La crisis del coronavirus es de una escala similar, y posiblemente aún mayor, a la gran crisis de 2007-9. Su impacto podría ser decisivo en el desarrollo a largo plazo de la economía mundial por dos razones. En primer lugar, el capitalismo neoliberal financiero entró en la crisis en un estado de debilidad estructural, especialmente en los Estados Unidos. Si la ponemos en contexto, en la crisis financiera de 2008, los principales Estados nacionales tomaron medidas para rescatar las finanzas, prevenir amenazas estructurales a la financiarización y la globalización; además de cargar los costes de los ajustes a las personas trabajadoras y pobres. No es de extrañar, entonces, que los años desde 2009 a 2019 lleven los signos de un sistema social en declive, atrapado en conflictos de intereses ingestionables. Durante este período, la inversión, la producción y la acumulación de capital fueron históricamente débiles, particularmente en Europa. Aún más notable fue la debilidad del crecimiento de la productividad, a pesar de la retórica constante sobre una nueva «revolución industrial» a través de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, se mantuvieron las profundas desigualdades de la financiarización neoliberal e incluso empeoraron, ya que los ricos estaban protegidos por la maquinaria estatal. Finalmente, se hizo evidente, incluso para algunos economistas obstinadamente pro-sistémicos, que el núcleo del capitalismo global estaba estancado.
En segundo lugar, los estados se han visto obligados a aplicar políticas extraordinarias debido a la diferente naturaleza de la crisis. De hecho, nunca ha habido una crisis similar en la historia del capitalismo. En este contexto extraordinario, como en otros momentos similares de la historia, hay luchas entre intereses conflictivos que implican cambios significativos en las sociedades, incluso en algunos casos, cambios de paradigma. En los últimos meses, se han mostrado signos que indicaban que los representantes del capital internacional y de los oligarcas nacionales están intentando conducir la crisis hacia sus intereses, en contra de los medios de vida de los trabajadores. La manera de evitarlo y de obtener un nuevo contrato social basado en los intereses de las mayorías social y laboral es saber qué nuevas limitaciones nos impone esta crisis y ser valientes a la hora de proponer nuevas estructuras socioeconómicas y mecanismos de convivencia.
El carácter diferenciado de la crisis del coronavirus
En primer lugar, los confinamientos afectaron inmediatamente al lado de la producción y a la circulación de bienes y servicios. Se produjo un impacto importante en la manufactura que interrumpió las cadenas de suministro interconectadas y el comercio internacional, reduciendo la disponibilidad de insumos. El choque fue manifiestamente más grave en el campo de la prestación de servicios, especialmente en viajes, turismo, entretenimiento, restaurantes, hoteles, pubs, etc. En segundo lugar, los confinamientos también afectaron inmediatamente al lado de la demanda mundial, al restringir el contacto social y obligar a las personas a permanecer en casa. El consumo disminuyó apresuradamente, causando un salto en el ahorro; tal vez también como respuesta a la profunda incertidumbre creada por la enfermedad y las respuestas sin precedentes de los estados. La inversión se ha desmoronado por igual, ya que las empresas dejaron de lado sus planes de inversión ante la extrema incertidumbre. En tercer lugar, los confinamientos también afectaron a las finanzas, desinflando inmediatamente las burbujas de los mercados bursátiles de todo el mundo, pero también restringiendo los flujos de capital a los países en desarrollo y aumentando la perspectiva de una crisis financiera mundial en su expresión final.
Ante el desastre económico producido por el parón en la actividad, los estados nación tuvieron que responder con urgencia.
El gobierno de los Estados Unidos fortaleció su hegemonía mundial mediante el suministro de dólares, pero el resto de sus intervenciones fueron mucho menos seguras. Así, suministró enormes cantidades de liquidez a la economía nacional a través de su banco central, la Reserva Federal (Fed), llevando las tasas de interés prácticamente a cero y animando a las empresas privadas a endeudarse.
Dada la escasez de liquidez internacional, a medida que los flujos de capital se secaban y el comercio se veía afectado, la Reserva Federal volvió a intervenir y contribuyó con dólares a través de canjes en los bancos centrales con los que también había negociado en la crisis anterior. No sólo eso, sino que la Fed también permitió a las instituciones obtener dólares cambiando bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Además, parece que la necesidad más apremiante de dólares esta vez no se originó en los bancos europeos involucrados en transacciones especulativas con bancos estadounidenses, sino con instituciones japonesas que anteriormente habían proporcionado fondos en el mercado de pasivos titulizados de préstamos entre empresas estadounidenses. Las acciones del gobierno de los Estados Unidos indicaron que se pretendía evitar cualquier amenaza al papel del dólar como moneda mundial. El dólar se volvería aún más dominante después de la crisis.
