Claves para el análisis del modelo fiscal con perspectiva de género
La política fiscal es el principal instrumento del Estado para distribuir la riqueza entre la ciudadanía de un país. La arquitectura específica de cada sistema fiscal es muy relevante desde diferentes puntos de vista para su propia sostenibilidad, entre ellos, desde la perspectiva de género. En este sentido, la política fiscal no puede ser ciega a las desigualdades de género, pues, en todo caso, o las fomenta o las reduce. Tanto es así, que tener en cuenta el impacto de género del diseño fiscal puede contribuir a la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres o, por el contrario, puede contribuir a reforzar las normas sociales que reproducen la discriminación y la precariedad que sufren las mujeres. Por lo tanto, toda estructura fiscal sólida exige un diseño estratégico en clave de igualdad además del deber de apoyarse en políticas públicas que preparen el terreno para estos avances. Cabe mencionar también que tanto la UE como el Estado español están obligados a la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres así como a incluir la perspectiva de género con un enfoque transversal, a través del Tratado de Ámsterdam, la Constitución española y la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, respectivamente. Desde finales del siglo pasado se distingue entre sesgos de género explícitos y sesgos de género implícitos, lo que ha tomado forma jurídica en los conceptos de discriminación directa y discriminación indirecta por razón de género. Los sesgos de género explícitos (o discriminación directa) se encuentran en las leyes y regulaciones que tratan de modo diferente a mujeres y a hombres, generando desigualdad en detrimento de las mujeres. Actualmente, en la mayoría de los países occidentales existe legislación al respecto que permite denunciar los sesgos de género explícitos en muchos de los ámbitos en los que se producen. Por otro lado, los sesgos de género implícitos (o discriminación indirecta) se producen cuando las leyes y regulaciones tienden a producir diferentes implicaciones para mujeres que para hombres que, a su vez, son generadoras de mayor desigualdad. Identificar los sesgos de género implícitos resulta mucho más difícil porque ello implica, en gran medida, juicios de valor sobre lo que se considera deseable social y económicamente. Aún así, la legislación española prevé la elaboración de informes de impacto de género de todas sus normativas, para poder identificar qué sesgos implícitos o formas de discriminación indirecta puedan estarse produciendo a partir de las mismas e intentar evitar su reproducción. En este marco, el análisis de los impuestos desde la perspectiva de género implica examinar los posibles sesgos de género presentes tanto en su diseño legal como en su aplicación. Para ello es crucial tener en cuenta, para empezar, los principales ejes de desigualdad de género que persisten en nuestra sociedad: (1) La BRECHA DE GÉNERO RETRIBUTIVA, que es la diferencia promedio en los salarios entre hombres y mujeres, donde las mujeres generalmente ganan menos que los hombres por trabajos de igual valor o responsabilidad, lo cual supone una desigualdad en la posición económica de hombres y mujeres tanto en el mercado de trabajo como en el ámbito privado (2) el CONFINAMIENTO A LOS CUIDADOS la perpetua y exclusiva atribución a las mujeres de las tareas de cuidados y de afectos junto con los trabajos domésticos. Además, a pesar de que el desempeño de los trabajos de cuidados es crucial para el funcionamiento de la sociedad, estos no se encuentran suficientemente valorados y reconocidos, ni económica, ni política ni socialmente. Ambos fenómenos son producto de los preceptos patriarcales aún existentes en la sociedad española y cuya consecuencia es un reparto desigual de roles y funciones atribuidos a hombres y mujeres de forma sexista. ¿Qué analizamos desde esta perspectiva? En primer lugar, si existe o no desigualdad de género en la distribución de la carga de los impuestos. Analizar la estructura tributaria y determinar de dónde provienen los recursos es crucial para asegurar que un incremento de los recursos no recaiga injustamente sobre las personas que menos tienen. Así, para examinar cómo está afectando la carga tributaria en el impuesto sobre la renta, será importante determinar si se grava más a quienes más tienen y, por ende, menos a quienes menos tienen, e identificar las desigualdades de género presentes en el caso de nuestro modelo. Respecto a los impuestos indirectos es importante conocer qué tipo de productos y servicios están gravados con este impuesto, qué tipo impositivo se aplica y qué productos están exentos, además de observar cómo interactúa esta estructura con los