Ekona

Políticas de sostenibilidad para Europa en un mundo multipolar

04 Abr 2023

Una de las cuestiones más importantes de nuestra generación es si estamos viviendo un proceso de descentralización del poder a nivel global, pasando de un mundo unipolar controlado por EE.UU. hasta niveles nunca experimentados en la historia, hacia un mundo multipolar, o con diferentes focos de poder. En los últimos meses hemos podido observar que el creciente poder económico de actores no pertenecientes al oeste se está convirtiendo en poder político, debido a una confluencia de diversos motivos y actuaciones. El centro de gravedad del poder global se está desplazando desde el Atlántico Norte hacia Eurasia, dirige sus pasos hacia el Este.

El creciente poder económico emergente se puede constatar mediante los datos de crecimiento del PIB en las últimas dos décadas. Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB entre 2000 y 2020 fue: China: 5,72 (veces mayor); India: 3,25; Indonesia: 2,73; Turquía: 2,62; Corea del Sur: 2,22; Rusia: 2; Arabia Saudí: 1,88; Australia: 1,77; Sudáfrica: 1,58; Brasil: 1,54; USA: 1,47; Canadá: 1,45; Argentina: 1,29; Reino Unido: 1,27; Alemania: 1,26; Francia: 1,23; Japón: 1,12; Italia: 0,98. Según las previsiones del IMF, la tendencia será parecida en 2023: India: 5.9%, China: 5.2% , Arabia Saudí: 3.1%,  USA: 1.6%, Canadá: 1.5%, Japón: 1.3%, Brasil: 0.9%, Rusia: 0.7%, Francia: 0.7% Italia: 0.7%, Sudáfrica: 0.1%, Alemania -0.1%, Reino Unido: -0.3%.

En lo que respecta al nuevo poder político internacional, se expresa de diferentes formas, incluso en el ámbito económico. El antiguo poder está dejando espacio para el nuevo poder. Una muestra muy significativa de ello es el proceso de desdolarización que se está produciendo. Incredible fall of the US dollar. Su participación en las reservas mundiales de divisas ha caído 7 puntos el año pasado y 22 puntos desde 2008. Según el exanalista de Morgan Stanley, Steven Jen, la participación del dólar pasó del 73% en 2001 al 55% en 2020, al 47% en 2021. Un creciente número de transacciones comerciales se está comenzando a producir en monedas diferentes al dólar, principalmente en una de las monedas de los países que intervienen en el intercambio. Compras de petróleo en monedas bilaterales, incluso de uno de los socios más importantes para el mantenimiento del sistema de dominio del dólar (petrodólar), Arabia Saudí. De hecho, China es ahora un socio más importante que Estados Unidos para el desarrollo de Arabia Saudi. Las exportaciones chinas de metales, maquinaria y equipos de transporte han desplazado a las exportaciones estadounidenses.

El proceso de transición de poder es tan importante y profundo que se está institucionalizando a través de nuevos organismos. Por ejemplo, el Nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) ahora ofrece préstamos en monedas locales en lugar de dólares estadounidenses. La lista de movimientos en este sentido va creciendo semana tras semana.

Si seguimos fijándonos en este banco, el cambio del poder político global también incluye el multilateralismo dentro del propio grupo de los BRICS, a pesar del mayor peso económico de China. A diferencia de organismos como el Banco Mundial, el  Nuevo Banco de Desarrollo distribuye el reparto de responsabilidades en su consejo de dirección de una manera más equitativa entre sus miembros fundadores. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen todos un 19.42% de participación. Este tipo de decisiones está resultando atractivas a otros países del Sur global, que están solicitando ser aceptados en este grupo. De hecho, en los últimos tiempos hasta 19 países, incluyendo a Indonesia, Irán and Arabia Saudí están pendientes de ser aceptados en la próxima reunión del grupo.

Por otra parte, algunos de los últimos movimientos estadounidenses se podrían interpretar como un reconocimiento de que algunas de sus decisiones recientes han ido claramente en contra de su dominio monetario. Parece que Estados Unidos está listo para volver a conectar los bancos rusos a SWIFT. La ONU dijo que habían comenzado las negociaciones entre Rusia y Occidente sobre la reconexión de los bancos rusos al sistema global SWIFT. Asimismo, la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha declarado recientemente «No buscamos desvincular nuestra economía de la de China. Una separación total de las economías sería desastrosa para ambos países», tratando quizás de realizar un control de daños de las últimas decisiones gubernamentales.

