Desarrollo de las comunidades energéticas en España
Generalmente, en el desarrollo de nuevos modelos económico-empresariales los primeros proyectos son impulsados por aquellos actores que concentran una cantidad suficiente de elementos que les conceden cierta ventaja frente al resto. Estos elementos ventajosos suelen agruparse en capital económico, conocimiento técnico e infraestructuras públicas.En términos territoriales, este fenómeno concede más posibilidades de desarrollo a unas zonas respecto a otras en la medida en que unas tienen más facilidad de acceso a la combinación suficiente de esos elementos ventajosos. El capital social es la suma de los recursos reales y potenciales, materiales o inmateriales, de una comunidad determinada, que pueden movilizarse entre los diferentes actores que la conforman, ya sean estos individuales o colectivos, públicos o privados. El desarrollo de las comunidades energéticas dependerá en buena medida del resultado de la combinación que se dé entre la intensidad de capital social y la accesibilidad a recursos energéticos renovables en cada caso. Categorías de territorios en función de la intensidad de capital social El resultado de la caracterización del territorio en función de la intensidad de capital social ofrece la posibilidad de clasificar las comunidades energéticas de un modo más complejo. Tipos de comunidades energéticas Descargar informe
Hacia la institucionalización de la colaboración público-comunitaria en el ámbito energético
De la energía dependen los complejos procesos económicos contemporáneos que permiten el sostenimiento material y simbólico de las personas. Es un recurso de primera necesidad y esto hace que esté fuertemente relacionado con el poder y el conflicto. El acceso a la energía y su control ha sido históricamente una cuestión política fundamental. El desarrollo de nuestras economías fósiles ha dado lugar a la preponderancia de esquemas de propiedad de la energía (públicos y privados) coherentes con la visión liberal de la propiedad (exclusiva y excluyente) y con la dinámica de desposesión propia del capitalismo. Pero la transición energética hacia las renovables contribuye a experimentar formas alternativas a las tradicionales: propiedad pública (estatal) y privada de la energía. Esto es gracias al hecho de que en este punto muerto toma relevancia la energía eléctrica renovable, que permite la implicación de una amplia diversidad de actores: desde grandes grupos financieros pasando por PYMES de diferente naturaleza jurídica (incluyendo empresas de la economía social y solidaria), organismos públicos de ámbito local o regional, hasta el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, el hecho de que la energía sea un elemento tan absolutamente estratégico para un país hace que esté altamente intervenida por los Estados y por organismos supraestatales como la Unión Europea, fundamentalmente para garantizar la seguridad de suministro en un marco de competitividad económica internacional y de crisis energética y climática global. La intervención pasa principalmente por un elevadísimo grado de regulación y por la participación en titularidades en el sector energético global, ya sea a través de la adquisición de activos o a través de empresas de propiedad estatal, especialmente en el sector eléctrico. Según el informe State-Owned Enterprises and the Low-Carbon Transition publicado por la OCDE (2018), 31 de las 51 eléctricas más grandes del mundo tienen una participación pública mayoritaria, siendo la mayoría chinas y rusas. En cuanto al entorno europeo, el llamado «consenso neoliberal» del último cuarto de siglo XX hizo retroceder el peso estatal en el empresariado eléctrico y por eso hoy solo destacan la sueca Vattenfall, totalmente pública, la francesa EDF (85% propiedad del Estado francés) y, en segundo término, la francesa ENGIE y la italiana ENEL, con una participación minoritaria de sus Estados (del 33% y el 24%, respectivamente). Por otro lado, también es cierto que por la propia naturaleza de la energía se hace indispensable la intervención pública. Si nos centramos en la electricidad, hay que subrayar que, a diferencia de los hidrocarburos, una vez generada circula por las redes sin -o con escasísima- posibilidad de ser almacenada. Este detalle clave condiciona su gestión porque requiere una coordinación precisa