Ekona

Políticas de sostenibilidad para Europa en un mundo multipolar

04 Abr 2023

Una de las cuestiones más importantes de nuestra generación es si estamos viviendo un proceso de descentralización del poder a nivel global, pasando de un mundo unipolar controlado por EE.UU. hasta niveles nunca experimentados en la historia, hacia un mundo multipolar, o con diferentes focos de poder. En los últimos meses hemos podido observar que el creciente poder económico de actores no pertenecientes al oeste se está convirtiendo en poder político, debido a una confluencia de diversos motivos y actuaciones. El centro de gravedad del poder global se está desplazando desde el Atlántico Norte hacia Eurasia, dirige sus pasos hacia el Este.

El creciente poder económico emergente se puede constatar mediante los datos de crecimiento del PIB en las últimas dos décadas. Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB entre 2000 y 2020 fue: China: 5,72 (veces mayor); India: 3,25; Indonesia: 2,73; Turquía: 2,62; Corea del Sur: 2,22; Rusia: 2; Arabia Saudí: 1,88; Australia: 1,77; Sudáfrica: 1,58; Brasil: 1,54; USA: 1,47; Canadá: 1,45; Argentina: 1,29; Reino Unido: 1,27; Alemania: 1,26; Francia: 1,23; Japón: 1,12; Italia: 0,98. Según las previsiones del IMF, la tendencia será parecida en 2023: India: 5.9%, China: 5.2% , Arabia Saudí: 3.1%,  USA: 1.6%, Canadá: 1.5%, Japón: 1.3%, Brasil: 0.9%, Rusia: 0.7%, Francia: 0.7% Italia: 0.7%, Sudáfrica: 0.1%, Alemania -0.1%, Reino Unido: -0.3%.

En lo que respecta al nuevo poder político internacional, se expresa de diferentes formas, incluso en el ámbito económico. El antiguo poder está dejando espacio para el nuevo poder. Una muestra muy significativa de ello es el proceso de desdolarización que se está produciendo. Incredible fall of the US dollar. Su participación en las reservas mundiales de divisas ha caído 7 puntos el año pasado y 22 puntos desde 2008. Según el exanalista de Morgan Stanley, Steven Jen, la participación del dólar pasó del 73% en 2001 al 55% en 2020, al 47% en 2021. Un creciente número de transacciones comerciales se está comenzando a producir en monedas diferentes al dólar, principalmente en una de las monedas de los países que intervienen en el intercambio. Compras de petróleo en monedas bilaterales, incluso de uno de los socios más importantes para el mantenimiento del sistema de dominio del dólar (petrodólar), Arabia Saudí. De hecho, China es ahora un socio más importante que Estados Unidos para el desarrollo de Arabia Saudi. Las exportaciones chinas de metales, maquinaria y equipos de transporte han desplazado a las exportaciones estadounidenses.

El proceso de transición de poder es tan importante y profundo que se está institucionalizando a través de nuevos organismos. Por ejemplo, el Nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) ahora ofrece préstamos en monedas locales en lugar de dólares estadounidenses. La lista de movimientos en este sentido va creciendo semana tras semana.

Si seguimos fijándonos en este banco, el cambio del poder político global también incluye el multilateralismo dentro del propio grupo de los BRICS, a pesar del mayor peso económico de China. A diferencia de organismos como el Banco Mundial, el  Nuevo Banco de Desarrollo distribuye el reparto de responsabilidades en su consejo de dirección de una manera más equitativa entre sus miembros fundadores. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen todos un 19.42% de participación. Este tipo de decisiones está resultando atractivas a otros países del Sur global, que están solicitando ser aceptados en este grupo. De hecho, en los últimos tiempos hasta 19 países, incluyendo a Indonesia, Irán and Arabia Saudí están pendientes de ser aceptados en la próxima reunión del grupo.

Por otra parte, algunos de los últimos movimientos estadounidenses se podrían interpretar como un reconocimiento de que algunas de sus decisiones recientes han ido claramente en contra de su dominio monetario. Parece que Estados Unidos está listo para volver a conectar los bancos rusos a SWIFT. La ONU dijo que habían comenzado las negociaciones entre Rusia y Occidente sobre la reconexión de los bancos rusos al sistema global SWIFT. Asimismo, la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha declarado recientemente «No buscamos desvincular nuestra economía de la de China. Una separación total de las economías sería desastrosa para ambos países», tratando quizás de realizar un control de daños de las últimas decisiones gubernamentales.

La Reserva Federal es consciente de las ingentes cantidades de dinero que han emitido en los últimos años y del problema interno que tiene, por ejemplo, con el control de la inflación, por lo que intenta evitar por todos los medios una devaluación mayor del dólar que pueda provenir del exterior. Además, esto ocurre en un contexto en el que China está realizando ventas enormes de deuda de EEUU. En ese caso, las consecuencias económicas y sociales para el emisor de la moneda que ha sido utilizada como herramienta de control internacional y de amortiguación de desequilibrios internos, pueden ser muy graves.

En relación a esta transformación del poder económico creciente de los países emergentes en poder político global, una de las esferas donde puede tener una gran influencia es en la de las políticas de sostenibilidad europeas. Este es un asunto de gran interés para el futuro debido a que la dimensión ambiental es de importancia existencial para Europa, esta define las condiciones generales que limitan y determinan la toma de decisiones del desarrollo socio-económico del continente.

Comencemos por el paradigma de las políticas ambientales: la Cumbre de Río de 1992 y uno de sus resultados, la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMUNCC). El objetivo de esta institución internacional era afrontar el reto del cambio climático de manera conjunta, basada en una serie de principios muy ambiciosos: responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países – incluyendo las emisiones históricas de gases de efecto invernadero -; acuerdos legalmente vinculantes de reducción de emisiones, transferencia de capacidades, tecnología y dinero de los países primeramente industrializados a los más empobrecidos; y la utilización de sanciones en caso de incumplimientos. Todo ello basado en los más recientes conocimientos científicos ampliamente consensuados internacionalmente en una institución creada para ello, el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático).