La Reserva Federal es consciente de las ingentes cantidades de dinero que han emitido en los últimos años y del problema interno que tiene, por ejemplo, con el control de la inflación, por lo que intenta evitar por todos los medios una devaluación mayor del dólar que pueda provenir del exterior. Además, esto ocurre en un contexto en el que China está realizando ventas enormes de deuda de EEUU. En ese caso, las consecuencias económicas y sociales para el emisor de la moneda que ha sido utilizada como herramienta de control internacional y de amortiguación de desequilibrios internos, pueden ser muy graves.

En relación a esta transformación del poder económico creciente de los países emergentes en poder político global, una de las esferas donde puede tener una gran influencia es en la de las políticas de sostenibilidad europeas. Este es un asunto de gran interés para el futuro debido a que la dimensión ambiental es de importancia existencial para Europa, esta define las condiciones generales que limitan y determinan la toma de decisiones del desarrollo socio-económico del continente.

Comencemos por el paradigma de las políticas ambientales: la Cumbre de Río de 1992 y uno de sus resultados, la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMUNCC). El objetivo de esta institución internacional era afrontar el reto del cambio climático de manera conjunta, basada en una serie de principios muy ambiciosos: responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países – incluyendo las emisiones históricas de gases de efecto invernadero -; acuerdos legalmente vinculantes de reducción de emisiones, transferencia de capacidades, tecnología y dinero de los países primeramente industrializados a los más empobrecidos; y la utilización de sanciones en caso de incumplimientos. Todo ello basado en los más recientes conocimientos científicos ampliamente consensuados internacionalmente en una institución creada para ello, el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático).

Europa, a través de sus representantes a lo largo de los años, ha sido una gran defensora de esta institución, de sus principios y de su funcionamiento. Ni la arquitectura de la propia Convención ni el desarrollo de las negociaciones internacionales se han alejado del enfoque europeo, desde su creación hasta la actualidad. De hecho, los europeos históricamente se han jactado de ser los líderes y los faros morales de las políticas ambientales en lo que respecta al cambio climático, y se han visto obligados a demostrarlo también en el desarrollo de sus políticas internas.

Con el Plan de objetivos climáticos para 2030, la Comisión propone aumentar la ambición de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Se trata de un aumento sustancial en comparación con el objetivo existente que supera el objetivo anterior de al menos 40% de reducción. También está en línea con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C y realizar esfuerzos para mantenerlo en 1,5°C. Para que esto sea posible, el Consejo acordó establecer un objetivo vinculante a nivel de la UE del 40% de la energía procedente de fuentes renovables en su mix energético general para 2030 y reducir el consumo de energía a nivel de la UE en un 36% para el consumo de energía final y un 39% para el consumo de energía primaria para 2030.

Además, la política medioambiental o de cambio climático de la UE se basa en la electrificación (incluida la movilidad) que procede de fuentes renovables. Pero hoy en día el mundo de las energías renovables está dominado principalmente por China. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2021 China dominó la producción mundial de componentes de tecnología limpia.

China fabrica más del 50% de todas las tecnologías renovables importantes, incluidas baterías, palas eólicas terrestres y marinas, torres y góndolas, y módulos, células y obleas solares.

China también domina por completo la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Esto incluye la producción de más del 60% de: refino de sulfato de litio y cobalto, celdas de batería, cátodos, ánodos, electrolitos y separadores.

Por otro lado, Europa importa el 98% de los minerales de tierras raras -de gran importancia para el desarrollo de la tecnología renovable, como el vehículo eléctrico y los aerogeneradores- de China, que domina toda la cadena de suministro: 1/3 de las reservas mundiales, 2/3 del procesamiento.

En las últimas décadas, Europa dependía energética y económicamente, en consecuencia, de los combustibles fósiles, que se localizaban principalmente en Oriente Medio, y que habían sido parcialmente controlados por la influencia estadounidense a través de su poderío militar (y de la OTAN) y el petrodólar acordado con Arabia Saudí. El cambio de dependencias energéticas, como hemos observado, también toma la ruta del Este, y más concretamente la de China.

Muchos europeos siguen creyendo que la economía china se basa en salarios bajos, pero hace años que esto ya no es así, habiendo realizado una transición hacia la innovación y la tecnología. Siguen vendiendo productos baratos al resto del mundo, pero han introducido mejores métodos de producción y han incorporado nuevos productos con más valor añadido.

