente entre municipios. Pero carece de un órgano político capaz de coordinar ese metabolismo y transformarlo hacia la sostenibilidad. Algo similar sucede en otras áreas metropolitanas, que existen en la realidad socioeconómica pero no en la administrativa. Crear un ente metropolitano de gestión —con competencias claras en movilidad, vivienda, planificación territorial y adaptación climática— permitiría mejorar la eficiencia institucional, reducir duplicidades y anticipar riesgos ambientales como los derivados del cambio climático. Adaptación al cambio climático: una visión integrada La creación de órganos metropolitanos no es solo una cuestión de gobernanza, sino una estrategia de adaptación climática. Las aglomeraciones urbanas concentran población, infraestructuras críticas y emisiones, pero también concentran capacidad de innovación y de acción colectiva. Un sistema metropolitano bien diseñado puede: • Coordinar planes de emergencia y protección civil ante fenómenos extremos, integrando la gestión de riesgos climáticos (inundaciones, olas de calor e incendios…) mediante infraestructuras de refugio, sistemas de alerta temprana y redes supramunicipales de asistencia y apoyo. • Gestionar el ciclo del agua y los residuos de forma integrada. • Reducir las emisiones mediante transporte público y energía limpia. • Planificar la expansión urbana evitando zonas de riesgo climático. • Impulsar la resiliencia económica y social, garantizando igualdad territorial. En definitiva, permite pasar de la reacción a la prevención estratégica, con decisiones basadas en datos y cooperación, y a la cultura de la resiliencia, con estructuras y mecanismos diseñados para garantizar la capacidad de resistir. P. Cotarelo y O. Mayoral
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Conocimiento del territorio frente a la crisis climática

La actualidad nos coloca ante aparentes paradojas como el hecho de que vivimos en un mundo de conexiones globales con cantidades ingentes de información disponible sobre cualquier tema casi en tiempo real, pero a menudo desconocemos los detalles del lugar que pisamos y del que dependemos para las actividades más básicas. Quizás sabemos más de las capitales del mundo occidental que de la historia geológica de nuestro valle, río o montaña, y estamos más familiarizados con las tendencias internacionales que con los patrones de lluvia, los vientos dominantes o los procesos de regresión o avance de nuestra línea de costa tras los temporales. Sin embargo, en un contexto de cambio climático, este desconocimiento de nuestro territorio se ha convertido en un lujo muy arriesgado. Más allá del mapa: un conocimiento vivo y multidimensional Ahora bien, conocer un territorio no es solo poder señalar sus fronteras en un mapa. Significa comprender su ecología, su historia, su cultura y sus relaciones humanas. Es entender, por ejemplo, por qué un ecosistema es resiliente al fuego y otro no, o cómo la gestión del territorio del pasado condiciona los riesgos del presente. Se trata de apreciar su antropología, su memoria colectiva y sus relatos, han sabido leer las señales del clima a lo largo de las generaciones. Conocer el territorio también implica reconocer los distintos “saberes situados” que lo explican: el conocimiento científico, el técnico, el campesino, el tradicional o el emocional. El conocimiento situado, el que nace de la experiencia directa con el entorno, complementa la ciencia académica y enriquece la toma de decisiones locales. Todos ellos aportan piezas esenciales de una misma realidad, donde la observación cotidiana y la experiencia directa son tan valiosas como los datos satelitales o los informes técnicos. El objetivo de un mejor y más comprehensivo conocimiento del territorio es dotar a las personas de una «lente territorial» con la que interpretar su realidad, comprendiendo, por ejemplo, que un barrio construido sobre un cauce natural seco no es solo un dato urbanístico, sino un futuro riesgo de inundación. Esta “lente” permite conectar conocimiento y responsabilidad, y entender que cada decisión local forma parte de un sistema interconectado. Herramientas para una revolución educativa local La necesidad de una “lente territorial” para interpretar la realidad interpela al conjunto de la sociedad. Por ello, el conocimiento sobre el entorno local debe basarse en un ecosistema educativo adaptado a las realidades sociales y generacionales. En este contexto, el desarrollo de una “competencia climática–territorial” se vuelve clave. Esta competencia puede definirse como la capacidad para comprender el territorio que se habita, identificar riesgos y vulnerabilidades asociados al clima, y actuar de manera individual y colectiva para prevenir, mitigar y adaptarse, participando en la gestión y gobernanza local. El marco europeo GreenComp sobre competencias en sostenibilidad proporciona una referencia útil para orientar esta competencia. Entre sus 12 competencias destacan el pensamiento sistémico, la contextualización de los problemas y la acción colectiva, todas ellas estrechamente vinculadas al conocimiento territorial. La integración de estos elementos en el currículo educativo asegura que cualquier persona que pase por nuestro sistema educativo adquiriera una base sólida de lectura del paisaje, análisis del riesgo y compromiso con su entorno. Una pedagogía de este tipo debería comprender elementos tales como: El conocimiento como antídoto contra la vulnerabilidad Aunque sea incómodo hacerlo, es necesario reconocer que la vulnerabilidad es desigual. La vulnerabilidad a los efectos del cambio climático o a otros fenómenos no es la misma para todas las personas ni en todas las etapas de la vida. Ésta depende de factores sociales, económicos y de género. Por ejemplo, una persona mayor que vive sola en una planta baja, sin red familiar y con movilidad reducida, es intrínsecamente más vulnerable a una inundación que un joven en un piso alto. El conocimiento del territorio es un «igualador crítico» ya que empodera a las personas más vulnerables, dándoles los recursos cognitivos y prácticos para entender su riesgo y saber cómo actuar. La justicia climática empieza reconociendo que no todas las comunidades enfrentan las mismas amenazas ni disponen de los mismos recursos para afrontarlas. Conocer el territorio, entonces, no es solo una cuestión educativa, sino también ética y política. Hacia una ciudadanía arraigada y resiliente Un plan integrado de conocimiento del territorio es una estrategia fundamental de adaptación al cambio climático y de construcción de resiliencia social. Es la diferencia entre ser espectadores pasivos de los desastres y ser agentes activos de nuestra propia seguridad. Se trata de una iniciativa profundamente democrática que devuelve el poder del saber a la sociedad. Lo es porque fomenta una ciudadanía «arraigada», con raíces profundas en la comprensión de su entorno, capaz de disfrutar de él y de leer las señales de alarma, de participar en las soluciones y de cuidar el lugar que considera su hogar. Sentir el territorio como propio es el primer paso para cuidarlo colectivamente, para reconocer en él una extensión de nuestra propia historia y de nuestra vida compartida. En un mundo de emergencia climática, el conocimiento hiperlocal, el que se adquiere caminando, observando y escuchando, se convierte en la primera línea de defensa, en la base de nuestra seguridad. O. Mayoral y P. Cotarelo