Políticas de sostenibilidad para Europa en un mundo multipolar
Una de las cuestiones más importantes de nuestra generación es si estamos viviendo un proceso de descentralización del poder a nivel global, pasando de un mundo unipolar controlado por EE.UU. hasta niveles nunca experimentados en la historia, hacia un mundo multipolar, o con diferentes focos de poder. En los últimos meses hemos podido observar que el creciente poder económico de actores no pertenecientes al oeste se está convirtiendo en poder político, debido a una confluencia de diversos motivos y actuaciones. El centro de gravedad del poder global se está desplazando desde el Atlántico Norte hacia Eurasia, dirige sus pasos hacia el Este. El creciente poder económico emergente se puede constatar mediante los datos de crecimiento del PIB en las últimas dos décadas. Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento del PIB entre 2000 y 2020 fue: China: 5,72 (veces mayor); India: 3,25; Indonesia: 2,73; Turquía: 2,62; Corea del Sur: 2,22; Rusia: 2; Arabia Saudí: 1,88; Australia: 1,77; Sudáfrica: 1,58; Brasil: 1,54; USA: 1,47; Canadá: 1,45; Argentina: 1,29; Reino Unido: 1,27; Alemania: 1,26; Francia: 1,23; Japón: 1,12; Italia: 0,98. Según las previsiones del IMF, la tendencia será parecida en 2023: India: 5.9%, China: 5.2% , Arabia Saudí: 3.1%, USA: 1.6%, Canadá: 1.5%, Japón: 1.3%, Brasil: 0.9%, Rusia: 0.7%, Francia: 0.7% Italia: 0.7%, Sudáfrica: 0.1%, Alemania -0.1%, Reino Unido: -0.3%. En lo que respecta al nuevo poder político internacional, se expresa de diferentes formas, incluso en el ámbito económico. El antiguo poder está dejando espacio para el nuevo poder. Una muestra muy significativa de ello es el proceso de desdolarización que se está produciendo. Incredible fall of the US dollar. Su participación en las reservas mundiales de divisas ha caído 7 puntos el año pasado y 22 puntos desde 2008. Según el exanalista de Morgan Stanley, Steven Jen, la participación del dólar pasó del 73% en 2001 al 55% en 2020, al 47% en 2021. Un creciente número de transacciones comerciales se está comenzando a producir en monedas diferentes al dólar, principalmente en una de las monedas de los países que intervienen en el intercambio. Compras de petróleo en monedas bilaterales, incluso de uno de los socios más importantes para el mantenimiento del sistema de dominio del dólar (petrodólar), Arabia Saudí. De hecho, China es ahora un socio más importante que Estados Unidos para el desarrollo de Arabia Saudi. Las exportaciones chinas de metales, maquinaria y equipos de transporte han desplazado a las exportaciones estadounidenses. El proceso de transición de poder es tan importante y profundo que se está institucionalizando a través de nuevos organismos. Por ejemplo, el Nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) ahora ofrece préstamos en monedas locales en lugar de dólares estadounidenses. La lista de movimientos en este sentido va creciendo semana tras semana. Si seguimos fijándonos en este banco, el cambio del poder político global también incluye el multilateralismo dentro del propio grupo de los BRICS, a pesar del mayor peso económico de China. A diferencia de organismos como el Banco Mundial, el Nuevo Banco de Desarrollo distribuye el reparto de responsabilidades en su consejo de dirección de una manera más equitativa entre sus miembros fundadores. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen todos un 19.42% de participación. Este tipo de decisiones está resultando atractivas a otros países del Sur global, que están solicitando ser aceptados en este grupo. De hecho, en los últimos tiempos hasta 19 países, incluyendo a Indonesia, Irán and Arabia Saudí están pendientes de ser aceptados en la próxima reunión del grupo. Por otra parte, algunos de los últimos movimientos estadounidenses se podrían interpretar como un reconocimiento de que algunas de sus decisiones recientes han ido claramente en contra de su dominio monetario. Parece que Estados Unidos está listo para volver a conectar los bancos rusos a SWIFT. La ONU dijo que habían comenzado las negociaciones entre Rusia y Occidente sobre la reconexión de los bancos rusos al sistema global SWIFT. Asimismo, la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha declarado recientemente «No buscamos desvincular nuestra economía de la de China. Una separación total de las economías sería desastrosa para ambos países», tratando quizás de realizar un control de daños de las últimas decisiones gubernamentales. La Reserva Federal es consciente de las ingentes cantidades de dinero que han emitido en los últimos años y del problema interno que tiene, por ejemplo, con el control de la inflación, por lo que intenta evitar por todos los medios una devaluación mayor del dólar que pueda provenir del exterior. Además, esto ocurre en un contexto en el que China está realizando ventas enormes de deuda de EEUU. En ese caso, las consecuencias económicas y sociales para el emisor de la moneda que ha sido utilizada como herramienta de control internacional y de amortiguación de desequilibrios internos, pueden ser muy graves. En relación a esta transformación del poder económico creciente de los países emergentes en poder político global, una de las esferas donde puede tener una gran influencia es en la de las políticas de sostenibilidad europeas. Este es un asunto de gran interés para el futuro debido a que la dimensión ambiental es de importancia existencial para Europa, esta define las condiciones generales que limitan y determinan la toma de decisiones del desarrollo socio-económico del continente. Comencemos por el paradigma de las políticas ambientales: la Cumbre de Río de 1992 y uno de sus resultados, la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMUNCC). El objetivo de esta institución internacional era afrontar el reto del cambio climático de manera conjunta, basada en una serie de principios muy ambiciosos: responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países – incluyendo las emisiones históricas de gases de efecto invernadero -; acuerdos legalmente vinculantes de reducción de emisiones, transferencia de capacidades, tecnología y dinero de los países primeramente industrializados a los más empobrecidos; y la utilización de sanciones en caso de incumplimientos. Todo ello basado en los más recientes conocimientos científicos ampliamente consensuados internacionalmente en una institución
Criterios ESG para condicionar la recuperación de la UE