para equiparar en cada momento oferta y demanda. Para hacerlo hace falta además tener en cuenta los condicionantes que imponen las diferentes tecnologías o procesos de generación: desde su capacidad para regular la producción (por ejemplo, una central nuclear no puede pararse de golpe o la producción de un aerogenerador varía en función del viento que sople) hasta su ubicación geográfica (la distancia entre el punto de generación y el punto de uso). Tampoco hay que olvidar la gestión de la conectividad internacional de la red con países vecinos. En resumen, estas cuestiones no pueden obviarse a la hora de discutir modelos posibles -y deseables- de propiedad de la energía. El energético, es un recurso difícilmente equiparable a cualquier otro y la no intervención pública es inexcusable para adaptarse a sus peculiaridades. La propiedad de la energía en el Estado español Antes de continuar, hay que remarcar que, según cómo se mire, poner en relación propiedad y energía no significa únicamente abordar la cuestión de la posesión de títulos jurídicamente sellados en el sector energético. Desde una perspectiva republicana, hablar de propiedad es hablar del acceso al conjunto de recursos materiales e inmateriales considerados relevantes -de naturaleza y cantidad contingentes a cada contexto espacio-temporal- para garantizar a las personas un sostén digno. La función social de la propiedad tiene que ver con permitir a las personas vivir una vida con una independencia socioeconómica. Se asume también que las únicas interdependencias con los otros sean las que estén ausentes de interferencias arbitrarias. Así, la propiedad también viene definida por el derecho de controlar estos recursos básicos. Nadie duda de que la energía -y más la electricidad en la actual transición- está dentro de esta categoría de recursos básicos y se necesitan los poderes públicos para garantizar el derecho a acceder a ellos. Ahora bien, la ciudadanía tiene que disponer de los mecanismos para controlar estos poderes públicos. Por una parte, para que no permitan que determinados actores privados interfieran arbitrariamente sobre otros, dando lugar a relaciones de dependencia; y por la otra, para que no alimenten prácticas amiguistas o clientelares que desemboquen en lógicas oligárquicas y despóticas. Haciendo un repaso al caso español, podemos concluir que el modelo de propiedad de la energía está lejos de cumplir su función social: por un lado, la regulación no confiere a la electricidad la definición de bien esencial bajo una visión de accesibilidad universal, y por el otro, la estructura de derechos de propiedad sobre las infraestructuras energéticas está controlada por un reducido y poderoso bloque de empresas privadas. Como la accesibilidad a la electricidad no está garantizada de forma ex-ante, lo que sí encontramos en España son medidas correctoras ex-post cuyo nivel de efectividad para universalizar el acceso razonable es discutible: el bono social, la Ley 24/2015 contra cortes de suministro, las ayudas de emergencia, los servicios de asesoramiento sobre derechos, la generación y optimización de consumos, los incentivos fiscales o subvenciones a las renovables, o la comercialización municipal. Estas medidas no atacan un problema que es estructural y está relacionado con el ordenamiento jurídico. Más allá de la intervención pública ex-post, es justo recordar que hay iniciativas privadas cuya acción no está orientada a lucro y que ofrecen un servicio de comercialización con ciertos tintes de servicio público puesto que anteponen la cobertura de necesidades energéticas de sus asociados o clientes a la obtención de
Políticas de sostenibilidad para Europa en un mundo multipolar