Europa, a través de sus representantes a lo largo de los años, ha sido una gran defensora de esta institución, de sus principios y de su funcionamiento. Ni la arquitectura de la propia Convención ni el desarrollo de las negociaciones internacionales se han alejado del enfoque europeo, desde su creación hasta la actualidad. De hecho, los europeos históricamente se han jactado de ser los líderes y los faros morales de las políticas ambientales en lo que respecta al cambio climático, y se han visto obligados a demostrarlo también en el desarrollo de sus políticas internas.

Con el Plan de objetivos climáticos para 2030, la Comisión propone aumentar la ambición de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Se trata de un aumento sustancial en comparación con el objetivo existente que supera el objetivo anterior de al menos 40% de reducción. También está en línea con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C y realizar esfuerzos para mantenerlo en 1,5°C. Para que esto sea posible, el Consejo acordó establecer un objetivo vinculante a nivel de la UE del 40% de la energía procedente de fuentes renovables en su mix energético general para 2030 y reducir el consumo de energía a nivel de la UE en un 36% para el consumo de energía final y un 39% para el consumo de energía primaria para 2030.

Además, la política medioambiental o de cambio climático de la UE se basa en la electrificación (incluida la movilidad) que procede de fuentes renovables. Pero hoy en día el mundo de las energías renovables está dominado principalmente por China. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2021 China dominó la producción mundial de componentes de tecnología limpia.

China fabrica más del 50% de todas las tecnologías renovables importantes, incluidas baterías, palas eólicas terrestres y marinas, torres y góndolas, y módulos, células y obleas solares.

China también domina por completo la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Esto incluye la producción de más del 60% de: refino de sulfato de litio y cobalto, celdas de batería, cátodos, ánodos, electrolitos y separadores.

Por otro lado, Europa importa el 98% de los minerales de tierras raras -de gran importancia para el desarrollo de la tecnología renovable, como el vehículo eléctrico y los aerogeneradores- de China, que domina toda la cadena de suministro: 1/3 de las reservas mundiales, 2/3 del procesamiento.

En las últimas décadas, Europa dependía energética y económicamente, en consecuencia, de los combustibles fósiles, que se localizaban principalmente en Oriente Medio, y que habían sido parcialmente controlados por la influencia estadounidense a través de su poderío militar (y de la OTAN) y el petrodólar acordado con Arabia Saudí. El cambio de dependencias energéticas, como hemos observado, también toma la ruta del Este, y más concretamente la de China.

Muchos europeos siguen creyendo que la economía china se basa en salarios bajos, pero hace años que esto ya no es así, habiendo realizado una transición hacia la innovación y la tecnología. Siguen vendiendo productos baratos al resto del mundo, pero han introducido mejores métodos de producción y han incorporado nuevos productos con más valor añadido.

Según informaciones recientes, China se está moviendo hacia la prohibición de las exportaciones de metales de tierras raras para mantener las ventajas de alta tecnología dentro del país. Esto podría interpretarse como una manera de defenderse de la guerra comercial impuesta por EE.UU., cuyo mayor exponente tecnológico se refiere a los impedimentos a vender maquinaria para fabricar microchips y los propios microchips a China. Dentro de esta corriente, desde Europa ya se han expresado intenciones de reducir de este tipo de dependencia de China. Algunos países europeos, como los Países Bajos, se han visto envueltos en esta guerra de los microchips entre Estados Unidos y China. Ante la presión de EE. UU. para frenar la venta de tecnología avanzada de chips a China, los Países Bajos están considerando prohibir a ASML exportar algunos de los equipos necesarios para fabricarlos. Para los holandeses, la decisión enfrenta su propia seguridad nacional con su compromiso con el libre comercio y con el crecimiento de su propia economía. China representa el 15% de los ingresos totales de ASML y ASML es, con mucho, la empresa tecnológica más grande de los Países Bajos y Europa por capitalización de mercado.

Este tipo de medidas, cada vez más frecuentes en el ámbito económico, están creando una ola proteccionista que parece estar acabando con la doctrina del libre comercio de la era neoliberal.

Esto es sorprendente porque en la era del neoliberalismo todo lo que se parece a proteccionismo queda automáticamente descartado de la práctica económica convencional. Esto ha ocurrido incluso ante la necesidad de acortar las cadenas de suministro y acercarlas a las zonas de demanda por razones ambientales muy justificadas. En este escenario todas las medidas que podrían haber impulsado una solución de este tipo han quedado fuera de juego en Europa. Sin embargo, el posible auge del proteccionismo actual no tiene su origen en esos motivos, sino en la preservación de identidades e intereses nacionales de las élites vinculadas a la industria. No se puede negar que la introducción de prohibiciones, aranceles y subvenciones a la industria bajo criterios nacionalistas puede tener efectos positivos colaterales desde un punto de vista ambiental, aunque mucho menores que una relocalización industrial estructurada con criterios completamente ambientales. Hay una significativa diferencia entre el proteccionismo nacionalista y al relocalización industrial con criterios ambientales, en términos económicos, ambientales y, sobre todo, políticos.

Este asunto puede ser una fuente de confusión política ya avivar las diferencias entre los países europeos. El aumento de la competencia entre naciones europeas sin colaboración estratégica para relocalizar cadenas de suministro es un escenario, a la vez, probable y bastante negativo. Se parecería bastante al tipo de nacionalismo que Europa ha querido abandonar en las últimas décadas y que ha causado tanto dolor y pérdidas de todo tipo. Ya sabemos que el nacionalismo económico infecta la vida política europea cuando aparece en escena, y esta es una pendiente resbaladiza que nadie debería querer atravesar.