estereotipos y roles sexistas de género para determinar de qué maneras puede ayudar a superarlos y de qué maneras los puede estar fomentando. En segundo lugar, qué tipo de relaciones de género promueven las políticas fiscales. Asimismo, para garantizar una estructura fiscal igualitaria, los poderes públicos tienen la obligación y la responsabilidad de identificar y extraer el sexismo de sus políticas y normativas. Para ello es clave identificar si se está incurriendo en reproducir la subordinación de género en favor de los hombres a través de fomentar modelos patriarcales de organización social que releguen a las mujeres a la dependencia económica y al desempeño exclusivo de los trabajos asociados al ámbito de los cuidados. Principales reformas tributarias Desde los años 90 se vienen identificando una serie de tendencias globales en las reformas tributarias que se pueden resumir en: − Reformas al impuesto sobre la renta personal para ensanchar sus bases y reducir los tipos marginales más altos − Reducción de los impuestos a las empresas con los beneficios más altos − Incrementos impositivos concentrados en el IVA − Reducción de los impuestos al comercio a través de un aplanamiento de la estructura de impuestos y eliminación de la discriminación contra bienes importados, en impuestos tanto directos como indirectos En el caso español, el sistema impositivo tiene dos pilares para la recaudación: un impuesto directo a las rentas -fundamentalmente del trabajo-, el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y un impuesto indirecto, al
El tortuoso camino de la desturistificación
En los últimos meses, los movimientos vecinales de diferentes puntos del país han traído al debate público la necesidad de replantear de forma estructural el sector turístico en sus zonas. Advierten de que en estos lugares (y quizás en otros también) se ha superado la capacidad de carga debido al incesante crecimiento de la actividad turística y sus consecuencias. Entre ellas se encuentran el deterioro ambiental y el aumento de la contaminación, las aglomeraciones frecuentes y en algunos casos peligrosas, el empeoramiento de servicios públicos como el transporte, el encarecimiento de la vida común, el desplazamiento de la población local, las dificultades que las personas trabajadoras encuentran para vivir relativamente cerca de su lugar de trabajo cotidiano, la especulación con la vivienda, y la pérdida de la identidad cultural local. La inercia del monocultivo turístico Aunque quizás para el gran público se trata de una novedad, se lleva alertando de este problema desde diferentes colectivos y agentes sociales desde hace años gracias a los datos recogidos en otros emplazamientos donde el proceso de turistificación ha avanzado con anterioridad. Debido a estos datos y a las reflexiones, análisis y publicaciones desde las ciencias sociales, algunos responsables políticos han intentado aportar soluciones desde el ámbito de la política pública para evitar los efectos más graves del monocultivo turístico y, en algunos casos, para intentar revertirlo, con resultados dispares. Es necesario reconocer en primer lugar, que los incentivos que tienen los y las responsables políticos no son especialmente favorables para llevar a cabo esta tarea. Pues, a pesar del mandato institucional que deben cumplir en cuanto a representar los intereses de su población, y a pesar de las protestas sociales habidas en sus diferentes formas, parecen tener más peso los factores significativos que incentivan en sentido contrario. Como resultado vemos que la tendencia general es permanecer de la misma manera que hasta el momento, es decir, no hacer nada que altere el mecanismo turistificador. Se podría decir que el mayor incentivo para que nada cambie es que los cambios en general, y este en particular, conllevan un gran desgaste y son complejos. Esto es debido a las inercias, a las dificultades técnicas y a las relaciones de poder establecidas. Entre las dificultades técnicas se podría destacar una que, pese a su importancia, a menudo se obvia, que es la imposibilidad de sustituir el monocultivo turístico por otra actividad (o actividades) manteniendo los principales indicadores en términos similares. Al igual que cualquier otra actividad depredadora el turismo extrae “activos” (playas y otros espacios naturales, monumentos, clima, arquitectura, población formada y cuidada, infraestructuras públicas, etc.) de manera gratuita y los procesa generando retorno económico (que en muchos casos no revierte en la zona, ni siquiera a su clase capitalista) y externalidades generalmente negativas (como las enumeradas al principio del texto: deterioro ambiental y aumento de la contaminación, aglomeraciones, empeoramiento de servicios públicos, encarecimiento de la