En el contexto de la crisis de Covid-19, es muy previsible que los estados miembros europeos gasten e inviertan grandes sumas de dinero público. Parte de ese dinero se destinará a fortalecer los sistemas de salud y protección social, y la otra parte se empleará para apoyar la recuperación social y económica. De hecho, tanto la UE como sus países miembros han comenzado a elaborar sus planes de recuperación, que se aplicarán por fases a medida que se relaje el bloqueo.
El uso de la condicionalidad en la crisis de Covid-19
En relación con la protección social de los grupos más vulnerables afectados por el confinamiento y que podrían verse afectados por la reducción previsible de la actividad en etapas posteriores, en algunos países (por ejemplo, España) se están considerando ingresos básicos temporales. Dicha provisión de ingresos tendrá un triple objetivo: primero, garantizar condiciones materiales de vida; segundo, evitar la propagación de la pandemia al reducir la presión para salir de casa buscando medios de subsistencia; y tercero, sostener el consumo interno. El acceso a este ingreso básico está sujeto a una serie de condiciones como: ser parte de la población activa, el nivel y el período de pérdida de ingresos, la riqueza personal, la estructura familiar y otras variables sociales.
La condicionalidad también se vincula a la ayuda a las empresas que se enfrentan a una reducción de su actividad. En Canadá[1], Dinamarca, Francia y Polonia[2], por ejemplo, a las empresas registradas en paraísos fiscales no se les permitirá acceder a la ayuda pública que se otorga para proteger el suministro de bienes y servicios a nivel nacional, proteger empleos y mantener ingresos fiscales.
En Portugal, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna medida concreta, tanto el gobierno como la oposición han argumentado públicamente que los bancos no deberían obtener ganancias durante los años 2020 y 2021, y que deberían aumentar la provisión de crédito para apoyar a la economía a cambio de los rescates que recibieron después de 2008.
Este último caso apunta al sesgo principal de las políticas de recuperación después de 2008, que fue el de omitir la condicionalidad en la transferencia de dinero público a agentes «demasiado grandes para quebrar» (corporaciones financieras, de seguros e inmobiliarias, FIRE en sus siglas en inglés). Los precios de los activos del sector FIRE se tranquilizaron a través del nuevo endeudamiento asumido por los estados y los hogares, que impuso pocas o ninguna restricción relacionada con la responsabilidad social, ambiental o de gobierno. Esto ha tenido un gran impacto negativo en forma de desigualdad, crisis ambientales, corrupción, falta de transparencia y control público, y a su vez, un gran daño a la legitimidad democrática.
Condicionalidad basada en criterios ESG
En un escenario de -3.8% del PIB en la UE en el primer trimestre de 2020, los gobiernos deberían intentar reactivar el suministro de bienes y servicios, evitar la destrucción del tejido productivo y sentar las bases para un nuevo modelo de producción más resistente. Las consecuencias de esta crisis favorecerán una relocalización y reindustrialización de las economías europeas para reducir la dependencia de las cadenas de suministro mundiales, especialmente en los sectores más sensibles para la seguridad interna (salud, alimentos, energía, etc.).
Como se mencionó anteriormente, en general, los estados-nación comenzarán a aplicar la condicionalidad a la concesión o el uso de dinero público de manera generalizada dentro de sus fronteras, ya sea en la provisión de ingresos directos a la población u otros tipos diferentes de ayuda a empresas y bancos. Las sumas de este gasto serán muy altas, por lo que debe ser alto el grado de responsabilidad exigido a los agentes que reciben este dinero, especialmente los más poderosos. La responsabilidad no solo debe exigirse como una condición a corto plazo hasta que se haya superado la crisis, sino como un conjunto permanente de condiciones que permitan la generación de modelos de producción-consumo más resilientes y sostenibles.
En los últimos años, los criterios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) se han convertido en parte del vocabulario habitual de los inversores institucionales, tanto públicos como privados. El enfoque ESG es un sistema de evaluación del impacto de las prácticas empresariales desde una perspectiva ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Ekona, en base a estas premisas generales, ha desarrollado un sistema de Certificación ESG que apunta a la economía real, incluido el sistema de las PYMEs. Su objetivo es evaluar el compromiso con la responsabilidad de las empresas. La certificación proporciona una medición objetiva de un conjunto representativo de variables asociadas a las áreas ambiental, social y de gobierno de las empresas, que produce un indicador compuesto. Este modelo permite, por un lado, medir el desempeño actual en responsabilidad ESG, y por otro lado, la detección de posibilidades de desarrollo estratégico con respecto a la responsabilidad ESG. La ventaja de este modelo en comparación con los informes autodeclarativos de responsabilidad social corporativa (RSC) radica en su medición objetiva y la ausencia de conflictos de intereses.
Como se muestra en la Figura, este modelo permite a los proveedores de fondos públicos y privados identificar empresas responsables a través de la calificación obtenida en el proceso de certificación. Con esta información, las administraciones públicas pueden dirigir su esfuerzo a través de la contratación pública u otra ayuda, lo que los coloca en una posición de influencia muy ventajosa para mejorar la responsabilidad de la economía[3].
Figura. Modelo de Certificación ESG
Fuente: elaboración propia
Precisamente en el período anterior a la crisis de Covid-19, el uso de los criterios ESG estaba creciendo rápidamente, ya que el cambio climático estaba generando presión pública para que las administraciones públicas y el sector privado actuaran en consecuencia. De hecho, las cuestiones ESG están pasando rápidamente del campo de la inversión de impacto a la práctica convencional de inversión, a medida que los riesgos climáticos se vuelven cada vez más evidentes. Actualmente, el mercado de inversión responsable global tiene un tamaño de varios miles de millones de euros, y está creciendo a una tasa anual de dos dígitos, a pesar de que hasta ahora se ha centrado en las grandes empresas en lugar de las pequeñas y medianas empresas, que todavía no han encontrado un método para ser incluido en la categoría de inversión ESG. La creciente importancia de estos nuevos criterios es evidente a niveles institucionales como el de la Unión Europea, que ha desarrollado un Plan de Acción para Finanzas Sostenibles[4], que servirá como base para integrar los criterios ESG en la evaluación de riesgos financieros, así como Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos[5].
