Criterios ESG para condicionar la recuperación de la UE

18 Jun 2020

En el contexto de la crisis de Covid-19, es muy previsible que los estados miembros europeos gasten e inviertan grandes sumas de dinero público. Parte de ese dinero se destinará a fortalecer los sistemas de salud y protección social, y la otra parte se empleará para apoyar la recuperación social y económica. De hecho, tanto la UE como sus países miembros han comenzado a elaborar sus planes de recuperación, que se aplicarán por fases a medida que se relaje el bloqueo.

El uso de la condicionalidad en la crisis de Covid-19

En relación con la protección social de los grupos más vulnerables afectados por el confinamiento y que podrían verse afectados por la reducción previsible de la actividad en etapas posteriores, en algunos países (por ejemplo, España) se están considerando ingresos básicos temporales. Dicha provisión de ingresos tendrá un triple objetivo: primero, garantizar condiciones materiales de vida; segundo, evitar la propagación de la pandemia al reducir la presión para salir de casa buscando medios de subsistencia; y tercero, sostener el consumo interno. El acceso a este ingreso básico está sujeto a una serie de condiciones como: ser parte de la población activa, el nivel y el período de pérdida de ingresos, la riqueza personal, la estructura familiar y otras variables sociales.
La condicionalidad también se vincula a la ayuda a las empresas que se enfrentan a una reducción de su actividad. En Canadá^[1], Dinamarca, Francia y Polonia^[2], por ejemplo, a las empresas registradas en paraísos fiscales no se les permitirá acceder a la ayuda pública que se otorga para proteger el suministro de bienes y servicios a nivel nacional, proteger empleos y mantener ingresos fiscales.

En Portugal, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna medida concreta, tanto el gobierno como la oposición han argumentado públicamente que los bancos no deberían obtener ganancias durante los años 2020 y 2021, y que deberían aumentar la provisión de crédito para apoyar a la economía a cambio de los rescates que recibieron después de 2008.
Este último caso apunta al sesgo principal de las políticas de recuperación después de 2008, que fue el de omitir la condicionalidad en la transferencia de dinero público a agentes «demasiado grandes para quebrar» (corporaciones financieras, de seguros e inmobiliarias, FIRE en sus siglas en inglés). Los precios de los activos del sector FIRE se tranquilizaron a través del nuevo endeudamiento asumido por los estados y los hogares, que impuso pocas o ninguna restricción relacionada con la responsabilidad social, ambiental o de gobierno. Esto ha tenido un gran impacto negativo en forma de desigualdad, crisis ambientales, corrupción, falta de transparencia y control público, y a su vez, un gran daño a la legitimidad democrática.

Condicionalidad basada en criterios ESG

En un escenario de -3.8% del PIB en la UE en el primer trimestre de 2020, los gobiernos deberían intentar reactivar el suministro de bienes y servicios, evitar la destrucción del tejido productivo y sentar las bases para un nuevo modelo de producción más resistente. Las consecuencias de esta crisis favorecerán una relocalización y reindustrialización de las economías europeas para reducir la dependencia de las cadenas de suministro mundiales, especialmente en los sectores más sensibles para la seguridad interna (salud, alimentos, energía, etc.).
Como se mencionó anteriormente, en general, los estados-nación comenzarán a aplicar la condicionalidad a la concesión o el uso de dinero público de manera generalizada dentro de sus fronteras, ya sea en la provisión de ingresos directos a la población u otros tipos diferentes de ayuda a empresas y bancos. Las sumas de este gasto serán muy altas, por lo que debe ser alto el grado de responsabilidad exigido a los agentes que reciben este dinero, especialmente los más poderosos. La responsabilidad no solo debe exigirse como una condición a corto plazo hasta que se haya superado la crisis, sino como un conjunto permanente de condiciones que permitan la generación de modelos de producción-consumo más resilientes y sostenibles.

En los últimos años, los criterios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) se han convertido en parte del vocabulario habitual de los inversores institucionales, tanto públicos como privados. El enfoque ESG es un sistema de evaluación del impacto de las prácticas empresariales desde una perspectiva ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Ekona, en base a estas premisas generales, ha desarrollado un sistema de Certificación ESG que apunta a la economía real, incluido el sistema de las PYMEs. Su objetivo es evaluar el compromiso con la responsabilidad de las empresas. La certificación proporciona una medición objetiva de un conjunto representativo de variables asociadas a las áreas ambiental, social y de gobierno de las empresas, que produce un indicador compuesto. Este modelo permite, por un lado, medir el desempeño actual en responsabilidad ESG, y por otro lado, la detección de posibilidades de desarrollo estratégico con respecto a la responsabilidad ESG. La ventaja de este modelo en comparación con los informes autodeclarativos de responsabilidad social corporativa (RSC) radica en su medición objetiva y la ausencia de conflictos de intereses.

Como se muestra en la Figura, este modelo permite a los proveedores de fondos públicos y privados identificar empresas responsables a través de la calificación obtenida en el proceso de certificación. Con esta información, las administraciones públicas pueden dirigir su esfuerzo a través de la contratación pública u otra ayuda, lo que los coloca en una posición de influencia muy ventajosa para mejorar la responsabilidad de la economía^[3].