El contraste con China es notable. Las políticas económicas adoptadas por China reflejan la estructura de su economía, mucho menos financiarizada, así como su diferente equilibrio interno de poder. En lugar de depender principalmente de incentivos a las empresas privadas, el estado chino impulsó el empleo directamente a través de la movilización de empresas operadas por el estado, que siguen siendo cruciales para el núcleo de su economía. También lanzó un amplio programa de inversión pública en nuevas tecnologías, incluyendo el 5G. Aun así, el estado chino ha decidido no centrar sus esfuerzos en apoyar los ingresos personales, transfiriendo gran parte de la carga a los pobres, y se ha inclinado proporcionalmente menos en el suministro de crédito a través del banco central. La crisis económica es, sin duda, grave en China, pero el resultado es más leve en términos de desempleo y acumulación de capital.
El contraste con la UE es igualmente fuerte. En la UE, la crisis fue afrontada, en gran medida, de forma independiente por cada estado nación, sin coordinación alguna. Para los estados de la UE que forman parte del euro, la respuesta monetaria fue dictada por el Banco Central Europeo (BCE), que inicialmente fue reacio a proporcionar liquidez barata y abundante, pero finalmente introdujo su Programa de Pandemia, que la ofreció de manera abundante. Es esencial tener en cuenta que el programa contraviene los últimos remanentes del funcionamiento basado en normas del BCE, en total contraste con la lógica de su sistema institucional. El banco central proporcionaría liquidez al aceptar bonos estatales de baja solvencia crediticia (como los de Grecia) y rompiendo la «clave de capital» de sus estados miembros, es decir, en proporciones no relacionadas con su contribución a su capital. Días después de que se adoptaran estas medidas, el Tribunal Constitucional alemán tomó una decisión que impugna las políticas de suministro de liquidez que el BCE ha aplicado desde 2014. Eso supone un golpe a las políticas actuales del BCE y a la legislación europea, que puede tener profundas implicaciones para la supervivencia de la zona del euro.
Sin embargo, las diferencias más pronunciadas se relacionan con la política fiscal. También a este respecto, se abandonó el proceso de toma de decisiones basado en normas a favor de la discrecionalidad, que naturalmente sería ejercida por los estados nacionales. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que supuestamente establecía el marco de la política fiscal en la UEM y más allá, fue suspendido, con lo cual se declaró de hecho una tregua en la austeridad. Los Estados nacionales podrían gastar de acuerdo a sus recursos. Al mismo tiempo, también se suspendió la regulación de las ayudas estatales, que controla la extensión de la ayuda estatal a la industria nacional con la supuesta intención de crear un «campo de juego equilibrado» en la UE. Los estados nacionales también podrían apoyar a sus industrias de acuerdo con sus recursos. Así pues, el euro perdió todos los últimos rastros de funcionamiento basado en reglas.
En abril, los gobiernos de la zona euro acordaron que se habilitarían 250.000 millones de euros como créditos para gastos en salud; se proporcionarían préstamos de 100.000 millones de euros para cubrir las subvenciones al desempleo; y se ofrecieron 25.000 millones como garantía de crédito para préstamos a pymes. Sin embargo, fue mucho más importante la propuesta de la Comisión Europea de poner en marcha un fondo de recuperación que habilitaría 750.000 millones de euros para gastos fiscales, de los cuales 400.000 millones serían en forma de subvenciones y el resto como préstamos baratos durante el período 2021-24. Los principales receptores serían las periferias de Europa Meridional y Central de la UE. El dinero se obtendría con endeudamiento de la Comisión en los mercados abiertos y se devolvería a través de impuestos adjuntos al presupuesto de la Comisión. La iniciativa de la Comisión impulsó a la UE hacia una forma de deuda conjunta, pero lo que es más importante, indicó que los países hegemónicos han comenzado a darse cuenta de la magnitud de la amenaza existencial para la UE que supone el coronavirus. Los detalles del plan aún están por anunciar, pero el cambio de dirección es importante.