Según informaciones recientes, China se está moviendo hacia la prohibición de las exportaciones de metales de tierras raras para mantener las ventajas de alta tecnología dentro del país. Esto podría interpretarse como una manera de defenderse de la guerra comercial impuesta por EE.UU., cuyo mayor exponente tecnológico se refiere a los impedimentos a vender maquinaria para fabricar microchips y los propios microchips a China. Dentro de esta corriente, desde Europa ya se han expresado intenciones de reducir de este tipo de dependencia de China. Algunos países europeos, como los Países Bajos, se han visto envueltos en esta guerra de los microchips entre Estados Unidos y China. Ante la presión de EE. UU. para frenar la venta de tecnología avanzada de chips a China, los Países Bajos están considerando prohibir a ASML exportar algunos de los equipos necesarios para fabricarlos. Para los holandeses, la decisión enfrenta su propia seguridad nacional con su compromiso con el libre comercio y con el crecimiento de su propia economía. China representa el 15% de los ingresos totales de ASML y ASML es, con mucho, la empresa tecnológica más grande de los Países Bajos y Europa por capitalización de mercado.

Este tipo de medidas, cada vez más frecuentes en el ámbito económico, están creando una ola proteccionista que parece estar acabando con la doctrina del libre comercio de la era neoliberal.

Esto es sorprendente porque en la era del neoliberalismo todo lo que se parece a proteccionismo queda automáticamente descartado de la práctica económica convencional. Esto ha ocurrido incluso ante la necesidad de acortar las cadenas de suministro y acercarlas a las zonas de demanda por razones ambientales muy justificadas. En este escenario todas las medidas que podrían haber impulsado una solución de este tipo han quedado fuera de juego en Europa. Sin embargo, el posible auge del proteccionismo actual no tiene su origen en esos motivos, sino en la preservación de identidades e intereses nacionales de las élites vinculadas a la industria. No se puede negar que la introducción de prohibiciones, aranceles y subvenciones a la industria bajo criterios nacionalistas puede tener efectos positivos colaterales desde un punto de vista ambiental, aunque mucho menores que una relocalización industrial estructurada con criterios completamente ambientales. Hay una significativa diferencia entre el proteccionismo nacionalista y al relocalización industrial con criterios ambientales, en términos económicos, ambientales y, sobre todo, políticos.

Este asunto puede ser una fuente de confusión política ya avivar las diferencias entre los países europeos. El aumento de la competencia entre naciones europeas sin colaboración estratégica para relocalizar cadenas de suministro es un escenario, a la vez, probable y bastante negativo. Se parecería bastante al tipo de nacionalismo que Europa ha querido abandonar en las últimas décadas y que ha causado tanto dolor y pérdidas de todo tipo. Ya sabemos que el nacionalismo económico infecta la vida política europea cuando aparece en escena, y esta es una pendiente resbaladiza que nadie debería querer atravesar.

Incluso en un escenario en el que hubiera cierto grado de colaboración frente al exterior, nos podríamos enfrentar con otra clase de problemas socio-políticos. Ya estamos viviendo una situación en la que los estándares de vida han descendido para una parte de la población europea, en unos países más que en otros por diversos motivos. El clima, la dependencia energética, la matriz económica y la renta per capita de cada país han influido de manera notable en el impacto de la crisis actual. Aquellos con climas más extremos, con mayor dependencia de combustibles fósiles, con más industria pesada y con mayor renta per capita se han visto más perjudicados si atendemos a los grandes números. Internamente el reparto del impacto depende de la efectividad de las herramientas estructurales y las medidas de redistribución de cada caso, y en algunos casos podría no estar funcionando tan bien. Ya sabemos que el crecimiento de las desigualdades y la pérdida de derechos asociada a ello es un caldo de cultivo muy propicio para las ideas nacionalistas, en un contexto como el descrito previamente de proteccionismo económico impulsado por guerras comerciales y pérdida de poder político que está presente constantemente en los medios.

El avance de este tipo de nacionalismo podría favorecer la entrada en el debate público de corrientes de opinión contrarias al reparto equitativo del espacio ambiental global. Según la doctrina de la CMUNCC, esto se refiere al derecho de todos los habitantes del planeta a un espacio proporcional del espacio ambiental, entendido como la combinación de los recursos y los sumideros, como la atmósfera y los océanos que tienen una función reguladora de la emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

No se puede olvidar que todavía hoy las emisiones per capita de los principales países del mundo son las siguientes: Arabia Saudí: 18,7 toneladas per capita, Australia: 15; EE.UU.: 14,8; Canadá: 14,3; Rusia: 12,1; Alemania: 8,09; China: 8,04; Sudáfrica: 7,3; Francia: 4,7; Brasil: 2,2; India: 1,9.