Figura. Modelo de Certificación ESG

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Fuente: elaboración propia

Precisamente en el período anterior a la crisis de Covid-19, el uso de los criterios ESG estaba creciendo rápidamente, ya que el cambio climático estaba generando presión pública para que las administraciones públicas y el sector privado actuaran en consecuencia. De hecho, las cuestiones ESG están pasando rápidamente del campo de la inversión de impacto a la práctica convencional de inversión, a medida que los riesgos climáticos se vuelven cada vez más evidentes. Actualmente, el mercado de inversión responsable global tiene un tamaño de varios miles de millones de euros, y está creciendo a una tasa anual de dos dígitos, a pesar de que hasta ahora se ha centrado en las grandes empresas en lugar de las pequeñas y medianas empresas, que todavía no han encontrado un método para ser incluido en la categoría de inversión ESG. La creciente importancia de estos nuevos criterios es evidente a niveles institucionales como el de la Unión Europea, que ha desarrollado un Plan de Acción para Finanzas Sostenibles^[4], que servirá como base para integrar los criterios ESG en la evaluación de riesgos financieros, así como Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos^[5].

Este planteamiento de los criterios ESG responde a las preocupaciones sociales, ambientales y de gobernanza, pero también a las preocupaciones relacionadas con una distribución eficiente de los recursos disponibles, un retorno razonable de la inversión y una relocalización estructurada y sostenible de la economía. Estos principios serán especialmente valorados en un escenario en el que existe la necesidad de orientación para grandes iniciativas de inversión pública que sean responsables, eficientes, generalizadas, sostenibles en el tiempo y que generen procesos virtuosos. Como tal, es necesario aplicar este tipo de herramientas a la economía productiva de tamaño pequeño y mediano, mayoritaria en el territorio europeo, fundamental para mantener el empleo y una de las columnas sociales más importantes.

Recuperación basada en criterios ESG

Cuando lleguemos a la fase en que el dinero público comience a fluir según lo establecido por los planes de recuperación, se definirán las condiciones para el uso de ese dinero. El éxito de los planes de recuperación dependerá de la naturaleza de esas condiciones. El uso de este modelo de certificación ESG permite el diseño de un sistema de incentivos necesario para asignar recursos de manera eficiente, y también para evaluar correctamente los rendimientos sociales, ambientales y de gobernanza de las inversiones públicas. La efectividad de los criterios ESG se basa en los siguientes pilares principales:

Contratación pública: los planes de recuperación tendrán en cuenta el potencial que la política de contratación pública tiene para todas las administraciones como motor para dirigir la inversión y el gasto público. El volumen económico de la contratación pública asciende a 2 billones de euros en la UE, un 14% del PIB de la UE. Tal cantidad relevante desempeñará un papel clave en el proceso de mejorar el tejido empresarial asociado con la recuperación. En este sentido, la inclusión de requisitos previos relacionados con los criterios ESG constituye una herramienta eficiente para lograr la mayor armonía posible entre los diferentes programas incluidos en los planes de recuperación.

Precondicionalidad: las empresas pueden considerarse elegibles para recibir financiación pública en relación con su grado relativo de responsabilidad en sus sectores económicos, medido utilizando los criterios ESG. Dicha evaluación de elegibilidad para financiación pública debe ocurrir antes del lanzamiento de los planes de recuperación e independientemente de ello. Proporcionará orientación para procesos eficientes de asignación de recursos e incentivos para que los empresarios mejoren la calidad y la responsabilidad de sus empresas bajo los criterios ESG, lo que a su vez ayudará a relocalizar las cadenas de suministro. Por lo tanto, la introducción de esta nueva herramienta en el marco de los planes de recuperación facilitará su gestión.

Certificación continua: es necesario establecer sistemas de evaluación de responsabilidad armonizados que puedan interactuar o incluso integrarse dentro de las metodologías contables actuales. El sistema que se propone, basado en los criterios ESG, implica una certificación periódica de las empresas. La introducción de esta certificación ESG como método oficial para evaluar la elegibilidad en todo el plan de recuperación ampliará el número de empresas que utilizan el sistema de contabilidad ESG, y en consecuencia, se mejorará la responsabilidad y la resiliencia de las inversiones públicas para la recuperación.

Granularidad institucional: el plan de recuperación necesita profundidad y amplitud, lo que significa que necesita una amplia extensión con un alto grado de granularidad institucional. Para tener éxito en este sentido, el esfuerzo del plan de recuperación debe distribuirse entre los diferentes niveles de las administraciones públicas, con un énfasis especial en las administraciones locales, que deberían ver incrementada su financiación y capacidad institucional. Para ello, la aplicación de este modelo ESG mejoraría sustancialmente la probabilidad de éxito. Daría incentivos a las empresas para que hagan apuestas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible coherentes con el modelo ESG. En el corto plazo, veríamos que las empresas locales responsables se benefician de este nuevo enfoque de contratación pública. A medio plazo, veríamos que se han creado nuevas empresas desde su origen en coherencia con los principios de ESG. Las empresas establecidas desde hace mucho tiempo tendrán que adaptarse a las nuevas condiciones o dejar de prestar servicios a las administraciones públicas.