En el contexto de la crisis de Covid-19, es muy previsible que los estados miembros europeos gasten e inviertan grandes sumas de dinero público. Parte de ese dinero se destinará a fortalecer los sistemas de salud y protección social, y la otra parte se empleará para apoyar la recuperación social y económica. De hecho, tanto la UE como sus países miembros han comenzado a elaborar sus planes de recuperación, que se aplicarán por fases a medida que se relaje el bloqueo. El uso de la condicionalidad en la crisis de Covid-19 En relación con la protección social de los grupos más vulnerables afectados por el confinamiento y que podrían verse afectados por la reducción previsible de la actividad en etapas posteriores, en algunos países (por ejemplo, España) se están considerando ingresos básicos temporales. Dicha provisión de ingresos tendrá un triple objetivo: primero, garantizar condiciones materiales de vida; segundo, evitar la propagación de la pandemia al reducir la presión para salir de casa buscando medios de subsistencia; y tercero, sostener el consumo interno. El acceso a este ingreso básico está sujeto a una serie de condiciones como: ser parte de la población activa, el nivel y el período de pérdida de ingresos, la riqueza personal, la estructura familiar y otras variables sociales.La condicionalidad también se vincula a la ayuda a las empresas que se enfrentan a una reducción de su actividad. En Canadá[1], Dinamarca, Francia y Polonia[2], por ejemplo, a las empresas registradas en paraísos fiscales no se les permitirá acceder a la ayuda pública que se otorga para proteger el suministro de bienes y servicios a nivel nacional, proteger empleos y mantener ingresos fiscales. En Portugal, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna medida concreta, tanto el gobierno como la oposición han argumentado públicamente que los bancos no deberían obtener ganancias durante los años 2020 y 2021, y que deberían aumentar la provisión de crédito para apoyar a la economía a cambio de los rescates que recibieron después de 2008.Este último caso apunta al sesgo principal de las políticas de recuperación después de 2008, que fue el de omitir la condicionalidad en la transferencia de dinero público a agentes «demasiado grandes para quebrar» (corporaciones financieras, de seguros e inmobiliarias, FIRE en sus siglas en inglés). Los precios de los activos del sector FIRE se tranquilizaron a través del nuevo endeudamiento asumido por los estados y los hogares, que impuso pocas o ninguna restricción relacionada con la responsabilidad social, ambiental o de gobierno. Esto ha tenido un gran impacto negativo en forma de desigualdad, crisis ambientales, corrupción, falta de transparencia y control público, y a su vez, un gran daño a la legitimidad democrática. Condicionalidad basada en criterios ESG En un escenario de -3.8% del PIB en la UE en el primer trimestre de 2020, los gobiernos deberían intentar reactivar el suministro de bienes y servicios, evitar la destrucción del tejido productivo y sentar las bases para un nuevo modelo de producción más resistente. Las consecuencias de esta crisis favorecerán una relocalización y reindustrialización de las economías europeas para reducir la dependencia de las cadenas de suministro mundiales, especialmente en los sectores más sensibles para la seguridad interna (salud, alimentos, energía, etc.).Como se mencionó anteriormente, en general, los estados-nación comenzarán a aplicar la condicionalidad a la concesión o el uso de dinero público de manera generalizada dentro de sus fronteras, ya sea en la provisión de ingresos directos a la población u otros tipos diferentes de ayuda a empresas y bancos. Las sumas de este gasto serán muy altas, por lo que debe ser alto el grado de responsabilidad exigido a los agentes que reciben este dinero, especialmente los más poderosos. La responsabilidad no solo debe exigirse como una condición a corto plazo hasta que se haya superado la crisis, sino como un conjunto permanente de condiciones que permitan la generación de modelos de producción-consumo más resilientes y sostenibles. En los últimos años, los criterios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) se han convertido en parte del vocabulario habitual de los inversores institucionales, tanto públicos como privados. El enfoque ESG es un sistema de evaluación del impacto de las prácticas empresariales desde una perspectiva ambiental, social y de gobernanza (ESG).Ekona, en base a estas premisas generales, ha desarrollado un sistema de Certificación ESG que apunta a la economía real, incluido el sistema de las PYMEs. Su objetivo es evaluar el compromiso con la responsabilidad de las empresas. La certificación proporciona una medición objetiva de un conjunto representativo de variables asociadas a las áreas ambiental, social y de gobierno de las empresas, que produce un indicador compuesto. Este modelo permite, por un lado, medir el desempeño actual en responsabilidad ESG, y por otro lado, la detección de posibilidades de desarrollo estratégico con respecto a la responsabilidad ESG. La ventaja de este modelo en comparación con los informes autodeclarativos de responsabilidad social corporativa (RSC) radica en su medición objetiva y la ausencia de conflictos de intereses. Como se muestra en la Figura, este modelo permite a los proveedores de fondos públicos y privados identificar empresas responsables a través de la calificación obtenida en el proceso de certificación. Con esta información, las administraciones públicas pueden dirigir su esfuerzo a través de la contratación pública u otra ayuda, lo que los coloca en una posición de influencia muy ventajosa para mejorar la responsabilidad de la economía[3]. Figura. Modelo de Certificación ESG Fuente: elaboración propia Precisamente en el período anterior a la crisis de Covid-19, el uso de los criterios ESG estaba creciendo rápidamente, ya que el cambio climático estaba generando presión pública para que las administraciones públicas y el sector privado actuaran en consecuencia. De hecho, las cuestiones ESG están pasando rápidamente del campo de la inversión de impacto a la práctica convencional de inversión, a medida que los riesgos climáticos se vuelven cada vez más evidentes. Actualmente, el mercado de inversión responsable global tiene un tamaño de varios miles de millones de euros, y está creciendo a una tasa anual de dos dígitos,
Sobre fortaleza y debilidad, sobre arrogancia e ignorancia
Expliquemos el mito de que una economía excedentaria es buena y una economía deficitaria es mala. La zona euro funcionará sólo si los países con déficit (Sur) pueden pedir prestado para mantener el comercio de los países con excedentes (Norte). Es estúpido y arrogante pensar lo contrario. Somos los fuertes, los otros son los débiles. El mantra holandés-alemán no solo es arrogante, además es estúpido. Quien lo pronuncia sólo muestra que no tiene la más mínima idea de cooperación entre las naciones. «Donde hay necesidad, la insensatez se convierte en sabiduría», dijo una vez Niccolò Machiavelli, y tenía razón. En tiempos de necesidad, muestra quién es el hijo de con buen corazón, en quién se puede confiar y en quién no se puede confiar. También muestra quién tiene la capacidad intelectual de saltar sobre su propia sombra y cuestionar sus propios dogmas. Alemania, los Países Bajos y Austria sólo están demostrando que no tienen esa tontería que se convierte en sabiduría. Y esto tendrá consecuencias nefastas. Para saber exactamente de qué hablamos, sólo tiene que escuchar la entrevista que el Ministro Federal de Economía, Peter Altmaier, le dio a Deutschlandfunk el jueves 9 de abril. En ella deja claro nuevamente que sólo aquellos en Europa «que realmente han hecho un esfuerzo en los últimos años” ahora pueden tener la oportunidad de pedir prestado el dinero que necesitan para combatir la crisis del Covid-19 sin ningún problema y sin ningún recargo