Incluso en un escenario en el que hubiera cierto grado de colaboración frente al exterior, nos podríamos enfrentar con otra clase de problemas socio-políticos. Ya estamos viviendo una situación en la que los estándares de vida han descendido para una parte de la población europea, en unos países más que en otros por diversos motivos. El clima, la dependencia energética, la matriz económica y la renta per capita de cada país han influido de manera notable en el impacto de la crisis actual. Aquellos con climas más extremos, con mayor dependencia de combustibles fósiles, con más industria pesada y con mayor renta per capita se han visto más perjudicados si atendemos a los grandes números. Internamente el reparto del impacto depende de la efectividad de las herramientas estructurales y las medidas de redistribución de cada caso, y en algunos casos podría no estar funcionando tan bien. Ya sabemos que el crecimiento de las desigualdades y la pérdida de derechos asociada a ello es un caldo de cultivo muy propicio para las ideas nacionalistas, en un contexto como el descrito previamente de proteccionismo económico impulsado por guerras comerciales y pérdida de poder político que está presente constantemente en los medios.

El avance de este tipo de nacionalismo podría favorecer la entrada en el debate público de corrientes de opinión contrarias al reparto equitativo del espacio ambiental global. Según la doctrina de la CMUNCC, esto se refiere al derecho de todos los habitantes del planeta a un espacio proporcional del espacio ambiental, entendido como la combinación de los recursos y los sumideros, como la atmósfera y los océanos que tienen una función reguladora de la emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

No se puede olvidar que todavía hoy las emisiones per capita de los principales países del mundo son las siguientes: Arabia Saudí: 18,7 toneladas per capita, Australia: 15; EE.UU.: 14,8; Canadá: 14,3; Rusia: 12,1; Alemania: 8,09; China: 8,04; Sudáfrica: 7,3; Francia: 4,7; Brasil: 2,2; India: 1,9.

Y todo esto sin tener en cuenta las emisiones históricas, que aumentan significativamente la responsabilidad de los países primeramente industrializados.

A pesar de ello, cuando todavía las cifras de emisiones per capita mostraban una mayor diferencia entre los países primeramente industrializados y las potencias emergentes (coincidiendo con las negociaciones de la Cumbre de Copenhague 2009 de la CMNUCC) se comenzó a poner en cuestión la validez del argumento del reparto equitativo del espacio ambiental. Para ello, se comenzó a centrar la atención en las emisiones totales de los países, aprovechando la ocasión de que China estaba superando por primera vez las emisiones totales anuales de los líderes mundiales (USA). Además, todo este debate artificial se comenzó y se sigue produciendo obviando un hecho que distorsiona considerablemente el resultado de la discusión, que es el efecto de la deslocalización de la producción industrial a los países asiáticos. La globalización neoliberal ha aprovechado en las últimas décadas la combinación de los avances tecnológicos y los precios baratos de la energía para trasladar la producción de los países primeramente industrializados hacia Asia, fundamentalmente. Esto obliga a discutir a de quién son las emisiones derivadas de la fabricación de bienes demandados en los países del Norte y a quién corresponde la responsabilidad por ellas. La complejidad del comercio mundial actual dificulta enormemente el cálculo de las emisiones extraterritoriales que podrían ser responsabilidad europea, por ejemplo, aunque estudios antiguos (de la época de la Cumbre de Copenhague) señalaban que los principales países europeos debían sumar más de un 20% de emisiones extraterritoriales a las emisiones contabilizadas dentro de sus fronteras. Lo cual también pone en cuestión el propio sistema de contabilidad y reparto de responsabilidades de la CMNUCC que, por otra parte, fue diseñado antes del desarrollo de la globalización neoliberal y la deslocalización que ha promovido.

Este tipo de discursos que niegan los principios de la doctrina del reparto equitativo del espacio ambiental podría tener mayor recorrido en Europa si avanza la idea de desarrollar un sistema monetario internacional respaldado por materias primas. Esta idea se ha compartido en el grupo de los BRICS como herramienta para simplificar el comercio mundial, dejar de depender de la política monetaria de un solo país y establecer una concepción más real de la riqueza. Uno de los primeros pasos que se conocen son los de China aumentando sus reservas de oro en los últimos tiempos con el objetivo de respaldar su moneda (yuan) con este metal. La gran ola de compras de oro de China se debe a una preparación estratégica para un cambio en el poder monetario mundial.

El poder político internacional no ha estado vinculado a las materias primas de manera directa en las últimas décadas, lo cual ha permitido mantener un alto nivel de protagonismo a Europa, una región del mundo que no tiene significativas reservas de las materias primas estratégicas (petróleo, gas, uranio, oro, tierras raras, cobre). Algunas de las estructuras coloniales del pasado, junto con las instituciones derivadas de Bretton Woods y el poder militar estadounidense, han permitido al viejo continente mantener cierta influencia en el control de las cadenas de suministro de algunas de estas materias primas en las últimas décadas. Esto se ha traducido en la estabilización del poder político europeo a nivel global. El cambio que podría suponer un sistema monetario respaldado por materias primas para las estructuras económicas europeas, dependientes del sector financiero occidental y sus reglas, podría ser enorme. Los acontecimientos de los últimos meses, como la política errática de tipos de interés, de precios de la energía, de resistencia a desarrollar una estrategia pública de promoción industrial, señalan que las élites europeas no están preparadas para ello. En el contexto actual de aumento de la importancia de las materias primas, por una parte, y el control de las materias primas estratégicas por parte de los países emergentes, por otra parte, el riesgo de entrada en un escenario de conflicto de carácter socio-político aumenta considerablemente. La resistencia al cambio de las élites podría conducir a un aumento de las tensiones sociales, lo cual podría derivar en inestabilidad y retrasos considerables en la adaptación al nuevo escenario.