Y todo esto sin tener en cuenta las emisiones históricas, que aumentan significativamente la responsabilidad de los países primeramente industrializados.

A pesar de ello, cuando todavía las cifras de emisiones per capita mostraban una mayor diferencia entre los países primeramente industrializados y las potencias emergentes (coincidiendo con las negociaciones de la Cumbre de Copenhague 2009 de la CMNUCC) se comenzó a poner en cuestión la validez del argumento del reparto equitativo del espacio ambiental. Para ello, se comenzó a centrar la atención en las emisiones totales de los países, aprovechando la ocasión de que China estaba superando por primera vez las emisiones totales anuales de los líderes mundiales (USA). Además, todo este debate artificial se comenzó y se sigue produciendo obviando un hecho que distorsiona considerablemente el resultado de la discusión, que es el efecto de la deslocalización de la producción industrial a los países asiáticos. La globalización neoliberal ha aprovechado en las últimas décadas la combinación de los avances tecnológicos y los precios baratos de la energía para trasladar la producción de los países primeramente industrializados hacia Asia, fundamentalmente. Esto obliga a discutir a de quién son las emisiones derivadas de la fabricación de bienes demandados en los países del Norte y a quién corresponde la responsabilidad por ellas. La complejidad del comercio mundial actual dificulta enormemente el cálculo de las emisiones extraterritoriales que podrían ser responsabilidad europea, por ejemplo, aunque estudios antiguos (de la época de la Cumbre de Copenhague) señalaban que los principales países europeos debían sumar más de un 20% de emisiones extraterritoriales a las emisiones contabilizadas dentro de sus fronteras. Lo cual también pone en cuestión el propio sistema de contabilidad y reparto de responsabilidades de la CMNUCC que, por otra parte, fue diseñado antes del desarrollo de la globalización neoliberal y la deslocalización que ha promovido.

Este tipo de discursos que niegan los principios de la doctrina del reparto equitativo del espacio ambiental podría tener mayor recorrido en Europa si avanza la idea de desarrollar un sistema monetario internacional respaldado por materias primas. Esta idea se ha compartido en el grupo de los BRICS como herramienta para simplificar el comercio mundial, dejar de depender de la política monetaria de un solo país y establecer una concepción más real de la riqueza. Uno de los primeros pasos que se conocen son los de China aumentando sus reservas de oro en los últimos tiempos con el objetivo de respaldar su moneda (yuan) con este metal. La gran ola de compras de oro de China se debe a una preparación estratégica para un cambio en el poder monetario mundial.

El poder político internacional no ha estado vinculado a las materias primas de manera directa en las últimas décadas, lo cual ha permitido mantener un alto nivel de protagonismo a Europa, una región del mundo que no tiene significativas reservas de las materias primas estratégicas (petróleo, gas, uranio, oro, tierras raras, cobre). Algunas de las estructuras coloniales del pasado, junto con las instituciones derivadas de Bretton Woods y el poder militar estadounidense, han permitido al viejo continente mantener cierta influencia en el control de las cadenas de suministro de algunas de estas materias primas en las últimas décadas. Esto se ha traducido en la estabilización del poder político europeo a nivel global. El cambio que podría suponer un sistema monetario respaldado por materias primas para las estructuras económicas europeas, dependientes del sector financiero occidental y sus reglas, podría ser enorme. Los acontecimientos de los últimos meses, como la política errática de tipos de interés, de precios de la energía, de resistencia a desarrollar una estrategia pública de promoción industrial, señalan que las élites europeas no están preparadas para ello. En el contexto actual de aumento de la importancia de las materias primas, por una parte, y el control de las materias primas estratégicas por parte de los países emergentes, por otra parte, el riesgo de entrada en un escenario de conflicto de carácter socio-político aumenta considerablemente. La resistencia al cambio de las élites podría conducir a un aumento de las tensiones sociales, lo cual podría derivar en inestabilidad y retrasos considerables en la adaptación al nuevo escenario.

