La mejora de la calidad de las políticas públicas, transitando de una política que ha priorizado conveniar lo público con entes privados, a una política que lo convenie con las comunidades de un territorio concreto (de la eficiencia económica a la eficiencia social).

Promover una nueva mirada a las prácticas comunitarias, ahora codificadas como actividades privadas, que nos permite poner en valor lo colectivo, frente a la dicotomía público-privado, reconociendo el retorno social.

La mejora de la calidad democrática, fomentando laboratorios ciudadanos, ofreciendo herramientas y capacitación a las comunidades que puedan derivar en un apoderamiento de las mismas. El tránsito hacia la ciudad democrática pasa necesariamente por comunidades más conscientes, participantes y corresponsabilizadas.

Ampliar el espectro de formas de autogobierno en la gestión de los recursos públicos a partir de la participación ciudadana, a las que apoya o impulsa el ayuntamiento (yendo más allá de la Gestión Cívica).

Promover la autogestión como estrategia no sólo de apoderamiento sino también una vía para gestionar mejor (de forma más eficiente desde el punto de vista social o de cubrir necesidades, pero también económico, reduciendo costes) aquello que es de todo el mundo.

Explorar una nueva forma de hacer y ser institución pública, entendiendo la gestión cívica-ciudadana-comunitaria o el autogobierno no como sustitutivo de o confrontado a la gestión pública, sino como impulso de prácticas ciudadanas allá donde existan.

Complementar la acción de estas comunidades, que están creando nuevos tipos de instituciones políticas y sociales, con la tarea del Estado, que pretende proporcionar servicios universales.

La necesidad de ordenar y sistematizar de forma más transparente la cesión de los recursos y espacios públicos, bajo criterios mínimos de transparencia, control público y de procesos democráticos.

Responder de forma más sistematizada y ordenada a las demandas de las comunidades de más espacios por la autogestión. Dotarse de un marco que permita una respuesta ordenada y transparente, ofrezca cierta garantía de equidad en el acceso a la gestión de los recursos públicos.

Dar valor social a bienes y recursos públicos no utilizados, poco utilizados y/o en estado de abandono, para que puedan ser utilizados respondiendo a necesidades o usos definidos por la colectividad, estableciendo reglas, procedimientos y responsabilidades.