de intereses. Altmaier dijo literalmente: “El estado … todos somos parte de él. Pero juntos, al adherirnos al freno de la deuda, al consolidar las finanzas públicas en los últimos años, hemos creado las condiciones para poder tener dinero a nuestra disposición ahora, para que podamos aumentar temporalmente el gasto gubernamental de manera significativa a fin de salvar empresas, para salvar empleos, para salvar la prosperidad de este país”. Lo que, por el contrario, sólo puede significar que «los otros», que no han hecho exactamente eso, no pueden disponer de dinero porque no lo tienen. No han creado las condiciones para salvar su economía. Y los medios alemanes, como no podía ser de otra manera, se han subido a este carro del gobierno. En un programa especial de la cadena de televisión estatal alemana ZDF esta semana pasada, se habló repetidamente de los países «más débiles» del Sur y los «económicamente fuertes» del Norte, que se supone que son responsables de los débiles. ntv tuvo el descaro de hablar sobre los «adictos al crédito» del sur. Pero también DIE ZEIT dijo que los países mantenidos a flote por el BCE podrían «caer en bancarrota» si las tasas de interés no permanecen permanentemente bajas. La lógica débil de lo «fuerte» «Débil» y «fuerte» parecen ser categorías casi naturales. Los países débiles son aquellos que no han logrado consolidar sus presupuestos nacionales y reducir su deuda pública desde la crisis financiera de 2008/2009. Y esto a pesar del hecho de que un país como Italia ha hecho mayores esfuerzos para ahorrar dinero que cualquier otro país europeo. «Fuertes» son aquellos que, como Austria, los Países Bajos y Alemania, han aprovechado los «buenos tiempos» para prepararse para una emergencia como la actual. Todo esto, para decirlo sin rodeos, es la visión alemana, que se reduce a una visión de túnel, que no tiene absolutamente nada que ver con la lógica macroeconómica y, por lo tanto, nada que ver con la realidad de la Unión Monetaria Europea (UEM). Al mismo tiempo, es un testimonio impresionante de pobreza intelectual. El error subyacente son los años de rechazo por parte de los responsables políticos alemanes, y gran cantidad de medios alemanes, para reconocer la importancia y las consecuencias de los excedentes de cuenta corriente de Alemania. Después de todo, si es posible o no reducir el déficit público depende casi exclusivamente de si es posible o no acumular superávit en cuenta corriente en las actuales circunstancias económicas mundiales. Es precisamente en este punto que existe una restricción lógica en la forma de un juego de suma cero, porque no todos los países del mundo pueden registrar excedentes de cuenta corriente al mismo tiempo. Tampoco puede la UEM en su conjunto acumular enormes superávits en cuenta corriente, ya que provocaría reacciones en el resto del mundo, especialmente en los Estados Unidos. El Euro apreciaría su valor y evitaría una estrategia de superávit en cuenta corriente en la escala que Alemania y los Países Bajos lo han estado aplicando durante años. El hecho mismo de que cada país excedente necesariamente necesite países deficitarios es una razón por la cual la arrogancia de los países excedentes está completamente fuera de lugar. La clasificación de fuerte y débil es estúpida desde el principio. La misma lógica se aplica al argumento sobre la competitividad. La gente dice que los países del Sur han perdido competitividad y fingen que todo es culpa suya. Cualquiera que haya entendido que la UEM no puede tener excedentes persistentes por cuenta corriente con respecto al resto del mundo también comprende cuán vacía es la idea de que dentro de la UEM todos los países podrían y deberían haber mejorado su competitividad. Esta idea no se ha vuelto más lógica a lo largo de los años, a pesar de que la mayoría de los políticos alemanes la ha repetido como un mantra, sobre todo Angela Merkel, y pese a que fue y sigue siendo considerada seriamente una estrategia económica para Europa. Es precisamente porque, por razones lógicas, no todos los miembros de la UEM pueden ser más competitivos conjuntamente que los miembros del norte de la UEM necesitaban la pérdida de competitividad de los miembros del sur; de lo contrario nunca habrían podido aumentar su propia competitividad tan enormemente. ¿Y cómo fue eso posible? Contrariamente a las reglas económicas de la UEM, los países del norte no aumentaron sus salarios tanto como hubiera sido apropiado en vista del objetivo de inflación acordado conjuntamente. Si todos los países hubieran intentado seguir la misma política de restricción salarial
Coronabonos, de entrada, no
Nuevamente, la crisis del covid-19 ha hecho emerger las debilidades de la Eurozona. Ante el gasto extraordinario que los diferentes países tendrán que hacer para afrontar la crisis, la pregunta vuelve a ser, como en 2010: ¿esto como se paga? O más concretamente, ¿esto quién lo paga? Ante esta pregunta ya empiezan a salir diferentes propuestas con diversos mecanismos para compartir los costes en mayor o menor medida. Pese a que Peter Altmaier (ministro de economía alemán) ya los ha descartado, alrededor de estas propuestas vuelve a emerger el concepto de eurobonos, un significante vacío que para unos quiere decir una cosa y para otros, una muy diferente. Tradicionalmente, desde la izquierda europeísta, el concepto se considera progresista y ya se ha producido una recogida de firmas para pedirlos, con un texto tan poco concreto que no se pueden saber las implicaciones de lo que se firma, abriendo la puerta a propuestas que no harían más que profundizar en la crisis. A fecha de hoy, tres propuestas parecen imponerse en el debate, el resultado del cual marcará el futuro de la vida de decenas de millones de personas en Europa. La primera propuesta es que el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE, informalmente, el «fondo de rescate europeo») financie el esfuerzo de la crisis con el dinero que tiene disponible (410.000 millones de euros) a través de una línea de crédito para aquellos países que lo soliciten y emita nuevos bonos en caso de necesitar más recursos, cosa probable. Esto implicaría que los países que lo necesiten deberán de solicitar un préstamo al MEDA, asociado a un MoU, documento de compromisos macroeconómicos, como los que han servido para imponer la austeridad hasta ahora. El Eurogrupo del marte llegó al acuerdo que esta sería la forma de financiar a los países que lo necesiten e Italia y España ya se preparan para pedir préstamos. Pese a que, desde el actual estado de ánimo solidario, se afirma que estos créditos se ofrecerían sin condiciones, el artículo 7 del reglamento 472/2013, que regula la supervisión económica de los estados miembros permite al Consejo Europeo cambiar las condiciones del préstamos sólo con una mayoría cualificada (55% de los países, 65% de la población) si considerara que els Estado que ha pedido el préstamo se está desviando de los objetivos macroeconómicos de reducción de deuda. No resulta difícil pensar que esto podría suceder cuando las cosas volvieran a una relativa normalidad, dado que los niveles de endeudamientos de Italia, España, Portugal o Grecia son muy elevados y