Una de las cuestiones más importantes de nuestra generación es si estamos viviendo un proceso de descentralización del poder a nivel global, pasando de un mundo unipolar controlado por EE.UU. hasta niveles nunca experimentados en la historia, hacia un mundo multipolar, o con diferentes focos de poder. En los últimos meses hemos podido observar que el creciente poder económico de actores no pertenecientes al oeste se está convirtiendo en poder político, debido a una confluencia de diversos motivos y actuaciones. El centro de gravedad del poder global se está desplazando desde el Atlántico Norte hacia Eurasia, dirige sus pasos hacia el Este. El creciente poder económico emergente se puede constatar mediante los datos de crecimiento del PIB en las últimas dos décadas. Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB entre 2000 y 2020 fue: China: 5,72 (veces mayor); India: 3,25; Indonesia: 2,73; Turquía: 2,62; Corea del Sur: 2,22; Rusia: 2; Arabia Saudí: 1,88; Australia: 1,77; Sudáfrica: 1,58; Brasil: 1,54; USA: 1,47; Canadá: 1,45; Argentina: 1,29; Reino Unido: 1,27; Alemania: 1,26; Francia: 1,23; Japón: 1,12; Italia: 0,98. Según las previsiones del IMF, la tendencia será parecida en 2023: India: 5.9%, China: 5.2% , Arabia Saudí: 3.1%, USA: 1.6%, Canadá: 1.5%, Japón: 1.3%, Brasil: 0.9%, Rusia: 0.7%, Francia: 0.7% Italia: 0.7%, Sudáfrica: 0.1%, Alemania -0.1%, Reino Unido: -0.3%. En lo que respecta al nuevo poder político internacional, se expresa de diferentes formas, incluso en el ámbito económico. El antiguo poder está dejando espacio para el nuevo poder. Una muestra muy significativa de ello es el proceso de desdolarización que se está produciendo. Incredible fall of the US dollar. Su participación en las reservas mundiales de divisas ha caído 7 puntos el año pasado y 22 puntos desde 2008. Según el exanalista de Morgan Stanley, Steven Jen, la participación del dólar pasó del 73% en 2001 al 55% en 2020, al 47% en 2021. Un creciente número de transacciones comerciales se está comenzando a producir en monedas diferentes al dólar, principalmente en una de las monedas de los países que intervienen en el intercambio. Compras de petróleo en monedas bilaterales, incluso de uno de los socios más importantes para el mantenimiento del sistema de dominio del dólar (petrodólar), Arabia Saudí. De hecho, China es ahora un socio más importante que Estados Unidos para el desarrollo de Arabia Saudi. Las exportaciones chinas de metales, maquinaria y equipos de transporte han desplazado a las exportaciones estadounidenses. El proceso de transición de poder es tan importante y profundo que se está institucionalizando a través de nuevos organismos. Por ejemplo, el Nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) ahora ofrece préstamos en monedas locales en lugar de dólares estadounidenses. La lista de movimientos en este sentido va creciendo semana tras semana. Si seguimos fijándonos en este banco, el cambio del poder político global también incluye el multilateralismo dentro del propio grupo de los BRICS, a pesar del mayor peso económico de China. A diferencia de organismos como el Banco Mundial, el Nuevo Banco de Desarrollo distribuye el reparto de responsabilidades en su consejo de dirección de una manera más equitativa entre sus miembros fundadores. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen todos un 19.42% de participación. Este tipo de decisiones está resultando atractivas a otros países del Sur global, que están solicitando ser aceptados en este grupo. De hecho, en los últimos tiempos hasta 19 países, incluyendo a Indonesia, Irán and Arabia Saudí están pendientes de ser aceptados en la próxima reunión del grupo. Por otra parte, algunos de los últimos movimientos estadounidenses se podrían interpretar como un reconocimiento de que algunas de sus decisiones recientes han ido claramente en contra de su dominio monetario. Parece que Estados Unidos está listo para volver a conectar los bancos rusos a SWIFT. La ONU dijo que habían comenzado las negociaciones entre Rusia y Occidente sobre la reconexión de los bancos rusos al sistema global SWIFT. Asimismo, la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha declarado recientemente «No buscamos desvincular nuestra economía de la de China. Una separación total de las economías sería desastrosa para ambos países», tratando quizás de realizar un control de daños de las últimas decisiones gubernamentales. La Reserva Federal es consciente de las ingentes cantidades de dinero que han emitido en los últimos años y del problema interno que tiene, por ejemplo, con el control de la inflación, por lo que intenta evitar por todos los medios una devaluación mayor del dólar que pueda provenir del exterior. Además, esto ocurre en un contexto en el que China está realizando ventas enormes de deuda de EEUU. En ese caso, las consecuencias económicas y sociales para el emisor de la moneda que ha sido utilizada como herramienta de control internacional y de amortiguación de desequilibrios