Este planteamiento de los criterios ESG responde a las preocupaciones sociales, ambientales y de gobernanza, pero también a las preocupaciones relacionadas con una distribución eficiente de los recursos disponibles, un retorno razonable de la inversión y una relocalización estructurada y sostenible de la economía. Estos principios serán especialmente valorados en un escenario en el que existe la necesidad de orientación para grandes iniciativas de inversión pública que sean responsables, eficientes, generalizadas, sostenibles en el tiempo y que generen procesos virtuosos. Como tal, es necesario aplicar este tipo de herramientas a la economía productiva de tamaño pequeño y mediano, mayoritaria en el territorio europeo, fundamental para mantener el empleo y una de las columnas sociales más importantes.
Recuperación basada en criterios ESG
Cuando lleguemos a la fase en que el dinero público comience a fluir según lo establecido por los planes de recuperación, se definirán las condiciones para el uso de ese dinero. El éxito de los planes de recuperación dependerá de la naturaleza de esas condiciones. El uso de este modelo de certificación ESG permite el diseño de un sistema de incentivos necesario para asignar recursos de manera eficiente, y también para evaluar correctamente los rendimientos sociales, ambientales y de gobernanza de las inversiones públicas. La efectividad de los criterios ESG se basa en los siguientes pilares principales:
Contratación pública: los planes de recuperación tendrán en cuenta el potencial que la política de contratación pública tiene para todas las administraciones como motor para dirigir la inversión y el gasto público. El volumen económico de la contratación pública asciende a 2 billones de euros en la UE, un 14% del PIB de la UE. Tal cantidad relevante desempeñará un papel clave en el proceso de mejorar el tejido empresarial asociado con la recuperación. En este sentido, la inclusión de requisitos previos relacionados con los criterios ESG constituye una herramienta eficiente para lograr la mayor armonía posible entre los diferentes programas incluidos en los planes de recuperación.
Precondicionalidad: las empresas pueden considerarse elegibles para recibir financiación pública en relación con su grado relativo de responsabilidad en sus sectores económicos, medido utilizando los criterios ESG. Dicha evaluación de elegibilidad para financiación pública debe ocurrir antes del lanzamiento de los planes de recuperación e independientemente de ello. Proporcionará orientación para procesos eficientes de asignación de recursos e incentivos para que los empresarios mejoren la calidad y la responsabilidad de sus empresas bajo los criterios ESG, lo que a su vez ayudará a relocalizar las cadenas de suministro. Por lo tanto, la introducción de esta nueva herramienta en el marco de los planes de recuperación facilitará su gestión.
Certificación continua: es necesario establecer sistemas de evaluación de responsabilidad armonizados que puedan interactuar o incluso integrarse dentro de las metodologías contables actuales. El sistema que se propone, basado en los criterios ESG, implica una certificación periódica de las empresas. La introducción de esta certificación ESG como método oficial para evaluar la elegibilidad en todo el plan de recuperación ampliará el número de empresas que utilizan el sistema de contabilidad ESG, y en consecuencia, se mejorará la responsabilidad y la resiliencia de las inversiones públicas para la recuperación.
Granularidad institucional: el plan de recuperación necesita profundidad y amplitud, lo que significa que necesita una amplia extensión con un alto grado de granularidad institucional. Para tener éxito en este sentido, el esfuerzo del plan de recuperación debe distribuirse entre los diferentes niveles de las administraciones públicas, con un énfasis especial en las administraciones locales, que deberían ver incrementada su financiación y capacidad institucional. Para ello, la aplicación de este modelo ESG mejoraría sustancialmente la probabilidad de éxito. Daría incentivos a las empresas para que hagan apuestas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible coherentes con el modelo ESG. En el corto plazo, veríamos que las empresas locales responsables se benefician de este nuevo enfoque de contratación pública. A medio plazo, veríamos que se han creado nuevas empresas desde su origen en coherencia con los principios de ESG. Las empresas establecidas desde hace mucho tiempo tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones o dejar de prestar servicios a las administraciones públicas.
Este modelo podría ajustarse y reforzarse mediante políticas complementarias coherentes con las necesidades y recursos locales. En este sentido, la política local podría ser aún más exitosa en la medida en que las instituciones públicas proporcionaran servicios de apoyo a las empresas que quisieran utilizar este modelo ESG, como los relacionados con el acompañamiento empresarial, la provisión de crédito y la concertación/creación de consorcios entre actores locales. De esta manera, los posibles obstáculos o desviaciones podrían corregirse durante la introducción de este modelo ESG a lo largo de la ejecución del plan de recuperación.
P. Cotarelo y S. Cutillas
Artículo originalmente publicado en Makroskop: https://makroskop.eu/2020/05/hilfe-fuer-unternehmen-muss-an-bedingungen-geknuepft-sein/
[1] https://www.thespec.com/ts/politics/2020/04/28/no-covid-19-bailouts-for-firms-that-use-tax-havens-prime-minister-justin-trudeau-says.html
[2] https://www.businessinsider.com/france-coronavirus-bailout-tax-haven-registered-subsidies-ineligible-020-4?IR=T
[3] Una explicación más amplia en: http://www.esgaequum.com/certification/?lang=en
[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
[5] https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx