La baja productividad en España genera preocupación desde hace tiempo por sus efectos sobre la economía. Según los datos de Eurostat, en la última década (2013-2023) España se encuentra a la cola de los países de la UE en lo que se refiere a crecimiento del PIB por persona ocupada, lejos de la media de la UE y muy lejos de los países líderes (Irlanda y Rumanía).
Fuente: Instituto de Estudios Económicos a partir de Eurostat
Asimismo, la productividad (PIB por hora trabajada) en 2023 presenta unos resultados similares (aunque en este caso la posición respecto al resto de países de la UE no sea tan retrasada). Considerando con el varo 100 la media de la UE, España presenta un 96,3 en productividad (PIB por hora trabajada).
Fuente: Instituto de Estudios Económicos a partir de Eurostat
El primer paso para realizar un análisis de la productividad comparada es reflexionar sobre la utilidad de un indicador de esas características y estudiar si realmente es útil para comparar la eficiencia de las economías nacionales. Si la productividad se define como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida, su utilidad debería restringirse a sistemas productivos comparables o similares. Por tanto, comparar países con matrices productivas muy diferentes, como ocurre incluso en el caso de los miembros de la UE, podría carecer de sentido o de utilidad real en el proceso de toma de decisiones de carácter político o estratégico. Y todo ello sin profundizar demasiado en la división internacional del trabajo, que influye también dentro de la UE, y que condiciona (y casi determina) las características de las matrices productivas de los diferentes países.
Considerando lo anterior, que en la mayoría de las ocasiones en las que se debate sobre productividad se ponga el foco en el lado del trabajo es muy inadecuado. Ya sea la actitud de las personas frente a su trabajo, ya sea el sistema de protección de los derechos laborales, parece que la responsabilidad recae en las personas trabajadoras. Este tipo de análisis no tiene en cuenta dos grandes variables de carácter estructural, además de las debilidades metodológicas comentadas.
En primer lugar, la configuración sectorial de la economía de un país determina los límites o los parámetros entre los cuales puede desarrollarse su productividad. La mayor dependencia de sectores que pueden desarrollar bajas productividades por sus características intrínsecas conduce a bajas productividades como país. Normalmente corresponde a ciertas actividades industriales y a los servicios financieros las productividades más elevadas, actividades que no predominan en la economía española. Este tipo de factor ayuda a comprender mejor algunas de las causas de las cifras de productividad españolas a lo largo de la historia reciente, y porqué sin un cambio significativo en la estructura sectorial de nuestra economía su productividad no tiene la posibilidad de variar cualitativamente.
Por otro lado, llama la atención que entre los factores que se suelen seleccionar como influyentes en la productividad se incluye el capital humano (así como el capital físico, el capital tecnológico, el capital empresarial, y el marco regulatorio e institucional), pero sin embargo en él sólo se incorpora el grado de educación superior de las personas trabajadoras, y no otros elementos que se pueden considerar en dicha categoría. Cabe preguntarse entonces si las competencias de las personas en el trabajo sólo dependen de su titulación académica, cuando la experiencia nos sugiere toda una serie de otros factores igual o más importantes que la titulación. La motivación, el estrés, el estado de salud, la alimentación y el entorno afectivo serían algunos de los factores a considerar en el análisis de la productividad, si se pretende realizar un análisis riguroso.
Fuente: Instituto de Estudios Económicos a partir de Eurostat
En algunos estudios, no obstante, se considera la salud de las personas trabajadoras como un factor a tener en cuenta al analizar la productividad, y esto debería servir de guía para introducir los otros factores mencionados previamente. Las personas empleadas que están sanas se presentan a trabajar físicamente capaces de hacer su trabajo con concentración y resistencia. Si el personal se siente bien, podrán participar mejor y realizar las tareas. Invertir en la salud y el bienestar de las personas empleadas agrega costos a corto plazo, pero es más probable que la empresa (y la sociedad) obtenga los beneficios de estos gastos con una mayor productividad y una mejor calidad del trabajo.
El deterioro de la salud, trabajar en condiciones de enfermedad (aguda y/o crónica), dedicar tiempo vital de más a preocuparse de la gestión de la propia salud (y de la de las personas cercanas) son cargas que empeoran el desempeño en el trabajo. Por lo tanto, el “encarecimiento” del acceso a la sanidad (por reducción de recursos públicos, listas de espera indefinidas, falta de profesionales, etc.) supone un empeoramiento de las condiciones en las que las personas llegan y desempeñan su trabajo. Esto sucede tanto en términos individuales como en términos agregados, y supone un problema estructural para la economía.
Para una determinada estructura económica, como la de un país, la pérdida de productividad relativa respecto a su óptimo socava sus posibilidades de progreso socioeconómico. Cuantos más recursos dedica una sociedad a proporcionar personas trabajadoras en buenas condiciones a los procesos productivos, tanto en términos económicos (monetarios) como en términos de esfuerzo, menos eficiente es en la generación de bienes y servicios. Esta situación empeora en la medida en la que se pierden o desaprovechan recursos en el proceso de mantener la salud de las personas trabajadoras.