internos, pueden ser muy graves. En relación a esta transformación del poder económico creciente de los países emergentes en poder político global, una de las esferas donde puede tener una gran influencia es en la de las políticas de sostenibilidad europeas. Este es un asunto de gran interés para el futuro debido a que la dimensión ambiental es de importancia existencial para Europa, esta define las condiciones generales que limitan y determinan la toma de decisiones del desarrollo socio-económico del continente. Comencemos por el paradigma de las políticas ambientales: la Cumbre de Río de 1992 y uno de sus resultados, la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMUNCC). El objetivo de esta institución internacional era afrontar el reto del cambio climático de manera conjunta, basada en una serie de principios muy ambiciosos: responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países – incluyendo las emisiones históricas de gases de efecto invernadero -; acuerdos legalmente vinculantes de reducción de emisiones, transferencia de capacidades, tecnología y dinero de los países primeramente industrializados a los más empobrecidos; y la utilización de sanciones en caso de incumplimientos. Todo ello basado en los más recientes conocimientos científicos ampliamente consensuados internacionalmente en una institución
ESG: una estrategia para afrontar la transición industrial verde
El modelo ESG puede jugar un papel muy importante al encontrar respuestas en los grandes dilemas ambientales de nuestra época. La movilización de las estructuras socioeconómicas para una transición ecológica responsable requiere instrumentos financieros que lo agilicen y permitan que la transición llegue a los lugares que más lo necesitan. El enfoque ESG surgió como un sistema de evaluación de prácticas empresariales en los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) promovido por inversores activistas preocupados por el impacto de sus inversiones. Ahora evoluciona rápidamente, puesto que el cambio climático genera presión pública porque actúen la administración pública y el sector privado. De hecho, las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están pasando rápidamente del campo de la inversión de impacto a la práctica convencional de inversiones, puesto que los riesgos climáticos se hacen cada vez más evidentes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a menudo se argumenta en el entorno de la inversión institucional, podrían proporcionar un marco ESG general para las inversiones sostenibles. La proliferación de proveedores ESG refleja la importancia creciente de los riesgos ambientales para los inversores institucionales. En efecto, la E (de Environmental, ambiental en inglés) es la protagonista en la estructura de incentivos. Los inversores se enfrentan ahora a amenazas de acciones legales por no haberse protegido contra el riesgo climático, tanto el riesgo físico que los acontecimientos climáticos afectaran el rendimiento de su actividad, como los riesgos de la transición relacionados con que la regulación climática pueda reducir la rentabilidad o aumentar la exposición a problemas de estabilidad financiera. Por otro lado, se estima que los planes nacionales para enfrentar la transición ecológica pueden generar de manera colectiva oportunidades valoradas en decenas de billones de dólares en inversiones inteligentes en todo el mundo. Inicialmente, los datos de ESG se utilizaban solo para recopilar las valoraciones de empresas y para animarlas a implicarse más sistemáticamente en la aplicación de ESG. Más recientemente, varias agencias de evaluación han empezado a proporcionar calificaciones ESG en los países, de forma que se pueden aplicar a las obligaciones gubernamentales. Las clasificaciones ESG por administraciones públicas implican el control de las reglas, las leyes y las políticas que promueven o impiden la sostenibilidad, proporcionando una escala de calificación equivalente a la ofrecida por la Agencia Aequum ESG que va desde A + (muy buen rendimiento a la mayoría de las novedades de ESG) hasta D (bajo rendimiento). La Agencia Aequum ESG ofrece sistemas de calificación, no solo para empresas, sino también para la administración pública en el Estado, de cara a prestar un servicio que le sirva para afrontar con garantías el reto de la transición verde.