Este modelo podría ajustarse y reforzarse mediante políticas complementarias coherentes con las necesidades y recursos locales. En este sentido, la política local podría ser aún más exitosa en la medida en que las instituciones públicas proporcionaran servicios de apoyo a las empresas que quisieran utilizar este modelo ESG, como los relacionados con el acompañamiento empresarial, la provisión de crédito y la concertación/creación de consorcios entre actores locales. De esta manera, los posibles obstáculos o desviaciones podrían corregirse durante la introducción de este modelo ESG a lo largo de la ejecución del plan de recuperación.

P. Cotarelo y S. Cutillas

Artículo originalmente publicado en Makroskop: https://makroskop.eu/2020/05/hilfe-fuer-unternehmen-muss-an-bedingungen-geknuepft-sein/

^[1] https://www.thespec.com/ts/politics/2020/04/28/no-covid-19-bailouts-for-firms-that-use-tax-havens-prime-minister-justin-trudeau-says.html

^[2] https://www.businessinsider.com/france-coronavirus-bailout-tax-haven-registered-subsidies-ineligible-020-4?IR=T

^[3] Una explicación más amplia en: http://www.esgaequum.com/certification/?lang=en

^[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN

^[5] https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx

La DANA como factor integrador de la investigación en el Parc Natural de l´Albufera

La DANA del 29 de octubre de 2024 no solo alteró el territorio del Parc Natural de l’Albufera (PNA), sino que transformó su ecosistema investigador. El aumento de estudios, la ampliación de enfoques y la aparición de nuevas colaboraciones revelan un impulso hacia formas de investigación más integradas. En un contexto donde la Comisión Científica ya articula el conocimiento del PNA, se evidencia el valor de avanzar hacia una visión multidimensional para mejorar la comprensión y la gestión del territorio. La DANA ha actuado como factor integrador del ecosistema investigador vinculado al PNA. Ha impulsado una evolución en la comunidad científica, motivando que grupos tradicionalmente centrados en áreas específicas amplíen o redefinan sus objetos de estudio para incorporar dimensiones que previamente quedaban fuera de su foco. Paralelamente, ha incrementado la visibilidad social e institucional de la actividad investigadora, reforzando el reconocimiento de su valor público. Este proceso se ha concretado en nuevas contrataciones, colaboraciones interdisciplinares y espacios de encuentro entre equipos y actores que anteriormente operaban de manera fragmentada. Esta dinámica emergente sugiere la posibilidad de un cambio de paradigma: pasar de una producción de conocimiento fragmentada a una investigación más integral, coordinada y orientada a la gestión del territorio. Sin embargo, persiste la duda de si esta tendencia responde únicamente a una reacción temporal ante la gravedad del evento o si constituye el inicio de una transformación más estructural en la organización de la investigación en el PNA. En un escenario donde la evolución fuera pasajera, los efectos se limitarían a resolver problemas concretos derivados del episodio, sin implicaciones duraderas. En cambio, si se trata del inicio de una fase de cambio profundo, los beneficios de avanzar hacia una mayor integración serían más amplios y sostenidos. Estos beneficios, coherentes con los marcos conceptuales sobre investigación integral e interdisciplinaria revisados, destacando las ventajas de un enfoque coordinado frente a los estudios parciales realizados hasta la fecha. A partir de la nueva tendencia emergente descrita se abren dos retos: 1.Continuar recopilando información que permita determinar si se trata de un cambio estructural y duradero o de una reacción temporal ante la gravedad del evento. 2.Promover que tanto las instituciones de gestión como las de investigación consoliden este enfoque, incorporando los estudios integrales de manera estable en sus agendas científicas y de planificación territorial. Avanzar en esta dirección permitiría construir una infraestructura robusta de conocimiento aplicado, reforzar la resiliencia del Parque Natural y aportar un modelo replicable en otros territorios expuestos a riesgos climáticos complejos. Para consolidar esta transición hacia una investigación más integrada, resultaría clave el papel coordinador de estructuras ya existentes, como la Comisión Científica del Parc Natural de l’Albufera y la Estación Biológica de l’Albufera (EBA), que actúen como plataformas estables para articular, dar continuidad y facilitar la transferencia del conocimiento científico hacia la gestión del territorio. O. Mayoral y P. Cotarelo Resumen de un póster presentado en las II Jornadas de la Comisión Científica de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera “L’Albufera. I ara què?” celebradas en el Jardí Botànic de la Universitat de València los días 26 y 27 de noviembre de 2025.

El cambio climático como indicador de calidad de la formación del profesorado

La crisis climática representa uno de los desafíos más urgentes y complejos denuestro tiempo, con implicaciones ambientales, sociales, políticas y éticas. Estecapítulo plantea que el cambio climático no debe abordarse únicamente comoun contenido curricular, sino que, debido a sus particularidades, se puedeutilizar como un indicador multidimensional y transversal para evaluar lacalidad de la formación docente. Para ello, se centra la atención en el propósito que persigue el procesoformativo, cómo se construye y de qué maneras se persigue en el contexto dela realidad del mundo actual. En particular, se analiza la noción de agenciapolítica como propósito de la competencia climática, todavía poco presenteen la formación inicial del profesorado. Se propone que dicha competenciano se limite a transmitir información científica o fomentar conductasindividuales, sino que incluya el desarrollo de capacidades para intervenir enlos procesos de toma de decisiones y en el diseño de respuestas públicasfrente a la crisis climática. El texto se estructura en torno a tres objetivos principales: examinar lascarencias actuales de los programas formativos en relación con laalfabetización climática; argumentar por qué la agencia política debefundamentar el propósito y formar parte del núcleo de competenciasdocentes; y proponer herramientas conceptuales y metodológicas parasu integración curricular. A lo largo del capítulo, se presentan marcosanalíticos, mapas de necesidades formativas y metodologías activas quepermiten avanzar hacia una alfabetización crítica y situada. Finalmente, sedelinean posibles líneas de investigación orientadas a diagnosticar y mejorarla incorporación de esta competencia en los distintos niveles y ámbitos delsistema educativo. El texto anterior forma parte del resumen de un artículo publicado en el siguiente enlace: https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/investigacion/XVIII%20Seminario%20Investigaci%C3%B3n%20Educacion%20Ambiental%20y%20Educaci%C3%B3n%20para%20el%20Desarrollo%20Sostenible.pdf.pdf P. Cotarelo y O. Mayoral