vida común, desplazamiento de la población local, dificultades que las personas trabajadoras encuentran para vivir cerca de su lugar de trabajo cotidiano, especulación con la vivienda, pérdida de la identidad cultural local). Además, cuando se llega a la fase en la que se ha consolidado el monocultivo de una actividad como ésta, se han dinamitado demasiados puentes para volver a considerarla una actividad más dentro de un abanico de actividades económicas que desarrollar. El proceso turistificador avanza alcanzando la fase de monocultivo socioeconómico y, una vez allí, sigue avanzando en su depredación del entorno y la sociedad sobre los que se asienta. Entre los indicadores que tienden a señalar de manera inequívoca que el monocultivo turístico se ha establecido se encuentran los siguientes: la población censada disminuye; la renta familiar disponible aumenta debido a la expulsión de las clases menos pudientes por la subida de precios generalizada y de la vivienda en particular; la superficie dedicada al turismo y a la hostelería aumenta en relación a otras actividades económicas, como la industria y la educación; la saturación de este tipo de actividad avanza colonizando cada vez más zonas de la ciudad; la proliferación de viviendas para uso turístico se extiende exponencialmente ante la ausencia de mecanismos de control efectivos; los comercios comúnmente dirigidos a la población local, como los de alimentación, viran su oferta hacia el turista, desapareciendo los de productos frescos como pescaderías, carnicerías y fruterías. Además, se comienzan a detectar fenómenos incomprensibles a simple vista, como el cierre de comercios (bajada de persiana) en las zonas más masificadas o sus alrededores porque se utilizan como almacén de otros locales (de hostelería, fundamentalmente) cuya actividad no puede desarrollarse de la manera deseada debido a la gran demanda a la que se les somete y sus necesidades de rotación de producto. Esto conlleva también el crecimiento de la sensación de inseguridad y/o riesgo en dichas zonas. En estas condiciones, un retorno económico de las mismas características sin incurrir en graves externalidades no es posible. Es decir, sustituir esta actividad de monocultivo por otra solamente se podría hacer asumiendo la misma (o mayor) cantidad de externalidades negativas. Las externalidades negativas podrían encontrarse en dos grandes grupos: las que quedan fuera de la legalidad, o aquellas que pusieran en riesgo grave la propia supervivencia del negocio en el corto plazo (como las de carácter ambiental o social que interrumpiesen considerablemente el flujo de capital). De hecho, en buena parte la expansión de este monocultivo procede de la percepción de que éste tiene mayor rentabilidad que el resto de actividades y es legítimo ofrecer facilidades a su desarrollo. Los mecanismos que facilitan su desarrollo por encima de otras opciones socioeconómicas también forman parte de la propia estructura institucional (pública y privada) del monocultivo turístico, lo cual aumenta la percepción de su gran rentabilidad y de la no necesidad de otras actividades no relacionadas con él. Por lo tanto, cuanto más avanza el proceso de profundización del monocultivo, más crece la imposibilidad de sustituirlo por otra actividad sostenible en términos económicos, ambientales y sociales. Por una parte, el imaginario colectivo e institucional se aleja cada vez
Calificación verde de los Presupuestos Generales del Estado
El análisis de la metodología utilizada por el Gobierno para establecer el grado de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con la transición ecológica ofrece un amplio margen para la mejora. Las modificaciones propuestas en el informe se dirigen a solventar las dos grandes debilidades detectadas en el análisis metodológico: Descargar informe
Retos de la digitalización inclusiva
Las tecnologías y los datos digitales son, para bien o para mal, transformadores. Las personas, las empresas y los gobiernos viven, interactúan, trabajan y producen de manera diferente a como lo hacían en el pasado, y estos cambios se pueden estar acelerando rápidamente debido a la digitalización. Resulta vital hacer realidad que las inmensas promesas de las tecnologías digitales y los datos se dirijan exclusivamente al crecimiento y el bienestar social, a la vez que se limitan y minimizan los impactos negativos de las mismas. Descargar informe
Criterios ESG para condicionar la recuperación de la UE