Presupuestos para reducir la factura eléctrica
Hace tres años tuve la oportunidad de dirigir en el Observatorio de la Deuda en la Globalización (www.odg.cat) un estudio sobre el coste de la electricidad en España tras la liberalización del año 1998 (Ley 54/1997 y Ley 24/2013) (se puede consultar aquí)[1]. Al realizarlo nos permitió señalar el marco del debate sobre los efectos de los procesos llamados liberalizadores en algo tan concreto y problemático como la electricidad, en un momento en el que se sufrían las consecuencias del proceso de manera intensa. Uno de los objetivos del estudio era estimar la cantidad de dinero que había sido transferido de la sociedad al sector eléctrico de manera innecesaria, o ilegítima, según estándares de carácter social. El resultado de dicha estimación para el periodo 1998-2013 ascendía a 80.000 millones de euros (después de traducir todas las cantidades al valor del dinero de 2013). Hace unas semanas se hizo pública la firma de un Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno y Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea[2], que incluye el apartado 10.3, que dice: “Realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente…”. Gracias al estudio de hace tres años podemos saber que, hasta 2013, las instalaciones nucleares y las hidroeléctricas recibieron 22.190 millones de euros más de lo que habrían recibido de haber seguido vigente el sistema de cálculo anterior a 1998 [3]. Todavía se está a la espera de que dicho acuerdo sea apoyado mayoritariamente en el Congreso de los Diputados para hacerse efectivo, pero ya ha tenido algunos efectos significativos, que han preocupado en algunos foros. Las acciones de las empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy) bajaron durante la jornada del anuncio del acuerdo[4]. Quizás conviene recordar a los accionistas mayoritarios de estas empresas para poder interpretar el carácter de dicha preocupación. Endesa es ampliamente controlada por Enel (70,4%)[5], empresa italiana a su vez controlada por el Ministerio de Economía de Italia[6]. Iberdrola tiene un único “accionista significativo”, que es Qatar Investment Authority, representante del estado de Qatar. Naturgy Energy Group, antigua Gas Natural Fenosa hasta junio de 2018, está controlada por la Caixa[7]. En resumen, depositarios de intereses no esenciales para la sociedad española, que sólo entre 2006 y 2016 ha sufrido un aumento del 70% de la factura eléctrica, en buena parte por un ineficiente sistema de fijación de los precios en el mercado mayorista. La solución a este problema, apuntada en el acuerdo, de fijar un límite máximo al precio que pueden cobrar las instalaciones nucleares e hidroeléctricas, y dedicar la diferencia entre el precio de mercado y ese límite a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores, será efectiva si el límite máximo es acertado. La elección del método de cálculo del límite máximo será clave para determinar si se detiene uno de los principales mecanismos mediante los cuales la población lleva siendo perjudicada por el sector eléctrico y su liberalización. Quedaría todavía pendiente, sin embargo, tomar una decisión en la misma línea respecto al dinero ya transferido desde la sociedad a estas empresas, esos “beneficios caídos del cielo” de más 22.190 millones de euros. En el documento del acuerdo también se pone el foco en otros de los contenidos del citado estudio de 2015, como los pagos por capacidad y el peso del término de potencia en la factura eléctrica como corrector de eficiencia energética. Parece que por fin desde instancias gubernamentales se acercan a afrontar algunos de los problemas fundamentales que tenemos como país con la factura de la electricidad. Si como resultado del proceso de cambios normativos necesarios para subsanar las irregularidades relativas a los “beneficios caídos del cielo”, se emprenden las modificaciones en el propio sistema de fijación de precios que permitan que comencemos a pagar un precio justo por la electricidad, las clases populares de este país y la economía española lo agradecerán enormemente. Si además se afronta un proceso de compensación por los “beneficios” pasados y una verdadera reforma normativa a favor de los derechos fundamentales, el resultado para la sociedad será doblemente positivo. El acuerdo también dedica unas líneas a la necesidad de “acordar con los ayuntamientos medidas concretas para potenciar las comercializadoras municipales”, interesante tema que requeriría otro artículo. [1] El dinero correspondiente a cada apartado