Además, hay otro factor que puede añadir presión a la arena europea. En épocas de crisis y confusión que algunos actores, normalmente intermediarios que controlan elementos clave de las cadenas de suministro estratégicas especulan y se aprovechan con la alarma generada públicamente. En este caso los intermediarios de materias primas (petróleo, gas, cereales y minerales) aumentaron en 2022 un 60% su margen bruto con respecto a 2021. Este margen bruto en 2022 fue de 115.000 millones de dólares, el triple que en 2018. El crecimiento del margen bruto fue de: petróleo 55%, energía, gas 90%, gas natural licuado 40%, metales y minerales 50%, productos agrícolas y alimenticios 45%. Todos los productos sobre los que ha habido una gran atención mediática han experimentado grandes aumentos de sus márgenes brutos el último año. Parece haberse puesto a prueba la elasticidad de la demanda, junto con los mecanismos de sostenibilidad de la paz social.

Todo esto nos vuelve a conducir a señalar la dependencia de Europa y sus países de los países emergentes. En el pasado esta dependencia se limitaba a los recursos, aunque mediante mecanismos de control monetario, militar e institucional esta dependencia no afectaba al poder político. Pero la pérdida de los mecanismos de control que se está produciendo en la actualidad introduce a Europa también en la dependencia política. En ese contexto, los riesgos del nacionalismo proteccionista y excluyente, el intento de negar los derechos ambientales a las poblaciones de los países emergentes, y la falta de control sobre los intermediarios y sus prácticas, son muy elevados. No parece lo más sabio fomentar el rechazo a la colaboración económica y comercial con aquellos de los que dependes, negarles los mismos derechos de los que tú disfrutas y permitir que los especuladores aumenten las tensiones. Estos desvaríos pudieron ser tolerados en el pasado, pero ahora mismo no hay margen para darles cabida en la política europea por muchas razones, incluida la relacionada con evitar daños autoinfligidos. La importancia de las políticas de sostenibilidad ha estado -debería estar- siempre fuera de discusión, pero en las próximas semanas y meses habrá que tomar decisiones acertadas al respecto porque está en juego la base de la prosperidad de los pueblos de Europa.

P. Cotarelo

Publicado originalmente en alemán en: https://makroskop.eu/19-
2023/nachhaltigkeit-in-einer-multipolaren-welt/

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Gobernar la ciudad más allá de la ciudad

Las grandes áreas urbanas del siglo XXI ya no caben dentro de los límites de sus municipios. La expansión de las ciudades, la movilidad diaria entre localidades y los retos compartidos —desde la vivienda hasta el cambio climático— exigen una gobernanza metropolitana, capaz de coordinar decisiones que afectan a millones de personas y a territorios interconectados. Pensar en una escala metropolitana Las ciudades actuales funcionan como redes vivas. Las personas residen en un municipio, trabajan en otro, consumen recursos que vienen de un tercero y generan impactos ambientales que se extienden mucho más allá de sus fronteras administrativas. En este contexto, los problemas urbanos —movilidad, contaminación, vivienda, gestión del agua o residuos— ya no pueden resolverse de forma aislada. Por otro lado, el cambio climático agrava esta situación. 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Una planificación metropolitana permite delimitar los usos del suelo con una visión amplia, garantizar una proporción adecuada de superficies permeables e infraestructuras capaces de absorber y retener el agua, asegurar espacios de laminación y drenaje, y revisar infraestructuras supramunicipales que pueden actuar como barreras o trampas de avenidas. Al mismo tiempo, esta escala de gestión facilita coordinar la disponibilidad de refugios climáticos de distinta tipología, organizar redes de centros sanitarios y logísticos para atender a población desplazada, y prever espacios de acopio y distribución de ayuda en emergencias de gran escala. Esta mirada integral amplía el foco de la gestión del territorio y permite responder con mayor eficacia y equidad ante la complejidad de los riesgos contemporáneos. Un órgano metropolitano ofrece un marco institucional común para coordinar políticas, compartir infraestructuras, optimizar servicios y anticipar riesgos climáticos, orientado a gobernar el territorio real, y no solo el nivel administrativo. Barcelona como referencia: una gestión integrada El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es el ejemplo más avanzado de este tipo de gobernanza en España. Agrupa a 36 municipios y gestiona competencias amplias que van desde el urbanismo hasta la movilidad, la vivienda, el medio ambiente o el desarrollo económico. Algunas de sus áreas clave son las siguientes: • Ordenación del territorio y urbanismo: planifica el crecimiento urbano con criterios de sostenibilidad, equilibrio social y eficiencia territorial. • Transporte y movilidad: coordina autobuses, metro y redes metropolitanas, fomentando la intermodalidad y la reducción de emisiones. • Medio ambiente y sostenibilidad: gestiona el ciclo del agua, los residuos y programas de protección ambiental y biodiversidad, incluyendo un plan metropolitano de lucha contra el cambio climático. • Energías renovables: impulsa instalaciones sostenibles y apoya la transición energética de los municipios. • Vivienda y cohesión social: actúa por delegación de los ayuntamientos para garantizar una política de suelo solidaria entre municipios. • Desarrollo económico y empleo: fomenta la innovación, la creación de empresas y la competitividad regional. Este modelo demuestra que la cooperación institucional amplía la capacidad de acción frente a desafíos que ningún municipio puede resolver por sí solo, aunque la capital sea tan importante como Barcelona. Una oportunidad por aprovechar frente a los desafíos actuales El contraste entre AMB y las mancomunidades de municipios que existen muestra cómo un órgano metropolitano integra la planificación estratégica y coordina los recursos, mientras que las mancomunidades actuales se limitan a la gestión de servicios puntuales, lo cual no alcanza la escala estratégica necesaria para abordar los grandes retos urbanos y ambientales de la región que abarcan. Ciudades como Valencia y su entorno forman una de las áreas metropolitanas más dinámicas del Mediterráneo, con un metabolismo social integrado: los flujos de personas, recursos, energía y residuos circulan diariamente entre municipios. Pero carece de un órgano político capaz de coordinar ese metabolismo y transformarlo hacia la sostenibilidad. Algo similar sucede en otras áreas metropolitanas, que existen en la realidad socioeconómica pero no en la administrativa. Crear un ente metropolitano de gestión —con competencias claras en movilidad, vivienda, planificación territorial y adaptación climática— permitiría mejorar la eficiencia institucional, reducir duplicidades y anticipar riesgos ambientales como los derivados del cambio climático. Adaptación al cambio climático: una visión integrada La creación de órganos metropolitanos no es solo una cuestión de gobernanza, sino una estrategia de adaptación climática. Las aglomeraciones urbanas concentran población, infraestructuras críticas y emisiones, pero también concentran capacidad de innovación y de acción colectiva. Un sistema metropolitano bien diseñado puede: • Coordinar planes de emergencia y protección civil ante fenómenos extremos, integrando la gestión de riesgos climáticos (inundaciones, olas de calor e incendios…) mediante infraestructuras de refugio, sistemas de alerta temprana y redes supramunicipales de asistencia y apoyo. • Gestionar el ciclo del agua y los residuos de forma integrada. • Reducir las emisiones mediante transporte público y energía limpia. • Planificar la expansión urbana evitando zonas de riesgo climático. • Impulsar la resiliencia económica y social, garantizando igualdad territorial. En definitiva, permite pasar de la reacción a la prevención estratégica, con decisiones basadas en datos y cooperación, y a la cultura de la resiliencia, con estructuras y mecanismos diseñados para garantizar la capacidad de resistir. P. Cotarelo y O. Mayoral
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Conocimiento del territorio frente a la crisis climática