Esta respuesta, aparentemente unificada, es una prueba más de que las viejas divisiones que habían asolado a la UE en el curso de la crisis de la eurozona han reaparecido con un nuevo disfraz. Una vez más Alemania es la protagonista. Está en el camino de reforzar su posición hegemónica, y su élite dirigente comienza a darse cuenta de que la nueva crisis podría inhabilitar decisivamente el mercado de la UE, que es efectivamente un mercado interno alemán. El punto fundamental aquí es que incluso si finalmente se hace un fondo común de alguna sustancia bajo el liderazgo de Alemania y Francia, esto no aumentará las fuerzas integradoras en la UE.
El terreno por delante
Al considerar cómo cubrir el costo de la crisis, es esencial tener en cuenta que es similar a una crisis capitalista que requiere un impulso en la demanda para evitar que los recursos existentes se inutilicen y se degraden. El costo inicial debe ser cubierto con endeudamiento público. En ningún caso deben aplicarse medidas generales de austeridad, que generarían una contracción de la prestación sanitaria y la reducción de los salarios. Cuando se movilicen los recursos existentes, estos generarán rendimientos a través de los cuales se cubrirán los costes iniciales. Para evitar problemas de distribución derivados de la deuda, que dan a los ricos reclamaciones adicionales sobre los recursos futuros, debe aumentar la tributación de los ricos, así como cancelaciones selectivas de deuda.
La intervención sostenida del gobierno para reestructurar la oferta, permitiéndole responder al impulso de la demanda, es mucho más crucial a este respecto. La debilidad de la oferta después de años de financiarización neoliberal y concentración de poder en manos de nuevos monopolios necesita pasos mucho más audaces que proporcionar crédito barato a las empresas privadas. La situación requiere una ola de inversión pública y un profundo cambio en la gestión de la propiedad y los recursos en interés de los trabajadores y la mayoría social. La crisis podría conducir a un cambio en el equilibrio de poder en su favor.
A este respecto, también es crucial tener en cuenta que, si bien algunos proveedores de servicios, como hoteles y restaurantes, han sido devastados, otros que requieren un contacto físico limitado, como Amazon, se han beneficiado enormemente. La prestación del servicio (incluso dentro de la fabricación) también se ha visto afectada por el auge de las instalaciones de vídeo-conferencias, que han beneficiado a los gigantes tecnológicos avanzados, como Microsoft. Los principales monopolios de la era de las finanzas, cuyo poder deriva de las nuevas tecnologías, saldrán de la crisis fuertemente reforzados si no se toman medidas para impedirlo.
En este momento de extrema dificultad, los gobiernos también deben proporcionar ingresos que permitan a las familias superar al menos el umbral de pobreza, y hacerlo durante un largo período de tiempo hasta que la recuperación económica esté en marcha. Esto debe incluir a los pensionistas, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores pobres y los desempleados que de otro modo no tendrían acceso a ningún subsidio. A este respecto, la adopción de una Renta Básica de Pandemia (RBP) sería un paso importante para impulsar la demanda de manera sostenida y crear condiciones favorables para una intervención pública audaz en el lado de la oferta. La Renta Básica de la Pandemia funcionaría como un impuesto sobre la renta de carácter negativo. Esto significa que esta renta podría ser recaudada parcial o totalmente en la declaración al final del año fiscal. Esta medida tendría un fuerte impacto en la demanda. Estimamos que el efecto multiplicador de los gastos en España sería superior a 1,3. Esto significa que cada euro gastado aumentaría el PIB en más de 1,3 euros. Por lo tanto, el impacto expansivo en la demanda de cada euro gastado sería significativo, reduciendo el tamaño del déficit con el aumento del PIB. Además, esto significaría que una parte de este gasto volvería al estado en forma de impuestos. Nuestras estimaciones conservadoras son que al menos el 50% de los gastos serían recaudados a través de impuestos. El efecto combinado del multiplicador de gastos y la recuperación de los ingresos fiscales reduciría el costo fiscal de esta renta al 3,9% del PIB. Un análisis de sensibilidad y la ampliación del pago de la RBP de 8 a 12 meses nos proporciona un rango del 2% al 6% del PIB de costo fiscal neto. Además, estimamos que habría un ahorro mínimo de 15.000 millones de euros en prestaciones de desempleo hasta finales de año, ya que ambos subsidios serían complementarios al importe de la Renta Básica de la Pandemia. Además, evitaría que el presupuesto de salud pública creciera en varios miles de millones de euros.
Una Renta Básica de Pandemia adecuadamente definida, podría demostrarse una herramienta importante para hacer frente a la crisis y cambiar el equilibrio social en favor de la clase trabajadora. Podría ser una manera efectiva de dar un golpe al capitalismo neoliberal que ha dominado la vida económica y social durante cuatro décadas. La RBP sería un elemento clave para reactivar la demanda y, por supuesto, mejorar las condiciones de vida de la población. Además, es el paso necesario para generar el apoyo para que las inversiones públicas den sus frutos en la reactivación y reestructuración de la oferta, lo que podría facilitar una transición desde la RBP a la inserción laboral de sus beneficiarios.