de estudio tiene el valor del momento al que se refiere cada uno de los conceptos. Es decir, no se ha homogeneizado al valor del dinero constante de un año, como podría ser el último del periodo, 2013. [2] https://es.scribd.com/document/390655759/Acuerdo-Presupuestario-para-los-Presupuestos-Generales-del-Estado-de-2019 [3] En este documento, sin embargo, sí se tradujeron todas las cantidades al valor del dinero en 2013. [4] https://www.lavanguardia.com/economia/20181013/452313085353/energia-nuclear-hidraulica-gobierno-limite-precios.html [5] https://www.enel.com/es/investors/a/2016/08/endesa0 [6] https://www.enel.com/content/dam/enel-com/investors/shareholdersmeeting/2018/report-on-corporate-governance_2017.pdf [7] https://www.naturgy.com/accionistas_e_inversores/la_sociedad/estructura_accionarial
Energía local, democracia real: una reflexión sobre la democracia energética
Reapropiación social de la energía hoy Si acaso hay un solo elemento redentor del crash de 2008 este sería una paulatina «toma de consciencia» de una de las consecuencias del proyecto neoliberal: la profunda pérdida de soberanía popular sobre las diferentes esferas de la vida social. El debilitamiento de los sistemas públicos garantes de derechos sociales sumado al alcance de los procesos de mercantilización han socavado significativamente la capacidad de las personas para decidir de manera autónoma la organización de su actividad productiva y reproductiva. En general, la coyuntura actual nos confirma el escaso poder social de control y disposición de los diferentes recursos esenciales que garantizan una existencia humana en condiciones de dignidad. Y entre ellos está la energía: ese recurso que tiene la particularidad de ser eje vertebrador de toda la organización social, el engranaje básico que posibilita tanto el sustento material como el desarrollo normal del quehacer cotidiano de las personas (sus formas de relacionarse y de dotarse de sentido), y sin el cual la vida social se hace añicos. La crisis ecológica de nuestros días añade elementos de reflexión a esta situación. Esta crisis nos enfrenta a la necesidad de cambiar la actual base energética, a favor de las fuentes renovables y no contaminantes (el sol, el agua, el viento, la biomasa), así como articular un nueva relación metabólica entre los humanos y la naturaleza que sea sensata con los límites del planeta. Esto último supone asimismo la aceptación de unos usos frugales y eficientes de los recursos minerales y energéticos. Este momento histórico de transición abarca decisivos aspectos técnico-científicos y financieros, pero también plantea cuestiones políticas y culturales igualmente importantes. En este sentido, a nuestro entender, estamos ante una encrucijada que tiene el potencial de abrir vías favorables a una apropiación social de la energía. La simultánea crisis económica y ecológica puede ser una oportunidad para quebrantar las distintas formas de desposesión –propiciadas por la dinámica capitalista– que hoy impiden que la energía esté sometida a control popular democrático y su modelo de provisión esté sujeto a criterios de equidad y sostenibilidad. En los últimos años este planteamiento viene tratándose en el debate en torno a la «democracia energética», la «justicia energética» o la «soberanía energética» (Cotarelo et al., 2014; Global Justice Now, 2014; Sweeney, 2014). Son diferentes términos que van utilizándose para enmarcar la reivindicación política de una transición energética emancipadora. Fundamentalmente, evocan un futuro modelo energético renovable, articulado a partir de procesos de participación democrática y formas de propiedad y regulación colectivas, fundado en el principio de justicia social, orientado al interés general y en contraposición a la cultura dominante neoliberal de la mercantilización y privatización. Obviamente, las estrategias para tal democracia energética pueden ser varias y difieren, además, en función de cuál sea el contexto espaciotemporal en el que tomen forma (Kunze & Becker, 2014). Por lo general –y de manera más extendida– se relaciona este horizonte de cambio con la acción que llevan a cabo las cooperativas ciudadanas de energías renovables que se articulan normalmente en el ámbito comunitario o local (Vansintjan, 2015). Pero con el tiempo también se viene señalando a la Administración pública –en todos sus niveles– como un agente motor válido y necesario de democracia energética (Angel, 2016; Cumbers, 2016; Sweeney, 2014). Por lo que concierne al contexto español, los primeros pasos se han hecho