La actualidad nos coloca ante aparentes paradojas como el hecho de que vivimos en un mundo de conexiones globales con cantidades ingentes de información disponible sobre cualquier tema casi en tiempo real, pero a menudo desconocemos los detalles del lugar que pisamos y del que dependemos para las actividades más básicas. Quizás sabemos más de las capitales del mundo occidental que de la historia geológica de nuestro valle, río o montaña, y estamos más familiarizados con las tendencias internacionales que con los patrones de lluvia, los vientos dominantes o los procesos de regresión o avance de nuestra línea de costa tras los temporales. Sin embargo, en un contexto de cambio climático, este desconocimiento de nuestro territorio se ha convertido en un lujo muy arriesgado. Más allá del mapa: un conocimiento vivo y multidimensional Ahora bien, conocer un territorio no es solo poder señalar sus fronteras en un mapa. Significa comprender su ecología, su historia, su cultura y sus relaciones humanas. Es entender, por ejemplo, por qué un ecosistema es resiliente al fuego y otro no, o cómo la gestión del territorio del pasado condiciona los riesgos del presente. Se trata de apreciar su antropología, su memoria colectiva y sus relatos, han sabido leer las señales del clima a lo largo de las generaciones. Conocer el territorio también implica reconocer los distintos “saberes situados” que lo explican: el conocimiento científico, el técnico, el campesino, el tradicional o el emocional. El conocimiento situado, el que nace de la experiencia directa con el entorno, complementa la ciencia académica y enriquece la toma de decisiones locales. Todos ellos aportan piezas esenciales de una misma realidad, donde la observación cotidiana y la experiencia directa son tan valiosas como los datos satelitales o los informes técnicos. El objetivo de un mejor y más comprehensivo conocimiento del territorio es dotar a las personas de una «lente territorial» con la que interpretar su realidad, comprendiendo, por ejemplo, que un barrio construido sobre un cauce natural seco no es solo un dato urbanístico, sino un futuro riesgo de inundación. Esta “lente” permite conectar conocimiento y responsabilidad, y entender que cada decisión local forma parte de un sistema interconectado. Herramientas para una revolución educativa local La necesidad de una “lente territorial” para interpretar la realidad interpela al conjunto de la sociedad. Por ello, el conocimiento sobre el entorno local debe basarse en un ecosistema educativo adaptado a las realidades sociales y generacionales. En este contexto, el desarrollo de una “competencia climática–territorial” se vuelve clave. Esta competencia puede definirse como la capacidad para comprender el territorio que se habita, identificar riesgos y vulnerabilidades asociados al clima, y actuar de manera individual y colectiva para prevenir, mitigar y adaptarse, participando en la gestión y gobernanza local. El marco europeo GreenComp sobre competencias en sostenibilidad proporciona una referencia útil para orientar esta competencia. Entre sus 12 competencias destacan el pensamiento sistémico, la contextualización de los problemas y la acción colectiva, todas ellas estrechamente vinculadas al conocimiento territorial. La integración de estos elementos en el currículo educativo asegura que cualquier persona que pase por nuestro sistema educativo adquiriera una base sólida de lectura del paisaje, análisis del riesgo y compromiso con su entorno. Una pedagogía de este tipo debería comprender elementos tales como: El conocimiento como antídoto contra la vulnerabilidad Aunque sea incómodo hacerlo, es necesario reconocer que la vulnerabilidad es desigual. La vulnerabilidad a los efectos del cambio climático o a otros fenómenos no es la misma para todas las personas ni en todas las etapas de la vida. Ésta depende de factores sociales, económicos y de género. Por ejemplo, una persona mayor que vive sola en una planta baja, sin red familiar y con movilidad reducida, es intrínsecamente más vulnerable a una inundación que un joven en un piso alto. El conocimiento del territorio es un «igualador crítico» ya que empodera a las personas más vulnerables, dándoles los recursos cognitivos y prácticos para entender su riesgo y saber cómo actuar. La justicia climática empieza reconociendo que no todas las comunidades enfrentan las mismas amenazas ni disponen de los mismos recursos para afrontarlas. Conocer el territorio, entonces, no es solo una cuestión educativa, sino también ética y política. Hacia una ciudadanía arraigada y resiliente Un plan integrado de conocimiento del territorio es una estrategia fundamental de adaptación al cambio climático y de construcción de resiliencia social. Es la diferencia entre ser espectadores pasivos de los desastres y ser agentes activos de nuestra propia seguridad. Se trata de una iniciativa profundamente democrática que devuelve el poder del saber a la sociedad. Lo es porque fomenta una ciudadanía «arraigada», con raíces profundas en la comprensión de su entorno, capaz de disfrutar de él y de leer las señales de alarma, de participar en las soluciones y de cuidar el lugar que considera su hogar. Sentir el territorio como propio es el primer paso para cuidarlo colectivamente, para reconocer en él una extensión de nuestra propia historia y de nuestra vida compartida. En un mundo de emergencia climática, el conocimiento hiperlocal, el que se adquiere caminando, observando y escuchando, se convierte en la primera línea de defensa, en la base de nuestra seguridad. O. Mayoral y P. Cotarelo
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Adaptar el territorio a sus límites: una nueva mirada a la sostenibilidad regional