En el contexto de la crisis de Covid-19, es muy previsible que los estados miembros europeos gasten e inviertan grandes sumas de dinero público. Parte de ese dinero se destinará a fortalecer los sistemas de salud y protección social, y la otra parte se empleará para apoyar la recuperación social y económica. De hecho, tanto la UE como sus países miembros han comenzado a elaborar sus planes de recuperación, que se aplicarán por fases a medida que se relaje el bloqueo. El uso de la condicionalidad en la crisis de Covid-19 En relación con la protección social de los grupos más vulnerables afectados por el confinamiento y que podrían verse afectados por la reducción previsible de la actividad en etapas posteriores, en algunos países (por ejemplo, España) se están considerando ingresos básicos temporales. Dicha provisión de ingresos tendrá un triple objetivo: primero, garantizar condiciones materiales de vida; segundo, evitar la propagación de la pandemia al reducir la presión para salir de casa buscando medios de subsistencia; y tercero, sostener el consumo interno. El acceso a este ingreso básico está sujeto a una serie de condiciones como: ser parte de la población activa, el nivel y el período de pérdida de ingresos, la riqueza personal, la estructura familiar y otras variables sociales.La condicionalidad también se vincula a la ayuda a las empresas que se enfrentan a una reducción de su actividad. En Canadá[1], Dinamarca, Francia y Polonia[2], por ejemplo, a las empresas registradas en paraísos fiscales no se les permitirá acceder a la ayuda pública que se otorga para proteger el suministro de bienes y servicios a nivel nacional, proteger empleos y mantener ingresos fiscales. En Portugal, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna medida concreta, tanto el gobierno como la oposición han argumentado públicamente que los bancos no deberían obtener ganancias durante los años 2020 y 2021, y que deberían aumentar la provisión de crédito para apoyar a la economía a cambio de los rescates que recibieron después de 2008.Este último caso apunta al sesgo principal de las políticas de recuperación después de 2008, que fue el de omitir la condicionalidad en la transferencia de dinero público a agentes «demasiado grandes para quebrar» (corporaciones financieras, de seguros e inmobiliarias, FIRE en sus siglas en inglés). Los precios de los activos del sector FIRE se tranquilizaron a través del nuevo endeudamiento asumido por los estados y los hogares, que impuso pocas o ninguna restricción relacionada con la responsabilidad social, ambiental o de gobierno. Esto ha tenido un gran impacto negativo en forma de desigualdad, crisis ambientales, corrupción, falta de transparencia y control público, y a su vez, un gran daño a la legitimidad democrática. Condicionalidad basada en criterios ESG En un escenario de -3.8% del PIB en la UE en el primer trimestre de 2020, los gobiernos deberían intentar reactivar el suministro de bienes y servicios, evitar la destrucción del tejido productivo y sentar las bases para un nuevo modelo de producción más resistente. Las consecuencias de esta crisis favorecerán una relocalización y reindustrialización de las economías europeas para reducir la dependencia de las cadenas de suministro mundiales, especialmente en los sectores más sensibles para la seguridad interna (salud, alimentos, energía, etc.).Como se mencionó anteriormente, en general, los estados-nación comenzarán a aplicar la condicionalidad a la concesión o el uso de dinero público de manera generalizada dentro de sus fronteras, ya sea en la provisión de ingresos directos a la población u otros tipos diferentes de ayuda a empresas y bancos. Las sumas de este gasto serán muy altas, por lo que debe ser alto el grado de responsabilidad exigido a los agentes que reciben este dinero, especialmente los más poderosos. La responsabilidad no solo debe exigirse como una condición a corto plazo hasta que se haya superado la crisis, sino como un conjunto permanente de condiciones que permitan la generación de modelos de producción-consumo más resilientes y sostenibles. En los últimos años, los criterios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) se han convertido en parte del vocabulario habitual de los inversores institucionales, tanto públicos como privados. El enfoque ESG es un sistema de evaluación del impacto de las prácticas empresariales desde una perspectiva ambiental, social y de gobernanza (ESG).Ekona, en base a estas premisas generales, ha desarrollado un sistema de Certificación ESG que apunta a la economía real, incluido el sistema de las PYMEs. Su objetivo es evaluar el compromiso con la responsabilidad de las empresas. La certificación proporciona una medición objetiva de un conjunto representativo de variables asociadas a las áreas ambiental, social y de gobierno de las empresas, que produce un indicador compuesto. Este modelo permite, por un lado, medir el desempeño actual en responsabilidad ESG, y por otro lado, la detección de posibilidades de desarrollo estratégico con respecto a