A este respecto, es esencial tener en cuenta que la inversión pública para la recuperación debe estar sujeta a determinadas condiciones sociales. La inversión pública debe formar parte de un plan de transformación social y ambiental. Cuando la intervención pública directa no sea una opción, los fondos de recuperación proporcionados a empresas privadas en forma de crédito o subvenciones deben condicionarse a indicadores ambientales, sociales y gubernamentales (ESG) que sean representativos de estos tres pilares, y que puedan ser medidos y objetivados a través de certificación o auditoría. Además, esto debe permitir evaluar correctamente el impacto social, ambiental y en la gobernanza de la inversión pública. La generalización de este sistema de certificación ESG requeriría aplicarlo a la contratación pública, que representa el 14 % del PIB en la UE. Estas condiciones favorecerían que las grandes empresas transiten hacia mayores grados de sostenibilidad y reequilibrarían la provisión de fondos públicos en favor de las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para mantener el empleo y constituyen una importante columna vertebral social.
Además, el plan de recuperación necesita profundidad y amplitud, lo que significa que necesita una amplia extensión con un alto grado de granularidad institucional. Para tener éxito en este sentido, el esfuerzo del plan de recuperación debe distribuirse entre los diferentes niveles de las administraciones públicas, con especial énfasis en las administraciones locales, que deberían ver un aumento de su financiación y su capacidad política. Los planes de recuperación locales deben ajustarse y reforzarse con políticas sociales e industriales de nivel superior, que sean coherentes con las necesidades y recursos específicos de cada región.
Servicios públicos e impuestos
Para reforzar el alcance de la oferta de nuestras economías y mejorar la resiliencia de nuestras sociedades en caso de una crisis futura, se deberán desmercantilizar y reforzar los servicios públicos que han estado bajo tensión durante la crisis y que no han podido responder adecuadamente. Los servicios de salud y atención social, además de los sistemas de transporte público y logística, y la educación pública, requieren una atención especial.
Para ello, será necesario aumentar el carácter progresivo de los sistemas tributarios, evitando que las empresas que no cumplan las condiciones mínimas de interés común accedan a las ayudas públicas, limitando las fugas de capital, aumentando la fiscalidad a las grandes empresas y prohibiendo la elusión fiscal. En Canadá, Dinamarca, Francia y Polonia, por ejemplo, las empresas con sedes registradas en la lista de paraísos fiscales de la UE no podrán acceder a subvenciones públicas que se concedan para proteger el suministro de bienes y servicios a nivel nacional, proteger los puestos de trabajo y mantener los ingresos fiscales. Estas modestas medidas deben generalizarse y profundizarse para poner fin a la elusión fiscal y cerrar todos los paraísos fiscales.
Otra sugerencia interesante es la de Portugal, aunque hasta ahora no ha habido ninguna medida específica al respecto, en la que tanto el gobierno como la oposición han defendido públicamente que los bancos no deben obtener ningún beneficio durante los años 2020 y 2021, y que deberían aumentar la provisión de crédito para apoyar a la economía a cambio de los rescates que recibieron después de 2008. Esta debería ser la segunda mejor alternativa a la nacionalización de los grandes bancos.
Conclusión
Las relaciones económicas y sociales existentes se remodelarán profundamente a medida que los gobiernos tomen medidas para hacer frente a la crisis. Esto no significa en absoluto que el neoliberalismo se vaya a destruir a sí mismo. Los conflictos sociales de clase y de otros tipos, se agudizarán; de hecho, ya lo están haciendo. La inevitable turbulencia ofrece una oportunidad histórica a la izquierda para cambiar el equilibrio de fuerzas en beneficio del trabajo y contra el capital.
Por todo ello, será absolutamente necesario presionar y llevar a cabo acciones concertadas, desde abajo, que obliguen a las fuerzas dominantes del capital a retroceder. La demanda de una Renta Básica de Pandemia podría desempeñar un papel muy importante en este sentido.
C. Lapavitsas, L. Torrens, S. Cutillas y P. Cotarelo
Artículo originalmente publicado en: https://sobiranies.cat/es/confrontant-la-crisi-del-coronavirus-per-una-renda-basica-de-pandemia-amb-evidencia-despanya/