desde propuestas cooperativas que recientemente han emergido –desde abajo– con la vocación de hacer partícipe y empoderar a la ciudadanía en el campo de la energía y en la transición a un modelo 100 por cien renovable. Pero, por otro lado, desde algunos ámbitos de la política municipal se están empezando ya a plantear propuestas que vislumbran un futuro papel activo de los ayuntamientos en la transición a la soberanía energética. La semilla de las cooperativas ciudadanas de energías renovables En Europa, el cooperativismo energético para un futuro renovable es un fenómeno que data de las décadas de 1970-1980. Son años que coinciden con la introducción del debate sobre el cambio climático y los límites del crecimiento, el incipiente desarrollo de las tecnologías renovables, la catástrofe nuclear de Chernóbil así como el surgimiento del ecologismo como movimiento social. Pero ha sido más recientemente, a partir de los primeros años del presente siglo XXI, que este tipo de cooperativismo se ha extendido con fuerza. Nos referimos, en realidad, a las llamadas REScoop: iniciativas ciudadanas de propiedad colectiva, fundamentadas en los principios y procedimientos cooperativos 1, que se involucran en actividades de producción, distribución o comercialización de energía renovable y en el fomento de su uso responsable. Enraizadas en sus territorios de proximidad, la singularidad de las REScoop radica principalmente en dos cuestiones interrelacionadas. Por un lado, desplazan el rol de cliente-consumidor como la opción central y única posible de implicación de los ciudadanos en el sistema de provisión energética. En su lugar, las REScoop nacen con la voluntad de empoderar a las personas en el proceso de toma democrática de decisiones que conciernen lo energético (por ejemplo: en la realización de proyectos colectivos de generación de electricidad renovable y eficiencia o en el diseño de su sistema de tarifas) y en el acceso a los posibles beneficios que se deriven. Por otro lado, la actividad económica que llevan a cabo tiende a estar orientada a la satisfacción de necesidades humanas –en coherencia con el enfoque de la sostenibilidad– y no a la búsqueda del lucro. Hoy se cuentan en Europa más de 2.300 REScoop 2 esparcidas de manera desigual por el continente y con elementos organizacionales y definitorios particulares. En el contexto español el desarrollo de este tipo de iniciativas ha sido tardío. Podemos afirmar que no es hasta la irrupción de Som Energia (creada en Cataluña a finales de 2010), que encontramos por primera vez un claro ejemplo de este tipo de cooperativismo alineado con el horizonte de una transición caracterizada por una apropiación popular de la energía. Paulatinamente, otras REScoop han ido creándose en diferentes regiones del Estado español. Sin embargo,
El cambio climático ya no es problema
Los resultados de las Cumbres del Clima serán los mismos que los de la de Copenhague 2009, por los mismos motivos que provocaron aquéllos. Únicamente modificando los motivos se podría obtener un escenario esperanzador. El cambio climático ya no es problema. Ha desaparecido. Pregona el dicho popular moderno que lo que no sale en los medios de comunicación, no existe. Habría que añadir que los medios de comunicación han de ser de masas o mayoritarios para crear esa realidad. Si hacemos caso a Castells cuando argumenta que “en las sociedades contemporáneas, la gente recibe la información y forma su opinión política esencialmente a través de los medios, sobre todo de la televisión”, podemos concluir que “los medios de comunicación moldean la política” (Castells, 1998). En los procesos de comunicación política aparte de trasladar mensajes, se crean e interpretan realidades sociales subjetivas. Con esto se entiende que cualquier acontecimiento socio-político sea generador e interpretador de una u otra realidad social en tanto los mass media traten con una u otra escala de atención una pieza informativa. La dinámica mediática actual genera fenómenos difíciles de explicar. Por ejemplo: al haber desaparecido el cambio climático de las pantallas y los titulares de los periódicos, parece que ya no es un problema. Pero, ¿es realmente así? ¿Ha dejado de ser un problema el cambio climático? Llama la atención que los mismos medios de comunicación que anunciaban el Apocalipsis entre 2007 y 2009 debido al calentamiento global ahora marginen el tema (en el mejor de los casos). Recordemos que durante la Cumbre de Copenhague, entre tres de los principales periódicos de carácter estatal (El País, El