la responsabilidad ESG. La ventaja de este modelo en comparación con los informes autodeclarativos de responsabilidad social corporativa (RSC) radica en su medición objetiva y la ausencia de conflictos de intereses. Como se muestra en la Figura, este modelo permite a los proveedores de fondos públicos y privados identificar empresas responsables a través de la calificación obtenida en el proceso de certificación. Con esta información, las administraciones públicas pueden dirigir su esfuerzo a través de la contratación pública u otra ayuda, lo que los coloca en una posición de influencia muy ventajosa para mejorar la responsabilidad de la economía[3]. Figura. Modelo de Certificación ESG Fuente: elaboración propia Precisamente en el período anterior a la crisis de Covid-19, el uso de los criterios ESG estaba creciendo rápidamente, ya que el cambio climático estaba generando presión pública para que las administraciones públicas y el sector privado actuaran en consecuencia. De hecho, las cuestiones ESG están pasando rápidamente del campo de la inversión de impacto a la práctica convencional de inversión, a medida que los riesgos climáticos se vuelven cada vez más evidentes. Actualmente, el mercado de inversión responsable global tiene un tamaño de varios miles de millones de euros, y está creciendo a una tasa anual de dos dígitos,
El proyecto de los Estados Unidos de Europa en la crisis de la Eurozona
La construcción Europa: modelo intergubernamental vs supranacional El principal sentido político del Tratado de Maastricht (1991-92), que prolonga y supera el Acta Única (1985) es que las burguesías imperialistas alemana, francesa e inglesa se pusieron de acuerdo en hacer una transferencia (limitada) de la soberanía nacional para poner en marcha estructuras embrionarias para crear un estado europeo supranacional. La introducción de la moneda única puso la cuestión del poder estatal en el centro de la UE: la moneda es un atributo clave de cualquier aparato estatal, por lo que el euro conllevó una renuncia de soberanía nacional y su transferencia a instituciones supranacionales estatales (principalmente el Banco Central Europeo). A partir de ese momento la moneda única inevitablemente tendría una influencia decisiva en las políticas de los gobierno nacionales-estatales, por lo que su introducción supuso el salto cualitativo hacia un estado supranacional verdaderamente central. Un verdadero paso adelante y una victoria política del capitalismo europeo, que sin embargo, dados los antagonismos entre las burguesías estatales-nacionales, acentuados en el contexto de la actual crisis, no ha conseguido consolidar totalmente el proyecto a través de una unión fiscal y política que garantice la culminación del estado supranacional europeo. Estos antagonismos amenazan el proceso de integración y la supervivencia misma de la Unión Monetaria, y quizás de la Unión Europea. Las élites europeas y anglosajonas (incluyendo a las de EEUU), se encuentran divididas en cuanto al modelo de integración: parte de estas élites europeas (p.e. burguesía alemana) pretenden mantener el modelo intergubernamental, mientras que otras impulsan el modelo comunitario-supranacional, (p.e. burguesías de Francia, Italia, de EEUU), referido generalmente como modelo federal por parte de sus promotores, dadas las connotaciones positivas de la palabra en los entornos progresistas. El modelo ‘federal’ supone que los estados deben abandonar las palancas de control directo de las instituciones supranacionales europeas. La ideología supranacionalista de la UE, se ha atribuido a Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la UE, quien predicaba que los estados-nación deben ser subsumidos en una administración post-nacional tecnocrática para que haya paz en Europa. La idea defendida por Monnet era, según sus propias palabras «una unión entre los pueblos, no de una cooperación entre los estados». Esto reflejaba su intención de ayudar a la creación de una Unión Europea que se moviera en la dirección de los Estados Unidos de América, un proto-estado federal con gran poder a nivel federal y un poder cada vez más pequeño a nivel estatal y regional. Por esta razón fue acusado de ser un ‘agente americano’, que pretendía eliminar la soberanía nacional en Europa para crear una Europa federal que debilitara los poderes de las naciones europeas. El modelo supranacional de la Unión Europea puede identificarse también con la figura del excanciller alemán, Helmut Kohl, quien presidió Alemania durante la unificación del país y la concepción del proyecto de la moneda única europea en Maastricht. Debe tenerse en cuenta que uno de las principales motivaciones para firmar Maastricht de este excanciller fue recabar los apoyos de las otras potencias europeas para