En el caso de la educación y la formación ocurre algo similar. Cuanto mejor y menos costosa sea la educación y la formación de las personas de una sociedad, mejor puede llegar a ser su productividad. Y esto depende de dos ámbitos interconectados: el bienestar familiar y las condiciones del sistema educativo y formativo.
Del bienestar de la familia, o del entorno más cercano, que realiza las labores de crianza y cuidados en las primeras etapas de la vida depende en buena parte el rendimiento académico de las personas a su cargo. Las personas adultas que tienen suficiente capital cultural y tiempo para leer a sus hijos e hijas desde los primeros años de vida permiten que estos/as puedan comprender mejor el mundo que les rodea, se sientan queridos/as, cuenten con un amplio vocabulario y sepan cómo usarlo, tengan más capacidad para expresar sus emociones, se desarrollen más felices y tengan más facilidad para la empatía hacia otras personas. Todo ello contribuye, entre otros factores, a construir una buena base para el aprendizaje a lo largo de los años, y depende de que esas personas adultas que les crían también se encuentren relajadas y con tiempo como consecuencia de que sus condiciones básicas de supervivencia no se vean en riesgo.
Por otra parte, el deterioro del nivel educativo reglado a través de la privatización (directa o encubierta mediante la concertación) y, por otra parte, el encarecimiento de la educación superior como consecuencia del proceso de privatización de los masters y de la formación profesional, empeora las condiciones formativas en las que las personas acceden a sus puestos de trabajo.
En lo que respecta a la educación superior, el Plan Bolonia comienza a mostrar sus profundos efectos, que no por previsibles dejan de ser extremadamente negativos para las clases menos favorecidas. Desde el primer momento de la implantación del Plan Bolonia, ya se observó cómo el tipo de exigencias de presencialidad obligatoria que conlleva supuso la expulsión de miles de estudiantes que no pudieron continuar compaginando su sustento a través de la vida laboral con unos estudios atravesados, además, por el drástico aumento de las tasas universitarias.
Otra consecuencia notable, es que las universidades privadas se quedan con el negocio de los másteres. Durante 2021 bajaron los estudiantes en la pública un 5,7%, mientras subían un 15,4% en los campus de pago[1]. Esto supone que en 10 años los másteres privados les quitan al 21% de los alumnos a los públicos[2].
Fuente: El País a partir de Ministerio de Universidades e INE
En el caso de la formación profesional, recientemente se han superado los 1,1 millones de alumnos y alumnas, habiendo crecido más de un 55% en la última década. Este crecimiento, sin embargo, se ha producido de manera muy desigual si analizamos el tipo de centros en los que se ha matriculado el alumnado. Mientras que la presencia de estudiantes en la educación pública se ha incrementado un 31% en una década, y en la educación privada concertada lo ha hecho un 23%, en los centros privados sin subvencionar ha aumentado un 468%. La enseñanza pública todavía matricula actualmente a dos tercios del alumnado de FP, pero hace 10 años esa proporción rondaba el 80%. El problema de equidad que reflejan los datos radica en que la educación pública (responsabilidad de las Comunidades Autónomas) se ha quedado lejos de responder al aumento de la demanda que se ha producido en los últimos años.[3]
La pregunta que surge a raíz de estos datos es si el objetivo de la privatización de la educación (incluida la educación superior) es que la sociedad aproveche las cualidades de las personas que considere más competentes para realizar actividades determinadas o si su objetivo es mantener la rigidez de una estructura social impermeable a miembros de las clases más bajas. Los resultados de la privatización de la educación en España hablan de que si el objetivo es el primero, el proceso para lograrlo no funciona. En otras palabras, la privatización de la educación impide que la sociedad aproveche las cualidades de las personas con más habilidades productivas ya que expulsa a las personas con menos capital monetario de las oportunidades de formación.
En referencia al bienestar familiar para mejorar las condiciones educativas, uno de los factores que más puede influir en la disponibilidad de las personas adultas de realizar adecuadamente las labores de crianza, entre las que se encuentran las educativas, es el relativo a las dificultades de acceso a la vivienda. Aunque esta problemática, por desgracia, afecta a sectores mucho más amplios de la sociedad como muestran los datos actuales. Durante 2023[4], los hogares gastaron una media del 43% de sus ingresos brutos al pago del alquiler. Esta cifra del 43% está muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos, que establecen que no se debe destinar más del 30% del sueldo al pago de la vivienda. Por lo tanto, la situación en muchas de las provincias españolas, donde ese porcentaje es mayor, es todavía más grave. Es el caso de Barcelona (65% del sueldo bruto), seguida de Islas Baleares (63%), Madrid (62%), Guipúzcoa (60%), Las Palmas (53%), Vizcaya (52%), Valencia (50%), Santa Cruz de Tenerife (50%), Málaga (49%) y Girona (48%). Estas son las consecuencias de un fenómeno que se basa en la consideración de la vivienda como un activo financiero y, como hemos venido analizando, juega en contra de las condiciones que permitirían las mejoras de la productividad.