Creación de un indicador compuesto para medir el desempeño universitario en la aplicación de la Agenda 2030

Naciones Unidas ha destacado el papel de la Universidad en la promoción e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la Agenda 2030. La educación e investigación universitarias, su capacidad de innovar, liderazgo social y posición privilegiada para trenzar alianzas intersectoriales, la sitúan como un actor esencial de la transición ecosocial. En el contexto de un proyecto de creación y desarrollo de un Observatorio universitario de seguimiento de la aplicación de los ODS de la Agenda 2030 en la UCM, se realiza la creación de un sistema de medición del desempeño de la universidad en dicha aplicación de la Agenda 2030, en coherencia con las inquietudes sociales, las preocupaciones de la comunidad universitaria y las declaraciones institucionales de las personas representantes de la propia entidad. La metodología empleada se basó en el “Handbook on Constructing Composite Indicators” de la OECD y el JRC para crear un indicador compuesto que permitiera resumir fenómenos complejos de manera simple, comparar entre actores similares con facilidad, y ofrecer información representativa. Las fuentes de los datos empleadas fueron diversas: fuentes online; consultas directas mediante los canales ofrecidos por la Universidad; entrevistas a actores relevantes de la Universidad con diferentes perfiles, experiencias y aproximaciones a la temática; obtención directa de datos mediante la observación in situ; y una encuesta dirigida mediante el Observatorio del Estudiante de la Universidad. Para la definición de los indicadores, un grupo de 30 investigadores e investigadoras de diferentes facultades utilizaron tres niveles de análisis de la actividad universitaria: campus, docencia e investigación, discursos y prácticas institucionales. Como resultado de ello se establecieron indicadores para cada uno de estos tres niveles de análisis referidos a todos los ODS. Tras el proceso de normalización, ponderación y agregación se consolidó un indicador compuesto de más de 400 indicadores, divididos equitativamente en los tres niveles de análisis. Únicamente para una tercera parte de estos indicadores se obtuvieron datos fiables en el primer año de aplicación (2024). El resultado del indicador compuesto en estas condiciones concedió a la Universidad un grado de desempeño medio-bajo. Si bien el número de indicadores utilizados para la construcción del indicador compuesto es suficiente para dar valor a la calificación media-baja de la universidad, estos resultados deben ser corroborados en años sucesivos con el trabajo de recopilación de datos para alcanzar grados de representatividad más cercanos al 100%. Por otra parte, es necesario señalar que, tanto el número de indicadores que conforman el indicador compuesto como sus estándares, también forman parte de un proceso vivo que se alimentará cada año a partir de los resultados iniciales. La revisión de los estándares de los indicadores del sistema establecerá objetivos progresivamente más ambiciosos hasta alcanzar el óptimo para cada uno de ellos y en conjunto en 2030. P. Cotarelo El texto anterior forma parte del resumen de un artículo publicado en el siguiente enlace (págs. 349-358): https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/investigacion/XVIII%20Seminario%20Investigaci%C3%B3n%20Educacion%20Ambiental%20y%2

Reconocimiento por la labor sobre la DANA

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reconocido el papel que ha jugado Ekona en colaboración con Olga Mayoral, subdirectora del Jardín Botánico y profesora de la Universidad de Valencia, al organizar espacios de diálogo y encuentro entre investigadoras e investigadores de disciplinas muy diversas que trabajan en territorios afectados por la DANA. Esta labor incluye múltiples entrevistas y espacios de trabajo con más de 80 personas del ámbito de la investigación, de la gestión, así como de organizaciones de la sociedad civil, con el fin de extraer aprendizajes sólidos sobre las causas, los impactos y los procesos de gestión de un fenómeno tan multidimensional como la DANA de 2024. Estas sesiones han permitido construir una lectura compleja y diversa de la DANA, combinando diferentes aproximaciones y marcos analíticos que enriquecen la comprensión profunda del fenómeno y sus efectos en el territorio. Más información: https://www.jardibotanic.org/?apid=cultura_i_comunicacio&id=721&idioma=_spa P. Cotarelo y O. Mayoral