cualquier pequeño desvío podría servir de excusa a los países más ortodoxos de la eurozona para imponer recetas drásticas de reducción de deuda. Hay que recordar que estos estados gozan de mayoría y podría tomar la decisión de intervenir los países que hubieran firmado estos MoU. En definitiva, esta propuesta equivale a un rescate como los practicados durante la crisis financiera de la cual aún nos estamos recuperando, con la única diferencia de la buena voluntad inicial de ofrecer buenas condiciones. Por esto, esta propuesta es un peligro enorme para países como el nuestro y absolutamente inaceptable. La segunda propuesta sería que los Estados miembros emitan bonos soberanos con vencimientos de 50 o 100 años o, incluso, perpetuos (sin vencimiento) a tipos de interés próximos a 0%, por ejemplo, del 0,5%. Estos bonos, pese a ser emitidos por los estados, estarían garantizados por la autoridad fiscal europea, o sea, por el presupuesto de la Eurozona, que tendría que ampliarse en un futuro próximo para dar credibilidad a estos bonos. Nueve Estados miembros de la Eurozona acaban de realizar una llamada para lanzar una iniciativa de este tipo. Tal propuesta es más interesante que la anterior, pero nos mantiene sin embargo dentro del marco monetarista neoliberal. La teoría monetarista, ya demostrada como falsa, es la teoría que hay detrás de la idea que los estados no deben de gastar demasiado, ni intervenir en la economía y mucho menos si lo hacen con sus propias monedas y sus propios bancos centrales, porque provocan aumentos de la inflación. Es la teoría que promovió los tratados que han impuesto l austeridad en Europa, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, han justificado el férreo control de los déficits y han forzado un retroceso del estado del bienestar en las últimas décadas. También es esta teoría la que ha fundamentado la doctrina anti-inflación de bancos centrales como el Bundesbank o el BCE que tienen prohibido financiar déficits públicos y ha servido para imponer la independencia de la mayoría de bancos centrales occidentales que han sido expropiados a los ministerios de Hacienda y Economía, poniéndolos al servicio del sector bancario privado. Así pues, esta propuesta, pese a ir asociada a menos ataduras de austeridad, admite que son los mercados los que deben de dar permiso a los estados para financiar el esfuerzo para salir de la crisis, dado que serían estos mercados los que comprarían la deuda emitida y permitirían al BCE no hacerse cargo de forma discrecional e indefinida del esfuerzo de la crisis. Equivaldría, en definitiva, a aumentar la deuda a través de mecanismos de mercado. Es cierto que estos «activos seguros» que serían los eurobonos podrían servir para romper la dependencia entre los bancos y el sector público de un mismo estado, permitiendo una mayor internacionalización bancária y así una mayor integración de los mercados europeos. Sin embargo, es muy discutibles que necesitemos mayor globalización financiera y más mecanismos de mercado para poder financiar este esfuerzo de crisis. Y también es muy peligroso utilizar las presiones de la crisis para asociar la suerte del proyecto de integración de la UE a la resolución exitosa de la crisis. Resumiendo, en nuestra opinión, la emisión de eurobonos en el mercado legitimaría este marco teórico neoliberal que deberíamos de enterrar para siempre. Esta propuesta, además, continúa alejando las herramientas económicas con las que cuentan los estados de su ciudadanía, cosa que ahondaría el déficit democrático que ya sufrimos en Europa. Finalmente, la tercera y
No es necesario emitir deuda para acabar con esta crisis
La expansión del Covid-19 está llevando a la mayoría de países desarrollados a una crisis similar a la de 2008. El primer reto al que nos enfrentamos es encontrar la manera de volver a los niveles de actividad económica habitual. Esto pasa inevitablemente por encontrar una solución a la crisis sanitaria y, por tanto, hace necesario que todos los Estados movilicen el máximo de recursos posibles para detenerla. Necesitamos, de manera urgente, dotar a los servicios de salud pública de recursos materiales, humanos, tecnológicos, etc., de forma masiva, sin pensar en la factura, solo en las necesidades, y adaptar nuestro sistema de salud para tratar a enfermos críticos en cantidades inimaginables hasta ahora. En paralelo, la parada de la actividad económica nos llevará a una bajada repentina de la demanda que reducirá enormemente los ingresos de los autónomos, las empresas, los trabajadores y que imposibilitará pagar nóminas, suministros, alquileres y deudas. En paralelo, el Estado sufrirá una disminución de ingresos fiscales y un incremento de los gastos: en sanidad, investigación y desarrollo, prestaciones de desempleo y otros estabilizadores automáticos y políticas discrecionales de compensación social a los colectivos y empresas más damnificados. Para evitar una espiral negativa mucho más devastadora que la crisis del 2008, y las políticas que ayudaron a agravarla, necesitamos actuar en muchos frentes: garantizar unos ingresos mínimos a la ciudadanía (una renta básica de pandemia); liquidez a las empresas y a las entidades financieras; decretar una moratoria de contratos (de alquiler, hipotecarios, préstamos…); bonificar gastos de suministros o contribuir a pagar los salarios para evitar despidos. Todo ello supone un gasto masivo, muy superior al rescate bancario que nos llevó al cambio del artículo 135 y el rescate europeo. Y para ello, necesitamos usar todas las herramientas de las que dispone la UE. Para financiar el masivo gasto necesario, hace falta que el BCE facilite a los Estados la posibilidad de hacer gasto anticrisis, por lo que debe transferir los recursos necesarios sin generar deuda ni imponer condiciones. Dicho de otro modo, esto equivale a que esta institución cree dinero de la nada y lo ponga, incondicionalmente, en manos de los Estados, sin contabilizarlo como déficit ni sumarlo a obligaciones futuras. Hacer un quantitative easing fiscal que gestionen los Estados es la manera de que se puedan repartir los costes de la crisis de manera equilibrada. En el contexto actual, esta creación incondicional de dinero es una de las pocas (y más potentes) herramientas de las que disponemos para evitar una devastación socioeconómica propia de tiempos de guerra. No es aceptable que, como insinuó Christine Lagarde, el BCE abandone el “whatever it takes” (el compromiso de Draghi de que el BCE haría “lo que sea necesario” para salvar el euro) y pase a afirmar que “el BCE no está aquí para reducir las primas de riesgo” de la deuda de los países –estas están subiendo en los países de la periferia de la eurozona, en especial la de Italia– y que “hay otros instrumentos para ello”, refiriéndose a la posibilidad de que el gobierno italiano pida un rescate al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), a cambio obviamente de las habituales reformas neoliberales. Esto ya se empezó a discutir el viernes pasado en una teleconferencia entre los ministros, según informa el Financial Times. Este cambio de posicionamiento político del BCE ha sido interpretado a la perfección por los inversores, que ya presionan al alza las primas de riesgo de los países periféricos al alza. No es extraño, pues, que encuestas recientes muestren que el 88% de los italianos considera que la UE no les ayuda en esta crisis y que casi un 67% crea que formar parte de ella es una desventaja. Si esto continúa, Italia se puede encontrar ante el riesgo de quiebra. Para evitarlo, ya está emergiendo el relato de que hay que emitir un bono comunitario de deuda para crear una fiscalidad comunitaria como salvación. Como ya se ha dicho, no hay que emitir deuda para salir de una situación tan grave como la actual, sino que las instituciones con capacidad de emisión de dinero sencillamente han de crear el dinero de la nada y transferirlo a los Estados. Si las élites europeístas intentan aprovechar esta situación de crisis para forzar más grados de integración europea mediante la creación de una fiscalidad común, corremos el riesgo de que una nueva crisis del euro se desencadene. Por lo tanto, para evitar una repetición de la crisis de deuda que sufrieron nuestros países en el período 2010-12, debemos tener claro que un bono de deuda no es necesario en estos momentos. Si la presión sube en Italia, el contagio de España será inmediato. De hecho, este lunes, en la reunión del Eurogrupo, Italia y España pidieron poder usar los 410 mil millones de euros disponibles en el MEDE de forma incondicional para afrontar la crisis, pero la propuesta fue rechazada. De momento, el acuerdo en la UE es destinar un exiguo 1% del PIB de gasto añadido y un 10% de garantías de crédito y aplazamientos de impuestos, siempre “dentro de las normas presupuestarias de la UE y respetando la sostenibilidad financiera a medio plazo”. Esta es la lógica de los paquetes anticrisis que han anunciado los gobiernos hasta el momento y que no serán suficientes. Si la UE no hace un giro de 180 grados y garantiza que los Estados tengan total libertad para afrontar la crisis, esta será su fin. Así pues, es altamente probable que, como ocurrió en 2008, la expansión de la crisis de Covid19 sirva de detonador de las debilidades institucionales del euro. Las palabras de Lagarde la semana pasada y la decisión del Eurogrupo del lunes nos dan razones para el pesimismo en el medio plazo. Algunos Estados miembros ya han tomado, y otros deberán prepararse para ello, decisiones excepcionales, lejos de la ortodoxia neoliberal que ha gobernado la UE las últimas décadas. En España, es conveniente que se active una mesa de diálogo social, con fuerzas políticas y
El impacto del coronavirus y las posibilidades transformadoras de la respuesta
En los últimos días muchas sociedades en todo el mundo se encuentran en estado de ‘shock’ por las medidas que se están tomando para combatir la propagación del virus Covid-19. La enfermedad amenaza con colapsar los sistemas de salud por la velocidad con la que se contagia, lo que podría provocar males mayores y poner en riesgo la población que necesitara ser atendida por otras causas. Las medidas de contención y mitigación del contagio van en la dirección de reducir a la mínima expresión nuestras interacciones personales, lo que supone detener la economía. Ya se ha declarado el estado de alarma y el paro general para confinar a la población. Sólo servicios básicos como los de la alimentación y la salud quedarán abiertos durante este periodo. La pregunta del millón es ‘¿qué consecuencias económicas puede tener este paro?’. La necesaria intervención del sector público ante la crisis Aunque ha habido interrupciones importantes en los suministros que vienen de China y se han parado algunas cadenas de valor globales, el problema principal lo puede causar la falta de demanda que provoque la pérdida de ingresos y la subida del paro que se producirá en este periodo de parada. ¿Por qué una falta de demanda temporal puede multiplicar sus efectos y provocar problemas mayores? Porque entramos en esta nueva crisis pisando sobre los cimientos que nos dejó la mala resolución de la anterior crisis: un mercado laboral devaluado y temporalizado; unos balances financieros frágiles tanto de las familias (a pesar de haberse reducido el endeudamiento hipotecario, éste sigue siendo muy alto), como de las empresas no financieras y de los bancos; una inversión extranjera en caída pronunciada desde finales de 2018; y una gran dependencia del turismo, un sector que quedará tocado durante meses o años. La única manera de evitar que el choque se convierta en una crisis económica más profunda es que el sector público intervenga con contundencia para que las pérdidas no se multipliquen. El principal riesgo de estas situaciones es que se tarde demasiado en actuar y que las medidas que se tomen sean demasiado graduales y generen poca confianza. Podríamos decir que, de alguna manera, la crisis económica que puede generarse tiene algunas semejanzas con la propagación del virus, en cuanto a evolución sistémica: comienza con un evento puntual y localizado, que se difunde y genera un efecto contagio o efecto dominó . Si se detiene en las primeras etapas, puede quedar en un impacto menor, pero si se deja crecer, como comprobamos en 2008 cuando se dejó caer Lehman Brothers, el problema se puede volver masivo. Ya hemos tenido los primeros ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas con las medidas que ha propuesto el gobierno español. El presidente Sánchez expresó al estilo de Draghi (en referencia a su histórica intervención del julio del 2012 en la que detuvo la especulación contra el euro afirmando que harían lo que fuera necesario para salvar el euro), que “haremos lo que haga falta, donde haga falta, cuando haga falta”. Pero esta afirmación vino acompañada de momento de medidas tímidas: una inyección de 3.800 millones de euros extras para Sanidad, y 14.000 millones de euros destinados a moratorias y aplazamientos de los pagos de impuestos y las cotizaciones por parte de empresas y autónomos, líneas de crédito para empresas, mayor cobertura de la baja por enfermedad y ayudas para los que dejen de trabajar para cuidar a sus hijos durante el cierre de escuelas. La razón subyacente de esta timidez, como siempre, es la razón de estado de la Unión Europea: el cumplimiento con los objetivos de déficit y la reducción de la deuda. Devolver la confianza en la gestión pública El sector de la Salud se enfrenta a un gran reto, que necesitará todos los medios disponibles, públicos y privados, para poder aumentar la capacidad de atender a la población. La situación se corresponde, de alguna manera, a la de estado de guerra. El gobierno debería invertir según las necesidades de cada momento y en exceso, y no según las restricciones presupuestarias o las limitaciones de déficit. La historia nos dice que el endeudamiento público (o monetización del déficit) en estos momentos críticos de la historia permite al sector público asumir el liderazgo para coordinar e impulsar la economía y evitar que la sociedad se degrade por el miedo y el impacto de la crisis en la salud y la economía. Para ello, los gobiernos deben transmitir que nadie quedará desamparado. Es normal que la gente no confíe en las autoridades públicas en el neoliberalismo, porque lo que se ha transmitido durante las últimas décadas es que estamos solos frente a nuestro éxito o nuestro fracaso. La digestión de la crisis del 2008 fue muy dura y la falta de confianza en el sistema y en la política no ha parado de crecer desde entonces. Esta falta de confianza es lo primero que se debe abordar. En cierto modo, esta es una oportunidad del Estado para recuperar la confianza de la población, perdida de forma acusada a partir de 2008. La confianza sólo se puede recuperar combatiendo el miedo con protección. Y ésta no puede ser de tipo retórico o posmoderno, que es lo que caracteriza la política en el neoliberalismo postcrisis. Debe ser material: garantizando con medidas económicas masivas que la población no estará sola ante lo que ocurra. Convertir el miedo en potencial transformador En paralelo al miedo generalizada de estos días, personalmente, he percibido muestras grandes de fraternidad, de necesidad de compañía y de formar parte del colectivo. Y no sólo de amigos y familiares, sino también de desconocidos con quienes hemos intercambiado sonrisas, palabras cariñosas y de apoyo en situaciones cotidianas. El miedo tiene estas cosas: por una parte nos puede aislar y separar, pero si conseguimos que no nos bloquee y nos damos cuenta de que todos lo estamos sufriendo al mismo tiempo, nos puede unir, y esto puede ser transformador. Los gobiernos deben entender esta fuerza social latente y
El proyecto de los Estados Unidos de Europa en la crisis de la Eurozona
La construcción Europa: modelo intergubernamental vs supranacional El principal sentido político del Tratado de Maastricht (1991-92), que prolonga y supera el Acta Única (1985) es que las burguesías imperialistas alemana, francesa e inglesa se pusieron de acuerdo en hacer una transferencia (limitada) de la soberanía nacional para poner en marcha estructuras embrionarias para crear un estado europeo supranacional. La introducción de la moneda única puso la cuestión del poder estatal en el centro de la UE: la moneda es un atributo clave de cualquier aparato estatal, por lo que el euro conllevó una renuncia de soberanía nacional y su transferencia a instituciones supranacionales estatales (principalmente el Banco Central Europeo). A partir de ese momento la moneda única inevitablemente tendría una influencia decisiva en las políticas de los gobierno nacionales-estatales, por lo que su introducción supuso el salto cualitativo hacia un estado supranacional verdaderamente central. Un verdadero paso adelante y una victoria política del capitalismo europeo, que sin embargo, dados los antagonismos entre las burguesías estatales-nacionales, acentuados en el contexto de la actual crisis, no ha conseguido consolidar totalmente el proyecto a través de una unión fiscal y política que garantice la culminación del estado supranacional europeo. Estos antagonismos amenazan el proceso de integración y la supervivencia misma de la Unión Monetaria, y quizás de la Unión Europea. Las élites europeas y anglosajonas (incluyendo a las de EEUU), se encuentran divididas en cuanto al modelo de integración: parte de estas élites europeas (p.e. burguesía alemana) pretenden mantener el modelo intergubernamental, mientras que otras impulsan el modelo comunitario-supranacional, (p.e. burguesías de Francia, Italia, de EEUU), referido generalmente como modelo federal por parte de sus promotores, dadas las connotaciones positivas de la palabra en los entornos progresistas. El modelo ‘federal’ supone que los estados deben abandonar las palancas de control directo de las instituciones supranacionales europeas. La ideología supranacionalista de la UE, se ha atribuido a Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la UE, quien predicaba que los estados-nación deben ser subsumidos en una administración post-nacional tecnocrática para que haya paz en Europa. La idea defendida por Monnet era, según sus propias palabras «una unión entre los pueblos, no de una cooperación entre los estados». Esto reflejaba su intención de ayudar a la creación de una Unión Europea que se moviera en la dirección de los Estados Unidos de América, un proto-estado federal con gran poder a nivel federal y un poder cada vez más pequeño a nivel estatal y regional. Por esta razón fue acusado de ser un ‘agente americano’, que pretendía eliminar la soberanía nacional en Europa para crear una Europa federal que debilitara los poderes de las naciones europeas. El modelo supranacional de la Unión Europea puede identificarse también con la figura del excanciller alemán, Helmut Kohl, quien presidió Alemania durante la unificación del país y la concepción del proyecto de la moneda única europea en Maastricht. Debe tenerse en cuenta que uno de las principales motivaciones para firmar Maastricht de este excanciller fue recabar los apoyos de las otras potencias europeas para unificar Alemania. Kohl, a lo largo de su extensa carrera muy a menudo habló de la necesidad de abandonar «el pensamiento del estado-nación». Un ejemplo de ello es su discurso ante el Bundestag después de la cumbre de Maastricht en 1991, en el que Kohl dijo que «no es posible dar marcha atrás a la entrada en la Unión Europea. Los estados miembros de la Comunidad Europea están unidos de tal manera que hace que cualquier brote o recaída en el pensamiento anterior del estado-nación sea imposible». El expresidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy expresó en 2012 esta misma hoja de ruta en su ponencia «Hacia una Unión Económica y Monetaria genuina», llamada coloquialmente informe de los cuatro presidentes, ya que lo realizó en estrecha colaboración de los entonces Presidentes de la Comisión, del Eurogrupo y del Banco Central Europeo Barroso, Juncker y Draghi respectivamente. Sus puntos principales fueron que la integración federal tiene que ser lograda a través de un marco financiero integrado (es decir, una unión bancaria); con un marco de política económica integrada (es decir, una unión fiscal); con el fortalecimiento de la legitimidad democrática y la rendición de cuentas; y con un marco presupuestario integrado (que abarca la emisión de deuda común, es decir, los eurobonos). El rechazo del gobierno alemán a implementar los eurobonos en 2012 enterró el informe de Van Rompuy temporalmente y erosionó su figura política. A pesar de ello, esta corriente ideológica no ha abandonado su objetivo y en junio de 2015 fue publicado el informe “Realizar la Unión Económica y Monetaria europea” llamado ‘informe de los cinco presidentes’, el cual supone una reedición actualizada del informe de Van Rompuy. Es por lo menos paradójico que este mismo proyecto supranacionalista, como decíamos apodada federalista, también sea defendido por parte del centro-izquierda político de la UE, desde el partido socialista hasta parte de los grupos que se incluyen en el grupo de izquierda europeo (GUE). Por el contrario, la ideología intergubernamental de la UE puede ser representada con las figuras de los políticos conservadores Charles de Gaulle y Konrad Adenauer, que defendían que la UE debía ser construida sobre las alianzas clásicas entre los estados, especialmente entre Francia y Alemania, al estilo de lo que Winston Churchill célebremente pidió en su discurso de Zúrich en 1946. Esta posición reflejaba la nula motivación de las élites políticas y económicas nacionales del momento a renunciar a su poder en favor de fuerzas extranjeras. Situándonos en la actualidad, a pesar de los discursos en pro de una integración supranacional de los dirigentes alemanes, a lo largo de esta crisis hemos visto como las decisiones políticas de la canciller alemana Angela Merkel y de su poderoso ministro de finanzas Wolfgang Schäuble han ido encaminándose cada vez más a favorecer casi exclusivamente los intereses de la burguesía estatal-nacional alemana. Merkel, por ejemplo, declaraba en el Bundestag el 2 de diciembre de 2011 que los líderes europeos habían «iniciado una nueva fase en
Efectos de los Tratados de Comercio Internacional sobre el mundo laboral
En los últimos años la Unión Europea ha estado negociando dos tratados de comercio e inversión con países norteamericanos: el CETA con Canadá, y el TTIP con Estados Unidos. A pesar de que en ciertos círculos del activismo es bastante conocido el efecto que tendrían estos tratados en la sociedad europea, la mayoría de la población no sabe cómo podrían influir en su vida cotidiana, y concretamente en su trabajo (en caso de que se tenga). Los partidarios de estos tratados afirman que toda interferencia en el comercio internacional es perjudicial e ineficiente, y que los países están obligados a competir produciendo las mercancías en las cuales tienen ventaja comparativa. También consideran que la remuneración de los trabajadores y trabajadoras refleja la disponibilidad de los recursos capital y trabajo, o que las empresas no obtendrán ningún beneficio extraordinario de su poder de mercado cuando lleven la producción, por ejemplo, en China. Pero todo esto es muy cuestionable, si no directamente falso. La economía que tenga una ventaja absoluta en la producción de alguna mercancía tendría que producirla hasta agotar la capacidad, puesto que las economías se encuentran sistemáticamente infrautilizadas. Tampoco es verdad que los niveles salariales hoy en día reflejen la disponibilidad de capital y trabajo, debido a la especulación con las divisas. Asimismo, la tecnología no se adapta a la combinación capital-trabajo del país receptor de la inversión directa, sino que las grandes corporaciones usan las tecnologías de alta productividad también en países con gran cantidad de trabajo disponible a bajo precio. Esto los permite disfrutar de rentas monopolísticas, como se puede comprobar constantemente en el caso de China. Finalmente, cuando uno presta atención más allá del discurso dominante, ve que en realidad todos los estados defensores de la apertura comercial ejercen el proteccionismo en algunos ámbitos de su economía. En definitiva: quieren que los otros países se abren a sus exportaciones, pero no al revés. ¿Estamos preparados por los tratados de libre comercio? ¿En este contexto, en qué posición se encuentra nuestra economía? ¿Está preparada para la competencia de empresas norteamericanas? ¿Cómo afectará nuestros trabajos la implementación de estos tratados? En cuanto a los riesgos a afrontar, la realidad de Cataluña no es muy diferente de la del resto de Europa. De cara a evaluar el impacto que pueden tener sobre el tejido productivo, hay una serie de factores relacionados con la medida de las empresas que son muy relevantes: la productividad, la necesidad de protección, el acceso al crédito y la tendencia innovadora.Si tenemos en cuenta que la economía catalana (y la española) está compuesta fundamentalmente por empresas de pequeñas dimensiones (que concentran la mayor parte de los puestos de trabajo), podemos deducir que el impacto será muy importante. Lo podemos deducir de los siguientes gráficos: las empresas pequeñas y medianas, por sus características, no se enfocan a la exportación (figura 1), son menos productivas (figura 2), necesitan más protección (figura 3) y presentan una tendencia innovadora negativa. En resumen, una estructura muy vulnerable ante los tratados de comercio e inversión. Productividad (en euros) en la industria manufacturera por tamaño de la empresa. Año 2015 En un contexto de concentración de la ocupación en empresas pequeñas, la reducción generalizada de los salarios que implicaría la implementación de los tratados de libre comercio afectaría de pleno a las PYMES, las cuales dependen en mayor medida que las grandes empresas de la demanda interna. Al mismo tiempo, al ser menos productivas, la apertura del mercado facilitaría la extinción de un gran número de empresas que, con el nuevo marco legislativo y el nuevo contexto financiero y económico surgido de los acuerdos, probablemente no podrían continuar con su actividad. Además, debido a las características de las PYMES y a su grado de innovación, la mayor parte de ellas no será propensa al crecimiento si hay una apertura repentina a los mercados, como tampoco será propensa a la exportación. Por lo tanto, los puestos de trabajo actuales se verían en riesgo de reducción de salarios o directamente de desaparición, y no se prevé la creación de nuevas ocupaciones de calidad que pudieran compensar este hecho. La realidad de las PYMES catalanas Pero, ¿habría tiempos para adaptar la estructura empresarial a los tratados? El ejemplo de las PYMES alemanas (las llamadas Mittlestand) nos ofrece algunas pistas. Las PYMES alemanas buscan la sostenibilidad y hacen compromisos implícitos para toda la vida con sus empleados, a los cuales reclutan y capacitan cuidadosamente. También confían en las redes locales, de las cuales depende fundamentalmente su financiación, alejándose del control financiero externo y volátil. Dado que los fabricantes saben que la sostenibilidad exige mantenerse al día respecto a la tecnología, las empresas invierten el 5% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Esta lógica es opuesta a la que nos proponen los tratados de comercio e inversión, que buscan la maximización de beneficios a través de estrategias financieras, la subordinación de los intereses de los accionistas a los de sus directivos (buscando beneficios a corto plazo), y la dependencia de los mercados de capital. Volviendo a casa, la realidad es que durante la crisis el acceso a la financiación fue un problema importante para un porcentaje importante (35% ) de PYMES, y que sectores como el de los servicios administrativos, el de la hostelería, la construcción y el sector inmobiliario, predominantes en nuestra economía, dependen más que otros sectores de la financiación bancaria. Un cambio en la estructura financiera que dificulte la extensión de crédito bancario los afectará negativamente: las empresas que dependen del crédito se verían forzadas a buscar nuevas vías de financiación basadas en el mercado, y en caso de no conseguirlas, tendrían que reducir costes a través de despidos, disminuyendo de las inversiones y, en algunos casos, cesando la actividad. Los tratados, al profundizar en un modelo de financiación basada en mercados y no en bancos, suponen una amenaza a nivel de ocupación laboral. Pero es que ni siquiera es deseable intentar adaptar las condiciones laborales a los tratados de comercio e
El rompecabezas italiano: ¿a quién beneficia la crisis bancaria?