Además, hay otro factor que puede añadir presión a la arena europea. En épocas de crisis y confusión que algunos actores, normalmente intermediarios que controlan elementos clave de las cadenas de suministro estratégicas especulan y se aprovechan con la alarma generada públicamente. En este caso los intermediarios de materias primas (petróleo, gas, cereales y minerales) aumentaron en 2022 un 60% su margen bruto con respecto a 2021. Este margen bruto en 2022 fue de 115.000 millones de dólares, el triple que en 2018. El crecimiento del margen bruto fue de: petróleo 55%, energía, gas 90%, gas natural licuado 40%, metales y minerales 50%, productos agrícolas y alimenticios 45%. Todos los productos sobre los que ha habido una gran atención mediática han experimentado grandes aumentos de sus márgenes brutos el último año. Parece haberse puesto a prueba la elasticidad de la demanda, junto con los mecanismos de sostenibilidad de la paz social.

Todo esto nos vuelve a conducir a señalar la dependencia de Europa y sus países de los países emergentes. En el pasado esta dependencia se limitaba a los recursos, aunque mediante mecanismos de control monetario, militar e institucional esta dependencia no afectaba al poder político. Pero la pérdida de los mecanismos de control que se está produciendo en la actualidad introduce a Europa también en la dependencia política. En ese contexto, los riesgos del nacionalismo proteccionista y excluyente, el intento de negar los derechos ambientales a las poblaciones de los países emergentes, y la falta de control sobre los intermediarios y sus prácticas, son muy elevados. No parece lo más sabio fomentar el rechazo a la colaboración económica y comercial con aquellos de los que dependes, negarles los mismos derechos de los que tú disfrutas y permitir que los especuladores aumenten las tensiones. Estos desvaríos pudieron ser tolerados en el pasado, pero ahora mismo no hay margen para darles cabida en la política europea por muchas razones, incluida la relacionada con evitar daños autoinfligidos. La importancia de las políticas de sostenibilidad ha estado -debería estar- siempre fuera de discusión, pero en las próximas semanas y meses habrá que tomar decisiones acertadas al respecto porque está en juego la base de la prosperidad de los pueblos de Europa.

P. Cotarelo

Publicado originalmente en alemán en: https://makroskop.eu/19-
2023/nachhaltigkeit-in-einer-multipolaren-welt/

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Opinión

Creación de un indicador compuesto para medir el desempeño universitario en la aplicación de la Agenda 2030

Naciones Unidas ha destacado el papel de la Universidad en la promoción e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030. La educación e investigación universitarias, su capacidad de innovar, liderazgo social y posición privilegiada para trenzar alianzas intersectoriales, la sitúan como un actor esencial de la transición ecosocial. En el contexto de un proyecto de creación y desarrollo de un Observatorio universitario de seguimiento de la aplicación de los ODS de la Agenda 2030 en la UCM, se realiza la creación de un sistema de medición del desempeño de la universidad en dicha aplicación de la Agenda 2030, en coherencia con las inquietudes sociales, las preocupaciones de la comunidad universitaria y las declaraciones institucionales de las personas representantes de la propia entidad. La metodología empleada se basó en el “Handbook on Constructing Composite Indicators” de la OECD y el JRC para crear un indicador compuesto que permitiera resumir fenómenos complejos de manera simple, comparar entre actores similares con facilidad, y ofrecer información representativa. Las fuentes de los datos empleadas fueron diversas: fuentes online; consultas directas mediante los canales ofrecidos por la Universidad; entrevistas a actores relevantes de la Universidad con diferentes perfiles, experiencias y aproximaciones a la temática; obtención directa de datos mediante la observación in situ; y una encuesta dirigida mediante el Observatorio del Estudiante de la Universidad. Para la definición de los indicadores, un grupo de 30 investigadores e investigadoras de diferentes facultades utilizaron tres niveles de análisis de la actividad universitaria: campus, docencia e investigación, discursos y prácticas institucionales. Como resultado de ello se establecieron indicadores para cada uno de estos tres niveles de análisis referidos a todos los ODS. Tras el proceso de normalización, ponderación y agregación se consolidó un indicador compuesto de más de 400 indicadores, divididos equitativamente en los tres niveles de análisis. Únicamente para una tercera parte de estos indicadores se obtuvieron datos fiables en el primer año de aplicación (2024). El resultado del indicador compuesto en estas condiciones concedió a la Universidad un grado de desempeño medio-bajo. Si bien el número de indicadores utilizados para la construcción del indicador compuesto es suficiente para dar valor a la calificación media-baja de la universidad, estos resultados deben ser corroborados en años sucesivos con el trabajo de recopilación de datos para alcanzar grados de representatividad más cercanos al 100%. Por otra parte, es necesario señalar que, tanto el número de indicadores que conforman el indicador compuesto como sus estándares, también forman parte de un proceso vivo que se alimentará cada año a partir de los resultados iniciales. La revisión de los estándares de los indicadores del sistema establecerá objetivos progresivamente más ambiciosos hasta alcanzar el óptimo para cada uno de ellos y en conjunto en 2030. P. Cotarelo El texto anterior forma parte del resumen de un artículo publicado en el siguiente enlace (págs. 349-358): https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/investigacion/XVIII%20Seminario%20Investigaci%C3%B3n%20Educacion%20Ambiental%20y%2
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Reconocimiento por la labor sobre la DANA