La necesidad de una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

En un contexto marcado por el cambio climático y por una creciente exposición social, económica y ambiental al riesgo, la reducción del riesgo de desastres (RRD) se ha convertido en una prioridad estratégica. Ya no hablamos solo de emergencias puntuales, sino de un fenómeno estructural que condiciona la seguridad humana, la estabilidad económica y la sostenibilidad. Los desastres, cada vez más frecuentes y complejos, son el síntoma visible de un sistema que necesita anticipación, cooperación y conocimiento compartido. En este sentido, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado por los Estados Miembros de la ONU el 18 de marzo de 2015 en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en la ciudad japonesa de Sendai, Prefectura de Miyagi. Este marco tiene como objetivo general lograr la reducción sustancial del riesgo y de las pérdidas por desastres en vidas, medios de vida y salud, así como en los activos económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de personas, empresas, comunidades y países durante los próximos años. Sus Metas específicas son las siguientes: Plataformas para la Reducción de Riesgos de Desastres La Plataforma Global es un foro para el intercambio de información, la realización de debates sobre los últimos acontecimientos, la socialización de conocimiento y el establecimiento de alianzas entre los distintos sectores, con el propósito de aumentar la implementación de la reducción del riesgo de desastres mediante una mejor comunicación y coordinación entre los distintos grupos interesados. Esta plataforma permite que los gobiernos, las ONG, los científicos, los profesionales en distintos campos y las organizaciones de las Naciones Unidas compartan experiencias y acuerden lineamientos estratégicos para la aplicación del Marco de Sendai. Las Plataformas Regionales son foros multisectoriales que reflejan el compromiso de los gobiernos para mejorar la coordinación y la realización de actividades para la reducción del riesgo de desastres, mientras establece nexos con iniciativas nacionales e internacionales. Asimismo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) fomenta el establecimiento de mecanismos de coordinación multisectorial para la RRD, tales como las Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres, a fin de destacar la relevancia, el valor agregado y la rentabilidad de un enfoque coherente y coordinado para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito nacional. En España, la creación de esta Plataforma Nacional no partiría de cero ya que existe el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Este plan, que forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, ya establece la arquitectura estratégica necesaria para, o bien utilizarla directamente como el espacio desde el que dirigir las investigaciones y acciones en materia de RRD, o bien como un modelo inspirador para crear un órgano ad hoc específicamente dedicado a esta misión. La urgencia de crear esta Plataforma Anticipar el riesgo es hoy una cuestión de responsabilidad pública y colectiva. La creciente frecuencia de fenómenos extremos, la exposición de infraestructuras críticas y la desigualdad en la capacidad de respuesta exigen una estructura estable de coordinación que funcione de manera permanente y transversal. Solo una visión integrada, que combine ciencia, planificación territorial y cooperación institucional, puede ofrecer una respuesta coherente a los desafíos de esta nueva realidad. La creación de esta Plataforma es una necesidad estratégica. La justificación se basa en dos pilares interconectados: 1. La nueva realidad de los desastres: la complejidad, intensidad y frecuencia de algunos desastres están aumentando debido, con mucha frecuencia, al cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más vinculados a este fenómeno, no entienden de fronteras administrativas ni de competencias sectoriales. Los desastres actuales no son eventos aislados, sino crisis encadenadas e interconectadas. Un incendio forestal no es solo un problema para los bomberos; afecta a la biodiversidad, a la calidad del aire, a la salud pública, a la economía local y a las infraestructuras. Entender esta red de interdependencias es la clave para anticipar y reducir los impactos antes de que se transformen en catástrofes. Gestionarlo de forma efectiva requiere de una visión integral que solo puede lograrse con una coordinación multisectorial permanente. 2. La coherencia y la eficiencia: actuar de forma aislada y fragmentada es ineficiente y costoso. Una Plataforma Nacional permite un enfoque coherente y coordinado. Esto significa: – Evitar duplicidades entre diferentes administraciones. – Compartir información: crear un flujo de datos e inteligencia sobre riesgos que beneficie a todos los actores implicados. – Optimizar recursos: invertir de forma más inteligente en prevención, preparación y respuesta, obteniendo un mayor retorno en seguridad para la ciudadanía. – Dar relevancia: elevar la reducción del riesgo de desastres a la máxima prioridad política, reconociendo su valor crucial para el desarrollo sostenible del país. Hacia una Cultura de la Prevención El verdadero valor de una Plataforma Nacional para la RRD va más allá de la gestión de la emergencia cuando el desastre ya ha ocurrido. Su misión más importante es fomentar una cultura de la prevención. En lugar de limitarnos a ser reactivos —a esperar a que ocurra lo peor para actuar—, esta Plataforma permitiría un trabajo proactivo que permitiría identificar los riesgos antes de que se materialicen, de fortalecer las infraestructuras críticas, de educar a la población, de planificar el uso del territorio de forma más segura y de asegurar que nuestros sistemas de alerta temprana sean lo más robustos posibles. Fomentar la cultura de la prevención es también fomentar la equidad. Los desastres afectan con mayor dureza a las comunidades más vulnerables (quienes viven en viviendas precarias, en zonas de riesgo o con menos acceso a la información). Una Plataforma Nacional puede convertirse en un instrumento para fortalecer la justicia territorial y social, garantizando que nadie quede atrás ante los impactos climáticos y ambientales. Al estar anclada en estructuras ya existentes como las derivadas del Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, y con el respaldo del Consejo Nacional de Protección Civil, la Plataforma tendría la autoridad y la capacidad para impulsar este cambio de mentalidad,