En el contexto del cambio climático, en el que el desarrollo humano empuja cada día más los límites biofísicos, pensar el territorio desde su capacidad de carga ya no es una cuestión académica, sino una necesidad urgente. Las ciudades y regiones deben aprender a funcionar como organismos sostenibles, capaces de mantener su vitalidad sin agotar los recursos naturales ni deteriorar el entorno del que dependen. El metabolismo social: entender la vida del territorio Así como un organismo necesita energía y nutrientes para sobrevivir, las sociedades humanas también tienen un metabolismo: extraen recursos, los transforman, producen bienes y generan residuos. Este flujo constante de materia, energía e información configura el llamado metabolismo social. Aplicar este enfoque al territorio permite medir su capacidad de carga, es decir, determinar hasta qué punto puede soportar una determinada presión humana sin deteriorarse. Al identificar unidades metabólicas regionales, se pueden analizar los intercambios entre la naturaleza y la sociedad y, a partir de ahí, orientar las políticas públicas hacia una adaptación realista. El objetivo es alinear el funcionamiento de la sociedad con los ritmos y límites del ecosistema. Cuando una región consume más de lo que su entorno puede regenerar, se debilita a largo plazo. Por el contrario, una planificación que respeta su metabolismo construye resiliencia y bienestar duradero. Más allá del urbanismo clásico El diseño urbano tradicional ha tendido a centrarse en la relación entre población y suelo construido, pero lo ha hecho de forma parcial. Las ciudades crecen empujadas por necesidades demográficas, económicas o políticas, y esa expansión a menudo genera impactos ambientales y sociales difíciles de revertir. La historia de los últimos siglos es la historia en la que el desarrollo urbano y la distribución de la población están profundamente entrelazados. No se trata solo de dónde viven las personas, sino de cómo se distribuyen las funciones del territorio, qué movilidad requieren, qué consumo energético implican y cómo transforman el paisaje. Los sistemas urbanos son combinaciones complejas de factores económicos, sociales, ecológicos y culturales. Comprender su sostenibilidad exige verlos como un todo, no como piezas separadas. En este sentido, el enfoque metabólico permite integrar esa complejidad: medir los flujos, entender sus interacciones y diseñar políticas coherentes con la realidad material de cada región. Urbanización y resiliencia El modo en que se urbaniza un territorio define su resiliencia frente a fenómenos tan disruptivos como el cambio climático. Mientras que una expansión dispersa incrementa el consumo energético y la fragmentación del hábitat, una densificación excesiva puede colapsar los servicios básicos. En ambos extremos, se rompe el equilibrio del metabolismo urbano. Por el contrario, analizar la relación entre población y suelo edificado permite detectar esas tensiones y rediseñar los patrones de ocupación, en relación, por ejemplo, con la reducción de la dependencia del transporte motorizado, con la promoción de la autosuficiencia energética o con la integración de los espacios verdes en la estructura urbana. El resultado de la incorporación de una visión resiliente al urbanismo permite pasar de ciudades que consumen el territorio a ciudades que conviven con él. Hacia un nuevo pacto territorial Adecuar la adaptación a la capacidad de carga significa, en el fondo, redefinir la relación entre la sociedad y su entorno. Implica reconocer que el bienestar humano no depende de dominarlo, sino de convivir con él dentro de límites sostenibles. Este enfoque da lugar a lo que podríamos llamar un pacto metabólico. Es decir, un acuerdo implícito entre la población y su territorio para mantener un equilibrio funcional. Cuando ese pacto se rompe —por sobreexplotación, contaminación o desigualdad territorial—, el sistema entra en crisis. Adoptar una metodología basada en el metabolismo social permite reconstruir ese pacto con bases científicas y políticas sólidas orientándolo hacia la sostenibilidad funcional, donde la prosperidad no se mida solo en crecimiento económico, sino en estabilidad ecológica, equidad social y calidad de vida. Una metodología con vocación práctica La forma concreta de incorporar el metabolismo social a la planificación territorial y climática podría basarse en cuatro pasos esenciales: 1. Delimitar unidades metabólicas regionales Espacios donde los flujos de energía, agua, materiales y población se comportan de manera coherente. Estas unidades permiten analizar cada territorio como un sistema vivo. 2. Evaluar la capacidad de carga Determinar el punto en que la presión humana —urbana, industrial, agrícola o turística— supera la capacidad del entorno para regenerarse. Este cálculo integra factores ecológicos, sociales y económicos. 3. Ajustar las políticas públicas Traducir los resultados del análisis en decisiones concretas: dónde expandir o densificar, cómo planificar la movilidad, qué usos del suelo priorizar o qué límites imponer al consumo de recursos. 4. Monitorear y adaptar Los territorios cambian, y las políticas deben cambiar con ellos. Por eso es necesario un sistema de seguimiento continuo, con indicadores que permitan ajustar las estrategias en tiempo real. P. Cotarelo y O. Mayoral
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Derechos más allá del humano