Tras el Brexit todas las miradas están puestas en Italia. El presidente del Consejo italiano, Matteo Renzi, se encuentra en una encrucijada de difícil solución. Las élites europeas lo presionan por la situación de los bancos italianos, mientras a nivel interno un fortalecido frente anti-Renzi quiere tumbar el gobierno aprovechando la celebración del referéndum constitucional del próximo otoño. Los resultados de los estrés test de la banca europea que se publicarán el próximo viernes 29 de julio serán cruciales. Desde hace unos meses Italia ha copado las primeras páginas de los periódicos europeos. The Economist le ha dedicado una llamativa portada el pasado 9 de julio, “The Italian Job”, donde se retrata el actual presidente del Consejo Matteo Renzi en un autobús a punto de precipitarse por un barranco, mientras que el Financial Times no deja de recordar que el Belpaese es actualmente el eslabón más débil de la Eurozona. La crisis de los bancos italianos, según el rotativo británico, podría ser más explosiva que el Brexit y dar el golpe de gracia a la moneda única. Si bien es cierto que la situación de la economía y las finanzas italianas no es buena, ésta tampoco es nueva. Los bancos italianos arrastran desde hace años niveles muy altos de préstamos morosos, ya que la entrada de Italia en el euro dañó la competitividad de la economía, borrando cualquier rastro de crecimiento económico en l’última década y media. Actualmente el PIB crece a un ritmo del 1% y las previsiones de crecimiento económico del FMI afirman que Italia no recuperará el nivel del PIB anterior a la crisis hasta 2025. La ausencia de crecimiento redujo los incentivos a invertir, los beneficios y los salarios, así como la calidad de los empleos, lo cual no ha dejado de deteriorar la solvencia de los deudores italianos. Además el país sigue con una deuda pública muy elevada del 133% respecto al PIB aunque su déficit público es solo del 2%. No todo es negativo, ya que se estima que la tasa de paro es del 12%, muy lejos del 21% español o del 27% griego, además el ahorro y el patrimonio familiares se mantienen en niveles elevados, y su endeudamiento en relación a la renta disponible es de los menores entre los países de la OCDE, lo cual puede explicar la resistencia de la economía italiana durante la actual crisis. Sin embargo, parece que algo está cambiando. Los mercados financieros se han fijado en la banca italiana justo después del voto británico a favor del Brexit. Su banco más emblemático y a la vez el más antiguo del mundo, el Monte dei Paschi, se situó al borde de la quiebra al caer sus acciones a menos de la mitad de su valor inmediatamente después del referéndum británico. El presidente Matteo Renzi ha esquivado desde hace más de un año, con maniobras dignas de la mejor tradición italiana en el malabarismo político, el probable rescate europeo a la banca, el cual obligaría a aplicar la nueva directiva europea del ‘bail-in’, o rescate interno, que atribuiría pérdidas a los inversores/ahorradores italianos. Esto podría dañar peligrosamente la popularidad del presidente antes del reférendum de octubre sobre la constitución, en el que Renzi se juega la presidencia y su carrera política. Sin embargo, en las próximas semanas, dependiendo de los resultados de los estrés test del viernes 29 de julio, Italia podría convertirse en el blanco de presiones que hagan el rescate ineludible, sacudiendo más si cabe la frágil estabilidad política que el país mediterráneo había conseguido en los últimos tiempos. Renzi, ante una partida compleja La partida que debe jugar Matteo Renzi en las próximas semanas deberá enfocarse a conseguir el equilibrio entre las dos vertientes de la actual crisis, la europea y la doméstica. El exalcalde de Florencia, que se convirtió en presidente del Consejo sin pasar por las urnas, ha procedido con extrema rapidez a una radical transformación del sistema político italiano, abriendo grietas dentro de su mismo partido y enemistándose aún más con la oposición. Tras la sonada derrota en las elecciones municipales del mes de junio, en las que el Movimiento 5 Estrellas, que en el pasado había defendido un reférendum sobre la salida del euro, ha conquistado las alcaldías de Roma y Turín y el alcalde “rebelde” Luigi de Magistris ha arrasado en Nápoles, en el Partido Democrático (PD) han saltado ya todas las alarmas. La preocupación no es tanto por las próximas elecciones generales que deberían celebrarse en 2018, sino por lo que pueda acaecer en otoño que se anuncia muy caliente ya que se celebrará el referéndum constitucional en que Renzi se la juega: una derrota significaría la posible muerte política del mediático líder italiano y la convocatoria de nuevas elecciones. El frente anti-Renzi ha ido fortaleciéndose en los últimos tiempos y va desde la izquierda de Sinistra Italiana, los sindicatos y de los nuevos movimientos municipalistas hasta la extrema derecha de la Liga Norte, pasando por los Cinco Estrellas de Beppe Grillo. Por un lado, el proyecto de Renzi de convertir el PD, hijo de las transformaciones del glorioso Partido Comunista Italiano (PCI) en el “Partido de la Nación”, una especie de catch-all-party poco definido ideológicamente que incluye a católicos, berlusconianos, centristas y todos los que quieran sumarse, está encontrando cada vez más resistencias. Por otro lado, la criticada reforma de la Constitución de 1948, fruto del consenso antifascista, que pretende poner fin al sistema bicameral perfecto italiano para fortalecer así el poder ejecutivo respecto al legislativo, se suma a una serie de reformas (de la educación, la justicia, el trabajo, etc.) que ni Berlusconi se había atrevido a hacer y que han levantado una polvareda notable. Renzi se ha propuesto cambiar los cimientos del sistema político italiano, tildado de inestable, lento y farragoso, y por esto ha impuesto también una nueva ley electoral, el Italicum, que cierra la etapa del enrevesado sistema bautizado como Porcellum en vigor desde 2006 y considerado inconstitucional en 2013. El Italicum, que