Gobernar la ciudad más allá de la ciudad

Las grandes áreas urbanas del siglo XXI ya no caben dentro de los límites de sus municipios. La expansión de las ciudades, la movilidad diaria entre localidades y los retos compartidos —desde la vivienda hasta el cambio climático— exigen una gobernanza metropolitana, capaz de coordinar decisiones que afectan a millones de personas y a territorios interconectados. Pensar en una escala metropolitana Las ciudades actuales funcionan como redes vivas. Las personas residen en un municipio, trabajan en otro, consumen recursos que vienen de un tercero y generan impactos ambientales que se extienden mucho más allá de sus fronteras administrativas. En este contexto, los problemas urbanos —movilidad, contaminación, vivienda, gestión del agua o residuos— ya no pueden resolverse de forma aislada. Por otro lado, el cambio climático agrava esta situación. Las emergencias asociadas a fenómenos extremos, como las DANA (depresiones aisladas en niveles altos) que afectan recurrentemente al Mediterráneo, o los incendios, revelan las limitaciones de la gestión fragmentada. Cuando cada ayuntamiento actúa por su cuenta, se ralentiza la respuesta y se pierden recursos valiosos. La gestión de riesgos climáticos, como inundaciones, olas de calor o incendios forestales, exige una visión que trascienda los límites municipales y aborde los fenómenos a escala territorial. Las decisiones sobre urbanización, infraestructuras o usos del suelo en un municipio pueden tener efectos directos sobre los territorios vecinos. Una planificación metropolitana permite delimitar los usos del suelo con una visión amplia, garantizar una proporción adecuada de superficies permeables e infraestructuras capaces de absorber y retener el agua, asegurar espacios de laminación y drenaje, y revisar infraestructuras supramunicipales que pueden actuar como barreras o trampas de avenidas. Al mismo tiempo, esta escala de gestión facilita coordinar la disponibilidad de refugios climáticos de distinta tipología, organizar redes de centros sanitarios y logísticos para atender a población desplazada, y prever espacios de acopio y distribución de ayuda en emergencias de gran escala. Esta mirada integral amplía el foco de la gestión del territorio y permite responder con mayor eficacia y equidad ante la complejidad de los riesgos contemporáneos. Un órgano metropolitano ofrece un marco institucional común para coordinar políticas, compartir infraestructuras, optimizar servicios y anticipar riesgos climáticos, orientado a gobernar el territorio real, y no solo el nivel administrativo. Barcelona como referencia: una gestión integrada El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es el ejemplo más avanzado de este tipo de gobernanza en España. Agrupa a 36 municipios y gestiona competencias amplias que van desde el urbanismo hasta la movilidad, la vivienda, el medio ambiente o el desarrollo económico. Algunas de sus áreas clave son las siguientes: • Ordenación del territorio y urbanismo: planifica el crecimiento urbano con criterios de sostenibilidad, equilibrio social y eficiencia territorial. • Transporte y movilidad: coordina autobuses, metro y redes metropolitanas, fomentando la intermodalidad y la reducción de emisiones. • Medio ambiente y sostenibilidad: gestiona el ciclo del agua, los residuos y programas de protección ambiental y biodiversidad, incluyendo un plan metropolitano de lucha contra el cambio climático. • Energías renovables: impulsa instalaciones sostenibles y apoya la transición energética de los municipios. • Vivienda y cohesión social: actúa por delegación de los ayuntamientos para garantizar una política de suelo solidaria entre municipios. • Desarrollo económico y empleo: fomenta la innovación, la creación de empresas y la competitividad regional. Este modelo demuestra que la cooperación institucional amplía la capacidad de acción frente a desafíos que ningún municipio puede resolver por sí solo, aunque la capital sea tan importante como Barcelona. Una oportunidad por aprovechar frente a los desafíos actuales El contraste entre AMB y las mancomunidades de municipios que existen muestra cómo un órgano metropolitano integra la planificación estratégica y coordina los recursos, mientras que las mancomunidades actuales se limitan a la gestión de servicios puntuales, lo cual no alcanza la escala estratégica necesaria para abordar los grandes retos urbanos y ambientales de la región que abarcan. Ciudades como Valencia y su entorno forman una de las áreas metropolitanas más dinámicas del Mediterráneo, con un metabolismo social integrado: los flujos de personas, recursos, energía y residuos circulan diariamente entre municipios. Pero carece de un órgano político capaz de coordinar ese metabolismo y transformarlo hacia la sostenibilidad. Algo similar sucede en otras áreas metropolitanas, que existen en la realidad socioeconómica pero no en la administrativa. Crear un ente metropolitano de gestión —con competencias claras en movilidad, vivienda, planificación territorial y adaptación climática— permitiría mejorar la eficiencia institucional, reducir duplicidades y anticipar riesgos ambientales como los derivados del cambio climático. Adaptación al cambio climático: una visión integrada La creación de órganos metropolitanos no es solo una cuestión de gobernanza, sino una estrategia de adaptación climática. Las aglomeraciones urbanas concentran población, infraestructuras críticas y emisiones, pero también concentran capacidad de innovación y de acción colectiva. Un sistema metropolitano bien diseñado puede: • Coordinar planes de emergencia y protección civil ante fenómenos extremos, integrando la gestión de riesgos climáticos (inundaciones, olas de calor e incendios…) mediante infraestructuras de refugio, sistemas de alerta temprana y redes supramunicipales de asistencia y apoyo. • Gestionar el ciclo del agua y los residuos de forma integrada. • Reducir las emisiones mediante transporte público y energía limpia. • Planificar la expansión urbana evitando zonas de riesgo climático. • Impulsar la resiliencia económica y social, garantizando igualdad territorial. En definitiva, permite pasar de la reacción a la prevención estratégica, con decisiones basadas en datos y cooperación, y a la cultura de la resiliencia, con estructuras y mecanismos diseñados para garantizar la capacidad de resistir. P. Cotarelo y O. Mayoral