unificar Alemania. Kohl, a lo largo de su extensa carrera muy a menudo habló de la necesidad de abandonar «el pensamiento del estado-nación». Un ejemplo de ello es su discurso ante el Bundestag después de la cumbre de Maastricht en 1991, en el que Kohl dijo que «no es posible dar marcha atrás a la entrada en la Unión Europea. Los estados miembros de la Comunidad Europea están unidos de tal manera que hace que cualquier brote o recaída en el pensamiento anterior del estado-nación sea imposible». El expresidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy expresó en 2012 esta misma hoja de ruta en su ponencia «Hacia una Unión Económica y Monetaria genuina», llamada coloquialmente informe de los cuatro presidentes, ya que lo realizó en estrecha colaboración de los entonces Presidentes de la Comisión, del Eurogrupo y del Banco Central Europeo Barroso, Juncker y Draghi respectivamente. Sus puntos principales fueron que la integración federal tiene que ser lograda a través de un marco financiero integrado (es decir, una unión bancaria); con un marco de política económica integrada (es decir, una unión fiscal); con el fortalecimiento de la legitimidad democrática y la rendición de cuentas; y con un marco presupuestario integrado (que abarca la emisión de deuda común, es decir, los eurobonos). El rechazo del gobierno alemán a implementar los eurobonos en 2012 enterró el informe de Van Rompuy temporalmente y erosionó su figura política. A pesar de ello, esta corriente ideológica no ha abandonado su objetivo y en junio de 2015 fue publicado el informe “Realizar la Unión Económica y Monetaria europea” llamado ‘informe de los cinco presidentes’, el cual supone una reedición actualizada del informe de Van Rompuy. Es por lo menos paradójico que este mismo proyecto supranacionalista, como decíamos apodada federalista, también sea defendido por parte del centro-izquierda político de la UE, desde el partido socialista hasta parte de los grupos que se incluyen en el grupo de izquierda europeo (GUE). Por el contrario, la ideología intergubernamental de la UE puede ser representada con las figuras de los políticos conservadores Charles de Gaulle y Konrad Adenauer, que defendían que la UE debía ser construida sobre las alianzas clásicas entre los estados, especialmente entre Francia y Alemania, al estilo de lo que Winston Churchill célebremente pidió en su discurso de Zúrich en 1946. Esta posición reflejaba la nula motivación de las élites políticas y económicas nacionales del momento a renunciar a su poder en favor de fuerzas extranjeras. Situándonos en la actualidad, a pesar de los discursos en pro de una integración supranacional de los dirigentes alemanes, a lo largo de esta crisis hemos visto como las decisiones políticas de la canciller alemana Angela Merkel y de su poderoso ministro de finanzas Wolfgang Schäuble han ido encaminándose cada vez más a favorecer casi exclusivamente los intereses de la burguesía estatal-nacional alemana. Merkel, por ejemplo, declaraba en el Bundestag el 2 de diciembre de 2011 que los líderes europeos habían «iniciado una nueva fase en
Efectos de los Tratados de Comercio Internacional sobre el mundo laboral
En los últimos años la Unión Europea ha estado negociando dos tratados de comercio e inversión con países norteamericanos: el CETA con Canadá, y el TTIP con Estados Unidos. A pesar de que en ciertos círculos del activismo es bastante conocido el efecto que tendrían estos tratados en la sociedad europea, la mayoría de la población no sabe cómo podrían influir en su vida cotidiana, y concretamente en su trabajo (en caso de que se tenga). Los partidarios de estos tratados afirman que toda interferencia en el comercio internacional es perjudicial e ineficiente, y que los países están obligados a competir produciendo las mercancías en las cuales tienen ventaja comparativa. También consideran que la remuneración de los trabajadores y trabajadoras refleja la disponibilidad de los recursos capital y trabajo, o que las empresas no obtendrán ningún beneficio extraordinario de su poder de mercado cuando lleven la producción, por ejemplo, en China. Pero todo esto es muy cuestionable, si no directamente falso. La economía que tenga una ventaja absoluta en la producción de alguna mercancía tendría que producirla hasta agotar la capacidad, puesto que las economías se encuentran sistemáticamente infrautilizadas. Tampoco es verdad que los niveles salariales hoy en día reflejen la disponibilidad de capital y trabajo, debido a la especulación con las divisas. Asimismo, la tecnología no se adapta a la combinación capital-trabajo del país receptor de la inversión directa, sino que las grandes corporaciones usan las tecnologías de alta productividad también en países con gran cantidad de