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reconocido el papel que ha jugado Ekona en colaboración con Olga Mayoral, subdirectora del Jardín Botánico y profesora de la Universidad de Valencia, al organizar espacios de diálogo y encuentro entre investigadoras e investigadores de disciplinas muy diversas que trabajan en territorios afectados por la DANA. Esta labor incluye múltiples entrevistas y espacios de trabajo con más de 80 personas del ámbito de la investigación, de la gestión, así como de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de extraer aprendizajes sólidos sobre las causas, los impactos y los procesos de gestión de un fenómeno tan multidimensional como la DANA de 2024. Estas sesiones han permitido construir una lectura compleja y diversa de la DANA, combinando diferentes aproximaciones y marcos analíticos que enriquecen la comprensión profunda del fenómeno y sus efectos en el territorio. Más información: https://www.jardibotanic.org/?apid=cultura_i_comunicacio&id=721&idioma=_spa P. Cotarelo y O. Mayoral
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La necesidad de una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

En un contexto marcado por el cambio climático y por una creciente exposición social, económica y ambiental al riesgo, la reducción del riesgo de desastres (RRD) se ha convertido en una prioridad estratégica. Ya no hablamos solo de emergencias puntuales, sino de un fenómeno estructural que condiciona la seguridad humana, la estabilidad económica y la sostenibilidad. Los desastres, cada vez más frecuentes y complejos, son el síntoma visible de un sistema que necesita anticipación, cooperación y conocimiento compartido. En este sentido, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado por los Estados Miembros de la ONU el 18 de marzo de 2015 en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en la ciudad japonesa de Sendai, Prefectura de Miyagi. Este marco tiene como objetivo general lograr la reducción sustancial del riesgo y de las pérdidas por desastres en vidas, medios de vida y salud, así como en los activos económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de personas, empresas, comunidades y países durante los próximos años. Sus Metas específicas son las siguientes: Plataformas para la Reducción de Riesgos de Desastres La Plataforma Global es un foro para el intercambio de información, la realización de debates sobre los últimos acontecimientos, la socialización de conocimiento y el establecimiento de alianzas entre los distintos sectores, con el propósito de aumentar la implementación de la reducción del riesgo de desastres mediante una mejor comunicación y coordinación entre los distintos grupos interesados. Esta plataforma permite que los gobiernos, las ONG, los científicos, los profesionales en distintos campos y las organizaciones de las Naciones Unidas compartan experiencias y acuerden lineamientos estratégicos para la aplicación del Marco de Sendai. Las Plataformas Regionales son foros multisectoriales que reflejan el compromiso de los gobiernos para mejorar la coordinación y la realización de actividades para la reducción del riesgo de desastres, mientras establece nexos con iniciativas nacionales e internacionales. Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) fomenta el establecimiento de mecanismos de coordinación multisectorial para la RRD, tales como las Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres, a fin de destacar la relevancia, el valor agregado y la rentabilidad de un enfoque coherente y coordinado para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional. En España, la creación de esta Plataforma Nacional no partiría de cero ya que existe el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Este plan, que forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, ya establece la arquitectura estratégica necesaria para, o bien utilizarla directamente como el espacio desde el que dirigir las investigaciones y acciones en materia de RRD, o bien como un modelo inspirador para crear un órgano ad hoc específicamente dedicado a esta misión. La urgencia de crear esta Plataforma Anticipar el riesgo es hoy una cuestión de responsabilidad pública y colectiva. La creciente frecuencia de fenómenos extremos, la exposición de infraestructuras críticas y la desigualdad en la capacidad de respuesta exigen una estructura estable de coordinación que funcione de manera permanente y transversal. Solo una visión integrada, que combine ciencia, planificación territorial y cooperación institucional, puede ofrecer una respuesta coherente a los desafíos de esta nueva realidad. La creación de esta Plataforma es una necesidad estratégica. La justificación se basa en dos pilares interconectados: 1.  La nueva realidad de los desastres: la complejidad, intensidad y frecuencia de algunos desastres están aumentando debido, con mucha frecuencia, al cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más vinculados a este fenómeno, no entienden de fronteras administrativas ni de competencias sectoriales. Los desastres actuales no son eventos aislados, sino crisis encadenadas e interconectadas. Un incendio forestal no es solo un problema para los bomberos; afecta a la biodiversidad, a la calidad del aire, a la salud pública, a la economía local y a las infraestructuras. Entender esta red de interdependencias es la clave para anticipar y reducir los impactos antes de que se transformen en catástrofes. Gestionarlo de forma efectiva requiere de una visión integral que solo puede lograrse con una coordinación multisectorial permanente. 2.  La coherencia y la eficiencia: actuar de forma aislada y fragmentada es ineficiente y costoso. Una Plataforma Nacional permite un enfoque coherente y coordinado. Esto significa: – Evitar duplicidades entre diferentes administraciones. – Compartir información: crear un flujo de datos e inteligencia sobre riesgos que beneficie a todos los actores implicados. – Optimizar recursos: invertir de forma más inteligente en prevención, preparación y respuesta, obteniendo un mayor retorno en seguridad para la ciudadanía. – Dar relevancia: elevar la reducción del riesgo de desastres a la máxima prioridad política, reconociendo su valor crucial para el desarrollo sostenible del país. Hacia una Cultura de la Prevención El verdadero valor de una Plataforma Nacional para la RRD va más allá de la gestión de la emergencia cuando el desastre ya ha ocurrido. Su misión más importante es fomentar una cultura de la prevención. En lugar de limitarnos a ser reactivos —a esperar a que ocurra lo peor para actuar—, esta Plataforma permitiría un trabajo proactivo que permitiría identificar los riesgos antes de que se materialicen, de fortalecer las infraestructuras críticas, de educar a la población, de planificar el uso del territorio de forma más segura y de asegurar que nuestros sistemas de alerta temprana sean lo más robustos posibles. Fomentar la cultura de la prevención es también fomentar la equidad. Los desastres afectan con mayor dureza a las comunidades más vulnerables (quienes viven en viviendas precarias, en zonas de riesgo o con menos acceso a la información). Una Plataforma Nacional puede convertirse en un instrumento para fortalecer la justicia territorial y social, garantizando que nadie quede atrás ante los impactos climáticos y ambientales. Al estar anclada en estructuras ya existentes como las derivadas del Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, y con el respaldo del Consejo Nacional de Protección Civil, la Plataforma tendría la autoridad y la capacidad para impulsar este cambio de mentalidad,
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Gobernar la ciudad más allá de la ciudad