Conocimiento del territorio frente a la crisis climática

La actualidad nos coloca ante aparentes paradojas como el hecho de que vivimos en un mundo de conexiones globales con cantidades ingentes de información disponible sobre cualquier tema casi en tiempo real, pero a menudo desconocemos los detalles del lugar que pisamos y del que dependemos para las actividades más básicas. Quizás sabemos más de las capitales del mundo occidental que de la historia geológica de nuestro valle, río o montaña, y estamos más familiarizados con las tendencias internacionales que con los patrones de lluvia, los vientos dominantes o los procesos de regresión o avance de nuestra línea de costa tras los temporales. Sin embargo, en un contexto de cambio climático, este desconocimiento de nuestro territorio se ha convertido en un lujo muy arriesgado. Más allá del mapa: un conocimiento vivo y multidimensional Ahora bien, conocer un territorio no es solo poder señalar sus fronteras en un mapa. Significa comprender su ecología, su historia, su cultura y sus relaciones humanas. Es entender, por ejemplo, por qué un ecosistema es resiliente al fuego y otro no, o cómo la gestión del territorio del pasado condiciona los riesgos del presente. Se trata de apreciar su antropología, su memoria colectiva y sus relatos, han sabido leer las señales del clima a lo largo de las generaciones. Conocer el territorio también implica reconocer los distintos “saberes situados” que lo explican: el conocimiento científico, el técnico, el campesino, el tradicional o el emocional. El conocimiento situado, el que nace de la experiencia directa con el entorno, complementa la ciencia académica y enriquece la toma de decisiones locales. Todos ellos aportan piezas esenciales de una misma realidad, donde la observación cotidiana y la experiencia directa son tan valiosas como los datos satelitales o los informes técnicos. El objetivo de un mejor y más comprehensivo conocimiento del territorio es dotar a las personas de una «lente territorial» con la que interpretar su realidad, comprendiendo, por ejemplo, que un barrio construido sobre un cauce natural seco no es solo un dato urbanístico, sino un futuro riesgo de inundación. Esta “lente” permite conectar conocimiento y responsabilidad, y entender que cada decisión local forma parte de un sistema interconectado. Herramientas para una revolución educativa local La necesidad de una “lente territorial” para interpretar la realidad interpela al conjunto de la sociedad. Por ello, el conocimiento sobre el entorno local debe basarse en un ecosistema educativo adaptado a las realidades sociales y generacionales. En este contexto, el desarrollo de una “competencia climática–territorial” se vuelve clave. Esta competencia puede definirse como la capacidad para comprender el territorio que se habita, identificar riesgos y vulnerabilidades asociados al clima, y actuar de manera individual y colectiva para prevenir, mitigar y adaptarse, participando en la gestión y gobernanza local. El marco europeo GreenComp sobre competencias en sostenibilidad proporciona una referencia útil para orientar esta competencia. Entre sus 12 competencias destacan el pensamiento sistémico, la contextualización de los problemas y la acción colectiva, todas ellas estrechamente vinculadas al conocimiento territorial. La integración de estos elementos en el currículo educativo asegura que cualquier persona que pase por nuestro sistema educativo adquiriera una base sólida de lectura del paisaje, análisis del riesgo y compromiso con su entorno. Una pedagogía de este tipo debería comprender elementos tales como: El conocimiento como antídoto contra la vulnerabilidad Aunque sea incómodo hacerlo, es necesario reconocer que la vulnerabilidad es desigual. La vulnerabilidad a los efectos del cambio climático o a otros fenómenos no es la misma para todas las personas ni en todas las etapas de la vida. Ésta depende de factores sociales, económicos y de género. Por ejemplo, una persona mayor que vive sola en una planta baja, sin red familiar y con movilidad reducida, es intrínsecamente más vulnerable a una inundación que un joven en un piso alto. El conocimiento del territorio es un «igualador crítico» ya que empodera a las personas más vulnerables, dándoles los recursos cognitivos y prácticos para entender su riesgo y saber cómo actuar. La justicia climática empieza reconociendo que no todas las comunidades enfrentan las mismas amenazas ni disponen de los mismos recursos para afrontarlas. Conocer el territorio, entonces, no es solo una cuestión educativa, sino también ética y política. Hacia una ciudadanía arraigada y resiliente Un plan integrado de conocimiento del territorio es una estrategia fundamental de adaptación al cambio climático y de construcción de resiliencia social. Es la diferencia entre ser espectadores pasivos de los desastres y ser agentes activos de nuestra propia seguridad. Se trata de una iniciativa profundamente democrática que devuelve el poder del saber a la sociedad. Lo es porque fomenta una ciudadanía «arraigada», con raíces profundas en la comprensión de su entorno, capaz de disfrutar de él y de leer las señales de alarma, de participar en las soluciones y de cuidar el lugar que considera su hogar. Sentir el territorio como propio es el primer paso para cuidarlo colectivamente, para reconocer en él una extensión de nuestra propia historia y de nuestra vida compartida. En un mundo de emergencia climática, el conocimiento hiperlocal, el que se adquiere caminando, observando y escuchando, se convierte en la primera línea de defensa, en la base de nuestra seguridad. O. Mayoral y P. Cotarelo