Mundo, ABC), produjeron casi 300 titulares sobre la misma en 20 días (Ekologistak Martxan, 2010). Por el contrario, la última Cumbre celebrada en Lima en diciembre de 2014 pasó notablemente desapercibida. Y nadie recuerda que entre una y otra estuvieron puntuales a su cita anual: Cancún, Durban, Doha y Varsovia. Ante este verdadero apagón informativo, cualquiera podría imaginar que el cambio climático está bajo control. Nada más lejos de la realidad. Rascando un poco la superficie mediática encontramos información que no solamente sugiere sino que establece contundentemente que la situación es muy negativa. Veamos. Que el clima mundial sufre un desequilibrio causado por las actividades del sistema socioeconómico es un hecho sabido y contrastado desde hace años. Se conoce porque el IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, en sus siglas en inglés), organismo científico que depende de Naciones Unidas, lo estableció así con extremada seguridad después de innumerables investigaciones en su informe de 2001 (el tercero de cinco, hasta el momento). En los posteriores informes no hace sino confirmarlo aportando más solidez a las pruebas. Por ejemplo, repasando su último informe (2013-2014) se puede leer que “el aumento de temperatura en 2100 se situará con mayor probabilidad en 1’5-4’5 °C. El aumento del nivel del mar desde mediados del siglo XIX ha sido mayor que la media durante los dos milenos anteriores… y a finales de siglo el mar habrá aumentado su nivel 0’26-0’98 m. La pérdida de hielo en Groenlandia se ha multiplicado por 6 desde 1992-2001 a 2002-2011.” Pero en estas proyecciones no acaban las malas noticias: a la vista de los informes respecto a la evolución de los descubrimientos del IPCC, se puede concluir que las proyecciones de los modelos de cada informe empeoran la situación respecto a los anteriores, y que posteriormente la realidad y sus datos empíricos terminan superando (a peor también) las proyecciones. Bien. ¿Qué tenemos los ciudadanos y ciudadanas de a pie para enfrentarnos a esta situación? Pues tenemos a los representantes de nuestros gobiernos que, reunidos anualmente en Cumbres bajo el amparo de la ONU en la llamada Convención Marco de Cambio climático (CMNUCC), se autoimpusieron el mandato de darle una solución globalmente justa. De ahí salió el famoso, a la vez que insuficiente, Protocolo de Kioto (en vigor entre 2008 y 2012) y el compromiso de ampliarlo en ambición y periodo antes del final de 2009 (Copenhague). La industria de los combustibles fósiles entonces redobló sus esfuerzos para hacer fracasar dicha Cumbre (a la que por cierto, asistieron más de 100 jefes de estado y gobierno), y para ello presionó en una doble dirección: a los gobiernos mediante lobbies, y a la opinión pública a través del negacionismo. Asociaciones empresariales, think tanks, sobornos y compra de científicos, puertas giratorias,… y cantidades ingentes de dinero procedente de las principales empresas energéticas para torcer el resultado del encuentro. Resultado explícito: un raquítico documento en el que se acuerda (por primera vez sin consenso) un listado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de carácter voluntario y unilateral (muy lejos del carácter legalmente vinculante) que implicaría una aumento de temperatura mundial de 3,5 ± 0,7 ºC (PIK, 2010). Resultado implícito: el poder económico doblega la voluntad y los intereses de la mayoría de la población mundial cooptando a los gobiernos más poderosos y, dando así un golpe mortal a la esperanza de un proceso democrático para enfrentar globalmente el cambio climático. Copenhague supone un puto de inflexión a partir del cual el cambio climático salta de la agenda política y desaparece de los medios de comunicación. El cambio climático parece que deja de existir en 2010. El esfuerzo de las actuales autoridades de la CMNUCC y la ONU por hacer aparecer vivo y útil el proceso de negociación internacional ha sido, al mismo tiempo, desgraciado e infructuoso. En Lima 2014, la última estación hasta el momento, se colocaron las fichas de partida para París 2015 en una casilla incluso anterior a las del inicio de Copenhague 2009 (y 6 años más tarde). Antes de abril de 2015 los países enviarán individualmente sus compromisos de reducción de emisiones voluntarios para que en noviembre se pueda evaluar el informe conjunto con dichos compromisos. Dichos compromisos no son legalmente vinculantes. En perspectiva: en 2009 se partía con el marco legal vinculante y se atendía a las necesidades de reducción de emisiones con