Durante siglos, el concepto “derechos” se ha reservado a las personas. Sin embargo, el siglo XXI está ampliando ese horizonte y la naturaleza empieza a ser reconocida como sujeto de derechos. Este cambio, que puede parecer simbólico, supone una verdadera revolución jurídica, ética y política. Significa pasar de proteger el medio ambiente “por utilidad” a reconocerle valor propio y capacidad de existencia. El punto de partida es un caso pionero: la Ley 19/2022, que otorgó personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca. A partir de esta experiencia, se abre un debate más amplio: ¿qué significa reconocer derechos a un ecosistema?, ¿qué cambia en la gestión ambiental cuando el territorio deja de ser un objeto y se convierte en un sujeto? El precedente del Mar Menor: cuando la naturaleza habla en primera persona La Ley 19/2022, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2022, convirtió al Mar Menor en el primer ecosistema europeo reconocido como sujeto de derechos. Este paso histórico se inspiró en modelos internacionales –como los ríos Whanganui en Nueva Zelanda o Atrato en Colombia–, donde comunidades y juristas habían defendido que los ecosistemas debían contar con mecanismos legales propios de defensa. Según la ley española, el Mar Menor tiene reconocidos cuatro derechos fundamentales: 1. Derecho a existir y evolucionar naturalmente Implica respetar las leyes ecológicas que sustentan su equilibrio. No se trata solo de “conservar” la laguna, sino de permitirle regenerarse y evolucionar según sus dinámicas naturales, libres de presiones humanas desmedidas. 2. Derecho a la protección Supone detener o no autorizar actividades que representen un riesgo para su integridad, como vertidos, construcciones o sobreexplotaciones. 3. Derecho a la conservación Exige acciones activas para preservar especies, hábitats y espacios protegidos asociados a la laguna y su cuenca. 4. Derecho a la restauración Obliga a reparar los daños causados, devolviendo al ecosistema su funcionalidad y los servicios naturales que ofrece a la sociedad. Para hacer efectivos estos derechos, la ley creó un sistema de representación institucional: un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento y un Comité Científico. En conjunto, actúan como la “voz” del Mar Menor ante las administraciones y los tribunales. Con esta estructura, la laguna deja de ser un mero espacio natural gestionado por políticas sectoriales y se convierte en una entidad política y jurídica con legitimidad propia. De la protección a la convivencia: hacia una nueva cultura jurídica El reconocimiento de derechos a entidades más que humanas marca un giro radical en la forma de entender la relación entre sociedad y naturaleza. Hasta ahora, la legislación ambiental se ha centrado en regular el uso de los recursos: cuánto se puede extraer, verter, ocupar o transformar. Pero en un contexto de crisis climática y colapso ecológico, ese modelo ha mostrado sus límites. Reconocer a un ecosistema como sujeto de derechos significa superar la visión instrumental —la naturaleza como “propiedad” o “recurso”— para situarla como parte de la comunidad de la vida, con dignidad y voz propia. Este cambio tiene consecuencias profundas: • Introduce nuevos criterios éticos en la toma de decisiones públicas. • Refuerza la responsabilidad ecológica de las instituciones y empresas. • Permite acciones legales en nombre del ecosistema, incluso cuando no haya afectación directa a personas. • Amplía la noción de justicia hacia un plano ecológico y colectivo. El concepto de “entidades más que humanas” abarca no solo ríos o lagunas, sino también bosques, montañas, suelos, humedales o especies clave que sostienen la vida en una región. Cada una podría, en determinadas condiciones, ser reconocida como sujeto de derecho ecológico, especialmente aquellas esenciales para la adaptación climática.Este cambio también se apoya en una comprensión más profunda de la propia naturaleza. Los ecosistemas no son simples agregados de elementos biológicos o geográficos, sino sistemas complejos con propiedades emergentes (como la autorregulación, la resiliencia o la capacidad de adaptación) que les permiten mantener su equilibrio y sostener la vida. Estas propiedades surgen de la interacción entre sus componentes, y no pueden entenderse a partir de la suma de las partes. Así, estos nuevos derechos no solo amplían el marco legal, sino que reflejan una evolución en la comprensión científica y ética del planeta: reconocer a la naturaleza como un conjunto de seres interdependientes, dotados de capacidad de respuesta y valor intrínseco. Adaptación climática con derechos La inclusión del reconocimiento formal de derechos de las entidades más que humanas en las políticas de adaptación al cambio climático podía garantizar una adaptación más justa, duradera y coherente con los límites biofísicos. Por ejemplo, otorgar derechos a ecosistemas estratégicos —como humedales, ríos o bosques— permitiría: • Establecer mecanismos de defensa legal automáticos frente a amenazas. • Asegurar la prioridad ecológica en los procesos de planificación. • Fomentar la cogestión entre instituciones y comunidades locales. • Impulsar una visión territorial integrada que trascienda la división administrativa. De esta manera, la adaptación al cambio climático dejaría de ser solo una política técnica y pasaría a ser una cuestión de justicia ecológica. Una corriente global en expansión El reconocimiento de derechos a la naturaleza no es una rareza aislada. En los últimos años, esta corriente se ha extendido por todo el mundo: • Ecuador fue el primer país en consagrar en su Constitución (2008) los “derechos de la naturaleza” (Pachamama). • Bolivia aprobó la Ley de la Madre Tierra (2010), reconociendo su valor intrínseco. • En Colombia, la Corte Constitucional declaró al río Atrato sujeto de derechos. • En Nueva Zelanda, el río Whanganui y el Monte Taranaki cuentan con personalidad jurídica y guardianes designados. • En India, los ríos Ganges y Yamuna recibieron estatus similar (aunque con controversias judiciales posteriores). Hacia una democracia más que humana En última instancia, explorar y reconocer nuevos derechos para las entidades más que humanas es una forma de democratizar la relación con los ecosistemas, que dejan de ser simples escenarios donde ocurre la vida humana, convirtiéndose en actores con agencia y vulnerabilidad propias. Reconocer la complejidad de los ecosistemas implica aceptar su capacidad de respuesta y su papel en los equilibrios del
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Hacia el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano

Vivimos tiempos de transformación profunda. Mientras los efectos del cambio climático se hacen cada vez más palpables en nuestro día a día – desde olas de calor más intensas hasta fenómenos meteorológicos extremos –, una transformación silenciosa está teniendo lugar en el ámbito del derecho que busca responder a la pregunta fundamental sobre si tenemos derecho a un medio ambiente sano. La respuesta afirmativa a esta cuestión ha puesto en marcha un movimiento jurídico y político internacional que está redefiniendo las obligaciones de los Estados y los derechos de la ciudadanía. La emergencia climática como cuestión de Derechos Humanos Tradicionalmente, se ha conceptualizado el cambio climático como un problema ambiental, energético o económico. Sin embargo, esta perspectiva se está quedando corta. La crisis climática es, ante todo, una crisis de derechos humanos, y la percepción social sobre ella se acerca progresivamente a esta interpretación. Porque un entorno y un clima estables constituyen la base sobre la que se sostienen todos los demás derechos. Sin ello, el derecho a la salud se ve comprometido por las enfermedades propagadas por el calor o la contaminación; el derecho a la vivienda, amenazado por los desalojos forzosos tras una inundación; el derecho a la vida, en riesgo por la violencia de los fenómenos meteorológicos extremos; el derecho a la alimentación, asediado por las sequías que arrasan los cultivos; y el derecho a la igualdad, en estado crítico porque son los más vulnerables – las personas empobrecidas, las personas mayores, los pueblos indígenas – quienes sufren de manera desproporcionada los efectos de un clima inestable. La comunidad científica lleva tiempo señalando que la degradación de los ecosistemas, la deforestación y la pérdida de biodiversidad tienen consecuencias directas sobre la salud humana, al alterar los equilibrios ecológicos que nos sostienen. No se trata solo de evitar los daños que recaen sobre nosotros, sino de comprender que formamos parte del mismo sistema vivo. Esta comprensión desafía el paradigma antropocéntrico tradicional, que ha situado históricamente a la humanidad por encima del resto de la naturaleza. Esta visión integral, respaldada por el enfoque de Una Sola Salud, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la comunidad científica, nos recuerda que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas están íntimamente interrelacionadas, y refuerza la necesidad de políticas que reconozcan la continuidad entre la salud humana, la salud de los ecosistemas y el derecho a un entorno sano. La investigación y la ciencia han trabajado las últimas décadas para comprobar esta conexión entre el cambio climático y la vulneración de derechos a través de sus impactos. El siguiente paso para la protección de dichos derechos corresponde al ámbito jurídico, que deberá traducir este reto en derechos exigibles y obligaciones concretas. Es en este punto donde la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) marca un antes y un después. El dictamen de la Corte IDH: un nuevo paradigma legal En mayo de 2025, a petición de Chile y Colombia, la Corte IDH se pronunció sobre las obligaciones de los Estados en el marco de la Emergencia Climática. Su opinión no es una mera recomendación; es una hoja de ruta jurídica detallada y vinculante para los países que forman parte del sistema interamericano. La Corte desglosa las obligaciones de los Estados en cuatro pilares fundamentales: 1. Obligaciones generales en el marco de la emergencia climática La Corte deja claro que los Estados tienen el deber de prevenir los efectos catastróficos del cambio climático. Esto ya no es una opción política, sino una obligación legal. Los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias –legislativas, administrativas, judiciales– para garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen un daño transfronterizo significativo. La inacción, o la acción insuficiente, puede constituir una violación de los derechos humanos. 2. Obligaciones derivadas de los derechos sustantivos La Corte vincula explícitamente la emergencia climática con derechos ya consagrados, como el derecho a la vida y a la integridad personal. Un medio ambiente sano es una condición esencial para su disfrute. En la práctica, esto podría significar que una persona o una comunidad podría demandar al Estado si, por ejemplo, la contaminación del aire de una central térmica cercana está afectando gravemente su salud, argumentando una violación de su derecho a la integridad personal por la inacción del Estado en regular adecuadamente esa fuente de emisiones. 3. Obligaciones de procedimiento: transparencia y participación Los Estados no solo deben actuar, sino que deben hacerlo de una manera determinada. Esto incluye: a. Acceso a la información: garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información clara, oportuna y comprensible sobre los impactos climáticos y las políticas para enfrentarlos. b. Participación pública: permitir que las personas intervengan de manera significativa en la toma de decisiones ambientales, como la aprobación de un proyecto con elevada huella de carbono c. Acceso a la justicia: asegurar que existan mecanismos judiciales o administrativos accesibles para impugnar acciones u omisiones que afecten el medio ambiente. 4. El Principio de igualdad y no discriminación La Corte es contundente ante el hecho de que la crisis climática es una crisis de desigualdad. Las obligaciones estatales deben aplicarse con una perspectiva de equidad, priorizando la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad que se ven afectados de manera desproporcionada. Las políticas climáticas deben ser diseñadas para protegerles específicamente, evitando que la carga del cambio climático recaiga sobre quienes menos han contribuido a causarlo. Hacia un nuevo contrato social La exploración para incluir estos derechos implica un cambio profundo en la relación entre la ciudadanía, el Estado y el entorno. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano no solo protege a las generaciones presentes, sino que extiende la justicia hacia quienes aún no han nacido. Este nuevo paradigma jurídico reconoce que la salud del planeta es, en sí misma, un bien jurídico que sostiene el resto de los derechos fundamentales. Siguiendo el liderazgo de la Corte Interamericana, los Estados tienen la oportunidad de evolucionar, de pasar