Adaptar el territorio a sus límites: una nueva mirada a la sostenibilidad regional

En el contexto del cambio climático, en el que el desarrollo humano empuja cada día más los límites biofísicos, pensar el territorio desde su capacidad de carga ya no es una cuestión académica, sino una necesidad urgente. Las ciudades y regiones deben aprender a funcionar como organismos sostenibles, capaces de mantener su vitalidad sin agotar los recursos naturales ni deteriorar el entorno del que dependen. El metabolismo social: entender la vida del territorio Así como un organismo necesita energía y nutrientes para sobrevivir, las sociedades humanas también tienen un metabolismo: extraen recursos, los transforman, producen bienes y generan residuos. Este flujo constante de materia, energía e información configura el llamado metabolismo social. Aplicar este enfoque al territorio permite medir su capacidad de carga, es decir, determinar hasta qué punto puede soportar una determinada presión humana sin deteriorarse. Al identificar unidades metabólicas regionales, se pueden analizar los intercambios entre la naturaleza y la sociedad y, a partir de ahí, orientar las políticas públicas hacia una adaptación realista. El objetivo es alinear el funcionamiento de la sociedad con los ritmos y límites del ecosistema. Cuando una región consume más de lo que su entorno puede regenerar, se debilita a largo plazo. Por el contrario, una planificación que respeta su metabolismo construye resiliencia y bienestar duradero. Más allá del urbanismo clásico El diseño urbano tradicional ha tendido a centrarse en la relación entre población y suelo construido, pero lo ha hecho de forma parcial. Las ciudades crecen empujadas por necesidades demográficas, económicas o políticas, y esa expansión a menudo genera impactos ambientales y sociales difíciles de revertir. La historia de los últimos siglos es la historia en la que el desarrollo urbano y la distribución de la población están profundamente entrelazados. No se trata solo de dónde viven las personas, sino de cómo se distribuyen las funciones del territorio, qué movilidad requieren, qué consumo energético implican y cómo transforman el paisaje. Los sistemas urbanos son combinaciones complejas de factores económicos, sociales, ecológicos y culturales. Comprender su sostenibilidad exige verlos como un todo, no como piezas separadas. En este sentido, el enfoque metabólico permite integrar esa complejidad: medir los flujos, entender sus interacciones y diseñar políticas coherentes con la realidad material de cada región. Urbanización y resiliencia El modo en que se urbaniza un territorio define su resiliencia frente a fenómenos tan disruptivos como el cambio climático. Mientras que una expansión dispersa incrementa el consumo energético y la fragmentación del hábitat, una densificación excesiva puede colapsar los servicios básicos. En ambos extremos, se rompe el equilibrio del metabolismo urbano. Por el contrario, analizar la relación entre población y suelo edificado permite detectar esas tensiones y rediseñar los patrones de ocupación, en relación, por ejemplo, con la reducción de la dependencia del transporte motorizado, con la promoción de la autosuficiencia energética o con la integración de los espacios verdes en la estructura urbana. El resultado de la incorporación de una visión resiliente al urbanismo permite pasar de ciudades que consumen el territorio a ciudades que conviven con él. Hacia un nuevo pacto territorial Adecuar la adaptación a la capacidad de carga significa, en el fondo, redefinir la relación entre la sociedad y su entorno. Implica reconocer que el bienestar humano no depende de dominarlo, sino de convivir con él dentro de límites sostenibles. Este enfoque da lugar a lo que podríamos llamar un pacto metabólico. Es decir, un acuerdo implícito entre la población y su territorio para mantener un equilibrio funcional. Cuando ese pacto se rompe —por sobreexplotación, contaminación o desigualdad territorial—, el sistema entra en crisis. Adoptar una metodología basada en el metabolismo social permite reconstruir ese pacto con bases científicas y políticas sólidas orientándolo hacia la sostenibilidad funcional, donde la prosperidad no se mida solo en crecimiento económico, sino en estabilidad ecológica, equidad social y calidad de vida. Una metodología con vocación práctica La forma concreta de incorporar el metabolismo social a la planificación territorial y climática podría basarse en cuatro pasos esenciales: 1. Delimitar unidades metabólicas regionales Espacios donde los flujos de energía, agua, materiales y población se comportan de manera coherente. Estas unidades permiten analizar cada territorio como un sistema vivo. 2. Evaluar la capacidad de carga Determinar el punto en que la presión humana —urbana, industrial, agrícola o turística— supera la capacidad del entorno para regenerarse. Este cálculo integra factores ecológicos, sociales y económicos. 3. Ajustar las políticas públicas Traducir los resultados del análisis en decisiones concretas: dónde expandir o densificar, cómo planificar la movilidad, qué usos del suelo priorizar o qué límites imponer al consumo de recursos. 4. Monitorear y adaptar Los territorios cambian, y las políticas deben cambiar con ellos. Por eso es necesario un sistema de seguimiento continuo, con indicadores que permitan ajustar las estrategias en tiempo real. P. Cotarelo y O. Mayoral

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