En el proceso de deterioro de las condiciones en las que las personas llegan a su trabajo encontramos un elemento común a todos los ámbitos que afectan a dichas condiciones, que es la privatización de diferentes fases o dimensiones de cada uno de ellos. Las privatizaciones, por lo general, empeoran la productividad global de la economía a través de la extracción de recursos en procesos socioeconómicos altamente eficientes y, en muchos casos, muy complejos con equilibrios socioeconómicos sostenidos milimétricamente. Asimismo, aumentan la actividad económica de manera artificial, esto es, introduciendo los márgenes de beneficio privado que, en demasiados casos, exceden los márgenes industriales debidamente establecidos por las normas. Por lo tanto, las privatizaciones empeoran las condiciones a partir de las cuales podría mejorarse la productividad.
Alguien con interés en contrariar esta última afirmación podría argumentar que las actividades que se privatizan o aquellas relativas a la especulación inmobiliaria conllevan unas productividades tales que podrían compensar las bajadas de la misma producidas por el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas trabajadoras. En ambos casos, se produce un aumento del PIB y una reducción de las horas dedicadas a ello, con lo que la productividad, medida como el cociente entre estas dos variables, aumenta. En la privatización de servicios públicos encontramos un aumento de la rentabilidad económica de dicha actividad a expensas de reducir las horas trabajadas, lo cual aumenta su productividad a costa, muchas veces, de la calidad del servicio. En la especulación inmobiliaria ocurre algo similar, subir artificialmente el precio de la vivienda provoca aumentos del PIB y no requiere apenas inversión de tiempo, lo cual aumenta la productividad en términos estrictos.
Sin embargo, este argumento queda invalidado cuando atendemos al análisis de la realidad desde una perspectiva que tenga en cuenta todo lo necesario para que exista dicha productividad, es decir, no sólo el PIB y número de horas trabajadas, sino el cuidado y sostenimiento de la vida. De esta forma, la cuantificación monetaria de las labores de cuidados[5] necesarias para mejorar la productividad de las personas trabajadoras, de realizarse, excedería con creces (y por varios órdenes de magnitud) las potenciales ganancias de productividad de la privatización y del mercado inmobiliario.
En definitiva, se evidencia que las personas trabajadoras deben acceder a su puesto de trabajo en buenas condiciones para que su labor sea lo más eficiente posible, y sin unas buenas condiciones de vida (extra-laboral), la productividad laboral disminuye. La propia reproducción de la fuerza de trabajo es un factor fundamental en el proceso productivo, por lo que sus condiciones materiales determinan el resultado de dicho proceso, el cual se suele medir en términos de productividad.
Esta concusión concuerda con los postulados de la economía feminista (también de la ecológica y la ecofeminista), que considera que el centro de la sociedad son los procesos que sostienen la vida –los cuales generalmente no son remunerados y son llevados a cabo por mujeres-. En consecuencia, las actividades de sostenimiento de la vida son previas a las actividades productivas (y financieras), ya que sin que aquéllas se encuentren bien atendidas (y a bajo coste/esfuerzo) éstas últimas se ven sustancialmente afectadas negativamente (por el aumento global de los costes). Sin este trabajo fundamental y los productos básicos procedentes de la naturaleza no habría ninguna actividad económica, ni los seres humanos habríamos podido sobrevivir ni continuar con nuestro desarrollo evolutivo[6]. Asimismo, al ser la esfera de cuidados previa a la productiva, el argumento de la compensación en términos de productividad de las actividades privatizadas, señalado previamente, carece de fundamento.
Para finalizar, se detecta una paradoja difícil de comprender ya que, en muchas ocasiones, los mismos actores que promulgan y reivindican medidas drásticas para mejorar la productividad promuevan activamente actuaciones (como las privatizaciones) que perjudican el desarrollo del ámbito reproductivo y del trabajo de cuidados. Como resultado encontramos consecuencias nefastas para la propia productividad, además de para los diversos tipos de organización social y familiar y, en definitiva, para el contrato social en su conjunto y en su sentido más amplio.
Por lo tanto, los procesos de privatización, al empeorar las condiciones de vida de las personas que deben sostener con su trabajo la esfera productiva de la economía, actúan en contra de la productividad. Para favorecer esta última es necesario impedir las privatizaciones y, en el mejor de los casos, revertirlas en un proceso de revalorización de los trabajos de cuidados que hacen posible el sostenimiento de la vida.
P. Cotarelo
[1] https://elpais.com/educacion/2022-12-14/las-universidades-privadas-se-quedan-con-el-negocio-de-los-masteres-a-punto-de-sobrepasar-a-la-publica.html#
[2] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/13/economia/1652453474_915964.html#
[3] https://elpais.com/educacion/2024-08-21/los-estudiantes-de-la-fp-privada-se-disparan-un-460-en-una-decada-por-la-falta-de-plazas-en-la-educacion-publica.html?ssm=whatsapp_CC#
[4] https://www.infobae.com/america/agencias/2024/05/13/los-espanoles-dedicaron-el-43-de-su-sueldo-bruto-al-pago-del-alquiler-en-2023-el-dato-mas-alto-en-5-anos/
[5] Independientemente del tipo de método que se utilice para su cálculo.