trabajo disponible a bajo precio. Esto los permite disfrutar de rentas monopolísticas, como se puede comprobar constantemente en el caso de China. Finalmente, cuando uno presta atención más allá del discurso dominante, ve que en realidad todos los estados defensores de la apertura comercial ejercen el proteccionismo en algunos ámbitos de su economía. En definitiva: quieren que los otros países se abren a sus exportaciones, pero no al revés. ¿Estamos preparados por los tratados de libre comercio? ¿En este contexto, en qué posición se encuentra nuestra economía? ¿Está preparada para la competencia de empresas norteamericanas? ¿Cómo afectará nuestros trabajos la implementación de estos tratados? En cuanto a los riesgos a afrontar, la realidad de Cataluña no es muy diferente de la del resto de Europa. De cara a evaluar el impacto que pueden tener sobre el tejido productivo, hay una serie de factores relacionados con la medida de las empresas que son muy relevantes: la productividad, la necesidad de protección, el acceso al crédito y la tendencia innovadora.Si tenemos en cuenta que la economía catalana (y la española) está compuesta fundamentalmente por empresas de pequeñas dimensiones (que concentran la mayor parte de los puestos de trabajo), podemos deducir que el impacto será muy importante. Lo podemos deducir de los siguientes gráficos: las empresas pequeñas y medianas, por sus características, no se enfocan a la exportación (figura 1), son menos productivas (figura 2), necesitan más protección (figura 3) y presentan una tendencia innovadora negativa. En resumen, una estructura muy vulnerable ante los tratados de comercio e inversión. Productividad (en euros) en la industria manufacturera por tamaño de la empresa. Año 2015 En un contexto de concentración de la ocupación en empresas pequeñas, la reducción generalizada de los salarios que implicaría la implementación de los tratados de libre comercio afectaría de pleno a las PYMES, las cuales dependen en mayor medida que las grandes empresas de la demanda interna. Al mismo tiempo, al ser menos productivas, la apertura del mercado facilitaría la extinción de un gran número de empresas que, con el nuevo marco legislativo y el nuevo contexto financiero y económico surgido de los acuerdos, probablemente no podrían continuar con su actividad. Además, debido a las características de las PYMES y a su grado de innovación, la mayor parte de ellas no será propensa al crecimiento si hay una apertura repentina a los mercados, como tampoco será propensa a la exportación. Por lo tanto, los puestos de trabajo actuales se verían en riesgo de reducción de salarios o directamente de desaparición, y no se prevé la creación de nuevas ocupaciones de calidad que pudieran compensar este hecho. La realidad de las PYMES catalanas Pero, ¿habría tiempos para adaptar la estructura empresarial a los tratados? El ejemplo de las PYMES alemanas (las llamadas Mittlestand) nos ofrece algunas pistas. Las PYMES alemanas buscan la sostenibilidad y hacen compromisos implícitos para toda la vida con sus empleados, a los cuales reclutan y capacitan cuidadosamente. También confían en las redes locales, de las cuales depende fundamentalmente su financiación, alejándose del control financiero externo y volátil. Dado que los fabricantes saben que la sostenibilidad exige mantenerse al día respecto a la tecnología, las empresas invierten el 5% de sus ingresos en investigación y desarrollo. Esta lógica es opuesta a la que nos proponen los tratados de comercio e inversión, que buscan la maximización de beneficios a través de estrategias financieras, la subordinación de los intereses de los accionistas a los de sus directivos (buscando beneficios a corto plazo), y la dependencia de los mercados de capital. Volviendo a casa, la realidad es que durante la crisis el acceso a la financiación fue un problema importante para un porcentaje importante (35% ) de PYMES, y que sectores como el de los servicios administrativos, el de la hostelería, la construcción y el sector inmobiliario, predominantes en nuestra economía, dependen más que otros sectores de la financiación bancaria. Un cambio en la estructura financiera que dificulte la extensión de crédito bancario los afectará negativamente: las empresas que dependen del crédito se verían forzadas a buscar nuevas vías de financiación basadas en el mercado, y en caso de no conseguirlas, tendrían que reducir costes a través de despidos, disminuyendo de las inversiones y, en algunos casos, cesando la actividad. Los tratados, al profundizar en un modelo de financiación basada en mercados y no en bancos, suponen una amenaza a nivel de ocupación laboral. Pero es que ni siquiera es deseable intentar adaptar las condiciones laborales a los tratados de comercio e