Las grandes áreas urbanas del siglo XXI ya no caben dentro de los límites de sus municipios. La expansión de las ciudades, la movilidad diaria entre localidades y los retos compartidos —desde la vivienda hasta el cambio climático— exigen una gobernanza metropolitana, capaz de coordinar decisiones que afectan a millones de personas y a territorios interconectados. Pensar en una escala metropolitana Las ciudades actuales funcionan como redes vivas. Las personas residen en un municipio, trabajan en otro, consumen recursos que vienen de un tercero y generan impactos ambientales que se extienden mucho más allá de sus fronteras administrativas. En este contexto, los problemas urbanos —movilidad, contaminación, vivienda, gestión del agua o residuos— ya no pueden resolverse de forma aislada. Por otro lado, el cambio climático agrava esta situación. Las emergencias asociadas a fenómenos extremos, como las DANA (depresiones aisladas en niveles altos) que afectan recurrentemente al Mediterráneo, o los incendios, revelan las limitaciones de la gestión fragmentada. Cuando cada ayuntamiento actúa por su cuenta, se ralentiza la respuesta y se pierden recursos valiosos. La gestión de riesgos climáticos, como inundaciones, olas de calor o incendios forestales, exige una visión que trascienda los límites municipales y aborde los fenómenos a escala territorial. Las decisiones sobre urbanización, infraestructuras o usos del suelo en un municipio pueden tener efectos directos sobre los territorios vecinos. Una planificación metropolitana permite delimitar los usos del suelo con una visión amplia, garantizar una proporción adecuada de superficies permeables e infraestructuras capaces de absorber y retener el agua, asegurar espacios de laminación y drenaje, y revisar infraestructuras supramunicipales que pueden actuar como barreras o trampas de avenidas. Al mismo tiempo, esta escala de gestión facilita coordinar la disponibilidad de refugios climáticos de distinta tipología, organizar redes de centros sanitarios y logísticos para atender a población desplazada, y prever espacios de acopio y distribución de ayuda en emergencias de gran escala. Esta mirada integral amplía el foco de la gestión del territorio y permite responder con mayor eficacia y equidad ante la complejidad de los riesgos contemporáneos. Un órgano metropolitano ofrece un marco institucional común para coordinar políticas, compartir infraestructuras, optimizar servicios y anticipar riesgos climáticos, orientado a gobernar el territorio real, y no solo el nivel administrativo. Barcelona como referencia: una gestión integrada El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es el ejemplo más avanzado de este tipo de gobernanza en España. Agrupa a 36 municipios y gestiona competencias amplias que van desde el urbanismo hasta la movilidad, la vivienda, el medio ambiente o el desarrollo económico. Algunas de sus áreas clave son las siguientes: • Ordenación del territorio y urbanismo: planifica el crecimiento urbano con criterios de sostenibilidad, equilibrio social y eficiencia territorial. • Transporte y movilidad: coordina autobuses, metro y redes metropolitanas, fomentando la intermodalidad y la reducción de emisiones. • Medio ambiente y sostenibilidad: gestiona el ciclo del agua, los residuos y programas de protección ambiental y biodiversidad, incluyendo un plan metropolitano de lucha contra el cambio climático. • Energías renovables: impulsa instalaciones sostenibles y apoya la transición energética de los municipios. • Vivienda y cohesión social: actúa por delegación de los ayuntamientos para garantizar una política de suelo solidaria entre municipios. • Desarrollo económico y empleo: fomenta la innovación, la creación de empresas y la competitividad regional. Este modelo demuestra que la cooperación institucional amplía la capacidad de acción frente a desafíos que ningún municipio puede resolver por sí solo, aunque la capital sea tan importante como Barcelona. Una oportunidad por aprovechar frente a los desafíos actuales El contraste entre AMB y las mancomunidades de municipios que existen muestra cómo un órgano metropolitano integra la planificación estratégica y coordina los recursos, mientras que las mancomunidades actuales se limitan a la gestión de servicios puntuales, lo cual no alcanza la escala estratégica necesaria para abordar los grandes retos urbanos y ambientales de la región que abarcan. Ciudades como Valencia y su entorno forman una de las áreas metropolitanas más dinámicas del Mediterráneo, con un metabolismo social integrado: los flujos de personas, recursos, energía y residuos circulan diariamente entre municipios. Pero carece de un órgano político capaz de coordinar ese metabolismo y transformarlo hacia la sostenibilidad. Algo similar sucede en otras áreas metropolitanas, que existen en la realidad socioeconómica pero no en la administrativa. Crear un ente metropolitano de gestión —con competencias claras en movilidad, vivienda, planificación territorial y adaptación climática— permitiría mejorar la eficiencia institucional, reducir duplicidades y anticipar riesgos ambientales como los derivados del cambio climático. Adaptación al cambio climático: una visión integrada La creación de órganos metropolitanos no es solo una cuestión de gobernanza, sino una estrategia de adaptación climática. Las aglomeraciones urbanas concentran población, infraestructuras críticas y emisiones, pero también concentran capacidad de innovación y de acción colectiva. Un sistema metropolitano bien diseñado puede: • Coordinar planes de emergencia y protección civil ante fenómenos extremos, integrando la gestión de riesgos climáticos (inundaciones, olas de calor e incendios…) mediante infraestructuras de refugio, sistemas de alerta temprana y redes supramunicipales de asistencia y apoyo. • Gestionar el ciclo del agua y los residuos de forma integrada. • Reducir las emisiones mediante transporte público y energía limpia. • Planificar la expansión urbana evitando zonas de riesgo climático. • Impulsar la resiliencia económica y social, garantizando igualdad territorial. En definitiva, permite pasar de la reacción a la prevención estratégica, con decisiones basadas en datos y cooperación, y a la cultura de la resiliencia, con estructuras y mecanismos diseñados para garantizar la capacidad de resistir. P. Cotarelo y O. Mayoral